Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2014-05-04
Categoría
Comunicado
Rueda de prensa de la Delegación de Paz al finalizar el 24 ciclo de conversaciones
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, mayo 4 de 2014
El ciclo 24 de conversaciones ha concluido con avances significativos que nos colocan ad portas del cierre del tercer punto en discusión: solución al problema de las drogas ilícitas.
Con una propuesta en la que se plantea la conformación de la comisión de esclarecimiento del conflicto, hemos comenzado nuestra preparación para el momento en que se dé inicio a la discusión del tema de víctimas.
En entrevista con EL TIEMPO, Luis Carlos Villegas, embajador de nuestro país en los Estados Unidos, ha dicho que Colombia no renunciará a herramientas como la extradición, y que esta podría convertirse en un instrumento para garantizar la no repetición de crímenes por parte de las FARC. ¿Pero, de qué habla este personaje que es artífice de los criminales TLC, que hoy tienen en la miseria a la mayoría de familias colombianas, muchas de las cuales han sido empujadas a sobrevivir vinculándose a la explotación de cultivos de uso ilícito?
Es evidente que este tipo de declaraciones desafortunadas, lejos de aportar a la paz que anhelamos todos, mete ruidos de chantaje que son inadmisibles. Pues, si para Villegas la extradición es el principal instrumento de prevención de no reincidencia en el narcotráfico, no serían las FARC, precisamente sus destinatarias, si se considera que el problema de la producción y comercialización de drogas ilícitas ha sido asunto que durante décadas permeó el conjunto de la vida nacional comenzando por sectores oligárquicos vinculados al capital financiero, hoy por hoy boyantes, entre otras razones, por el blanqueo de dineros provenientes del narcotráfico y otros no tan santos.
Es el narcotráfico un negocio transnacional de orden capitalista que evidentemente penetró la institucionalidad y la economía nacional y entró a sumarse como factor de corrupción en la vida política y en la dinámica de la violencia, agravando las causas de índole social que la generaron. Precisamente el narco-paramilitarismo que tanto daño ha causado, sobre todo a inmensas capas de población humilde, ha estado amamantado por este flagelo.
Las FARC-EP, como organización político militar que lucha por un cambio revolucionario que establezca la justicia social y la democracia, considera necesario asumir una responsabilidad colectiva que de solución a todos los problemas que generaron y mantienen la miseria, la exclusión, las injusticias y la confrontación, incluyendo el problema del narcotráfico que se suma a un recrudecimiento de la violencia que coloca obstáculos a la construcción de la paz, y a que nuestro país se enrumbe por senderos de desarrollo y reconciliación.
Persistir en la insensatez de chantajear sin tener autoridad moral, o esa de seguir envenenando el medio ambiente con fumigaciones aéreas que han sido cuestionadas por todos los expertos que estudian el fenómeno de los cultivos de uso ilícito, configura una torpeza que obstruye el buen ritmo de los avances en materia de construcción de los consensos requeridos para concretar el Acuerdo Final.
Las FARC expresan su firme condena y rechazo al narcotráfico en todos sus aspectos, y reafirma su compromiso de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación, mediante acciones prácticas, a la búsqueda de solución al fenómeno de la producción y comercialización de drogas ilícitas, al tiempo que expresa su convencimiento en que con el concurso mancomunado de la sociedad y las autoridades, asumiendo la ejecución de una nueva política de lucha contra el flagelo, que se fundamente en un enfoque de derechos humanos, de salud pública y atención social, logre sacar de una vez por todas a Colombia de esta vorágine de males.
Bajo estas reflexiones, las FARC-EP, asumen como propias las recomendaciones que desde el mundo de los especialistas se hacen respecto a cómo encontrar el camino de las soluciones, y propulsa en consecuencia los siguientes planteamientos:
1. Buscar un debate abierto y promover políticas que reduzcan efectivamente el consumo que prevengan y reduzcan los daños relacionados con el uso de drogas y con las políticas de fiscalización de drogas. Incrementar la inversión en investigación y análisis del impacto de diferentes políticas y programas, y remplazar la criminalización y el castigo de las personas que usan drogas, por la oferta en salud y tratamiento para quienes lo necesitan, alentando que los gobiernos experimenten modelos de regulación legal de los que están diseñados para socavar el poder del crimen organizado y salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos.
2. Establecer mejores mediciones, indicadores y metas para medir el progreso, y cuestionar, más que reforzar, los conceptos erróneos comunes sobre los mercados de drogas, el uso de drogas y la dependencia de drogas. Los países que continúan invirtiendo mayormente en un enfoque de aplicación de la ley (a pesar de la evidencia), deben enfocar sus acciones represivas en el crimen organizado y los traficantes de drogas violentos, para reducir los daños asociados con el mercado de drogas ilícitas.
3. Promover penas alternativas para vendedores de pequeña escala y vendedores de drogas primarios e invertir más recursos en prevención basada en evidencia, con un foco especial en la juventud. Se debe ofrecer una gama de opciones amplia y de fácil acceso para el tratamiento y la asistencia de la dependencia a drogas, incluyendo tratamientos de sustitución y de prescripción de heroína, con especial atención a aquellos más en riesgo, que incluya a quienes están en prisiones y otros contextos de encierro.
4. El sistema de las Naciones Unidas debe proporcionar liderazgo en la reforma de la política de drogas global. Esto implica promover un enfoque efectivo basado en evidencia, apoyar a los países para que desarrollen políticas de drogas que se adapten a sus contextos y respondan a sus necesidades, y asegurar coherencia entre las diversas agencias, políticas y convenciones de la ONU. En conclusión, actuar con urgencia: puesto que la guerra contra las drogas ha fracasado, se necesita cambiar las políticas ya.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
El ciclo 24 de conversaciones ha concluido con avances significativos que nos colocan ad portas del cierre del tercer punto en discusión: solución al problema de las drogas ilícitas.
Con una propuesta en la que se plantea la conformación de la comisión de esclarecimiento del conflicto, hemos comenzado nuestra preparación para el momento en que se dé inicio a la discusión del tema de víctimas.
En entrevista con EL TIEMPO, Luis Carlos Villegas, embajador de nuestro país en los Estados Unidos, ha dicho que Colombia no renunciará a herramientas como la extradición, y que esta podría convertirse en un instrumento para garantizar la no repetición de crímenes por parte de las FARC. ¿Pero, de qué habla este personaje que es artífice de los criminales TLC, que hoy tienen en la miseria a la mayoría de familias colombianas, muchas de las cuales han sido empujadas a sobrevivir vinculándose a la explotación de cultivos de uso ilícito?
Es evidente que este tipo de declaraciones desafortunadas, lejos de aportar a la paz que anhelamos todos, mete ruidos de chantaje que son inadmisibles. Pues, si para Villegas la extradición es el principal instrumento de prevención de no reincidencia en el narcotráfico, no serían las FARC, precisamente sus destinatarias, si se considera que el problema de la producción y comercialización de drogas ilícitas ha sido asunto que durante décadas permeó el conjunto de la vida nacional comenzando por sectores oligárquicos vinculados al capital financiero, hoy por hoy boyantes, entre otras razones, por el blanqueo de dineros provenientes del narcotráfico y otros no tan santos.
Es el narcotráfico un negocio transnacional de orden capitalista que evidentemente penetró la institucionalidad y la economía nacional y entró a sumarse como factor de corrupción en la vida política y en la dinámica de la violencia, agravando las causas de índole social que la generaron. Precisamente el narco-paramilitarismo que tanto daño ha causado, sobre todo a inmensas capas de población humilde, ha estado amamantado por este flagelo.
Las FARC-EP, como organización político militar que lucha por un cambio revolucionario que establezca la justicia social y la democracia, considera necesario asumir una responsabilidad colectiva que de solución a todos los problemas que generaron y mantienen la miseria, la exclusión, las injusticias y la confrontación, incluyendo el problema del narcotráfico que se suma a un recrudecimiento de la violencia que coloca obstáculos a la construcción de la paz, y a que nuestro país se enrumbe por senderos de desarrollo y reconciliación.
Persistir en la insensatez de chantajear sin tener autoridad moral, o esa de seguir envenenando el medio ambiente con fumigaciones aéreas que han sido cuestionadas por todos los expertos que estudian el fenómeno de los cultivos de uso ilícito, configura una torpeza que obstruye el buen ritmo de los avances en materia de construcción de los consensos requeridos para concretar el Acuerdo Final.
Las FARC expresan su firme condena y rechazo al narcotráfico en todos sus aspectos, y reafirma su compromiso de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación, mediante acciones prácticas, a la búsqueda de solución al fenómeno de la producción y comercialización de drogas ilícitas, al tiempo que expresa su convencimiento en que con el concurso mancomunado de la sociedad y las autoridades, asumiendo la ejecución de una nueva política de lucha contra el flagelo, que se fundamente en un enfoque de derechos humanos, de salud pública y atención social, logre sacar de una vez por todas a Colombia de esta vorágine de males.
Bajo estas reflexiones, las FARC-EP, asumen como propias las recomendaciones que desde el mundo de los especialistas se hacen respecto a cómo encontrar el camino de las soluciones, y propulsa en consecuencia los siguientes planteamientos:
1. Buscar un debate abierto y promover políticas que reduzcan efectivamente el consumo que prevengan y reduzcan los daños relacionados con el uso de drogas y con las políticas de fiscalización de drogas. Incrementar la inversión en investigación y análisis del impacto de diferentes políticas y programas, y remplazar la criminalización y el castigo de las personas que usan drogas, por la oferta en salud y tratamiento para quienes lo necesitan, alentando que los gobiernos experimenten modelos de regulación legal de los que están diseñados para socavar el poder del crimen organizado y salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos.
2. Establecer mejores mediciones, indicadores y metas para medir el progreso, y cuestionar, más que reforzar, los conceptos erróneos comunes sobre los mercados de drogas, el uso de drogas y la dependencia de drogas. Los países que continúan invirtiendo mayormente en un enfoque de aplicación de la ley (a pesar de la evidencia), deben enfocar sus acciones represivas en el crimen organizado y los traficantes de drogas violentos, para reducir los daños asociados con el mercado de drogas ilícitas.
3. Promover penas alternativas para vendedores de pequeña escala y vendedores de drogas primarios e invertir más recursos en prevención basada en evidencia, con un foco especial en la juventud. Se debe ofrecer una gama de opciones amplia y de fácil acceso para el tratamiento y la asistencia de la dependencia a drogas, incluyendo tratamientos de sustitución y de prescripción de heroína, con especial atención a aquellos más en riesgo, que incluya a quienes están en prisiones y otros contextos de encierro.
4. El sistema de las Naciones Unidas debe proporcionar liderazgo en la reforma de la política de drogas global. Esto implica promover un enfoque efectivo basado en evidencia, apoyar a los países para que desarrollen políticas de drogas que se adapten a sus contextos y respondan a sus necesidades, y asegurar coherencia entre las diversas agencias, políticas y convenciones de la ONU. En conclusión, actuar con urgencia: puesto que la guerra contra las drogas ha fracasado, se necesita cambiar las políticas ya.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP