Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2014-10-17
Categoría
Comunicado
Comunicado Nº 42
COMUNICADO # 42
A LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES NORMALISTAS ASESINADOS, HERIDOS Y DESAPARECIDOS EN IGUALA:
A LOS ESTUDIANTES Y MAESTROS DE LA NORMAL RURAL, RAÚL ISIDRO BURGOS:
AL PUEBLO GUERRERENSE:
AL PUEBLO MEXICANO:
A LOS PUEBLOS SOLIDARIOS FRENTE AL CRIMEN DE ESTADO EN IGUALA, GUERRERO, MÉXICO:
El pasado 10 de octubre fue difundido el Comunicado # 21 de nuestro Comité Estatal en Guerrero donde se puntualizan acciones urgentes dirigidas a nuestros militantes y al Pueblo en General. Es un llamamiento legítimo y es la respuesta rápida al crimen de Estado cometido nuevamente contra jóvenes y habitantes pobres de Guerrero. En el ánimo de precisar nuestro posicionamiento con respecto a los asesinados, heridos y desaparecidos del 26 de septiembre en Iguala para que no se descontextualice o preste a malas interpretaciones, realizamos la siguiente comunicación.
El Estado mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto no es neutral sino parte activa en los homicidios y desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa, pues Peña es el jefe de todas las Fuerzas Armadas del Estado mexicano incluyendo por supuesto todas las policías municipales del país. Además, como ha quedado reconocido por el órgano máximo de inteligencia del Estado mexicano, o sea el CISEN estaba al tanto desde hacía mucho tiempo de las actividades del cártel a su servicio en el norte del estado de Guerrero y el estado de Morelos, y desde luego contaba con información de los nexos del Presidente Municipal de Iguala junto a una larga lista de funcionarios del gobierno municipal y los autores directos de los crímenes de la noche del 26 de septiembre, quienes fueron policías municipales y, a la vez sicarios.
Los carteles/narcoparamilitares ya son parte del Estado y utilizan la guerra sucia en coordinación con las fuerzas militares oficiales para amedrentar y aterrorizar al pueblo organizado y a la población en general. En el caso de Iguala, el gobierno estatal y la cúpula de su partido político, el PRD, protegieron a Abarca al no llevarlo ante los órganos judiciales por el asesinato del ingeniero Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez. El gobierno federal y su sistema de partidos también lo protegieron al permitir que ocupara el puesto de Presidente Municipal, pese a sus antecedentes de uso de recursos de procedencia ilícita, fácilmente detectables por su enriquecimiento fulgurante y al hacer caso omiso de las denuncias por las torturas y ejecuciones de luchadores sociales.
El ejército federal que estaba en su cuartel a menos de 500 metros del lugar permitió a los policías cometer los asesinatos y las desapariciones, y al igual que la Policía Ministerial y la Policía del Estado desocupó las calles de Iguala para dejar las manos libres a los criminales para que pudieran desaparecer a los estudiantes y dejar que hubiera otra agresión horas después; después le permitió huir a José Luis Abarca y a sus secuaces dándoles tiempo suficiente en complicidad con la corriente Nueva Izquierda del PRD. La cadena de complicidades y encubrimientos, tanto político como policiaco-militar, va desde lo municipal hasta lo federal; pareciera una impunidad blindada al cien por ciento.
El pueblo mexicano ha juzgado que el Estado, en todos sus niveles, es responsable de los homicidios y de las desapariciones del 26 de septiembre y no puede eludir esa responsabilidad.
Es responsable José Luis Abarca Velázquez, Presidente Municipal de Iguala.
Es responsable Ángel Aguirre Rivero, Gobernador del estado de Guerrero.
Es responsable Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República.
Es responsable el Comandante del 27º Batallón de Infantería, de Iguala, Guerrero.
Es responsable Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional
Es responsable Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.
Es responsable Enrique Peña Nieto, Presidente de México.
Todos ellos son responsables en los crímenes cometidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero: han constituido una fuerza paramilitar que va más allá de los sicarios y pistoleros de la delincuencia, es el Estado el que opera como sicario del narconegocio y de la ocupación de territorios que pretenden las transnacionales con sus proyectos de muerte.
El ERPI somos una organización que lucha contra el Estado mexicano y contra el régimen de la oligarquía empresarial del país, por lo que hacemos estas precisiones para que no se desvié la atención del crimen cometido por integrantes de la Policía Municipal protegidos por el ejército y solapados por el gobierno estatal y el gobierno federal. La indignación que ha provocado en la sociedad este horror que muestra la barbarie que caracteriza a los gobernantes mexicanos, tiene muchas maneras de expresarse, la nuestra desde la más estricta clandestinidad recoge informaciones del pueblo para ejercer el derecho de castigar a los siempre impunes miembros activos del terror del narcoEstado. Seguimos el ejemplo del pueblo organizado que exige la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos y el castigo a los culpables.
El manto de impunidad que provee el Estado a sus cuerpos narco-paramilitares oficiales le permite encubrir los asesinatos de opositores y de luchadores sociales, como los estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre y como el del ingeniero Arturo Hernández Cardona y otros dos activistas de la organización la Unidad Popular de Iguala hace año y medio. En aquella ocasión del asesinato del ingeniero Hernández Cardona y sus compañeros, el mismo Presidente Municipal –ahora prófugo- José Luis Abarca Velázquez, responsable de los asesinatos y 43 desapariciones del 26 de septiembre, participó directamente en las ejecuciones y no fue detenido ni juzgado en esa ocasión, pese a los testimonios en su contra. Ello demuestra la protección que Abarca recibía de todos los niveles del gobierno.
En este ambiente de terror de narcoEstado, se hace necesario el ejercicio de la autodefensa. Se hará lo que se tenga que hacer y lo hará quien lo tenga que ejercer, sea de los nuestros o no, aunque sabemos que se pretenderá justificar posibles nuevos crímenes cometidos por el Estado en contra de luchadores sociales y civiles desarmados, adjudicándoselos a un enfrentamiento entre dos o más fuerzas ajenas al Estado, y nada mejor que una de ellas sea una organización del “narco”, caracterizada por luchar contra el pueblo y a la cual el gobierno supuestamente quisiera eliminar.
Advertimos al régimen que será responsabilizado de cualquier acto de represión y persecución que cometa contra las y los estudiantes, maestros, comunidades y organizaciones que se están movilizando, los organismos defensores de derechos humanos, los presos y ex presos políticos y los periodistas que defienden del derecho del pueblo a exigir justicia y a protegerse del terror de Estado.
El ERPI no es una organización que se involucre en conflictos entre cárteles del narcotráfico o entre grupos de la delincuencia organizada, pues no desconoce que detrás de cada uno de ellos, e incluso como sus mandos, se encuentran altos funcionarios del gobierno, del ejército y de diversos cuerpos policiacos.
Nuestro enemigo es el Estado Mexicano y los poderosos del país. Construimos desde abajo el poder popular para que el pueblo mismo tome las decisiones que le corresponden en cualquiera de los aspectos de su vida, para que se defienda por sí mismo, como se dice en las “Tesis para el cambio”, documento del ERPI en el que se indican los principios que nos han guiado desde nuestro surgimiento en 1998.
El narcotráfico, más que haber penetrado al Estado, se ha fundido con él en un solo ente y por eso se puede hablar de narco-estado e incluso de un narco-capitalismo, aunque a nivel individual muchos funcionarios participen en grupos criminales distintos y por eso hay enfrentamientos en los que de un bando o de otro actúan funcionarios públicos y miembros del ejército y de las policías.
Eso es lo que acontece en Guerrero actualmente y en casi todo el país.
Por eso en Guerrero y en todo México el enemigo del pueblo no es solamente uno de los cárteles sino el Estado mexicano en su conjunto. De nada serviría que un cártel fuera eliminado si su lugar lo ocupara otro, como hasta el momento ha pasado dondequiera que algún grupo dentro de un gobierno estatal o del gobierno federal ha combatido a alguno de los cárteles para solo reorganizar el mercado y repartirse cuotas del poder político y económico.
La lucha popular es contra el narco-estado mexicano y en estos momentos va dirigida fundamentalmente a exigir la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos y el castigo para los responsables y a recobrar nuestro derecho a ejercer la soberanía popular, pésele a la mafia en el poder que se cree invencible e impune. Hoy atacan a los normalistas por ser jóvenes y rebeldes, así como lo hicieron con las comunidades indígenas, movimientos estudiantiles, trabajadores, mujeres y periodistas que resisten con dignidad.
Lograr la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos y el castigo a los culpables, son algunas de las formas de ejercer el poder popular porque así el pueblo hace valer su decisión de que se haga justicia.
¡CON EL PODER POPULAR, EL PUEBLO UNIDO VENCERÁ!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
Por la Dirección Nacional del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente:
Comandante Insurgente Hermenegildo
Comandante Insurgente Cuauhtémoc
Comandante Insurgente Santiago
República Mexicana a 17 de octubre del 2014.
A LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES NORMALISTAS ASESINADOS, HERIDOS Y DESAPARECIDOS EN IGUALA:
A LOS ESTUDIANTES Y MAESTROS DE LA NORMAL RURAL, RAÚL ISIDRO BURGOS:
AL PUEBLO GUERRERENSE:
AL PUEBLO MEXICANO:
A LOS PUEBLOS SOLIDARIOS FRENTE AL CRIMEN DE ESTADO EN IGUALA, GUERRERO, MÉXICO:
El pasado 10 de octubre fue difundido el Comunicado # 21 de nuestro Comité Estatal en Guerrero donde se puntualizan acciones urgentes dirigidas a nuestros militantes y al Pueblo en General. Es un llamamiento legítimo y es la respuesta rápida al crimen de Estado cometido nuevamente contra jóvenes y habitantes pobres de Guerrero. En el ánimo de precisar nuestro posicionamiento con respecto a los asesinados, heridos y desaparecidos del 26 de septiembre en Iguala para que no se descontextualice o preste a malas interpretaciones, realizamos la siguiente comunicación.
El Estado mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto no es neutral sino parte activa en los homicidios y desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa, pues Peña es el jefe de todas las Fuerzas Armadas del Estado mexicano incluyendo por supuesto todas las policías municipales del país. Además, como ha quedado reconocido por el órgano máximo de inteligencia del Estado mexicano, o sea el CISEN estaba al tanto desde hacía mucho tiempo de las actividades del cártel a su servicio en el norte del estado de Guerrero y el estado de Morelos, y desde luego contaba con información de los nexos del Presidente Municipal de Iguala junto a una larga lista de funcionarios del gobierno municipal y los autores directos de los crímenes de la noche del 26 de septiembre, quienes fueron policías municipales y, a la vez sicarios.
Los carteles/narcoparamilitares ya son parte del Estado y utilizan la guerra sucia en coordinación con las fuerzas militares oficiales para amedrentar y aterrorizar al pueblo organizado y a la población en general. En el caso de Iguala, el gobierno estatal y la cúpula de su partido político, el PRD, protegieron a Abarca al no llevarlo ante los órganos judiciales por el asesinato del ingeniero Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez. El gobierno federal y su sistema de partidos también lo protegieron al permitir que ocupara el puesto de Presidente Municipal, pese a sus antecedentes de uso de recursos de procedencia ilícita, fácilmente detectables por su enriquecimiento fulgurante y al hacer caso omiso de las denuncias por las torturas y ejecuciones de luchadores sociales.
El ejército federal que estaba en su cuartel a menos de 500 metros del lugar permitió a los policías cometer los asesinatos y las desapariciones, y al igual que la Policía Ministerial y la Policía del Estado desocupó las calles de Iguala para dejar las manos libres a los criminales para que pudieran desaparecer a los estudiantes y dejar que hubiera otra agresión horas después; después le permitió huir a José Luis Abarca y a sus secuaces dándoles tiempo suficiente en complicidad con la corriente Nueva Izquierda del PRD. La cadena de complicidades y encubrimientos, tanto político como policiaco-militar, va desde lo municipal hasta lo federal; pareciera una impunidad blindada al cien por ciento.
El pueblo mexicano ha juzgado que el Estado, en todos sus niveles, es responsable de los homicidios y de las desapariciones del 26 de septiembre y no puede eludir esa responsabilidad.
Es responsable José Luis Abarca Velázquez, Presidente Municipal de Iguala.
Es responsable Ángel Aguirre Rivero, Gobernador del estado de Guerrero.
Es responsable Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República.
Es responsable el Comandante del 27º Batallón de Infantería, de Iguala, Guerrero.
Es responsable Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional
Es responsable Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.
Es responsable Enrique Peña Nieto, Presidente de México.
Todos ellos son responsables en los crímenes cometidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero: han constituido una fuerza paramilitar que va más allá de los sicarios y pistoleros de la delincuencia, es el Estado el que opera como sicario del narconegocio y de la ocupación de territorios que pretenden las transnacionales con sus proyectos de muerte.
El ERPI somos una organización que lucha contra el Estado mexicano y contra el régimen de la oligarquía empresarial del país, por lo que hacemos estas precisiones para que no se desvié la atención del crimen cometido por integrantes de la Policía Municipal protegidos por el ejército y solapados por el gobierno estatal y el gobierno federal. La indignación que ha provocado en la sociedad este horror que muestra la barbarie que caracteriza a los gobernantes mexicanos, tiene muchas maneras de expresarse, la nuestra desde la más estricta clandestinidad recoge informaciones del pueblo para ejercer el derecho de castigar a los siempre impunes miembros activos del terror del narcoEstado. Seguimos el ejemplo del pueblo organizado que exige la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos y el castigo a los culpables.
El manto de impunidad que provee el Estado a sus cuerpos narco-paramilitares oficiales le permite encubrir los asesinatos de opositores y de luchadores sociales, como los estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre y como el del ingeniero Arturo Hernández Cardona y otros dos activistas de la organización la Unidad Popular de Iguala hace año y medio. En aquella ocasión del asesinato del ingeniero Hernández Cardona y sus compañeros, el mismo Presidente Municipal –ahora prófugo- José Luis Abarca Velázquez, responsable de los asesinatos y 43 desapariciones del 26 de septiembre, participó directamente en las ejecuciones y no fue detenido ni juzgado en esa ocasión, pese a los testimonios en su contra. Ello demuestra la protección que Abarca recibía de todos los niveles del gobierno.
En este ambiente de terror de narcoEstado, se hace necesario el ejercicio de la autodefensa. Se hará lo que se tenga que hacer y lo hará quien lo tenga que ejercer, sea de los nuestros o no, aunque sabemos que se pretenderá justificar posibles nuevos crímenes cometidos por el Estado en contra de luchadores sociales y civiles desarmados, adjudicándoselos a un enfrentamiento entre dos o más fuerzas ajenas al Estado, y nada mejor que una de ellas sea una organización del “narco”, caracterizada por luchar contra el pueblo y a la cual el gobierno supuestamente quisiera eliminar.
Advertimos al régimen que será responsabilizado de cualquier acto de represión y persecución que cometa contra las y los estudiantes, maestros, comunidades y organizaciones que se están movilizando, los organismos defensores de derechos humanos, los presos y ex presos políticos y los periodistas que defienden del derecho del pueblo a exigir justicia y a protegerse del terror de Estado.
El ERPI no es una organización que se involucre en conflictos entre cárteles del narcotráfico o entre grupos de la delincuencia organizada, pues no desconoce que detrás de cada uno de ellos, e incluso como sus mandos, se encuentran altos funcionarios del gobierno, del ejército y de diversos cuerpos policiacos.
Nuestro enemigo es el Estado Mexicano y los poderosos del país. Construimos desde abajo el poder popular para que el pueblo mismo tome las decisiones que le corresponden en cualquiera de los aspectos de su vida, para que se defienda por sí mismo, como se dice en las “Tesis para el cambio”, documento del ERPI en el que se indican los principios que nos han guiado desde nuestro surgimiento en 1998.
El narcotráfico, más que haber penetrado al Estado, se ha fundido con él en un solo ente y por eso se puede hablar de narco-estado e incluso de un narco-capitalismo, aunque a nivel individual muchos funcionarios participen en grupos criminales distintos y por eso hay enfrentamientos en los que de un bando o de otro actúan funcionarios públicos y miembros del ejército y de las policías.
Eso es lo que acontece en Guerrero actualmente y en casi todo el país.
Por eso en Guerrero y en todo México el enemigo del pueblo no es solamente uno de los cárteles sino el Estado mexicano en su conjunto. De nada serviría que un cártel fuera eliminado si su lugar lo ocupara otro, como hasta el momento ha pasado dondequiera que algún grupo dentro de un gobierno estatal o del gobierno federal ha combatido a alguno de los cárteles para solo reorganizar el mercado y repartirse cuotas del poder político y económico.
La lucha popular es contra el narco-estado mexicano y en estos momentos va dirigida fundamentalmente a exigir la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos y el castigo para los responsables y a recobrar nuestro derecho a ejercer la soberanía popular, pésele a la mafia en el poder que se cree invencible e impune. Hoy atacan a los normalistas por ser jóvenes y rebeldes, así como lo hicieron con las comunidades indígenas, movimientos estudiantiles, trabajadores, mujeres y periodistas que resisten con dignidad.
Lograr la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos y el castigo a los culpables, son algunas de las formas de ejercer el poder popular porque así el pueblo hace valer su decisión de que se haga justicia.
¡CON EL PODER POPULAR, EL PUEBLO UNIDO VENCERÁ!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
Por la Dirección Nacional del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente:
Comandante Insurgente Hermenegildo
Comandante Insurgente Cuauhtémoc
Comandante Insurgente Santiago
República Mexicana a 17 de octubre del 2014.