Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2014-05-16
Categoría
Comunicado
Rueda de prensa de la Delegación de Paz (16-05-2014)
La Habana, Cuba, mayo 16 de 2014 cierre del ciclo 25 de conversaciones
Un nuevo acuerdo parcial en torno al tercer tema en discusión, “Solución al problema de las drogas ilícitas”, acaba de ser manufacturado en la mesa de conversaciones de paz de La Habana, acortando distancias hacia el objetivo de la paz de Colombia.
Ha sido esta una marcha compleja porque la solución definitiva del problema reside en naciones poderosas más allá de las fronteras, por las obstrucciones del prohibicionismo que agrava el problema, por el absurdo de mantener vigente la fracasada política de guerra contra las drogas cuando la inteligencia humana le ha extendido acta de defunción, por el miedo de un país dependiente a la adopción de una política soberana que no espere la aprobación del imperio para decidir cursos de acción, por el demonio de las fumigaciones que hasta ahora arrastra el gobierno al persistir en la erradicación forzada, el involucramiento de la CIA en el negocio de donde obtiene recursos para financiar sus campañas encubiertas, el lavado de activos derivado del narcotráfico por bancos estadounidenses y europeos, por la concentración de la acción punitiva en los eslabones más débiles de la cadena y la complicidad total de las autoridades con banqueros corruptos colombianos que delinquen inyectando ganancias criminales provenientes del narcotráfico en los circuitos financieros sin que nadie los perturbe.
Sobre esta temática también -como ocurrió en los puntos referidos a tierras y participación política-, quedaron asuntos pendientes o salvedades que deberán ser abordadas y resueltas, o antes de la firma del eventual acuerdo final,o dirimidos los disensos por el soberano en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente.
Dichas salvedades, son las siguientes:
1. Nueva política criminal. En el proceso de redefinición de la política anti-drogas se debe proceder con el diseño de una nueva política criminal del Estado que concentre sus esfuerzos en la persecución y el encarcelamiento de los principales beneficiarios del mercado de drogas ilícitas, así como en el desmantelamiento de las redes transnacionales de tráfico y de lavado de activos. Las FARC-EP insisten en la conformación de la “Comisión para el diseño de una política nacional antidrogas democrática y participativa”, con grupos de trabajo de académicos y expertos que formule los lineamientos generales para esa nueva política criminal del Estado en esta materia. Sobre todo en momentos en que el país entero cuestiona el sistema judicial que rige.
2. Suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de sus víctimas. Las FARC-EP consideran que en desarrollo de los lineamientos generales de la Nueva política antidrogas se debe proceder con la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato, o cualquier otro agente químico, y con la reparación integral de sus víctimas. Esto implica:
- La identificación de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos.
- La reparación integral de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos.
- El establecimiento de un fondo para la reparación de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos.
En definitiva, el viejo esquema de erradicaciones forzadas-fumigaciones, ha fracasado generando enormes daños al tejido ambiental y social, lo cual implica que deben buscarse alternativas urgentes.
3. Frente al punto 4.2.:
-Reconociendo la importancia de lo acordado en este sub-punto, las FARC-EP consideran necesario concretar el compromiso de transformación estructural del sistema de salud pública, que permita encuadrar el desarrollo del programa y de los planes.
4. Frente al punto 4.3.:
-Las FARC-EP, consideran que es necesaria la realización, a instancias de la Mesa de Diálogos, de una Conferencia Nacional sobre política soberana de lucha contra las drogas, a fin de avanzar, también, en la concreción de los ajustes y adecuaciones normativas y de las acciones que requiere esta lucha, considerando las nuevas tendencias internacionales que enfatizan en el enfoque en derechos humanos, al momento de enfrentar el fenómeno de producción, consumo y comercialización de drogas ilícitas.
Una de las tareas principales de esta Conferencia Nacional, debe ser la de analizar y arrojar conclusiones sobre el problema de la comercialización y producción de drogas ilícitas, como fenómeno ligado al paramilitarismo. La Conferencia también deberá abordar el asunto concerniente a la relación entre conflicto, narcotráfico e impacto en la institucionalidad.
En la mañana de hoy, Timoleón Jiménez y Nicolás Rodríguez, comandantes de las FARC y del ELN, anunciaron al país un cese de fuegos unilateral, atendiendo el creciente clamor de múltiples sectores de la sociedad que querían unas elecciones sin las sonoridades de los combates. Esta tregua compromete temporalmente la ofensiva, pero hará uso de la defensa en caso de aproximación enemiga a las posiciones guerrilleras. La decisión de la insurgencia constituye un gran contraste con la testaruda actitud del gobierno de negarle al proceso de paz la posibilidad de una tregua bilateral, que sin duda, rodearía de positividad las conversaciones de paz. No se entiende; nadie entiende la jerigonza tras las que se atrinchera el gobierno para explicar lo inexplicable. De dónde sacarán el presidente y su ministro de Defensa la tesis descabellada de que si pacta la tregua bilateral estaría provocando la prolongación del conflicto, y que solo intensificando las operaciones militares, se espueleará el avance en la mesa de conversaciones. Es hora que el gobierno enderece la lógica de sus pensamientos sobre este tema, y entienda, que este no es un proceso de sometimiento, sino un proceso que busca la solución política a medio siglo de conflicto a través de transformaciones políticas, económicas y sociales que beneficien a las mayorías excluidas.
Hemos propuesto la convocatoria y la realización de una Asamblea Nacional Constituyente como componente esencial de la construcción de un Acuerdo final. Dicha propuesta debe ser comprendida en su complejidad. Sin duda, constituye un mecanismo idóneo para la refrendación de lo pactado y también para encontrarle una salida a asuntos esenciales que no logren ser acordados en la Mesa de diálogos. Lo pendiente, que hemos venido consignando a manera de salvedades en los Acuerdos parciales, si no puede resolverse en la Mesa, no debe erigirse en obstáculo en la búsqueda de un Acuerdo final. Tenemos la disposición de someterlo a la voluntad soberana del constituyente primario.
La Asamblea posibilita la requerida apropiación social y la legitimación de los resultados del diálogo con la más amplia participación social y popular. Pero va mucho más allá. No se trata de un simple pacto de clases para diseñar un nuevo ordenamiento constitucional y posibilitar nuevos desarrollos legales. No es nuestra finalidad última. La comprendemos como una estación necesaria, cuyos tiempos y contenidos estarán marcados no solo por el debate que adelantamos, sino por la dinámica de la crisis nacional en todos sus niveles y por el proceso constituyente en curso, que se viene desarrollando en medio de la movilización y la lucha popular, y del cual nos sentimos parte.
Somos conscientes de la potencia transformadora del actual momento histórico. Trabajamos con todo nuestro empeño para contribuir a desatarla. Por ello, estamos en La Habana, realizando nuestro mayor esfuerzo por lograr un Acuerdo Final que le dé nuevas posibilidades al pleno ejercicio de la política.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Un nuevo acuerdo parcial en torno al tercer tema en discusión, “Solución al problema de las drogas ilícitas”, acaba de ser manufacturado en la mesa de conversaciones de paz de La Habana, acortando distancias hacia el objetivo de la paz de Colombia.
Ha sido esta una marcha compleja porque la solución definitiva del problema reside en naciones poderosas más allá de las fronteras, por las obstrucciones del prohibicionismo que agrava el problema, por el absurdo de mantener vigente la fracasada política de guerra contra las drogas cuando la inteligencia humana le ha extendido acta de defunción, por el miedo de un país dependiente a la adopción de una política soberana que no espere la aprobación del imperio para decidir cursos de acción, por el demonio de las fumigaciones que hasta ahora arrastra el gobierno al persistir en la erradicación forzada, el involucramiento de la CIA en el negocio de donde obtiene recursos para financiar sus campañas encubiertas, el lavado de activos derivado del narcotráfico por bancos estadounidenses y europeos, por la concentración de la acción punitiva en los eslabones más débiles de la cadena y la complicidad total de las autoridades con banqueros corruptos colombianos que delinquen inyectando ganancias criminales provenientes del narcotráfico en los circuitos financieros sin que nadie los perturbe.
Sobre esta temática también -como ocurrió en los puntos referidos a tierras y participación política-, quedaron asuntos pendientes o salvedades que deberán ser abordadas y resueltas, o antes de la firma del eventual acuerdo final,o dirimidos los disensos por el soberano en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente.
Dichas salvedades, son las siguientes:
1. Nueva política criminal. En el proceso de redefinición de la política anti-drogas se debe proceder con el diseño de una nueva política criminal del Estado que concentre sus esfuerzos en la persecución y el encarcelamiento de los principales beneficiarios del mercado de drogas ilícitas, así como en el desmantelamiento de las redes transnacionales de tráfico y de lavado de activos. Las FARC-EP insisten en la conformación de la “Comisión para el diseño de una política nacional antidrogas democrática y participativa”, con grupos de trabajo de académicos y expertos que formule los lineamientos generales para esa nueva política criminal del Estado en esta materia. Sobre todo en momentos en que el país entero cuestiona el sistema judicial que rige.
2. Suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de sus víctimas. Las FARC-EP consideran que en desarrollo de los lineamientos generales de la Nueva política antidrogas se debe proceder con la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato, o cualquier otro agente químico, y con la reparación integral de sus víctimas. Esto implica:
- La identificación de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos.
- La reparación integral de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos.
- El establecimiento de un fondo para la reparación de las víctimas de las aspersiones aéreas con agentes químicos.
En definitiva, el viejo esquema de erradicaciones forzadas-fumigaciones, ha fracasado generando enormes daños al tejido ambiental y social, lo cual implica que deben buscarse alternativas urgentes.
3. Frente al punto 4.2.:
-Reconociendo la importancia de lo acordado en este sub-punto, las FARC-EP consideran necesario concretar el compromiso de transformación estructural del sistema de salud pública, que permita encuadrar el desarrollo del programa y de los planes.
4. Frente al punto 4.3.:
-Las FARC-EP, consideran que es necesaria la realización, a instancias de la Mesa de Diálogos, de una Conferencia Nacional sobre política soberana de lucha contra las drogas, a fin de avanzar, también, en la concreción de los ajustes y adecuaciones normativas y de las acciones que requiere esta lucha, considerando las nuevas tendencias internacionales que enfatizan en el enfoque en derechos humanos, al momento de enfrentar el fenómeno de producción, consumo y comercialización de drogas ilícitas.
Una de las tareas principales de esta Conferencia Nacional, debe ser la de analizar y arrojar conclusiones sobre el problema de la comercialización y producción de drogas ilícitas, como fenómeno ligado al paramilitarismo. La Conferencia también deberá abordar el asunto concerniente a la relación entre conflicto, narcotráfico e impacto en la institucionalidad.
En la mañana de hoy, Timoleón Jiménez y Nicolás Rodríguez, comandantes de las FARC y del ELN, anunciaron al país un cese de fuegos unilateral, atendiendo el creciente clamor de múltiples sectores de la sociedad que querían unas elecciones sin las sonoridades de los combates. Esta tregua compromete temporalmente la ofensiva, pero hará uso de la defensa en caso de aproximación enemiga a las posiciones guerrilleras. La decisión de la insurgencia constituye un gran contraste con la testaruda actitud del gobierno de negarle al proceso de paz la posibilidad de una tregua bilateral, que sin duda, rodearía de positividad las conversaciones de paz. No se entiende; nadie entiende la jerigonza tras las que se atrinchera el gobierno para explicar lo inexplicable. De dónde sacarán el presidente y su ministro de Defensa la tesis descabellada de que si pacta la tregua bilateral estaría provocando la prolongación del conflicto, y que solo intensificando las operaciones militares, se espueleará el avance en la mesa de conversaciones. Es hora que el gobierno enderece la lógica de sus pensamientos sobre este tema, y entienda, que este no es un proceso de sometimiento, sino un proceso que busca la solución política a medio siglo de conflicto a través de transformaciones políticas, económicas y sociales que beneficien a las mayorías excluidas.
Hemos propuesto la convocatoria y la realización de una Asamblea Nacional Constituyente como componente esencial de la construcción de un Acuerdo final. Dicha propuesta debe ser comprendida en su complejidad. Sin duda, constituye un mecanismo idóneo para la refrendación de lo pactado y también para encontrarle una salida a asuntos esenciales que no logren ser acordados en la Mesa de diálogos. Lo pendiente, que hemos venido consignando a manera de salvedades en los Acuerdos parciales, si no puede resolverse en la Mesa, no debe erigirse en obstáculo en la búsqueda de un Acuerdo final. Tenemos la disposición de someterlo a la voluntad soberana del constituyente primario.
La Asamblea posibilita la requerida apropiación social y la legitimación de los resultados del diálogo con la más amplia participación social y popular. Pero va mucho más allá. No se trata de un simple pacto de clases para diseñar un nuevo ordenamiento constitucional y posibilitar nuevos desarrollos legales. No es nuestra finalidad última. La comprendemos como una estación necesaria, cuyos tiempos y contenidos estarán marcados no solo por el debate que adelantamos, sino por la dinámica de la crisis nacional en todos sus niveles y por el proceso constituyente en curso, que se viene desarrollando en medio de la movilización y la lucha popular, y del cual nos sentimos parte.
Somos conscientes de la potencia transformadora del actual momento histórico. Trabajamos con todo nuestro empeño para contribuir a desatarla. Por ello, estamos en La Habana, realizando nuestro mayor esfuerzo por lograr un Acuerdo Final que le dé nuevas posibilidades al pleno ejercicio de la política.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP