La Delegación de Paz de las FARC-EP manifiesta, su sentimiento de Solidaridad con la jornada de huelga, desobediencia civil y parálisis de todas las actividades, que el Movimiento Nacional Carcelario adelanta en las prisiones de Mediana y Alta seguridad del país.
Como lo manifestamos en nuestro saludo al foro internacional sobre delito político y situación de los presos políticos en Colombia el pasado 15 de octubre, (Ver Video) “estamos ante problemas de la confrontación social, política y militar que ponen en evidencia la utilización del aparato judicial por parte de las oligarquías, como instrumento de disuasión, represión y guerra contra la inconformidad popular y el disentimiento…”
Muchos son los problemas humanitarios que se han generado, entonces, en torno a las prisioneras y prisioneros políticos y de guerra en Colombia y demás presos sociales, urgiendo ahora más que nunca que se dé la asistencia carcelaria y la verificación de los casos de vulneración de derechos que cotidiana y acentuadamente se da en el interior de los centros de reclusión.
Por el carácter represivo del Estado las detenciones se multiplican de manera acelerada, desmejorando la situación de reclusión respecto a personas que mayoritariamente no cuenta con recursos para sortear su situación, pues recordemos que la mayor parte de las víctimas de este sistema de castigo son los sectores más humildes de nuestro país.
Las cárceles están llenas de personas que han sido privadas de su libertad sin prueba alguna. Muchos son dirigentes sociales y populares a los que se pretende neutralizar políticamente. ¿Cuántos están sentenciados y cuántos en proceso de enjuiciamiento? Las cifras de Defensores de Derechos Humanos indican que de 68.000 personas privadas de la libertad, la mayoría está sin juicio ni sentencia, y sin posibilidades de una defensa adecuada y un debido proceso.
Merece énfasis especial la situación de las mujeres prisioneras, quienes representan el 12% de la población carcelaria, cuyas condiciones de reclusión se agravan por la violencia sexual ejercida por carceleros y carceleras y por ausencia de una política que atienda situaciones de gestación y maternidad.
En la medida en que crecen las injusticias derivadas de la desigualdad y de la miseria, y con ello la protesta, crecen las imputaciones y condenas por rebelión y terrorismo contra personas no combatientes: dirigentes sindicales, estudiantiles, populares, defensores de derechos humanos o gente del común; este tipo de casos representa al menos el 60% de la población carcelaria.
Creemos que la crisis del sistema carcelario debe obligar a buscar salidas como el restablecimiento de los derechos de la población carcelaria, el indulto a inocentes, penas alternativas o sustitutivas para quienes estén en condiciones graves de salud, o en condición de vulnerabilidad, que cobije tanto a prisioneras y prisioneros políticos y de guerra, como a mucha gente del común encarcelada por delitos de pobreza.
Colombia no solamente debe cambiar su sistema penal y carcelario, sino su sistema judicial, penal y corrupto, que, además de obsoleto y lento, es absolutamente perverso. El cartel de los testigos falsos, los montajes judiciales a través de desertores, el maltrato a los imputados, entre otros, son factores de descomposición social.
La crisis humanitaria que afronta la población carcelaria en Colombia como resultado del diseño altamente represivo del sistema, sumado a la ausencia de una política criminal resocializadora, debe ser superada a través de una profunda reforma judicial, acicateada por la huelga, la justa desobediencia civil y la movilización de familiares y amigos.
Nuestra solidaridad con el pliego y las peticiones del Movimiento Nacional Carcelario.