Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2014-10-28
Categoría
Comunicado
Solidaridad con los prisioneros y presos políticos en la Jornada Nacional de Protesta
La Habana, octubre 28 de 2014.
SOLIDARIDAD CON LOS PRISIONEROS Y PRESOS POLÍTICOS EN LA JORNADA NACIONAL DE PROTESTA
En desarrollo del ciclo 30 de las Conversaciones de Paz, referido a Víctimas del conflicto, la Delegación de Paz de las FARCEP, levanta su voz de solidaridad con los prisioneros y presos políticos que se encuentran en huelga de hambre y desobediencia pacífica en la Cárcel de Alta Seguridad de Cómbita, en el departamento de Boyacá, y otros 12 centros penitenciarios del país. Especialmente expresa su protesta y sentimiento de luto por la muerte, el día sábado 25 de octubre, de José Luis Polo Torregrosa, en la cárcel La Tramacúa en el departamento del Cesar, a quien pese a los fallos de tutela favorables a sus solicitudes de atención, se le negó tratamiento adecuado y suficiente a sus padecimientos de tuberculosis.
Más que justa y legítima, es la Jornada Nacional de Protesta de los hombre y mujeres en los centros penitenciarios inhumanos y en condiciones de existencia miserable en que es mantenido al conjunto de la población carcelaria, sin que se observe preocupación efectiva del gobierno nacional, que indique que habrá soluciones a los múltiples y graves problemas que generan la indignación y la protesta.
A las solicitudes que nuestros compatriotas, organizados en el Movimiento Nacional Carcelario, hacen de ser escuchados y recibir un trato digno, la respuesta del INPEC sigue siendo de vejaciones y maltratos físicos inaceptables. Recientemente, el país conoció de graves hechos como el incendio del cárcel de Barranquilla, con sus consecuencias terribles de muerte y destrucción; o del deceso de Jaime Humberto Aroca Ducuara en la cárcel de Villavicencio, o del de Ramón Emilio Mallarino Ibargüen en Combita y Alexander Giraldo Parra muerto el 2 de octubre, en la cárcel Doña Juana en La Dorada; o el caso del prisionero Luis Carlos Riascos, muerto el pasado 15 de septiembre en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundí, Valle, los cuales se suman a decenas de otras víctimas que han perecido por enfermedades terminales y desatención médica que se derivan del abandono, el maltrato y el hacinamiento extremo, sin que esta realidad inquiete al Gobierno Nacional que en este momento habla de derechos humanos y resarcimiento a las víctimas. Es urgente frenar los tratos crueles que de manera cotidiana y pertinaz se desata contra la población carcelaria.
Además del respeto por el derecho a la vida, a la salud y al trabajo, esenciales para la sobrevivencia, los prisioneros y prisioneras y demás presos han agregado asuntos elementales de existencia a sus exigencias. Mejorar la calidad de la alimentación y su preparación; adecuar los horarios de visitas a las necesidades de los internos; autorizar la entrada de los radio-transistores para mantenerse informados y subsidiar el precio de las baterías para los mismos; reducir el precio de los minutos de celular a fin de mejorar la comunicación de los reclusos con sus familiares; efectivo régimen de encomiendas; autorizar hornos micro-hondas en los pabellones y en el patio de visitas.
En la cárcel de Combita, mil quinientos prisioneros se han declarado este mes en huelga y desobediencia por razones más que justas. La respuesta del Estado ha vuelto a ser de represión, gases lacrimógenos, golpizas, calabozo y mayor estigmatización, con resultados de al menos 3 heridos y 8 compañeros lanzados a los calabozos. Esta no es la solución a los problemas estructurales y a la profunda crisis del sistema nacional carcelario decadente y descompuesto, convertido en escenario de torturas, crímenes y flagrante violación a los Derechos Humanos. El gobierno nacional es pasivo y condescendiente, no interviene para detener esta tragedia.
Las FARC-EP exigen del gobierno nacional cesar la violación de los derechos humanos de los prisioneros, prisioneras y población carcelaria en general, sin más excusas, y declarar el estado de emergencia social y humanitaria en las cárceles de Colombia. Cesar la extradición de nacionales e iniciar un proceso de Repatriación. Regionalización de los prisioneros y demás presos y su acercamiento familiar además de la Solución efectiva del hacinamiento carcelario.
Que la solidaridad y la protesta desde afuera de las prisiones sea otro instrumento de lucha por el bienestar de la población carcelaria.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP.
SOLIDARIDAD CON LOS PRISIONEROS Y PRESOS POLÍTICOS EN LA JORNADA NACIONAL DE PROTESTA
En desarrollo del ciclo 30 de las Conversaciones de Paz, referido a Víctimas del conflicto, la Delegación de Paz de las FARCEP, levanta su voz de solidaridad con los prisioneros y presos políticos que se encuentran en huelga de hambre y desobediencia pacífica en la Cárcel de Alta Seguridad de Cómbita, en el departamento de Boyacá, y otros 12 centros penitenciarios del país. Especialmente expresa su protesta y sentimiento de luto por la muerte, el día sábado 25 de octubre, de José Luis Polo Torregrosa, en la cárcel La Tramacúa en el departamento del Cesar, a quien pese a los fallos de tutela favorables a sus solicitudes de atención, se le negó tratamiento adecuado y suficiente a sus padecimientos de tuberculosis.
Más que justa y legítima, es la Jornada Nacional de Protesta de los hombre y mujeres en los centros penitenciarios inhumanos y en condiciones de existencia miserable en que es mantenido al conjunto de la población carcelaria, sin que se observe preocupación efectiva del gobierno nacional, que indique que habrá soluciones a los múltiples y graves problemas que generan la indignación y la protesta.
A las solicitudes que nuestros compatriotas, organizados en el Movimiento Nacional Carcelario, hacen de ser escuchados y recibir un trato digno, la respuesta del INPEC sigue siendo de vejaciones y maltratos físicos inaceptables. Recientemente, el país conoció de graves hechos como el incendio del cárcel de Barranquilla, con sus consecuencias terribles de muerte y destrucción; o del deceso de Jaime Humberto Aroca Ducuara en la cárcel de Villavicencio, o del de Ramón Emilio Mallarino Ibargüen en Combita y Alexander Giraldo Parra muerto el 2 de octubre, en la cárcel Doña Juana en La Dorada; o el caso del prisionero Luis Carlos Riascos, muerto el pasado 15 de septiembre en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundí, Valle, los cuales se suman a decenas de otras víctimas que han perecido por enfermedades terminales y desatención médica que se derivan del abandono, el maltrato y el hacinamiento extremo, sin que esta realidad inquiete al Gobierno Nacional que en este momento habla de derechos humanos y resarcimiento a las víctimas. Es urgente frenar los tratos crueles que de manera cotidiana y pertinaz se desata contra la población carcelaria.
Además del respeto por el derecho a la vida, a la salud y al trabajo, esenciales para la sobrevivencia, los prisioneros y prisioneras y demás presos han agregado asuntos elementales de existencia a sus exigencias. Mejorar la calidad de la alimentación y su preparación; adecuar los horarios de visitas a las necesidades de los internos; autorizar la entrada de los radio-transistores para mantenerse informados y subsidiar el precio de las baterías para los mismos; reducir el precio de los minutos de celular a fin de mejorar la comunicación de los reclusos con sus familiares; efectivo régimen de encomiendas; autorizar hornos micro-hondas en los pabellones y en el patio de visitas.
En la cárcel de Combita, mil quinientos prisioneros se han declarado este mes en huelga y desobediencia por razones más que justas. La respuesta del Estado ha vuelto a ser de represión, gases lacrimógenos, golpizas, calabozo y mayor estigmatización, con resultados de al menos 3 heridos y 8 compañeros lanzados a los calabozos. Esta no es la solución a los problemas estructurales y a la profunda crisis del sistema nacional carcelario decadente y descompuesto, convertido en escenario de torturas, crímenes y flagrante violación a los Derechos Humanos. El gobierno nacional es pasivo y condescendiente, no interviene para detener esta tragedia.
Las FARC-EP exigen del gobierno nacional cesar la violación de los derechos humanos de los prisioneros, prisioneras y población carcelaria en general, sin más excusas, y declarar el estado de emergencia social y humanitaria en las cárceles de Colombia. Cesar la extradición de nacionales e iniciar un proceso de Repatriación. Regionalización de los prisioneros y demás presos y su acercamiento familiar además de la Solución efectiva del hacinamiento carcelario.
Que la solidaridad y la protesta desde afuera de las prisiones sea otro instrumento de lucha por el bienestar de la población carcelaria.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP.