La sequía y el mal gobierno azotan a la Guajira

LA SEQUÍA Y EL MAL GOBIERNO AZOTAN A LA GUAJIRA

La situación de crisis social que se vive en el departamento de la Guajira puede calificarse de emergencia humanitaria. Su déficit de vivienda, vías, puestos de salud, empleo, agua para el consumo humano, servicios públicos, entre otros, se traduce en enfermedades, hambre y muerte de personas pertenecientes a los sectores más vulnerables de la población: campesinos, indígenas, niños, ancianos y mujeres embarazadas, sin que de parte del Estado aparezcan soluciones que superen el rosario de promesas electorales. Juan Manuel Santos, en su campaña reeleccionista, prometió pozos profundos, viviendas y otros atractivos, rasgo característico de un Presidente promesero y de la clase política que mal gobierna al país.

Los gobiernos municipales y del departamento, adjudican la culpa de la crisis a la falta de agua producida por la prolongada sequía que azota a la región; pero la pobreza en que viven miles de familias guajiras tiene causas más profundas, relacionadas con los malos gobiernos, la corrupción administrativa practicada por concejales, alcaldes y gobernadores que se roban los dineros públicos, y en general por la imposición, desde el gobierno central, de un modelo económico privatizador, que condena a nuestros pueblos a vivir y morir en la miseria.

Entre todos los sectores en riesgo el más vulnerable es la niñez. Las estadísticas en materia de muertes y desnutrición infantil muestran cifras alarmantes. Esta desatención en salud y alimentación se refleja por ejemplo en el rendimiento escolar. Rectores y maestros de centros educativos como el Liceo Padilla, el Reginaldo Fishione y el Dencil Escolar, han denunciado que con frecuencia los estudiantes se desmayan en el aula de clases, por la sencilla causa de que los educandos salen de sus casas sin desayuno, situación que se agrava por la implementación de la media técnica, jornada de estudio que va desde las 6 de la mañana hasta las dos de la tarde.

Según datos aportados por Planeación Nacional, la producción de carbón le dejará en el año 2014 al departamento de la Guajira 411. 809 millones de pesos; cabe preguntarse: ¿a dónde van a parar estos recursos, mientras los niños guajiros padecen por hambre y desnutrición, mientras el pueblo en general vive en la miseria? Estos recursos no se reflejan en inversión social; lo visible en el ambiente guajiro es la acelerada destrucción de la naturaleza, la contaminación ambiental y la proliferación de enfermedades.

El rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Robles, denunció recientemente que la empresa El Cerrejón utiliza toda clase de artimañas y acciones jurídicas para evadir el pago de la estampilla Pro-Universidad, impuesto que supera los $10 .000 millones de pesos para el año 2014. La falta de estos dineros pone en riesgo el inicio del semestre académico. Con toda razón el rector de la Universidad de la Guajira ha afirmado que “es terrorista aquel que le coloca 14 demandas a un tributo de una Universidad”.

Lo recibido hasta hoy por las comunidades guajiras que padecen por la sequía, han sido promesas y más promesas, promesas de pozos profundos, de carrotanques. Eso no soluciona la falta de agua y la indignación del pueblo guajiro. Llama la atención que lo que más preocupa a las autoridades es la muerte del ganado, que según anuncios, alcanza la cifra de 7.000 cabezas. En segundo plano queda la situación de las gentes humildes.

Es hora de que los gobiernos nacional y departamental rindan cuentas por la mentira que resultó ser el Proyecto de represa El Cercado, construida sobre el río Ranchería después de haber despojado violentamente a los ocupantes de esas tierras. Prometieron un distrito de riego que beneficiaría a los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca, surtiría de agua los acueductos de nueve municipios vecinos y generaría energía eléctrica para el servicio domiciliario. Hasta ahora todo ha sido un fracaso.

Una realidad, en cambio, fue la masacre realizada por los paramilitares en la vereda el Limón, Caracolí, Sabanas de Manuela, municipio de San Juan del Cesar en el año 2002. Las víctimas, 12 personas de la etnia Wiwa, entre ellos tres niños y una anciana de 76 años pertenecientes a la familia Loperena, fueron desmembradas a machete, según reconoció recientemente el desmovilizado paramilitar Daniel Giraldo Contreras, alias El Grillo, en audiencia pública realizada por la Fiscalía. Confiesa alias El Grillo, que alguien llamaba y les decía: “allí le mando un encargo” y ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Lo que no reconoce este asesino de niños y ancianos indígenas, es que todas esas masacres se realizaron en coordinación con el Ejército colombiano, más exactamente con el Batallón Cartagena.

Los guerrilleros farianos nos solidarizamos con el sufrimiento del pueblo guajiro y lo invitamos a protestar organizadamente, a movilizarse y luchar por la solución de sus más graves problemas. Las FARC-EP también trabajamos por ustedes en la búsqueda de una Colombia Nueva con Justicia Social.

Frente 59 Resistencia Guajira Bloque Martin Caballero de las FARC-EP

Montañas del Caribe colombiano, 2 de agosto de 2014.