Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2014-09-25
Categoría
Comunicado
El gobierno debe ir más allá de la retórica
EL GOBIERNO DEBE IR MÁS ALLÁ DE LA RETÓRICA
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 25 de 2014
Por decisión de las partes ha caído el inútil secretismo que rodeaba los acuerdos parciales logrados en la Mesa de Conversaciones de La Habana. El fuego de los enemigos de la paz ya no tendrá el combustible de la ignorancia que lo avivaba, y por otra parte, los colombianos podrán ahora interactuar con la mesa sobre el contenido y los alcances de lo acordado. Queríamos, y lo hemos logrado, que este diálogo se desarrollara de cara al país, y no podría ser de otra manera porque en La Habana se está forjando el futuro de dignidad de todos los colombianos. Ahora se trata de garantizar la transparencia del proceso, retomando el sentido genuino de las reglas de funcionamiento que trazó la Mesa y que están ligadas a la participación plena de la ciudadanía. La Mesa no solamente debe elaborar informes periódicos, sino que, además, debe implementar una estrategia de difusión eficaz. Al respecto, debemos decir que existe aún mucha deficiencia.
El alma del ACUERDO GENERAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA es su preámbulo, que para desencanto de quienes lo minimizan para tornar inane el compromiso del Estado, es absolutamente vinculante. Tiene entonces el preámbulo fuerza de mandato, y si éste estima que “la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción”, quiere decir que el proceso de paz es un propósito colectivo y que todos los colombianos podemos aportar ideas para cimentar la reconciliación como pacto social.
Pero también ordena que se deben respetar los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional, y entre estos están los derechos sociales, económicos y culturales, el respeto a la vida y a la integridad física, casi siempre desconocidos y olvidados por la amnesia deliberada de las élites. Exige el preámbulo, desarrollo económico con justicia social y armonía con el medio ambiente, desarrollo social con equidad y bienestar, razones suficientes para dejar de trazar líneas rojas aquí y allá en el escenario de los diálogos, que niegan los derechos de las mayorías a las transformaciones estructurales que exigen democracia verdadera, vida digna y soberanía patria.
Esas líneas rojas trazadas como murallas, son interpeladas por el mismo Acuerdo General que en numeral 5 del punto 3 Fin del conflicto, consigna que “el Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”. Necesitamos entonces la vinculación activa de todos los colombianos y colombianas para que a través de estos ajustes institucionales, podamos construir una paz que se prolongue a perpetuidad.
El Doctor Humberto de la Calle, en el día de ayer se ha referido ampliamente al conjunto de los Acuerdos parciales, a veces dándole su propia interpretación. Diríamos al respecto, que lo fundamental es lo que el conjunto de la sociedad y sus organizaciones logren interpretar de los textos. Esa es la esencia: que la gente tenga acceso directo a los contenidos y pueda luego ayudar a construir o a corregir.
Refiriéndonos a los puntos de la Agenda sobre los que hay acuerdos parciales, por metodología hemos separado la discusión de cada tema, pero todos están interrelacionados; no se puede hablar de reforma agraria, por ejemplo, sin hablar del punto Participación Ciudadana, porque en gran medida es en el territorio donde se ejerce la acción de la democracia; pero al mismo tiempo habrá que tenerse muy presente que una reforma rural integral no es posible si no se resuelven los conflictos que nos han traído los Tratados de Libre Comercio, o sin aludir a problemas como el de la extranjerización de la tierra.
Tenemos formidables avances, no queremos ponerlo en duda, y el acuerdo parcial sobre asuntos agrarios es una constancia de ello; pero insistimos en observar las salvedades y en la necesidad de meditar en torno a las conclusiones de los Foros que se realizaron para consultar a la gente sobre el asunto, porque la construcción debe continuar y el soberano debe ser escuchado en la cualificación de lo que se está acordando; sobre todo en esta parte, deberemos tomar muy en cuenta lo que han expresado los representantes de organizaciones y movimientos campesinos, indígenas, afro-descendientes, que son los que trabajan el campo, y que ya han dejado muy en claro sus puntos de vista en conclusiones como las de la Cumbre Agraria y otros eventos nacionales y locales.
Pensamos que del documento “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, lo más importante debe ser el inicio sin más demora de transformaciones estructurales de la realidad rural y agraria, sobre bases de equidad y democracia, reconociendo que son las injusticias derivadas de la desigualdad y la miseria las que han engendrado la confrontación, y que por eso se requiere eliminar esas causas para que cese el conflicto.
Esta idea de Reforma Rural Integral, en teoría se centra en el bienestar y buen vivir de la gente del campo, de las comunidades campesinas, indígenas, negras, afro descendientes, palenqueras y raizales, y de la gente que habita en los espacios inter-étnicos e interculturales, con la pretensión de integrar las regiones, de erradicar la pobreza, promocionar la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación del campo, especialmente de la economía campesina, familiar y comunitaria.
Entonces, se ha logrado hacer un pacto de formalización de la propiedad de la tierra, con el compromiso gubernamental de que serán adjudicados los títulos de propiedad a todos los campesinos que poseen tierras de hecho, lo cual guarda suma trascendencia, si se considera que más del 48 por ciento de nuestros campesinos poseen la tierra en situación de informalidad. Se agrega a esto el compromiso del gobierno de entregar la tierra al que no la tenga o el de ampliarle la propiedad a quienes la tengan de manera insuficiente. También se suscribieron acuerdos referidos a estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral.
Nosotros estamos por una visión que beneficie al pueblo, y por ello, es que creemos que lo anterior no es suficiente, y que se hace imprescindible que pronto retomemos el debate pendiente sobre la necesidad de acabar con el latifundio, sobre la urgencia de colocarle límites a la extranjerización de la tierra. Y que asumamos con patriotismo que existen problemas muy complejos, como el de los conflictos de uso, los cuales hay que resolver.
Si bien lo acordado reconoce y se centra en el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria para el desarrollo del campo, hay necesidad de garantizar que a las poblaciones rurales no se les siga arrebatando la tierra mediante mecanismos de bancarización u otros trucos que se despliegan dentro de una dañina concepción de asociación capitalista.
No hay que perder de vista, para la definición del Fondo de Tierras, que en los solos procesos de construcción de las Zonas de Reserva Campesina, sus protagonistas calculan un involucramiento de 9.5 millones de hectáreas, y que en contraste, los latifundistas ganaderos concentran en muy pocas manos, no menos de 40 millones de hectáreas subutilizadas.
Cuando hablamos de salvedades, en cualquiera de los puntos, no se trata de colocar sobre la Mesa problemas imposibles de resolver, en tanto hay asuntos mínimos insalvables para alcanzar la democratización y modernización del país dentro de parámetros que nadie podría decir que son los del socialismo, sino sencillamente los de un moderno Estado Social de Derecho, de lo cual aún dista mucho Colombia.
Hemos dicho, que hasta el momento tenemos acuerdos muy importantes, pero modestos; la mayoría de los cuales no son otra cosa que reivindicaciones cuyas soluciones se pueden materializar cumpliendo las normas legales y constitucionales. Un Estado con verdadera voluntad de paz no tendría que hacer mucho esfuerzo para hacer realidad este tipo de reivindicaciones.
Esto lo reiteramos porque sin duda en este momento, una de las mayores reflexiones que hay que hacer, es la de que el gobierno debe ir más allá de la retórica y concretar sus compromisos con las comunidades; preocuparse por reflejar en la realidad lo que promete para el futuro, lo cual no ocurre en los actos de gobierno y mucho menos dentro de la actividad legislativa neoliberal que contradice lo que se está aprobando en La Habana.
Pero bien, ya sobre el tema en sí de la participación política y ciudadana es muy conocido lo acordado en torno al estatuto para la oposición, la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana, el fortalecimiento de la democracia, la creación de circunscripciones especiales electorales para las zonas rurales o más marginadas del país, la mayor participación de las comunidades en medios de comunicación de orden local y regional, la mayor presencia en los organismos de control, etc.
Concretamos acuerdos importantes, como el compromiso de convocar sin más demoras a los partidos y voceros de las organizaciones sociales para que tracen los lineamientos que permitan elaborar por fin un estatuto para la oposición política, y también una normatización que dé un verdadero reconocimiento, con garantías, a la existencia y a los derechos del movimiento social. Es decir, que lo que se ha acordado está en el camino de expandir la democracia, pero, naturalmente, esta democracia primero hay que fundarla.
Un primer paso en este mismo sentido sería lograr para ya el compromiso de la revisión, y de ser necesaria, la modificación de todas las normas que se aplican a la movilización y la protesta social. Al mismo tiempo es una necesidad vital para la democracia redefinir la tenencia de los medios. Son estos, aspectos nodales de la participación ciudadana, pero resaltando que, como trasfondo una de los temas principales que hay que abordar es el de la superación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, respecto a la que exigimos su desmonte en el marco de la necesaria desmilitarización de la sociedad y del Estado que requiere la paz.
Lo acordado en este campo no se puede confundir con el camino simplemente que puede ayudar a la creación de nuevos partidos políticos o a la preservación del anquilosado sistema de partidos que existe en nuestro país.
Sobre el tercer acuerdo parcial, habría que resaltar que en él ha quedado muy claro que el conflicto en Colombia no deriva del narcotráfico, ni éste es su razón de ser, porque existen causas de orden social muy anteriores a la aparición del fenómeno de producción y comercialización de las drogas ilícitas. Incluso el fenómeno de los cultivos de hoja de coca y la vinculación de campesinos y otros sectores rurales a las etapas primarias de producción, está ligado a la situación de miseria que padecen. Entonces, el conflicto político, social y armado de Colombia no comienza ni termina con el narcotráfico, sino que tiene profundas raíces de miseria y desigualdad.
En todo caso hemos llegado a un acuerdo entre el gobierno y una organización política-militar, y ese acuerdo se hace porque se logra definir que el problema es asunto de todos y su solución también; es decir que estamos hablando de una responsabilidad colectiva en su solución, y en ello, el primer compromiso que logramos es que el Gobierno Nacional, entendiendo que en la instituciones hay corrupción causada por el problema de las drogas ilícitas, pondrá en marcha las políticas y programas que acordamos, incluyendo liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública. A partir de ahí es que las FARC-EP, hemos hecho el compromiso de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.
Para lograr estos propósitos habrá que trazar una nueva política criminal, propender por la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y por la reparación integral de sus víctimas; acabar en definitiva, el viejo esquema de erradicaciones forzadas-fumigaciones, el cual ha fracasado generando enormes daños al tejido ambiental y social, lo cual implica que deben buscarse alternativas urgentes.
Aparte de la Conferencia Internacional que aborde tan compleja problemática, una de las tareas principales debe ser la de convocar una conferencia nacional para analizar y elaborar conclusiones sobre el problema de la comercialización y producción de drogas ilícitas como fenómeno ligado al paramilitarismo. La Conferencia también deberá abordar el asunto concerniente a la relación entre conflicto, narcotráfico e impacto en la institucionalidad.
Al mismo tiempo, con los debates y conclusiones logradas a lo largo de 28 ciclos, están sobre La Mesa, y en el escenario nacional de discusión otros temas de suma importancia y complejidad, necesarios eso sí para preparar de la mejor manera el terreno sobre el que iremos a construir la paz.
Sobre el armisticio. Para dinamizar el avance del proceso de paz es urgente concretar ya el cese bilateral de fuegos y hostilidades, que de manera creciente está exigiendo la ciudadanía. El gobierno no puede seguir confundiendo el cese bilateral de fuegos con la paz o la firma del acuerdo final. No hay que esperar la firma de la paz para pactar el armisticio. Este paso se debe dar para amainar los dolores de quienes se encuentran victimizados por el fuego cruzado. Urge desescalar la guerra, porque la construcción del acuerdo necesita un medio ambiente favorable para ascender a nuevos niveles.
Sobre la dejación de armas: Afirma el jefe de la delegación del gobierno que “el fin del conflicto requiere por supuesto, que las guerrillas dejen las armas y se reintegren a la vida civil. Esa es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para construir la paz”. Y estamos de acuerdo. Esa es una condición insuficiente, porque la dejación de las armas debe entenderse como el acto de renuncia de ambos lados a la utilización de las armas como forma de hacer política. Lo que queremos decir es que si la solución es la paz con democracia y con justicia social, ya no se tendrán que utilizar las armas para hacer política. Pero esto es válido para todas las partes del conflicto. Si la paz se forja dentro de estas condiciones, las FARC ya no usarán las armas para hacer política; y el Estado no puede continuar usando las armas para hacer política, pues la utilización de las armas por parte del Estado es, en efecto, una expresión política, dado que el conflicto armado colombiano es político-social. La dejación de las armas para el Estado implica la renuncia del uso de las armas de guerra al interior de las fronteras para enfrentar a sus ciudadanos; es decir, no cabe más el uso de armas en la política interna, y mucho menos con la forma asimétrica y anti-ciudadana como la ejecuta. Eso es dejación de armas. La fuerza pública regresa a su rol natural, constitucional, que no es precisamente el de inmiscuir sus armas en la política interna, sino el de atender la defensa de las fronteras y la soberanía patria.
Sobre Justicia transicional: Rechazamos una vez más la maleza jurídica que se ha venido sembrando en el campo de la paz con el ánimo de enredar los diálogos de La Habana, y en consecuencia, desconocemos los instrumentos de justicia transicional, que establece el Acto Legislativo 01 de 2012, porque no obedecen a ningún consenso entre las partes. Lo reiteramos: estos para nosotros no existen, porque los temas que se pretenden definir y reglar, nunca han sido objeto de estudio en La Mesa de diálogo. No estamos en un proceso de sometimiento. No nos vamos a poner a discreción frente a una administración de justicia parcializada, corrupta, politizada y especializada en perseguir al movimiento político y social inconforme. El Estado no puede ser juez y parte. Por eso el proceso está llamado a crear nuevo derecho en el que se transmute la tradicional justicia para el castigo en justicia para la paz. Por eso, en las actuales circunstancias, el único marco jurídico válido para las FARC-EP, es el Acuerdo General de La Habana del 2012.
Sobre la Comisión Histórica del conflicto y otras subcomisiones de trabajo: Registramos que el proceso de paz protagonizó un salto cualitativo en el camino de la reconciliación, al poner en marcha la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” como escenario clave para el esclarecimiento de la verdad, a partir de la auscultación de los orígenes, causas, efectos y responsabilidades que enmarcan el desenvolvimiento de la confrontación política, económica, social y armada.
Estamos profundamente comprometidos en que se esclarezcan los hechos que han marcado el desarrollo de la confrontación, y por ello hemos propuesto en la Mesa también, la conformación de una “Comisión de la Verdad”. El trabajo de la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” y de la “Comisión de la verdad”, lo comprendemos como parte de un todo. El Informe de la Comisión Histórica, cuyos alcances consideramos vinculantes, será marco de referencia ineludible, no sustitutivo, en el cual se deberá apoyar la Comisión de la Verdad. La marcha de la comisión histórica, de la comisión de la verdad, de la subcomisión de género y de subcomisión técnica para el fin del conflicto, son también ya un acuerdo en la mesa de conversaciones de La Habana.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 25 de 2014
Por decisión de las partes ha caído el inútil secretismo que rodeaba los acuerdos parciales logrados en la Mesa de Conversaciones de La Habana. El fuego de los enemigos de la paz ya no tendrá el combustible de la ignorancia que lo avivaba, y por otra parte, los colombianos podrán ahora interactuar con la mesa sobre el contenido y los alcances de lo acordado. Queríamos, y lo hemos logrado, que este diálogo se desarrollara de cara al país, y no podría ser de otra manera porque en La Habana se está forjando el futuro de dignidad de todos los colombianos. Ahora se trata de garantizar la transparencia del proceso, retomando el sentido genuino de las reglas de funcionamiento que trazó la Mesa y que están ligadas a la participación plena de la ciudadanía. La Mesa no solamente debe elaborar informes periódicos, sino que, además, debe implementar una estrategia de difusión eficaz. Al respecto, debemos decir que existe aún mucha deficiencia.
El alma del ACUERDO GENERAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA es su preámbulo, que para desencanto de quienes lo minimizan para tornar inane el compromiso del Estado, es absolutamente vinculante. Tiene entonces el preámbulo fuerza de mandato, y si éste estima que “la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción”, quiere decir que el proceso de paz es un propósito colectivo y que todos los colombianos podemos aportar ideas para cimentar la reconciliación como pacto social.
Pero también ordena que se deben respetar los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional, y entre estos están los derechos sociales, económicos y culturales, el respeto a la vida y a la integridad física, casi siempre desconocidos y olvidados por la amnesia deliberada de las élites. Exige el preámbulo, desarrollo económico con justicia social y armonía con el medio ambiente, desarrollo social con equidad y bienestar, razones suficientes para dejar de trazar líneas rojas aquí y allá en el escenario de los diálogos, que niegan los derechos de las mayorías a las transformaciones estructurales que exigen democracia verdadera, vida digna y soberanía patria.
Esas líneas rojas trazadas como murallas, son interpeladas por el mismo Acuerdo General que en numeral 5 del punto 3 Fin del conflicto, consigna que “el Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”. Necesitamos entonces la vinculación activa de todos los colombianos y colombianas para que a través de estos ajustes institucionales, podamos construir una paz que se prolongue a perpetuidad.
El Doctor Humberto de la Calle, en el día de ayer se ha referido ampliamente al conjunto de los Acuerdos parciales, a veces dándole su propia interpretación. Diríamos al respecto, que lo fundamental es lo que el conjunto de la sociedad y sus organizaciones logren interpretar de los textos. Esa es la esencia: que la gente tenga acceso directo a los contenidos y pueda luego ayudar a construir o a corregir.
Refiriéndonos a los puntos de la Agenda sobre los que hay acuerdos parciales, por metodología hemos separado la discusión de cada tema, pero todos están interrelacionados; no se puede hablar de reforma agraria, por ejemplo, sin hablar del punto Participación Ciudadana, porque en gran medida es en el territorio donde se ejerce la acción de la democracia; pero al mismo tiempo habrá que tenerse muy presente que una reforma rural integral no es posible si no se resuelven los conflictos que nos han traído los Tratados de Libre Comercio, o sin aludir a problemas como el de la extranjerización de la tierra.
Tenemos formidables avances, no queremos ponerlo en duda, y el acuerdo parcial sobre asuntos agrarios es una constancia de ello; pero insistimos en observar las salvedades y en la necesidad de meditar en torno a las conclusiones de los Foros que se realizaron para consultar a la gente sobre el asunto, porque la construcción debe continuar y el soberano debe ser escuchado en la cualificación de lo que se está acordando; sobre todo en esta parte, deberemos tomar muy en cuenta lo que han expresado los representantes de organizaciones y movimientos campesinos, indígenas, afro-descendientes, que son los que trabajan el campo, y que ya han dejado muy en claro sus puntos de vista en conclusiones como las de la Cumbre Agraria y otros eventos nacionales y locales.
Pensamos que del documento “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, lo más importante debe ser el inicio sin más demora de transformaciones estructurales de la realidad rural y agraria, sobre bases de equidad y democracia, reconociendo que son las injusticias derivadas de la desigualdad y la miseria las que han engendrado la confrontación, y que por eso se requiere eliminar esas causas para que cese el conflicto.
Esta idea de Reforma Rural Integral, en teoría se centra en el bienestar y buen vivir de la gente del campo, de las comunidades campesinas, indígenas, negras, afro descendientes, palenqueras y raizales, y de la gente que habita en los espacios inter-étnicos e interculturales, con la pretensión de integrar las regiones, de erradicar la pobreza, promocionar la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación del campo, especialmente de la economía campesina, familiar y comunitaria.
Entonces, se ha logrado hacer un pacto de formalización de la propiedad de la tierra, con el compromiso gubernamental de que serán adjudicados los títulos de propiedad a todos los campesinos que poseen tierras de hecho, lo cual guarda suma trascendencia, si se considera que más del 48 por ciento de nuestros campesinos poseen la tierra en situación de informalidad. Se agrega a esto el compromiso del gobierno de entregar la tierra al que no la tenga o el de ampliarle la propiedad a quienes la tengan de manera insuficiente. También se suscribieron acuerdos referidos a estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral.
Nosotros estamos por una visión que beneficie al pueblo, y por ello, es que creemos que lo anterior no es suficiente, y que se hace imprescindible que pronto retomemos el debate pendiente sobre la necesidad de acabar con el latifundio, sobre la urgencia de colocarle límites a la extranjerización de la tierra. Y que asumamos con patriotismo que existen problemas muy complejos, como el de los conflictos de uso, los cuales hay que resolver.
Si bien lo acordado reconoce y se centra en el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria para el desarrollo del campo, hay necesidad de garantizar que a las poblaciones rurales no se les siga arrebatando la tierra mediante mecanismos de bancarización u otros trucos que se despliegan dentro de una dañina concepción de asociación capitalista.
No hay que perder de vista, para la definición del Fondo de Tierras, que en los solos procesos de construcción de las Zonas de Reserva Campesina, sus protagonistas calculan un involucramiento de 9.5 millones de hectáreas, y que en contraste, los latifundistas ganaderos concentran en muy pocas manos, no menos de 40 millones de hectáreas subutilizadas.
Cuando hablamos de salvedades, en cualquiera de los puntos, no se trata de colocar sobre la Mesa problemas imposibles de resolver, en tanto hay asuntos mínimos insalvables para alcanzar la democratización y modernización del país dentro de parámetros que nadie podría decir que son los del socialismo, sino sencillamente los de un moderno Estado Social de Derecho, de lo cual aún dista mucho Colombia.
Hemos dicho, que hasta el momento tenemos acuerdos muy importantes, pero modestos; la mayoría de los cuales no son otra cosa que reivindicaciones cuyas soluciones se pueden materializar cumpliendo las normas legales y constitucionales. Un Estado con verdadera voluntad de paz no tendría que hacer mucho esfuerzo para hacer realidad este tipo de reivindicaciones.
Esto lo reiteramos porque sin duda en este momento, una de las mayores reflexiones que hay que hacer, es la de que el gobierno debe ir más allá de la retórica y concretar sus compromisos con las comunidades; preocuparse por reflejar en la realidad lo que promete para el futuro, lo cual no ocurre en los actos de gobierno y mucho menos dentro de la actividad legislativa neoliberal que contradice lo que se está aprobando en La Habana.
Pero bien, ya sobre el tema en sí de la participación política y ciudadana es muy conocido lo acordado en torno al estatuto para la oposición, la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana, el fortalecimiento de la democracia, la creación de circunscripciones especiales electorales para las zonas rurales o más marginadas del país, la mayor participación de las comunidades en medios de comunicación de orden local y regional, la mayor presencia en los organismos de control, etc.
Concretamos acuerdos importantes, como el compromiso de convocar sin más demoras a los partidos y voceros de las organizaciones sociales para que tracen los lineamientos que permitan elaborar por fin un estatuto para la oposición política, y también una normatización que dé un verdadero reconocimiento, con garantías, a la existencia y a los derechos del movimiento social. Es decir, que lo que se ha acordado está en el camino de expandir la democracia, pero, naturalmente, esta democracia primero hay que fundarla.
Un primer paso en este mismo sentido sería lograr para ya el compromiso de la revisión, y de ser necesaria, la modificación de todas las normas que se aplican a la movilización y la protesta social. Al mismo tiempo es una necesidad vital para la democracia redefinir la tenencia de los medios. Son estos, aspectos nodales de la participación ciudadana, pero resaltando que, como trasfondo una de los temas principales que hay que abordar es el de la superación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, respecto a la que exigimos su desmonte en el marco de la necesaria desmilitarización de la sociedad y del Estado que requiere la paz.
Lo acordado en este campo no se puede confundir con el camino simplemente que puede ayudar a la creación de nuevos partidos políticos o a la preservación del anquilosado sistema de partidos que existe en nuestro país.
Sobre el tercer acuerdo parcial, habría que resaltar que en él ha quedado muy claro que el conflicto en Colombia no deriva del narcotráfico, ni éste es su razón de ser, porque existen causas de orden social muy anteriores a la aparición del fenómeno de producción y comercialización de las drogas ilícitas. Incluso el fenómeno de los cultivos de hoja de coca y la vinculación de campesinos y otros sectores rurales a las etapas primarias de producción, está ligado a la situación de miseria que padecen. Entonces, el conflicto político, social y armado de Colombia no comienza ni termina con el narcotráfico, sino que tiene profundas raíces de miseria y desigualdad.
En todo caso hemos llegado a un acuerdo entre el gobierno y una organización política-militar, y ese acuerdo se hace porque se logra definir que el problema es asunto de todos y su solución también; es decir que estamos hablando de una responsabilidad colectiva en su solución, y en ello, el primer compromiso que logramos es que el Gobierno Nacional, entendiendo que en la instituciones hay corrupción causada por el problema de las drogas ilícitas, pondrá en marcha las políticas y programas que acordamos, incluyendo liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública. A partir de ahí es que las FARC-EP, hemos hecho el compromiso de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.
Para lograr estos propósitos habrá que trazar una nueva política criminal, propender por la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y por la reparación integral de sus víctimas; acabar en definitiva, el viejo esquema de erradicaciones forzadas-fumigaciones, el cual ha fracasado generando enormes daños al tejido ambiental y social, lo cual implica que deben buscarse alternativas urgentes.
Aparte de la Conferencia Internacional que aborde tan compleja problemática, una de las tareas principales debe ser la de convocar una conferencia nacional para analizar y elaborar conclusiones sobre el problema de la comercialización y producción de drogas ilícitas como fenómeno ligado al paramilitarismo. La Conferencia también deberá abordar el asunto concerniente a la relación entre conflicto, narcotráfico e impacto en la institucionalidad.
Al mismo tiempo, con los debates y conclusiones logradas a lo largo de 28 ciclos, están sobre La Mesa, y en el escenario nacional de discusión otros temas de suma importancia y complejidad, necesarios eso sí para preparar de la mejor manera el terreno sobre el que iremos a construir la paz.
Sobre el armisticio. Para dinamizar el avance del proceso de paz es urgente concretar ya el cese bilateral de fuegos y hostilidades, que de manera creciente está exigiendo la ciudadanía. El gobierno no puede seguir confundiendo el cese bilateral de fuegos con la paz o la firma del acuerdo final. No hay que esperar la firma de la paz para pactar el armisticio. Este paso se debe dar para amainar los dolores de quienes se encuentran victimizados por el fuego cruzado. Urge desescalar la guerra, porque la construcción del acuerdo necesita un medio ambiente favorable para ascender a nuevos niveles.
Sobre la dejación de armas: Afirma el jefe de la delegación del gobierno que “el fin del conflicto requiere por supuesto, que las guerrillas dejen las armas y se reintegren a la vida civil. Esa es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para construir la paz”. Y estamos de acuerdo. Esa es una condición insuficiente, porque la dejación de las armas debe entenderse como el acto de renuncia de ambos lados a la utilización de las armas como forma de hacer política. Lo que queremos decir es que si la solución es la paz con democracia y con justicia social, ya no se tendrán que utilizar las armas para hacer política. Pero esto es válido para todas las partes del conflicto. Si la paz se forja dentro de estas condiciones, las FARC ya no usarán las armas para hacer política; y el Estado no puede continuar usando las armas para hacer política, pues la utilización de las armas por parte del Estado es, en efecto, una expresión política, dado que el conflicto armado colombiano es político-social. La dejación de las armas para el Estado implica la renuncia del uso de las armas de guerra al interior de las fronteras para enfrentar a sus ciudadanos; es decir, no cabe más el uso de armas en la política interna, y mucho menos con la forma asimétrica y anti-ciudadana como la ejecuta. Eso es dejación de armas. La fuerza pública regresa a su rol natural, constitucional, que no es precisamente el de inmiscuir sus armas en la política interna, sino el de atender la defensa de las fronteras y la soberanía patria.
Sobre Justicia transicional: Rechazamos una vez más la maleza jurídica que se ha venido sembrando en el campo de la paz con el ánimo de enredar los diálogos de La Habana, y en consecuencia, desconocemos los instrumentos de justicia transicional, que establece el Acto Legislativo 01 de 2012, porque no obedecen a ningún consenso entre las partes. Lo reiteramos: estos para nosotros no existen, porque los temas que se pretenden definir y reglar, nunca han sido objeto de estudio en La Mesa de diálogo. No estamos en un proceso de sometimiento. No nos vamos a poner a discreción frente a una administración de justicia parcializada, corrupta, politizada y especializada en perseguir al movimiento político y social inconforme. El Estado no puede ser juez y parte. Por eso el proceso está llamado a crear nuevo derecho en el que se transmute la tradicional justicia para el castigo en justicia para la paz. Por eso, en las actuales circunstancias, el único marco jurídico válido para las FARC-EP, es el Acuerdo General de La Habana del 2012.
Sobre la Comisión Histórica del conflicto y otras subcomisiones de trabajo: Registramos que el proceso de paz protagonizó un salto cualitativo en el camino de la reconciliación, al poner en marcha la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” como escenario clave para el esclarecimiento de la verdad, a partir de la auscultación de los orígenes, causas, efectos y responsabilidades que enmarcan el desenvolvimiento de la confrontación política, económica, social y armada.
Estamos profundamente comprometidos en que se esclarezcan los hechos que han marcado el desarrollo de la confrontación, y por ello hemos propuesto en la Mesa también, la conformación de una “Comisión de la Verdad”. El trabajo de la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” y de la “Comisión de la verdad”, lo comprendemos como parte de un todo. El Informe de la Comisión Histórica, cuyos alcances consideramos vinculantes, será marco de referencia ineludible, no sustitutivo, en el cual se deberá apoyar la Comisión de la Verdad. La marcha de la comisión histórica, de la comisión de la verdad, de la subcomisión de género y de subcomisión técnica para el fin del conflicto, son también ya un acuerdo en la mesa de conversaciones de La Habana.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP