De los 28 cadáveres encontrados en las fosas de Pueblo Viejo, cerca de Iguala, ninguno corresponde a los normalistas de Ayotzinapa. La búsqueda se ha enfocado principalmente hacia esa área porque el procurador guerrerense aseguró en conferencia de prensa que dos sicarios y un policía confesaron su participación en el asesinato de los estudiantes y dieron la ubicación de las fosas clandestinas. En esas supuestas declaraciones los "primeros detenidos" señalaron a un tal Chuky como el que dio la orden del asesinato. Ya nada más les falta encontrar a un individuo que coincida con las características del Chuky ¿O no?
Hay indicios de que inicialmente el gobierno pretendía realizar un montaje haciendo aparecer que los normalistas de Ayotzinapa ya estaban muertos y enterrados a manos de un difuso crimen organizado. Un montaje desde luego intentaría ocultar algo más terrible.
Los asesinatos y secuestros que cometieron los policías y sicarios fueron presenciados y resguardados por el Ejército. Los sobrevivientes declaran que, incluso ya en la madrugada del 27 de septiembre, varias horas después de las balaceras contra los estudiantes, la Marina y el Ejército impedían que los heridos recibieran atención médica, es decir tanto el Ejército como la Marina no solamente estaban mientras se cometían los asesinatos y desapariciones forzadas sino que claramente iban contra los estudiantes y a favor de sus verdugos, el crimen organizado.
¿Quién mató y quién agarro la pata? En México son lo mismo porque el Estado y la economía mexicana se sostienen mediante el terror que siembra el crimen organizado y a la vez, los cárteles sobreviven porque son útiles al sistema ultra depredador tanto del ecosistema como de la mano de obra. En México la vida no vale nada porque el Estado mafioso monopoliza la violencia represora y criminal.
Esta participación del Ejército y la Marina, testificada por los sobrevivientes, casi no ha sido mencionada por los medios de comunicación. En la tele ni pasó. Se enfocan hacia el crimen organizado como si fuera algo ajeno al Estado.
En este momento, después de Tlatlaya, una prueba más de la participación del Ejército y Marina en los ajusticiamientos masivos en contra de los que ellos consideran enemigos, evidenciaría que estamos en el fascismo, donde las libertades de expresión y manifestación, los derechos humanos y civiles no existen. Gobierna el terror y eso podría espantar a los inversionistas extranjeros y echar abajo los negocios en puerta gracias a las recientes reformas constitucionales.
La movilización y combativa respuesta frente a los crímenes de Estado ha abierto un nivel de contradicciones cupulares sobre cómo aminorar los costos en credibilidad y gobernabilidad. Para algunos el montaje ya no es viable. Así lo evidencian las contradicciones entre el gobernador de Guerrero, Aguirre Rivero y el procurador de la República, Murillo Karam. Por eso debemos seguir con la exigencia de que los queremos vivos porque vivos se los llevaron.
La versión, ingenua o mal intencionada, de que la delincuencia penetró algunos niveles de gobierno encubre que los señores de las inversiones múltiples se adueñaron del aparato estatal para enriquecerse aún más con negocios que implican crímenes de lesa humanidad como son el desalojo y exterminio de las comunidades indígenas para apropiarse de sus tierras y aguas; la minería que desertifica donde quiera que se instala; La trata de personas para la explotación sexual o el trabajo esclavo; la pornografía infantil; tráfico y secuestro de migrantes; cobro de piso; venta de protección, tráfico de armas para la delincuencia; casinos; venta de bebés y comercialización de placentas extraídas a mujeres embarazadas y que venden para tratamientos rejuvenecedores, entre más de veinte actividades generadoras de plus ganancia.
Otros crímenes del sistema, quizá menos visibles son el ahogamiento de la educación pública y la violación al derecho a un trabajo digno. Esta generación está viendo el robo de su futuro e intentan mantenerla inmóvil mediante la represión.
La enorme acumulación de dinero y propiedades en tiempo mínimo obtenida por un grupúsculo de empresarios extranjeros y nacionales sólo es posible con la participación del crimen organizado de Estado, desde arriba, componente fundamental y no como elemento ajeno que logró 'permear', gracias a la corrupción, a las instancias oficiales.
Dos procesos que convergen en uno sólo demuestran el verdadero papel del Estado mafioso. El desmantelamiento de las normales rurales ha sido constante: ahogándolas económicamente, reduciendo la inscripción, no dando trabajo a los egresados y reprimiéndolas.
Las han cerrado parcialmente como la de Matumactzá, Chiapas asaltada el 6 de agosto del 2003 en una acción en la que también hubo heridos, detenidos y desaparecidos, incluyendo niños y padres de familia. Ese trabajo sucio lo realizó el gobernador Salazar Mendiguchía, respaldado por el PAN, el PRD y el Verde dizque ecologista. La resistencia de los estudiantes logró posponer el cierre de la escuela normal pero le cancelaron el comedor, el internado y los módulos de producción.
La normal rural del Mexe, Hidalgo fue convertida en universidad politécnica en el año 2008. Los normalistas de Ayotzinapa fueron reprimidos constantemente por los gobiernos federal y estatal, el 12 de diciembre de 2011 asesinaron a dos estudiantes durante el cierre de la autopista del sol en demanda de mayor matrícula, de 140 a 170 plazas para el ciclo escolar 2011 - 2012 y rechazo al recorte del presupuesto para la escuela.
De esta forma eliminan la formación crítica y humanista de los jóvenes campesinos para sustituirla por una educación acrítica. El actual sistema no necesita maestros sino técnicos para que hagan producir más a los ranchos de los capos.
El otro proceso es el de Abarca, el presidente municipal de Iguala, al que tanto el gobierno estatal y federal encubrieron cuando secuestró a ocho activistas y asesinó a tres, entre ellos Arturo Hernández Cardona. Hoy lo ocultan mientras negocian con él para que no diga los nombres de sus jefes o buscan eliminarlo porque ya no les sirve. Es cartucho quemado.
Los dos procesos convergen en el asesinato y secuestro de los normalistas de Ayotzinapa. Era un crimen anunciado desde la represión en Atenco y el primero de diciembre de 2012 y tiene el mismo mensaje: los inconformes, aténganse a las consecuencias, que cada vez serán más brutales.
De vez en cuando han salido a relucir muestras de que en estos tiempos de globalización neoliberal los Estados son mafiosos. Desde el escándalo Irán – Contra y su similar Rápido y Furioso hasta las declaraciones del Vicentillo en el sentido de que el Chapo Guzmán trabajaba para la DEA por lo que le permitían traficar droga hacia Estados Unidos a cambio de información sobre los otros cárteles. El control del mercado de drogas desde el gobierno estadunidense. Precisamente fue el Pentágono el que le impuso al gobierno mexicano la estrategia actual de supuesto "combate a la delincuencia". Ellos deciden qué cártel cae y cual sobrevive mientras les es útil para el control político y la apropiación de las riquezas de los pueblos. Un claro ejemplo es Aquila, Michoacán donde los narco sicarios asesinaron a los opositores a la compañía minera extranjera Terrium y el gobierno federal encarceló a los demás inconformes con el saqueo de sus tierras.
Ante la indignación popular, traducida en protesta combativa se viene recrudeciendo una campaña mediática de odio contra los luchadores sociales. Vociferan contra las tomas de palacios y camiones, contra el cierre de carreteras, contra las pintas, contra las marchas y musitan o callan los crímenes de lesa humanidad y la cancelación de la vida democrática.
Esa campaña mediática pretende exacerbar el individualismo, condena la solidaridad, sataniza la indignación social y pretende que creamos que el Estado asesino se investigará y castigará a si mismo. Los medios mercenarios nos dicen: váyanse tranquilos a casa a seguir viendo tele mientras nosotros castigamos a los presuntos culpables y ustedes se olvidan de que hay 43 estudiantes secuestrados y desaparecidos por la policía municipal y los sicarios a vista del Ejército y Marina.
Los hechos de Iguala son parte de la intensificación de la ofensiva neoliberal contra la educación pública y del intento por desaparecer a las normales rurales.
Estamos ante un Estado mafioso que creó, desarrolló y protege a su propia delincuencia organizada y la usa o desecha según las propias necesidades económicas y políticas del sistema explotador.
Hoy más que nunca necesitamos que nuestra indignación y rabia se conviertan en solidaridad. Hoy más que nunca necesitamos convertir el coraje popular en organización del y para el pueblo.
Hoy más que nunca necesitamos la organización de los trabajadores del campo y la ciudad, de los que día a día sobrevivimos a la explotación y al terror.
Debemos seguir insistiendo, a través de las diversas formas de protesta social, en la presentación con vida de los desaparecidos y el castigo a los responsables materiales e intelectuales.
Hermanas y hermanos: Que nuestro dolor y rabia nos impulsen hacia la solidaridad, el colectivismo, la construcción de nosotros mismos como luchadores honestos, congruentes. Levantemos nuestras voces y nuestros esfuerzos, profundicemos esta labor hormiga de formarnos como mujeres y hombres nuevos mientras vamos construyendo el poder popular desde abajo y donde el mandar obedeciendo se nos vuelva costumbre.
Este es el momento de enfrentar la militarización con la movilización y protesta popular nacional e internacional. Es el tiempo del trabajo silencioso de fortalecernos como organizaciones populares. La noche no es eterna, hagamos posible el amanecer.