Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2014-09-27
Categoría
Comunicado
Propuestas 8-10 sobre Derechos Integrales de las Víctimas
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 27 de 2014
Las FARC-EP, presentan las propuestas 8, 9 y 10 de las diez mínimas orientadas a garantizar los DERECHOS INTEGRALES DE LAS VÍCTIMAS PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL:
8. Definición concertada de mecanismos e instrumentos de justicia para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto
Los criterios, instancias, mecanismos e instrumentos de justicia a aplicar a fin de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto serán definidos de manera concertada por las partes. Su fundamento normativo se encuentra en las disposiciones del derecho internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasión de un conflicto interno. Sin perjuicio de la responsabilidad principal imputable al Estado, así como de la responsabilidad de otros actores políticos, económicos y sociales, para los efectos de la construcción de un eventual Acuerdo final para la terminación del conflicto, la definición de los criterios, mecanismos e instrumentos de justicia deberá sustentarse en la compleja formulación del balance entre la búsqueda de la paz estable y duradera a la que aspira la sociedad colombiana en su conjunto y los requerimientos de justicia por parte de las víctimas. Asimismo, en atención a nuestra condición de organización político-militar, la justicia aplicable a las FARC-EP tendrá como presupuesto principal el reconocimiento amplio del delito político y del derecho a la rebelión, incluidas las conexidades, con todo lo que ello implica. En todo caso, se considerarán instancias, mecanismos e instrumentos alternativos de justicia a establecer por las partes. El acuerdo político no se comprenderá en términos de un pacto de impunidad.
9. Provisión de garantías reales y materiales de no repetición
Con el propósito de proveer garantías reales y materiales para evitar la repetición de procesos, situaciones y hechos que producen victimizaciones colectivas e individuales de sectores de la población, vulnerando sus derechos, se emprenderán transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales orientadas a la superación de las causas estructurales de la violencia del sistema y por tanto de la victimización sistémica. De manera especial se proscribirán doctrinas anticomunistas, contrainsurgentes y de seguridad nacional, así como toda forma de intervencionismo, asesoría o “ayuda” militar foránea. De igual forma, se emprenderá un proceso de desmilitarización de la sociedad y del Estado y una reforma institucional de las Fuerzas Militares y de Policía y de los organismos de inteligencia centrada en el respeto por los derechos humanos y la defensa de la soberanía nacional. Estas instituciones, junto con todos los poderes públicos, se depurarán de miembros y estructuras comprometidos como procesos y hechos de victimización. Se garantizará el desmonte efectivo del poder y las estructuras paramilitares en todas sus formas y modalidades. Se adelantará una reforma a la justicia que supere toda expresión del ejercicio del “derecho penal del enemigo”. Se conformará una “Comisión constitucional permanente de garantía, protección y promoción de los derechos humanos y de prevención de sus graves violaciones”. Las FARC-EP se comprometerán en lo que les corresponda, según lo establecido en el eventual Acuerdo final para la terminación del conflicto. Se proveerán las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de dirigentes políticos, sociales y populares.
10. Perdón político y social para construir las bases de un proceso de reconciliación nacional
El esclarecimiento de la verdad histórica del conflicto y sus víctimas, debe conllevar a la creación de escenarios colectivos y políticas nacionales, regionales, territoriales, para el perdón social y político. El perdón contiene esa fuerza invaluable de liberar el presente y el futuro de la carga que imponen los actos del pasado. El perdón rompe las lógicas de la venganza, el resentimiento y el castigo, otorgando la oportunidad para la superación de la violencia. Per-donar es dar en abundancia, dar de más, donar para un fin superior, introducir la lógica de la sobreabundancia entre los seres humanos. Consideramos que el perdón político y social posibilita la inauguración de un nuevo tiempo histórico que posibilite la reconciliación nacional. El perdón es una condición ineludible para el nacimiento de una nueva Colombia, es otra relación con el pasado irreversible para posibilitar un nuevo comienzo. Las FARC-EP proponemos la creación de escenarios públicos del perdón social y político a nivel nacional, regional y territorial, que se orienten por algunos principios para su conversión democrática en políticas del perdón: la concesión del perdón sólo puede ser concedida por las víctimas del conflicto y también por la sociedad en su conjunto; la creación de ceremonias culturales y museos del perdón que eviten la auto-victimización estratégica; la necesidad de construir una justicia social y política más allá del derecho; el aporte al nacimiento de una cultura política que privilegie la solidaridad y la cooperación para evitar la lógica de los vencedores; la reconciliación nacional concebida como un proceso de profundización de la democracia; el desentrañamiento y la transformación de las complicidades y continuidades de la violencia sistémica, entre otras.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Las FARC-EP, presentan las propuestas 8, 9 y 10 de las diez mínimas orientadas a garantizar los DERECHOS INTEGRALES DE LAS VÍCTIMAS PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL:
8. Definición concertada de mecanismos e instrumentos de justicia para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto
Los criterios, instancias, mecanismos e instrumentos de justicia a aplicar a fin de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto serán definidos de manera concertada por las partes. Su fundamento normativo se encuentra en las disposiciones del derecho internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasión de un conflicto interno. Sin perjuicio de la responsabilidad principal imputable al Estado, así como de la responsabilidad de otros actores políticos, económicos y sociales, para los efectos de la construcción de un eventual Acuerdo final para la terminación del conflicto, la definición de los criterios, mecanismos e instrumentos de justicia deberá sustentarse en la compleja formulación del balance entre la búsqueda de la paz estable y duradera a la que aspira la sociedad colombiana en su conjunto y los requerimientos de justicia por parte de las víctimas. Asimismo, en atención a nuestra condición de organización político-militar, la justicia aplicable a las FARC-EP tendrá como presupuesto principal el reconocimiento amplio del delito político y del derecho a la rebelión, incluidas las conexidades, con todo lo que ello implica. En todo caso, se considerarán instancias, mecanismos e instrumentos alternativos de justicia a establecer por las partes. El acuerdo político no se comprenderá en términos de un pacto de impunidad.
9. Provisión de garantías reales y materiales de no repetición
Con el propósito de proveer garantías reales y materiales para evitar la repetición de procesos, situaciones y hechos que producen victimizaciones colectivas e individuales de sectores de la población, vulnerando sus derechos, se emprenderán transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales orientadas a la superación de las causas estructurales de la violencia del sistema y por tanto de la victimización sistémica. De manera especial se proscribirán doctrinas anticomunistas, contrainsurgentes y de seguridad nacional, así como toda forma de intervencionismo, asesoría o “ayuda” militar foránea. De igual forma, se emprenderá un proceso de desmilitarización de la sociedad y del Estado y una reforma institucional de las Fuerzas Militares y de Policía y de los organismos de inteligencia centrada en el respeto por los derechos humanos y la defensa de la soberanía nacional. Estas instituciones, junto con todos los poderes públicos, se depurarán de miembros y estructuras comprometidos como procesos y hechos de victimización. Se garantizará el desmonte efectivo del poder y las estructuras paramilitares en todas sus formas y modalidades. Se adelantará una reforma a la justicia que supere toda expresión del ejercicio del “derecho penal del enemigo”. Se conformará una “Comisión constitucional permanente de garantía, protección y promoción de los derechos humanos y de prevención de sus graves violaciones”. Las FARC-EP se comprometerán en lo que les corresponda, según lo establecido en el eventual Acuerdo final para la terminación del conflicto. Se proveerán las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de dirigentes políticos, sociales y populares.
10. Perdón político y social para construir las bases de un proceso de reconciliación nacional
El esclarecimiento de la verdad histórica del conflicto y sus víctimas, debe conllevar a la creación de escenarios colectivos y políticas nacionales, regionales, territoriales, para el perdón social y político. El perdón contiene esa fuerza invaluable de liberar el presente y el futuro de la carga que imponen los actos del pasado. El perdón rompe las lógicas de la venganza, el resentimiento y el castigo, otorgando la oportunidad para la superación de la violencia. Per-donar es dar en abundancia, dar de más, donar para un fin superior, introducir la lógica de la sobreabundancia entre los seres humanos. Consideramos que el perdón político y social posibilita la inauguración de un nuevo tiempo histórico que posibilite la reconciliación nacional. El perdón es una condición ineludible para el nacimiento de una nueva Colombia, es otra relación con el pasado irreversible para posibilitar un nuevo comienzo. Las FARC-EP proponemos la creación de escenarios públicos del perdón social y político a nivel nacional, regional y territorial, que se orienten por algunos principios para su conversión democrática en políticas del perdón: la concesión del perdón sólo puede ser concedida por las víctimas del conflicto y también por la sociedad en su conjunto; la creación de ceremonias culturales y museos del perdón que eviten la auto-victimización estratégica; la necesidad de construir una justicia social y política más allá del derecho; el aporte al nacimiento de una cultura política que privilegie la solidaridad y la cooperación para evitar la lógica de los vencedores; la reconciliación nacional concebida como un proceso de profundización de la democracia; el desentrañamiento y la transformación de las complicidades y continuidades de la violencia sistémica, entre otras.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP