Nuestra fuerza está comprometida profundamente con los anhelos de paz que se concentran en la mesa de conversaciones que funciona en la Habana. Creemos que la solución política al conflicto social y armado que padece Colombia es la única salida acertada.
Desde que las FARC-EP iniciamos los diálogos con el actual gobierno, hemos alimentado la esperanza de que podamos, con el conjunto de las mayorías nacionales, sellar un pacto de paz hacia la reconciliación y reconstrucción de la patria en el terreno de la justicia social. Hemos dado cumplimiento estricto a la orden de los diversos cese el fuego, decretados por nuestra dirección nacional y, en ellos, siempre hemos sufrido operativos de provocación por parte de las fuerzas militares. En el primer cese el fuego, por la acción de la fuerza aérea, fueron asesinados en la indefensión del sueño, a mansalva y con alevosía, mutilando sus cuerpos, 15 de nuestros combatientes en la madrugada del primero de enero de 2013.
El 31 de enero del mismo año, en iguales condiciones y bajo la misma modalidad criminal del bombardeo aéreo, fueron eliminados 5 combatientes junto al comandante Jacobo Arango integrante del Estado Mayor Central de nuestra organización.
Desde que se iniciaron los acercamientos con el gobierno, para la instalación formal de las conversaciones, nuestra dirección planteó lo improcedente de conversar bajo el imperativo de la confrontación armada. Pero se impuso la perversa fórmula del presidente Santos de sumarle más víctimas al conflicto, y adelantar las conversaciones dentro de la dinámica de la guerra. En esas condiciones, impuestas por el gobierno, el charco de sangre que produce el enfrentamiento armado se hace cada día más extenso; pero el gobierno, acompañado del coro mediático de las grandes corporaciones de la información, solicita, a diario, un número mayor de litros de sangre, al ordenar a sus mecanismos de violencia “arreciar y arreciar” contra la insurgencia.
Pero, eso sí, ante cada respuesta militar de la insurgencia, el Presidente o su locuaz ministro de defensa se descomponen y lanzan nuevas amenazas y mentiras para mantener el libreto de que la resistencia fariana está totalmente debilitada y que en la Mesa de Conversaciones se está pactando nuestra rendición.
El guión no lo modifican en lo más mínimo, como ocurrió este 16 de septiembre ante los hechos de guerra presentados en el municipio de Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba, donde una unidad policial perdió parte del armamento que portaba, murieron 7 de sus hombres y otros 8 fueron heridos en la confrontación. La patrulla policial pretendía asaltar a unidades guerrilleras en el alto San Jorge. En casos como estos, el arreciar, arreciar y arreciar se transforma en lamentos y mentiras, como aquella de que el enfrentamiento fue con unidades guerrilleras acompañadas por bandidos como los llamados Urabeños.
No tenemos alianzas con estructuras del terror estatal como el denominado, por el gobierno y los medios de comunicación, clan de los Usugas. En estas afirmaciones del gobierno cabe aquel refrán de “cojan al ladrón, grita el ladrón”. Las alianzas del mencionado grupo paramilitar son con la institucionalidad, con las fuerzas militares y de policía, no con la insurgencia. Así que el combate, en el sur de Córdoba, fue con guerrilleros del Bloque Iván Ríos y con nadie más. Aclaramos, además, que el comandante Isaías Trujillo no tiene parentesco con los jefes de la banda parainstitucional en mención. Que coincidan en el apellido no representa algún vínculo familiar.
Ahora que se discute el tema de las víctimas en la Habana, es el momento de implementar urgentemente el cese el fuego bilateral, como parte del respeto y la dignidad que las víctimas llevan sobre sus hombros; hay que parar el desangre. El gobierno no puede seguir utilizando a las víctimas que arroja el conflicto, como bandera política para manipular opinión y sacarle ventajas a la guerrilla. Si se mantiene esta dinámica se dinamita el proceso y es lo que menos desea la nación.