Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2014-10-02
Categoría
Comunicado
Saludo a las víctimas del conflicto en su tercera audiencia
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, octubre 2 de 2014
SALUDO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN SU TERCERA AUDIENCIA
Señores organizadores, saludos.
De manera muy especial queremos expresar nuestra bienvenida a los países garantes de las conversaciones de paz, Cuba y Noruega, y a los acompañantes Chile y Venezuela.
A la tercera delegación de Víctimas que hoy nos visita, nuestro abrazo cálido colmado de esperanza en la paz.
A los 6 millones de almas que deambulan sin justicia por ciudades y más allá de las fronteras, a los desplazados de Colombia, ausentes hasta hoy en estas audiencias de víctimas del conflicto en La Habana, de Los Huyentes del poeta Carlos Satizábal, lo siguiente:
Caerá sobre los ojos sin lágrimas, la sal del olvido
Y sobre los labios mudos del grito, el barro de la locura.
Huiremos por los campos arrasados, sin flores ni duelo
A sepultar más hondo a nuestros muertos, con premura,
Espantando a las bestias carroñeras del cielo
Y a los perros hambrientos que devoran lo perdido
Y aúllan a la luna los huesos desolados de sus amos.
Una lluvia de arena roja quemará nuestros oídos
Y el viejo olor de la muerte ahogará las huellas que pisamos.
Ni el agua ni el viento ni la espuma de los venenos
Ni el trueno de las bombas, podrán detenernos.
Lo bello es horrible y lo horrible es bello,
A través de la niebla, por el aire impuro vagaremos.
Haremos nuevos caminos sobre la selva que se puebla.
Habrá otro suelo y buenas semillas qué cultivar.
Otro azul será el cielo y una casa nueva habitaremos,
Haremos arepas frescas y pan de maíz frente al mar
Y beberemos en las mañanas el café recién colado.
Somos los huyentes que jamás se han ido. Los que nunca se van.
La Delegación de Paz de las FARC-EP extiende sus brazos con afecto a las víctimas del conflicto que hoy nos hablan de su sufrimiento, en el marco de una larga confrontación política y armada, que debe terminar.
No es justo, no es justo que nos sigamos matando, cuando afrontamos en la Mesa de Conversaciones el cardinal asunto de las víctimas. Porque no queremos más victimizaciones colectivas ni personales, mantenemos en medio de la vorágine de la guerra que no deseamos, firme en nuestras manos, la bandera del armisticio, convertida hoy en emblema de humanidad. No hay razón política ni militar para mantener la contumacia criminal que niega el anhelo nacional que exige cese al fuego, tregua y paz. La guerra entre pobres, debe terminar. Diríamos con Roque Dalton, que el pobre sólo es función de un sueño colectivo, un uniforme repleto de suspiros recordando el arado.
En estas circunstancias, tampoco habría razón para guardar silencio frente a la insensatez de quienes nuevamente lanzan amenazas contra los defensores de la paz y los derechos humanos, precisamente cuando abordamos el punto relativo a víctimas. En menos de una semana, en el mes de septiembre, un grupo paramilitar amenazó de muerte, de manera reiterada, a 23 de ellos, entre quienes están el senador del Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, la senadora del partido Alianza Verde, Claudia López, y varios periodistas. Días después fueron declarados "objetivos militares" nueve defensores y defensoras de derechos humanos.
La intransigencia e intolerancia de los mencionados grupos criminales, y de quienes se esconden detrás de ellos, ha victimizado a toda la sociedad colombiana desde hace décadas, acusando de guerrilleros y señalando como objetivos militares a todos aquellos que defienden los derechos humanos, a las víctimas, la imprescindible restitución de tierras, o la paz.
Según informó el Sistema de Naciones Unidas en Colombia, al menos 40 líderes sociales han sido asesinados en lo que va del año, tres de ellos en las últimas dos semanas. Las víctimas son también, dirigentes de procesos de restitución de tierras, líderes indígenas, periodistas y representantes de movimientos y de partidos políticos. Se trata de prácticas criminales que buscan intimidar a los defensores de la paz y acallar el clamor por la reconciliación de la sociedad colombiana.
No será posible alcanzar la concordia mientras haya muertos o personas que son amenazadas por trabajar contra la injusticia. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a estas nuevas víctimas y a sus familiares y amigos, y reclamamos a las autoridades colombianas que pongan en marcha medidas eficaces para acabar con esta situación y castigar a sus responsables.
Durante años, las FARC-EP hemos aspirado a la construcción de un Estado alternativo, para lo cual nos impusimos estrictas normas de funcionamiento y de comportamiento interno. Y si estrictas son estas, más lo son aquellas que regulan nuestra relación con la población, con nuestro pueblo. El fin altruista que distingue nuestra rebelión, reconocida como el derecho universal de los pueblos a oponerse a las injusticias provocadas por un mal gobierno, nos obliga a priorizar los intereses de las comunidades. A pesar de las dificultades y de la dureza de una guerra que se prolonga por más de 50 años, nos hemos dotado de una juridicidad guerrillera mediante normas que guardan profunda identidad con aquellas que configuran el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos; esto, en el entendido de que más allá de cualquier error o falla en el comportamiento insurgente, nuestra lucha está inspirada en reivindicar los intereses de los sectores más desfavorecidos. De esta circunstancia se desprende que nuestras normas nos obligan a privilegiar el cuidado de las comunidades, evitando cualquier acción u omisión que las dejara a merced del terrorismo de Estado y sus paramilitares, incluyendo a los determinadores de estos.
Dentro de la misma perspectiva, las FARC-EP se obligaron a denunciar y combatir las actuaciones del ejército y los paramilitares que agredieran a la población o destruyeran sus bienes, lo que nos ha obligado a actuar contra tales grupos, sus financiadores y sus instigadores, afirmando, que durante años la única persecución y castigo efectivo que contra el paramilitarismo ha habido en Colombia, ha sido la que ha adelantado la insurgencia.
Por todo lo anterior, en su momento, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, nos dejó el legado del estudio y la observancia del Derecho Internacional Humanitario como parámetro a tener en cuenta, siempre de forma acorde a las condiciones en las que se desenvuelve nuestra guerra revolucionaria.
Sin embargo, más allá de todas las medidas que hemos implementado para no replicar y evitar la barbarie de la contraparte, las victimizaciones en Colombia no se han quedado solamente en el plano individual y subjetivo, sino que tienen una estructuración que ha configurado victimizaciones colectivas en la medida en que fueron colectivos específicos, identificados perfectamente, los que han sido convertidos en objeto de eliminación y exterminio por las fuerzas del Estado, sus agentes y los grupos a su servicio. Es imprescindible un reconocimiento expreso a todos ellos: al Movimiento Gaitanista de los años 40, a la Unión Nacional de Oposición (UNO), al Frente Democrático, al Partido Comunista, al movimiento A Luchar, y al Frente Popular. Mención aparte merece el genocidio político de que fue víctima la Unión Patriótica, único caso en el mundo en el que una Corte, en este caso la Interamericana, ha declarado que una organización política y sus integrantes han sido víctimas de una persecución sistemática hasta su total eliminación.
Justo y necesario es que se haga el reconocimiento en su condición de víctimas colectivas a organizaciones políticas, sociales y sindicales, de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, de derechos humanos, y de mujeres, que han sufrido el rigor del terrorismo de Estado.
En estos casos, tal victimización colectiva no solamente ha sido porque ejercieran oposición política, sino también y especialmente, porque durante años, en ejercicio de una doctrina de seguridad apátrida, el establecimiento colombiano ha señalado como enemigo a todos aquellos que se atrevieron a reivindicar o a luchar por unos mínimos derechos, para ellos o para sus semejantes, porque los poderosos siempre se negaron a reconocer a quien no formara parte de la casta dirigente privilegiada.
En esta ciudadela, al lado del busto del héroe y padre de la Patria cubana, José Martí, hay una frase de su pensamiento, que es necesario reivindicar: “La verdad no es más que una, y quien la dice cuando los demás tienen miedo de decirla, impera”. Ese debe ser el compromiso de todos, y dentro de tal línea, la contextualización y la explicación de conjunto de la relación víctima-victimario, debe sacarnos de la falacia de ocultamiento que entraña la subjetivización del problema.
Lo que está en juego, entonces, es darle realce a la connotación social y política de la victimización señalando la responsabilidad de sus generadores y beneficiarios primigenios; debemos entre todos los que hemos sido obligados a resistir y a sufrir las consecuencias de la confrontación impuesta, poner en claro, la responsabilidad sistémica que ha derivado en desigualdad, miseria y luto para las mayorías, lo cual conduce a que las victimizaciones por concepto de la violación de los derechos económicos, sociales y culturales, que ha generado la aplicación insensata de las políticas neoliberales, que sin duda producen más muertes que las acciones bélicas, no pueden pasarse por alto como hasta ahora ha sucedido.
Ante estas injusticias es que hemos permanecido en rebeldía y tenemos que visibilizarlas, poniendo casos concretos como, por ejemplo, el abandono total que padecen regiones como el Chocó y la Guajira, entre muchas otras. ¿Dónde están los dolientes de los millares de niños que mueren por inanición y por enfermedades curables, dónde están los dolientes de todos aquellos que padecen la falta de soluciones a las necesidades básicas insatisfechas? Hoy más que nunca tenemos la convicción que el verdadero resarcimiento para las víctimas sólo será con la conquista de la paz, y la paz solo será si la construimos dando en abundancia lo que merecen los desposeídos de siempre.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
SALUDO A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN SU TERCERA AUDIENCIA
Señores organizadores, saludos.
De manera muy especial queremos expresar nuestra bienvenida a los países garantes de las conversaciones de paz, Cuba y Noruega, y a los acompañantes Chile y Venezuela.
A la tercera delegación de Víctimas que hoy nos visita, nuestro abrazo cálido colmado de esperanza en la paz.
A los 6 millones de almas que deambulan sin justicia por ciudades y más allá de las fronteras, a los desplazados de Colombia, ausentes hasta hoy en estas audiencias de víctimas del conflicto en La Habana, de Los Huyentes del poeta Carlos Satizábal, lo siguiente:
Caerá sobre los ojos sin lágrimas, la sal del olvido
Y sobre los labios mudos del grito, el barro de la locura.
Huiremos por los campos arrasados, sin flores ni duelo
A sepultar más hondo a nuestros muertos, con premura,
Espantando a las bestias carroñeras del cielo
Y a los perros hambrientos que devoran lo perdido
Y aúllan a la luna los huesos desolados de sus amos.
Una lluvia de arena roja quemará nuestros oídos
Y el viejo olor de la muerte ahogará las huellas que pisamos.
Ni el agua ni el viento ni la espuma de los venenos
Ni el trueno de las bombas, podrán detenernos.
Lo bello es horrible y lo horrible es bello,
A través de la niebla, por el aire impuro vagaremos.
Haremos nuevos caminos sobre la selva que se puebla.
Habrá otro suelo y buenas semillas qué cultivar.
Otro azul será el cielo y una casa nueva habitaremos,
Haremos arepas frescas y pan de maíz frente al mar
Y beberemos en las mañanas el café recién colado.
Somos los huyentes que jamás se han ido. Los que nunca se van.
La Delegación de Paz de las FARC-EP extiende sus brazos con afecto a las víctimas del conflicto que hoy nos hablan de su sufrimiento, en el marco de una larga confrontación política y armada, que debe terminar.
No es justo, no es justo que nos sigamos matando, cuando afrontamos en la Mesa de Conversaciones el cardinal asunto de las víctimas. Porque no queremos más victimizaciones colectivas ni personales, mantenemos en medio de la vorágine de la guerra que no deseamos, firme en nuestras manos, la bandera del armisticio, convertida hoy en emblema de humanidad. No hay razón política ni militar para mantener la contumacia criminal que niega el anhelo nacional que exige cese al fuego, tregua y paz. La guerra entre pobres, debe terminar. Diríamos con Roque Dalton, que el pobre sólo es función de un sueño colectivo, un uniforme repleto de suspiros recordando el arado.
En estas circunstancias, tampoco habría razón para guardar silencio frente a la insensatez de quienes nuevamente lanzan amenazas contra los defensores de la paz y los derechos humanos, precisamente cuando abordamos el punto relativo a víctimas. En menos de una semana, en el mes de septiembre, un grupo paramilitar amenazó de muerte, de manera reiterada, a 23 de ellos, entre quienes están el senador del Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, la senadora del partido Alianza Verde, Claudia López, y varios periodistas. Días después fueron declarados "objetivos militares" nueve defensores y defensoras de derechos humanos.
La intransigencia e intolerancia de los mencionados grupos criminales, y de quienes se esconden detrás de ellos, ha victimizado a toda la sociedad colombiana desde hace décadas, acusando de guerrilleros y señalando como objetivos militares a todos aquellos que defienden los derechos humanos, a las víctimas, la imprescindible restitución de tierras, o la paz.
Según informó el Sistema de Naciones Unidas en Colombia, al menos 40 líderes sociales han sido asesinados en lo que va del año, tres de ellos en las últimas dos semanas. Las víctimas son también, dirigentes de procesos de restitución de tierras, líderes indígenas, periodistas y representantes de movimientos y de partidos políticos. Se trata de prácticas criminales que buscan intimidar a los defensores de la paz y acallar el clamor por la reconciliación de la sociedad colombiana.
No será posible alcanzar la concordia mientras haya muertos o personas que son amenazadas por trabajar contra la injusticia. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a estas nuevas víctimas y a sus familiares y amigos, y reclamamos a las autoridades colombianas que pongan en marcha medidas eficaces para acabar con esta situación y castigar a sus responsables.
Durante años, las FARC-EP hemos aspirado a la construcción de un Estado alternativo, para lo cual nos impusimos estrictas normas de funcionamiento y de comportamiento interno. Y si estrictas son estas, más lo son aquellas que regulan nuestra relación con la población, con nuestro pueblo. El fin altruista que distingue nuestra rebelión, reconocida como el derecho universal de los pueblos a oponerse a las injusticias provocadas por un mal gobierno, nos obliga a priorizar los intereses de las comunidades. A pesar de las dificultades y de la dureza de una guerra que se prolonga por más de 50 años, nos hemos dotado de una juridicidad guerrillera mediante normas que guardan profunda identidad con aquellas que configuran el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos; esto, en el entendido de que más allá de cualquier error o falla en el comportamiento insurgente, nuestra lucha está inspirada en reivindicar los intereses de los sectores más desfavorecidos. De esta circunstancia se desprende que nuestras normas nos obligan a privilegiar el cuidado de las comunidades, evitando cualquier acción u omisión que las dejara a merced del terrorismo de Estado y sus paramilitares, incluyendo a los determinadores de estos.
Dentro de la misma perspectiva, las FARC-EP se obligaron a denunciar y combatir las actuaciones del ejército y los paramilitares que agredieran a la población o destruyeran sus bienes, lo que nos ha obligado a actuar contra tales grupos, sus financiadores y sus instigadores, afirmando, que durante años la única persecución y castigo efectivo que contra el paramilitarismo ha habido en Colombia, ha sido la que ha adelantado la insurgencia.
Por todo lo anterior, en su momento, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, nos dejó el legado del estudio y la observancia del Derecho Internacional Humanitario como parámetro a tener en cuenta, siempre de forma acorde a las condiciones en las que se desenvuelve nuestra guerra revolucionaria.
Sin embargo, más allá de todas las medidas que hemos implementado para no replicar y evitar la barbarie de la contraparte, las victimizaciones en Colombia no se han quedado solamente en el plano individual y subjetivo, sino que tienen una estructuración que ha configurado victimizaciones colectivas en la medida en que fueron colectivos específicos, identificados perfectamente, los que han sido convertidos en objeto de eliminación y exterminio por las fuerzas del Estado, sus agentes y los grupos a su servicio. Es imprescindible un reconocimiento expreso a todos ellos: al Movimiento Gaitanista de los años 40, a la Unión Nacional de Oposición (UNO), al Frente Democrático, al Partido Comunista, al movimiento A Luchar, y al Frente Popular. Mención aparte merece el genocidio político de que fue víctima la Unión Patriótica, único caso en el mundo en el que una Corte, en este caso la Interamericana, ha declarado que una organización política y sus integrantes han sido víctimas de una persecución sistemática hasta su total eliminación.
Justo y necesario es que se haga el reconocimiento en su condición de víctimas colectivas a organizaciones políticas, sociales y sindicales, de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, de derechos humanos, y de mujeres, que han sufrido el rigor del terrorismo de Estado.
En estos casos, tal victimización colectiva no solamente ha sido porque ejercieran oposición política, sino también y especialmente, porque durante años, en ejercicio de una doctrina de seguridad apátrida, el establecimiento colombiano ha señalado como enemigo a todos aquellos que se atrevieron a reivindicar o a luchar por unos mínimos derechos, para ellos o para sus semejantes, porque los poderosos siempre se negaron a reconocer a quien no formara parte de la casta dirigente privilegiada.
En esta ciudadela, al lado del busto del héroe y padre de la Patria cubana, José Martí, hay una frase de su pensamiento, que es necesario reivindicar: “La verdad no es más que una, y quien la dice cuando los demás tienen miedo de decirla, impera”. Ese debe ser el compromiso de todos, y dentro de tal línea, la contextualización y la explicación de conjunto de la relación víctima-victimario, debe sacarnos de la falacia de ocultamiento que entraña la subjetivización del problema.
Lo que está en juego, entonces, es darle realce a la connotación social y política de la victimización señalando la responsabilidad de sus generadores y beneficiarios primigenios; debemos entre todos los que hemos sido obligados a resistir y a sufrir las consecuencias de la confrontación impuesta, poner en claro, la responsabilidad sistémica que ha derivado en desigualdad, miseria y luto para las mayorías, lo cual conduce a que las victimizaciones por concepto de la violación de los derechos económicos, sociales y culturales, que ha generado la aplicación insensata de las políticas neoliberales, que sin duda producen más muertes que las acciones bélicas, no pueden pasarse por alto como hasta ahora ha sucedido.
Ante estas injusticias es que hemos permanecido en rebeldía y tenemos que visibilizarlas, poniendo casos concretos como, por ejemplo, el abandono total que padecen regiones como el Chocó y la Guajira, entre muchas otras. ¿Dónde están los dolientes de los millares de niños que mueren por inanición y por enfermedades curables, dónde están los dolientes de todos aquellos que padecen la falta de soluciones a las necesidades básicas insatisfechas? Hoy más que nunca tenemos la convicción que el verdadero resarcimiento para las víctimas sólo será con la conquista de la paz, y la paz solo será si la construimos dando en abundancia lo que merecen los desposeídos de siempre.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP