Ante las recientes acusaciones del Ejército gubernamental sobre la presencia de artefactos explosivos en el corregimiento de san José de Apartado, aclaramos lo siguiente:
1) El Ejército ha arreciado sus ataques contra campesinos del corregimiento de San José de Apartadó. Ahora no solo disparan sus armas contra la población civil, como históricamente han acostumbrado, sino que se dedican a instalar artefactos explosivos a nombre de FARC-EP alrededor del poblado y en las propias viviendas, como ocurrió con las dos bombas instaladas en la casa de la señora Laura Cataño, presidenta de la Junta de Acción Comunal de dicho corregimiento, para después ejecutar operativos de supuestos desminados, pretexto utilizado para amenazar a la población y elevar los niveles de terror que aplica en la región.
2) Los habitantes de la región de Urabá conocen las tácticas de intimidación desarrolladas por las fuerzas militares y de policía en aplicación de la acción sicológica, o guerra sucia, orientada en los manuales de inteligencia contra opositores políticos y comunidades que exigen el cumplimiento de sus derechos políticos, a quienes se acusa de milicianos o integrantes de FARC-EP.
3) Cabe recordar que acciones similares han precedido los ataques ejecutados por las fuerzas militares contra los pobladores de este corregimiento, como el 4 de octubre de 2012, cuando simulando un hostigamiento hirieron de muerte al campesino Daimer Guaca fallecido más tarde en el hospital. O el 9 de abril de 2013, cuando asesinaron a Carlos Andrés Torres, campesino de la vereda Caracolí.
4) En aras de avanzar sostenidamente hacia la afirmación del proceso de paz que se desarrolla en la mesa de conversaciones en la Habana, convocamos al gobierno y a la delegación de paz para que se estructure una comisión que investigue y verifique estos hechos que enturbian las expectativas de paz que crecen en el corazón del pueblo colombiano.
Quinto Frente Antonio Nariño Bloque Iván Ríos FARC-EP