Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2001-12-02
Categoría
Comunicado
Fichero Adjunto
República Mexicana, 2 de diciembre de 2001
Al pueblo de México.
A los pueblos del mundo.
El 2 de diciembre de 1974 cayó en combate el comandante guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, fundador y dirigente del Partido de los Pobres y de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento.
El compañero Lucio cayó en la sierra de Guerrero tras de haber combatido al ejército federal y a los cuerpos policíacos por más de siete años y de haber resistido, una tras otra, diecisiete campañas militares desplegadas por el ejército federal, en el marco de la estrategia contrainsurgente, diseñada por el gobierno norteamericano para México y América latina, así como de la guerra sucia ordenada y dirigida por los funcionarios en turno del Estado mexicano; guerra que dejó como saldo trágico una larga cadena de secuestros, torturas, detenciones, asesinatos y otros hechos represivos entre los que destacan más de 600 desaparecidos políticos (no todos ellos documentados) en el estado de Guerrero y más de 800 desparecidos políticos en todo el país.
Pero ni la caída de Lucio ni la sangrienta represión desatada por el Estado mexicano contra el movimiento popular y, particularmente, contra el movimiento armado revolucionario en todo el país pudieron detener la lucha del pueblo mexicano o poner término a sus aspiraciones libertarias, por una simple y sencilla razón: las principales condiciones de miseria, explotación, opresión política, marginación, discriminación, etc., que dieron origen al movimiento revolucionario en nuestro país, no desaparecieron. Por el contrario, algunas de estas condiciones se agudizaron potenciando las posibilidades de desarrollo del movimiento popular y revolucionario, obligando a la clase en el poder a reorganizar su sistema de dominación y apropiación capitalista, con base en las experiencias arrojadas por los flujos y reflujos de la lucha revolucionaria en México, en Centroamérica y en América del sur.
De ahí que desde hace más de dos décadas el imperialismo norteamericano, apoyado en las burguesías y gobiernos latinoamericanos, haya dado lugar, de una parte, a una estrategia de acumulación neoliberal tratando de gestionar o administrar la crisis estructural del capitalismo y, de la otra, a una concepción y a una práctica contrainsurgente conocida como Guerra de Baja Intensidad (GBI), con base en la cual el Estado mexicano pudo bloquear, en buena medida, el desarrollo del movimiento popular y revolucionario, cooptando, persuadiendo, intimidando y, en última instancia, reprimiendo brutalmente a los grupos rebeldes, opositores o inconformes. Pero no al grado de impedir el surgimiento de nuevos movimientos y organizaciones democráticas y revolucionarias, como lo pone de manifiesto el surgimiento del EZLN el 1 de enero de 1994, así como el surgimiento del PDPR-EPR en 1996, pese a la posterior fragmentación sufrida por éste y, por consiguiente, a la reorganización y surgimiento de nuevos grupos revolucionarios como el ERPI, las FARP, el EVPR, incluido nuestro propio agrupamiento.
Por todo esto, la lucha de clases que se libra en nuestro país ha arribado a una complejidad extraordinaria, imposible de comprender al margen de la historia, del conocimiento y de la crítica radical de la realidad actual y de sus ideologías, incluidas particularmente las ideologías y las prácticas políticas de los agrupamientos de izquierda, tanto legales como clandestinos.
Dentro de esta complejidad se encuentra, de una parte, una sociedad y un estado reorganizados a partir de una mayor participación del pueblo (obreros, campesinos, estudiantes, pueblos indios, etc.) en los asuntos y acontecimientos políticos locales y nacionales; participación que ha hecho posible la inclusión de algunas corrientes de izquierda en las estructuras de gobierno, así como una mayor organización y fortalecimiento de la sociedad frente al estado. Pero, por otra parte, se encuentra una red no evidente de grupos, organismos y estructuras al interior de la sociedad y del estado, vinculados a los principales grupos de poder (político, financiero y del narcotráfico); llamados a preservar la hegemonía, la dominación y la apropiación capitalistas, en estrecha coordinación con los órganos represivos del gobierno; red de grupos, organismos y estructuras de donde surgen y se organizan los grupos paramilitares y escuadrones de la muerte responsables materiales de los secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales, llevadas a cabo contra ciudadanos inocentes, comunidades inermes, luchadores sociales, personalidades democráticas y militantes revolucionarios, por lo menos, en las tres últimas décadas.
En este contexto, el asesinato de la licenciada Digna Ochoa constituye la prueba más evidente de la actividad represiva y criminal desarrollada por la clase en el poder a través de esta red de grupos, organismos y estructuras a los que, llegado su momento, la clase dominante usará como chivos expiatorios, para preservar su estancia en el poder y convencer sobre el supuesto valor que representa la democracia burguesa.
Así pues, no será el gobierno foxista quien llame a cuentas a la clase dominante y le haga responder por el asesinato de Digna Ochoa. Asimismo, no será el gobierno foxista quien llame a cuentas a la clase dominante y le haga responder por las masacres populares y estudiantiles del 68 y del 71; responder por los más de 800 desaparecidos políticos víctimas de la guerra sucia de las décadas de los 60’s y 70’s; responder por los más de 600 ciudadanos asesinados en el curso de las luchas electorales y populares de los 80’s y 90’s, por citar sólo algunos de los crímenes de estado más relevantes. Y no lo hará por una simple razón, reconocida por el propio Fox en el extranjero: su gobierno es un gobierno formado por empresarios, para beneficio de los propios empresarios, nacionales y extranjeros.
Por consiguiente, ninguna fiscalía especial emanada del gobierno federal pondrá término al régimen de impunidad inaugurado por las administraciones priistas y heredado por la administración foxista, por más recomendaciones que formule la CNDH, pues éste no es más que un organismo de consigna al servicio del grupo de poder en turno, el cual pretende dar carpetazo y condenar al olvido, especialmente, el problema de los desaparecidos políticos.
Los problemas que aquejan al pueblo mexicano sólo serán resueltos por el pueblo mismo, en la medida que las voluntades hoy dispares y dispersas se unifiquen en una sola voluntad; en la medida que el pueblo y sus propias organizaciones se constituyan en un nuevo poder capaz de derrotar el poder de los de arriba; en la medida que las organizaciones democráticas y revolucionarias sean capaces de avanzar en la elaboración de una Línea Política Común y en la articulación de una Dirección Compartida, pues ese será el mejor homenaje que podamos rendir a los héroes y a los mártires de la lucha por la democracia y el socialismo en nuestra patria.
Sólo ello permitirá al pueblo llevar a juicio a los responsables de los crímenes de estado que hoy cobardemente pretenden eludir su responsabilidad; sólo ello permitirá al pueblo poner término a la impunidad y al sistema de dominio y apropiación capitalista cada vez más cercano a la barbarie que a la organización de una sociedad verdaderamente humanizada.
¡Honor y gloria al comandante Lucio Cabañas Barrientos!
Fraternalmente:
¡¡¡CONTRA EL NEOLIBERALISMO, EL PODER POPULAR¡¡¡
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
TENDENCIA DEMOCRÁTICA REVOLUCIONARIA
PDPR-EPR-TDR
República Mexicana, 2 de diciembre de 2001.
A los pueblos del mundo.
El 2 de diciembre de 1974 cayó en combate el comandante guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, fundador y dirigente del Partido de los Pobres y de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento.
El compañero Lucio cayó en la sierra de Guerrero tras de haber combatido al ejército federal y a los cuerpos policíacos por más de siete años y de haber resistido, una tras otra, diecisiete campañas militares desplegadas por el ejército federal, en el marco de la estrategia contrainsurgente, diseñada por el gobierno norteamericano para México y América latina, así como de la guerra sucia ordenada y dirigida por los funcionarios en turno del Estado mexicano; guerra que dejó como saldo trágico una larga cadena de secuestros, torturas, detenciones, asesinatos y otros hechos represivos entre los que destacan más de 600 desaparecidos políticos (no todos ellos documentados) en el estado de Guerrero y más de 800 desparecidos políticos en todo el país.
Pero ni la caída de Lucio ni la sangrienta represión desatada por el Estado mexicano contra el movimiento popular y, particularmente, contra el movimiento armado revolucionario en todo el país pudieron detener la lucha del pueblo mexicano o poner término a sus aspiraciones libertarias, por una simple y sencilla razón: las principales condiciones de miseria, explotación, opresión política, marginación, discriminación, etc., que dieron origen al movimiento revolucionario en nuestro país, no desaparecieron. Por el contrario, algunas de estas condiciones se agudizaron potenciando las posibilidades de desarrollo del movimiento popular y revolucionario, obligando a la clase en el poder a reorganizar su sistema de dominación y apropiación capitalista, con base en las experiencias arrojadas por los flujos y reflujos de la lucha revolucionaria en México, en Centroamérica y en América del sur.
De ahí que desde hace más de dos décadas el imperialismo norteamericano, apoyado en las burguesías y gobiernos latinoamericanos, haya dado lugar, de una parte, a una estrategia de acumulación neoliberal tratando de gestionar o administrar la crisis estructural del capitalismo y, de la otra, a una concepción y a una práctica contrainsurgente conocida como Guerra de Baja Intensidad (GBI), con base en la cual el Estado mexicano pudo bloquear, en buena medida, el desarrollo del movimiento popular y revolucionario, cooptando, persuadiendo, intimidando y, en última instancia, reprimiendo brutalmente a los grupos rebeldes, opositores o inconformes. Pero no al grado de impedir el surgimiento de nuevos movimientos y organizaciones democráticas y revolucionarias, como lo pone de manifiesto el surgimiento del EZLN el 1 de enero de 1994, así como el surgimiento del PDPR-EPR en 1996, pese a la posterior fragmentación sufrida por éste y, por consiguiente, a la reorganización y surgimiento de nuevos grupos revolucionarios como el ERPI, las FARP, el EVPR, incluido nuestro propio agrupamiento.
Por todo esto, la lucha de clases que se libra en nuestro país ha arribado a una complejidad extraordinaria, imposible de comprender al margen de la historia, del conocimiento y de la crítica radical de la realidad actual y de sus ideologías, incluidas particularmente las ideologías y las prácticas políticas de los agrupamientos de izquierda, tanto legales como clandestinos.
Dentro de esta complejidad se encuentra, de una parte, una sociedad y un estado reorganizados a partir de una mayor participación del pueblo (obreros, campesinos, estudiantes, pueblos indios, etc.) en los asuntos y acontecimientos políticos locales y nacionales; participación que ha hecho posible la inclusión de algunas corrientes de izquierda en las estructuras de gobierno, así como una mayor organización y fortalecimiento de la sociedad frente al estado. Pero, por otra parte, se encuentra una red no evidente de grupos, organismos y estructuras al interior de la sociedad y del estado, vinculados a los principales grupos de poder (político, financiero y del narcotráfico); llamados a preservar la hegemonía, la dominación y la apropiación capitalistas, en estrecha coordinación con los órganos represivos del gobierno; red de grupos, organismos y estructuras de donde surgen y se organizan los grupos paramilitares y escuadrones de la muerte responsables materiales de los secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales, llevadas a cabo contra ciudadanos inocentes, comunidades inermes, luchadores sociales, personalidades democráticas y militantes revolucionarios, por lo menos, en las tres últimas décadas.
En este contexto, el asesinato de la licenciada Digna Ochoa constituye la prueba más evidente de la actividad represiva y criminal desarrollada por la clase en el poder a través de esta red de grupos, organismos y estructuras a los que, llegado su momento, la clase dominante usará como chivos expiatorios, para preservar su estancia en el poder y convencer sobre el supuesto valor que representa la democracia burguesa.
Así pues, no será el gobierno foxista quien llame a cuentas a la clase dominante y le haga responder por el asesinato de Digna Ochoa. Asimismo, no será el gobierno foxista quien llame a cuentas a la clase dominante y le haga responder por las masacres populares y estudiantiles del 68 y del 71; responder por los más de 800 desaparecidos políticos víctimas de la guerra sucia de las décadas de los 60’s y 70’s; responder por los más de 600 ciudadanos asesinados en el curso de las luchas electorales y populares de los 80’s y 90’s, por citar sólo algunos de los crímenes de estado más relevantes. Y no lo hará por una simple razón, reconocida por el propio Fox en el extranjero: su gobierno es un gobierno formado por empresarios, para beneficio de los propios empresarios, nacionales y extranjeros.
Por consiguiente, ninguna fiscalía especial emanada del gobierno federal pondrá término al régimen de impunidad inaugurado por las administraciones priistas y heredado por la administración foxista, por más recomendaciones que formule la CNDH, pues éste no es más que un organismo de consigna al servicio del grupo de poder en turno, el cual pretende dar carpetazo y condenar al olvido, especialmente, el problema de los desaparecidos políticos.
Los problemas que aquejan al pueblo mexicano sólo serán resueltos por el pueblo mismo, en la medida que las voluntades hoy dispares y dispersas se unifiquen en una sola voluntad; en la medida que el pueblo y sus propias organizaciones se constituyan en un nuevo poder capaz de derrotar el poder de los de arriba; en la medida que las organizaciones democráticas y revolucionarias sean capaces de avanzar en la elaboración de una Línea Política Común y en la articulación de una Dirección Compartida, pues ese será el mejor homenaje que podamos rendir a los héroes y a los mártires de la lucha por la democracia y el socialismo en nuestra patria.
Sólo ello permitirá al pueblo llevar a juicio a los responsables de los crímenes de estado que hoy cobardemente pretenden eludir su responsabilidad; sólo ello permitirá al pueblo poner término a la impunidad y al sistema de dominio y apropiación capitalista cada vez más cercano a la barbarie que a la organización de una sociedad verdaderamente humanizada.
¡Honor y gloria al comandante Lucio Cabañas Barrientos!
Fraternalmente:
¡¡¡CONTRA EL NEOLIBERALISMO, EL PODER POPULAR¡¡¡
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
TENDENCIA DEMOCRÁTICA REVOLUCIONARIA
PDPR-EPR-TDR
República Mexicana, 2 de diciembre de 2001.