Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2001-06-09
Categoría
Comunicado
Fichero Adjunto
República Mexicana, 9 de junio de 2001
Al pueblo de México.
A los pueblos del mundo.
Han transcurrido tres décadas desde la masacre del 10 de junio de 1971. Masacre cuya responsabilidad recae
principalmente en Luis Echeverría Alvarez (en ese entonces presidente de la república), así como en
los miembros del gabinete gubernamental presidido por éste.
Han transcurrido tres décadas desde la masacre del 10 de junio de 1971, sin que los responsables de ésta o
de anteriores o posteriores masacres, planeadas y dirigidas desde las más altas esferas gubernamentales,
haya comparecido para responder por los cientos de asesinatos perpetrados contra el pueblo mexicano. Por
el contrario, los funcionarios gubernamentales que han servido a los intereses del gran capital han sido beneficiados ampliamente por éste y protegidos por los aparatos represivos del estado.
Las acciones represivas perpetradas por el gobierno a lo largo de nuestra historia son abundantes. En primer
lugar destacan cronológicamente las perpetradas contra el movimiento ferrocarrilero, petrolero, electricista,
médico, magisterial, campesino, estudiantil, etc., así como los secuestros, torturas, desapariciones
forzadas, aprehensiones políticas contra el movimiento armado revolucionario, particularmente de los años
60 y 70, etc., pero, sobre todo, las masacres del 68 y del 71 contra el movimiento estudiantil y popular, en
el marco de una estrategia contrainsurgente aplicada por el gobierno mexicano hasta mediados del los 80;
en segundo lugar destacan las masacres de Aguas Blancas, Acteal, El Bosque y el Charco, la intimidación
por medio del terror gubernamental, la creación de redes de inteligencia, la creación de grupos paramilitares,
la administración dosificada de recursos y servicios a sectores populares al borde de la desesperación,
así como la militarización de los cuerpos policiacos y esferas administrativas, en el marco de una Guerra de
Baja Intensidad desplegada por el gobierno, de mediados de los 80 a la fecha.
Detrás de esta larga cadena de acciones represivas gubernamentales quedan en claro varias cosas: 1) que el
objeto de la represión ha sido invariablemente el pueblo en lucha, 2) que los beneficiarios de la represión
han sido invariablemente los dueños del capital (nacional y extranjero), 3) que los instrumentos de la represión
has sido invariablemente los aparatos represivos del gobierno y 4) que el poder político de la clase dominante
descansa en el poder represivo, persuasivo e intimidatorio de las armas.
Ciertamente, la realidad del México actual es sensiblemente distinta de la realidad del México de los 70,
pero no tanto que escape a las determinaciones políticas antes citadas. Por el contrario la dominación persuasiva
e intimidatoria del gran capital sobre la inmensa mayoría del pueblo trabajador se ha robustecido,
sólo que dicha realidad, desgarrada en sí misma, es cada vez más contradictoria.
Tras casi 20 años de instrumentar un nuevo modelo de acumulación de capital (el modelo neoliberal), un
reducido número de capitalistas industriales y banqueros se han enriquecido al grado de figurar algunos de
ellos entre los hombres más ricos del mundo. En cambio más de 60 millones de mexicanos se han visto
reducidos a la pobreza, como lo muestran las propias estadísticas oficiales.
Esta situación ha exacerbado las contradicciones de clase, pero al mismo tiempo dichas contradicciones
han sido mediatizadas por la clase en el poder.
En efecto, bajo presión del movimiento popular y revolucionario, la clase dominante se ha visto obligada a
sustituir el viejo régimen de partido de estado por un nuevo régimen político, cediendo espacios a la oposición
en los aparatos representativos del Estado, pero manteniendo un férreo control sobre los aparatos represivos.
De este modo, la alternancia de la derecha o de la izquierda en los diferentes niveles de gobierno ha dado
lugar a una democracia representativa, pero no puede resolver la explotación, la pobreza y la marginación
en que se encuentra el pueblo mexicano. Pues, tras la democracia representativa sigue operando la dominación
de los grandes capitales nacionales y extranjeros, como lo demuestra palmariamente la venta fraudulenta
de Banamex a Citigroup (la institución financiera más grande del mundo) la inminente participación
de capitales extranjeros en la industria eléctrica y en la del petróleo, la puesta en práctica del plan Puebla-
Panamá, así como, de manera general, el ajuste de los planes de gobierno a los dictámenes del Fondo Monetario
Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, como la ha anunciado la
administración foxista.
En tales condiciones, el poder popular está convocado para hacer frente al dominio del gran capital y a reconquistar
la soberanía popular y nacional; está convocado a construir una nueva relación social transformando
las relaciones de dominio-subordinación propias de la sociedad capitalista en relaciones de colaboración,
servicio y ayuda mutua propias de una sociedad verdaderamente humanizada; esta convocado a
constituirse en una fuerza ideológica, económica, política y militar que haga posible la unidad de todas las
fuerzas democráticas revolucionarias y la construcción de un verdadero régimen democrático, representativo
y participativo, con el pueblo y para el pueblo, y garantizar así la realización de un nuevo proyecto de
Nación incluyente, digno y justo.
No obstante, la construcción de un verdadero régimen democrático, representativo y participativo, pasa y
debe pasar por el castigo a los responsables de las masacres perpetradas contra el pueblo mexicano. Pasa y
debe pasar por el juicio y el castigo a Luis Echeverría Alvarez y Alfonso Martínez Domínguez, como principales
responsables de la masacre del 10 de junio de 1971. Pasa y debe pasar por el juicio y el castigo a los
responsables intelectuales y materiales de la guerra sucia y, por tanto, de las desapariciones forzadas y crímenes
políticos de la década de los 60 y 70. Pasa y debe pasar por el juicio y el castigo a los responsables
de la masacre del Charco perpetrada el 7 de junio de 1998, y por el juicio y el castigo de los responsables
de todas y cada uno de los asesinatos y acciones represivas perpetradas contra el pueblo mexicano en su
lucha por arribar a un régimen económico-político verdaderamente digno y justo.
Mientras el poder político de la clase dominante siga siendo sostenido por el poder de las armas, la disputa
por la dirección y la reorganización de la sociedad seguirá siendo un problema ético, político y militar.
¡CONTRA EL NEOLIBERALISMO, EL PODER POPULAR!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
TENDENCIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA
PDPR-EPR-TDR
República Mexicana, 9 de junio de 2001.
A los pueblos del mundo.
Han transcurrido tres décadas desde la masacre del 10 de junio de 1971. Masacre cuya responsabilidad recae
principalmente en Luis Echeverría Alvarez (en ese entonces presidente de la república), así como en
los miembros del gabinete gubernamental presidido por éste.
Han transcurrido tres décadas desde la masacre del 10 de junio de 1971, sin que los responsables de ésta o
de anteriores o posteriores masacres, planeadas y dirigidas desde las más altas esferas gubernamentales,
haya comparecido para responder por los cientos de asesinatos perpetrados contra el pueblo mexicano. Por
el contrario, los funcionarios gubernamentales que han servido a los intereses del gran capital han sido beneficiados ampliamente por éste y protegidos por los aparatos represivos del estado.
Las acciones represivas perpetradas por el gobierno a lo largo de nuestra historia son abundantes. En primer
lugar destacan cronológicamente las perpetradas contra el movimiento ferrocarrilero, petrolero, electricista,
médico, magisterial, campesino, estudiantil, etc., así como los secuestros, torturas, desapariciones
forzadas, aprehensiones políticas contra el movimiento armado revolucionario, particularmente de los años
60 y 70, etc., pero, sobre todo, las masacres del 68 y del 71 contra el movimiento estudiantil y popular, en
el marco de una estrategia contrainsurgente aplicada por el gobierno mexicano hasta mediados del los 80;
en segundo lugar destacan las masacres de Aguas Blancas, Acteal, El Bosque y el Charco, la intimidación
por medio del terror gubernamental, la creación de redes de inteligencia, la creación de grupos paramilitares,
la administración dosificada de recursos y servicios a sectores populares al borde de la desesperación,
así como la militarización de los cuerpos policiacos y esferas administrativas, en el marco de una Guerra de
Baja Intensidad desplegada por el gobierno, de mediados de los 80 a la fecha.
Detrás de esta larga cadena de acciones represivas gubernamentales quedan en claro varias cosas: 1) que el
objeto de la represión ha sido invariablemente el pueblo en lucha, 2) que los beneficiarios de la represión
han sido invariablemente los dueños del capital (nacional y extranjero), 3) que los instrumentos de la represión
has sido invariablemente los aparatos represivos del gobierno y 4) que el poder político de la clase dominante
descansa en el poder represivo, persuasivo e intimidatorio de las armas.
Ciertamente, la realidad del México actual es sensiblemente distinta de la realidad del México de los 70,
pero no tanto que escape a las determinaciones políticas antes citadas. Por el contrario la dominación persuasiva
e intimidatoria del gran capital sobre la inmensa mayoría del pueblo trabajador se ha robustecido,
sólo que dicha realidad, desgarrada en sí misma, es cada vez más contradictoria.
Tras casi 20 años de instrumentar un nuevo modelo de acumulación de capital (el modelo neoliberal), un
reducido número de capitalistas industriales y banqueros se han enriquecido al grado de figurar algunos de
ellos entre los hombres más ricos del mundo. En cambio más de 60 millones de mexicanos se han visto
reducidos a la pobreza, como lo muestran las propias estadísticas oficiales.
Esta situación ha exacerbado las contradicciones de clase, pero al mismo tiempo dichas contradicciones
han sido mediatizadas por la clase en el poder.
En efecto, bajo presión del movimiento popular y revolucionario, la clase dominante se ha visto obligada a
sustituir el viejo régimen de partido de estado por un nuevo régimen político, cediendo espacios a la oposición
en los aparatos representativos del Estado, pero manteniendo un férreo control sobre los aparatos represivos.
De este modo, la alternancia de la derecha o de la izquierda en los diferentes niveles de gobierno ha dado
lugar a una democracia representativa, pero no puede resolver la explotación, la pobreza y la marginación
en que se encuentra el pueblo mexicano. Pues, tras la democracia representativa sigue operando la dominación
de los grandes capitales nacionales y extranjeros, como lo demuestra palmariamente la venta fraudulenta
de Banamex a Citigroup (la institución financiera más grande del mundo) la inminente participación
de capitales extranjeros en la industria eléctrica y en la del petróleo, la puesta en práctica del plan Puebla-
Panamá, así como, de manera general, el ajuste de los planes de gobierno a los dictámenes del Fondo Monetario
Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, como la ha anunciado la
administración foxista.
En tales condiciones, el poder popular está convocado para hacer frente al dominio del gran capital y a reconquistar
la soberanía popular y nacional; está convocado a construir una nueva relación social transformando
las relaciones de dominio-subordinación propias de la sociedad capitalista en relaciones de colaboración,
servicio y ayuda mutua propias de una sociedad verdaderamente humanizada; esta convocado a
constituirse en una fuerza ideológica, económica, política y militar que haga posible la unidad de todas las
fuerzas democráticas revolucionarias y la construcción de un verdadero régimen democrático, representativo
y participativo, con el pueblo y para el pueblo, y garantizar así la realización de un nuevo proyecto de
Nación incluyente, digno y justo.
No obstante, la construcción de un verdadero régimen democrático, representativo y participativo, pasa y
debe pasar por el castigo a los responsables de las masacres perpetradas contra el pueblo mexicano. Pasa y
debe pasar por el juicio y el castigo a Luis Echeverría Alvarez y Alfonso Martínez Domínguez, como principales
responsables de la masacre del 10 de junio de 1971. Pasa y debe pasar por el juicio y el castigo a los
responsables intelectuales y materiales de la guerra sucia y, por tanto, de las desapariciones forzadas y crímenes
políticos de la década de los 60 y 70. Pasa y debe pasar por el juicio y el castigo a los responsables
de la masacre del Charco perpetrada el 7 de junio de 1998, y por el juicio y el castigo de los responsables
de todas y cada uno de los asesinatos y acciones represivas perpetradas contra el pueblo mexicano en su
lucha por arribar a un régimen económico-político verdaderamente digno y justo.
Mientras el poder político de la clase dominante siga siendo sostenido por el poder de las armas, la disputa
por la dirección y la reorganización de la sociedad seguirá siendo un problema ético, político y militar.
¡CONTRA EL NEOLIBERALISMO, EL PODER POPULAR!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
TENDENCIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA
PDPR-EPR-TDR
República Mexicana, 9 de junio de 2001.