Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2014-10-30
Categoría
Comunicado
Responsabilidades frente a las víctimas del conflicto
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, octubre 28-30 de 2014
4. RESPONSABILIDAD SISTÉMICA, RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL ESTADO Y RESPONSABILIDADES MÚLTIPLES, INCLUIDAS LAS RESPONSABILIDADES GUERRILLERAS, FRENTE A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
En desarrollo de las propuestas mínimas sobre Derechos integrales de las víctimas para la paz y la reconciliación nacional, las FARC-EP presentamos el siguiente conjunto de 4 iniciativas de 10 correspondientes al punto 4 de “Responsabilidad sistémica, responsabilidad principal del Estado y responsabilidades múltiples, incluidas las responsabilidades guerrilleras, frente a las víctimas del conflicto”:
4.1. Reconocimiento de la responsabilidad sistémica. Se hará un reconocimiento de la responsabilidad sistémica y del orden de relaciones sociales capitalistas existentes, a fin de explicar las razones más generales y abstractas de los procesos de victimización. Se admitirá, por tanto, que el origen y la reproducción de la violencia del sistema, que ocasiona procesos de victimización sistemática, se encuentra en las condiciones estructurales, políticas, económicas, sociales y culturales, de dominación y explotación, de desigualdad, pobreza y miseria, de exclusión e inequidad, prevalecientes en el país, así como en el diseño e implementación de políticas encaminadas a la preservación y prolongación del régimen imperante. Todo ello produce y reproduce de manera incesante el conflicto social y de clases; desata fuerzas, formas de organización, mecanismos y dispositivos de preservación del poder y del régimen de privilegios por parte de las clases dominantes, incluyendo el recurso de violencia, que es intrínseca e inherente al sistema. Asimismo, provoca diversas formas de respuesta social y popular, incluida la subversión y la rebelión armada, que debe comprenderse legítima, como derecho de los pueblos, y en procura de un nuevo orden social que supere los fundamentos del ya existente. Superar de forma definitiva el orden de victimización presume superar el orden de relaciones sociales existentes.
4.2. Reconocimiento de responsabilidad general y principal del Estado. El Estado y su institucionalidad, entendidos como expresión organizada del poder constituido y predominante, asumirán la responsabilidad general y principal frente a los procesos y hechos de victimización sistemática que han generado millones de víctimas a lo largo del conflicto. La responsabilidad del Estado debe ser definida considerando múltiples dimensiones y ámbitos, entre otros, teniendo en cuenta:
a. La implantación de modelos económicos y de medidas y acciones de política económica que reproducen y acentúan la desigualdad socioeconómica, estimulan la concentración y centralización de la riqueza y de la propiedad, favorecen a latifundistas, grupos económicos y poderes corporativos transnacionales, precarizan el trabajo y promueven la informalidad, ceden la soberanía económica a favor de organismos multilaterales y propician la expansión de economías ilícitas, especialmente del negocio transnacional del narcotráfico mediante la desregulación financiera;
b. El cierre del sistema político y de representación, la inexistencia de garantías para el ejercicio de la oposición política y social y la materialización del derecho a ser alternativa política frente al régimen existente;
c. La activación en diferentes momentos del conflicto de dispositivos de terrorismo de Estado y la puesta en marcha de una política de militarización de la vida política, económica, social, cultural, y de la comunicación, que somete el conjunto de las relaciones sociales a lógicas de confrontación y control social según parámetros castrenses;
d. El diseño e implementación de una política de seguridad y defensa inspirada en la doctrina de la “seguridad nacional”, el intervencionismo imperialista, la cesión de la soberanía nacional y la instalación de bases militares estadounidenses.
e. El diseño y la movilización de la administración de justicia en función de los propósitos de la guerra, lo cual ha incluido la implementación de una política criminal que además de eliminar el delito político y el derecho a la rebelión, persigue, estigmatiza y criminaliza la oposición política y social, se inspira en el “derecho penal del enemigo” y ha erigido la extradición de insurgentes en arma de guerra;
f. La activación reiterada del poder legislativo para promover en diferentes momentos de la historia del conflicto una legislación favorable al escalamiento y la intensificación de la guerra, incluida la financiación expansiva del gasto militar;
g. La promoción de pactos de impunidad, de total desconocimiento de las víctimas, como los casos del Frente Nacional y de la supuesta desmovilización del paramilitarismo en el gobierno de Uribe Vélez.
h. Todo ello ha conducido a demostradas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
La responsabilidad general y principal del Estado no se encubrirá con la figura de la responsabilidad de “agentes estatales”, sin perjuicio desde luego de las individualizaciones a que haya lugar.
4.3. Reconocimiento especial de responsabilidad de las Fuerzas militares y de policía. Se hará un reconocimiento especial de la responsabilidad de las Fuerzas militares y de policía, así como de los organismos de inteligencia en la generación de procesos de victimización sistemática contra la población, en desarrollo de la doctrina de la “seguridad nacional”, del combate al “enemigo interno”, y de la contención del “enemigo comunista”. Se reconocerá que para la materialización de dichos propósitos se diseñaron los correspondientes marcos jurídico-institucionales, se propició el menoscabo del propio orden del derecho en el que afirma sustentarse el Estado a través de diversas modalidades de la “guerra sucia”, y se dispusieron los correspondientes recursos de presupuesto.
4.4. Reconocimiento especial de responsabilidad estatal en la conformación de estructuras paramilitares y de contrainsurgencia. Se hará un reconocimiento especial de la responsabilidad del Estado en el diseño, la conformación, financiación y operación de estructuras paramilitares y de contrainsurgencia, con la función esencial de combatir, debilitar y liquidar múltiples expresiones organizadas de oposición política y social y de alternativa política, preservar el régimen de dominación y explotación, y concentrar y acrecentar la propiedad, el ingreso y la riqueza. Se admitirá que a través de esas estructuras, legalizadas incluso en diversos momentos del conflicto, se ha adelantado y continúa adelantando una guerra sistemática contra el pueblo, ocasionando desplazamiento, despojo, terror y muerte en forma masiva y selectiva. Se reconocerá que tal política de combate al “enemigo subversivo” devino en la conformación de un bloque de poder contrainsurgente, como lo demuestran investigaciones académicas, en el que concurren poderes políticos, económicos, de latifundistas y terratenientes, empresas nacionales y transnacionales, fuerzas militares y de policía, y poderes narcotraficantes, dotado por una dirección política y un brazo militar de mercenarismo contrainsurgente. Dicho bloque de poder es responsable directo del desarrollo de maquinarias de destrucción y técnicas de muerte, con evidentes rasgos fascistas, que se han activado a lo largo del conflicto.
4.5. Reconocimiento de responsabilidad por parte de partidos y organizaciones políticas de las clases dominantes y demás instituciones del poder social. Reconociendo que los partidos políticos y demás organizaciones políticas de las clases dominantes no conforman estructuras del todo homogéneas y que en su interior se han expresado sectores en diferentes momentos del conflicto a favor de la solución política y los procesos de paz, se admitirá por parte de estas fuerzas que sus direcciones políticas han concebido y contribuido a desarrollar estrategias de guerra que, en la búsqueda de una solución militar, explican el origen, la persistencia, el escalamiento y la prolongación innecesaria del conflicto, incluida la conformación de una cultura política de la confrontación y el exterminio, contribuyendo a la generación de procesos de victimización de la población. A través de su injerencia en el poder y las instituciones del Estado y de sus bancadas en el Congreso se han diseñado y aprobado políticas en ese sentido, se han definido marcos-jurídicos institucionales que han conformado un régimen de guerra permanente, financiado en forma creciente mediante la expansión del gasto militar, y sustentado el “derecho penal del enemigo”. Las demás instituciones del poder social, incluidas la Iglesia católica y demás iglesias, reconocerán sus responsabilidades en lo que les corresponda.
4.6. Reconocimiento de responsabilidad de latifundistas, empresas, grupos económicos y de poderes corporativos transnacionales. Sin perjuicio de propietarios de la tierra y del capital nacional o transnacional, que en diferentes momentos del conflicto se han comprometido con la solución política y los procesos de paz, se reconocerá por parte de latifundistas, ganaderos, empresas, grupos económicos y poderes corporativos transnacionales, así como por sus diferentes organizaciones gremiales, su responsabilidad en los orígenes, la persistencia y la prolongación de la guerra, lo cual ha sido útil para reproducir y expandir su poder político y económico, generando además procesos de victimización de la población. Muchos de ellos tienen responsabilidades directas en la conformación y financiación de estructuras paramilitares y de contrainsurgencia para la expropiación masiva de tierras y el alistamiento de territorios a fin concentrar la riqueza y la propiedad, propiciar el desplazamiento forzoso, abaratar los costos de la fuerza laboral e impulsar proyectos de inversión en economías extractivas y de explotación de recursos naturales, así como de infraestructura. Responsabilidad especial poseen quienes han estado comprometidos de manera directa con el negocio de la guerra, esto es, la provisión de tecnología, armas, dotaciones y material de intendencia, entre otros.
4.7. Reconocimiento de responsabilidad de los medios de comunicación. Sin perjuicio de la existencia de una actividad comunicacional y periodística ceñida a parámetros éticos y profesionales, se reconocerá que el poder del medios de comunicación, concebido en términos generales, ha sido un factor indiscutible de la persistencia y la prolongación de la guerra, considerando los dispositivos lingüísticos y comunicacionales que éstos han activado y desplegado en diferentes momentos del conflicto; en algunos casos para exacerbar la confrontación, justificar el paramilitarismo, contribuir a criminalizar la protesta social y promover campañas de diversionismo ideológico y guerra sicológica. Se exigirá un reconocimiento de responsabilidad en tal sentido a los propietarios de los medios de comunicación, así como a quienes se han encontrado y se encuentran comprometidos con la definición de las líneas editoriales y la producción de la información en estos medios.
4.8. Declaración de reconocimiento de responsabilidad de Estados Unidos y otras potencias extranjeras. Se hará una declaración de reconocimiento de responsabilidad central de los Estados Unidos en el origen, la persistencia, las dinámicas de expansión, escalamiento e intensificación en las diferentes fases y facetas del conflicto, con la consecuente generación de procesos de victimización sistemática. Tal responsabilidad resulta de:
a. La imposición de los intereses geopolíticos y económicos de la principal potencia imperialista para un pretendido dominio y control sobre Nuestra América, los cuales han sido acogidos por las clases dominantes y sus diferentes gobiernos mediante la fórmula de la “intervención por invitación”.
b. La imposición de la “Doctrina de la seguridad nacional” y de la guerra contrainsurgente; la invención recurrente de guerras, primero contra el comunismo, luego contra las drogas, y en los últimos lustros, contra el terrorismo.
c. La conducción político-militar de la guerra por parte del Departamento de Estado y en especial del Comando Sur; la intervención y participación directa con marines en operativos militares; la disposición de armamento de alta tecnología y de inteligencia tecnológica; la instalación de bases militares a lo largo del territorio nacional.
d. La permanente financiación de la guerra y de planes específicos de guerra.
e. La formación de mandos militares en la Escuela de las Américas y la permanente asesoría militar.
f. Operaciones encubiertas y de diversionismo ideológico por parte de la CIA y de la DEA.
g. La promoción de la privatización de la guerra mediante el estímulo al mercenarismo transnacional de empresas estadounidenses.
Asimismo, se declarará un reconocimiento de responsabilidad por parte de los servicios de inteligencia británicos e israelí por su intervención permanente a lo largo del conflicto, estimulando su reproducción, escalonamiento e intensificación.
4.9. Reconocimiento de la responsabilidad guerrillera. Como fuerza político- militar beligerante en el conflicto social y armado desarrollado en Colombia desde hace más de 50 años, es evidente que hemos intervenido de manera activa y hemos impactado al adversario y de alguna manera afectado a la población que ha vivido inmersa en la guerra. Nos hacemos expresamente responsables de todos y cada uno de los actos de guerra ejecutados por nuestras unidades conforme a las órdenes e instrucciones impartidas por nuestro mando y asumimos sus derivaciones. Somos conscientes de que no siempre los resultados de nuestras acciones han sido los previstos o esperados por las FARC-EP, y asumimos sus consecuencias como no puede ser de otra manera. Las FARC-EP asumiremos responsabilidad en lo que nos concierna.
a. La población no ha sido, ni blanco principal ni blanco secundario de las acciones defensivas u ofensivas de nuestras estructuras armadas, es decir, nunca ha existido en las FARC EP una política de determinación subjetiva para la victimización sistemática y deliberada contra la población. Reconocemos explícitamente que nuestro accionar ha afectado a civiles en diferentes momentos y circunstancias a lo largo de la contienda, que al prolongarse ha generado mayores y múltiples impactos, pero jamás como parte de nuestra razón de ser.
b. Algunas de estas afectaciones las definimos y nominamos en los mismos términos con los que el derecho público estatal en diversos países califica o pondera algunos actos de guerra de la fuerza militar del Estado, como exceso de fuerza; error involuntario, o consecuencias no previstas en circunstancias de guerra.
c. Reiteramos nuestro compromiso explícito con los principios acordados por las Partes para definir el marco normativo y político de las responsabilidades, esto es, el Derecho internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta las particularidades de los conflictos armados internos, del conflicto colombiano y la existencia de una juridicidad guerrillera.
d. En los casos en los que incumpliendo nuestra normativa interna, miembros de la insurgencia han causado daños intencionadamente a la población civil, siempre hemos actuado consecuentemente y adoptado medidas sancionadoras contra los responsables
4.10. Importancia de la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” y de la “Comisión de esclarecimiento, memoria y no repetición” para la definición de responsabilidades. Reconocemos en los resultados de la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” el marco contextual, de referencia y de análisis para avanzar en la definición de las responsabilidades frente a las víctimas del conflicto. Su trabajo constituye insumo fundamental para la Comisión de esclarecimiento memoria y no repetición, que deberá formular según su mandato, entre otras, conclusiones definitivas sobre responsabilidades frente a procesos y hechos concretos que a lo largo de la confrontación generaron las innumerables víctimas del conflicto. Nos sentimos comprometidos con los resultados de estas Comisiones, y exhortamos a que éstos tengan carácter vinculante para las Partes, partiendo del reconocimiento que hiciera el Presidente Juan Manuel Santos ante la Corte Constitucional cuando expresó: El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto armado interno.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
4. RESPONSABILIDAD SISTÉMICA, RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL ESTADO Y RESPONSABILIDADES MÚLTIPLES, INCLUIDAS LAS RESPONSABILIDADES GUERRILLERAS, FRENTE A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
En desarrollo de las propuestas mínimas sobre Derechos integrales de las víctimas para la paz y la reconciliación nacional, las FARC-EP presentamos el siguiente conjunto de 4 iniciativas de 10 correspondientes al punto 4 de “Responsabilidad sistémica, responsabilidad principal del Estado y responsabilidades múltiples, incluidas las responsabilidades guerrilleras, frente a las víctimas del conflicto”:
4.1. Reconocimiento de la responsabilidad sistémica. Se hará un reconocimiento de la responsabilidad sistémica y del orden de relaciones sociales capitalistas existentes, a fin de explicar las razones más generales y abstractas de los procesos de victimización. Se admitirá, por tanto, que el origen y la reproducción de la violencia del sistema, que ocasiona procesos de victimización sistemática, se encuentra en las condiciones estructurales, políticas, económicas, sociales y culturales, de dominación y explotación, de desigualdad, pobreza y miseria, de exclusión e inequidad, prevalecientes en el país, así como en el diseño e implementación de políticas encaminadas a la preservación y prolongación del régimen imperante. Todo ello produce y reproduce de manera incesante el conflicto social y de clases; desata fuerzas, formas de organización, mecanismos y dispositivos de preservación del poder y del régimen de privilegios por parte de las clases dominantes, incluyendo el recurso de violencia, que es intrínseca e inherente al sistema. Asimismo, provoca diversas formas de respuesta social y popular, incluida la subversión y la rebelión armada, que debe comprenderse legítima, como derecho de los pueblos, y en procura de un nuevo orden social que supere los fundamentos del ya existente. Superar de forma definitiva el orden de victimización presume superar el orden de relaciones sociales existentes.
4.2. Reconocimiento de responsabilidad general y principal del Estado. El Estado y su institucionalidad, entendidos como expresión organizada del poder constituido y predominante, asumirán la responsabilidad general y principal frente a los procesos y hechos de victimización sistemática que han generado millones de víctimas a lo largo del conflicto. La responsabilidad del Estado debe ser definida considerando múltiples dimensiones y ámbitos, entre otros, teniendo en cuenta:
a. La implantación de modelos económicos y de medidas y acciones de política económica que reproducen y acentúan la desigualdad socioeconómica, estimulan la concentración y centralización de la riqueza y de la propiedad, favorecen a latifundistas, grupos económicos y poderes corporativos transnacionales, precarizan el trabajo y promueven la informalidad, ceden la soberanía económica a favor de organismos multilaterales y propician la expansión de economías ilícitas, especialmente del negocio transnacional del narcotráfico mediante la desregulación financiera;
b. El cierre del sistema político y de representación, la inexistencia de garantías para el ejercicio de la oposición política y social y la materialización del derecho a ser alternativa política frente al régimen existente;
c. La activación en diferentes momentos del conflicto de dispositivos de terrorismo de Estado y la puesta en marcha de una política de militarización de la vida política, económica, social, cultural, y de la comunicación, que somete el conjunto de las relaciones sociales a lógicas de confrontación y control social según parámetros castrenses;
d. El diseño e implementación de una política de seguridad y defensa inspirada en la doctrina de la “seguridad nacional”, el intervencionismo imperialista, la cesión de la soberanía nacional y la instalación de bases militares estadounidenses.
e. El diseño y la movilización de la administración de justicia en función de los propósitos de la guerra, lo cual ha incluido la implementación de una política criminal que además de eliminar el delito político y el derecho a la rebelión, persigue, estigmatiza y criminaliza la oposición política y social, se inspira en el “derecho penal del enemigo” y ha erigido la extradición de insurgentes en arma de guerra;
f. La activación reiterada del poder legislativo para promover en diferentes momentos de la historia del conflicto una legislación favorable al escalamiento y la intensificación de la guerra, incluida la financiación expansiva del gasto militar;
g. La promoción de pactos de impunidad, de total desconocimiento de las víctimas, como los casos del Frente Nacional y de la supuesta desmovilización del paramilitarismo en el gobierno de Uribe Vélez.
h. Todo ello ha conducido a demostradas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
La responsabilidad general y principal del Estado no se encubrirá con la figura de la responsabilidad de “agentes estatales”, sin perjuicio desde luego de las individualizaciones a que haya lugar.
4.3. Reconocimiento especial de responsabilidad de las Fuerzas militares y de policía. Se hará un reconocimiento especial de la responsabilidad de las Fuerzas militares y de policía, así como de los organismos de inteligencia en la generación de procesos de victimización sistemática contra la población, en desarrollo de la doctrina de la “seguridad nacional”, del combate al “enemigo interno”, y de la contención del “enemigo comunista”. Se reconocerá que para la materialización de dichos propósitos se diseñaron los correspondientes marcos jurídico-institucionales, se propició el menoscabo del propio orden del derecho en el que afirma sustentarse el Estado a través de diversas modalidades de la “guerra sucia”, y se dispusieron los correspondientes recursos de presupuesto.
4.4. Reconocimiento especial de responsabilidad estatal en la conformación de estructuras paramilitares y de contrainsurgencia. Se hará un reconocimiento especial de la responsabilidad del Estado en el diseño, la conformación, financiación y operación de estructuras paramilitares y de contrainsurgencia, con la función esencial de combatir, debilitar y liquidar múltiples expresiones organizadas de oposición política y social y de alternativa política, preservar el régimen de dominación y explotación, y concentrar y acrecentar la propiedad, el ingreso y la riqueza. Se admitirá que a través de esas estructuras, legalizadas incluso en diversos momentos del conflicto, se ha adelantado y continúa adelantando una guerra sistemática contra el pueblo, ocasionando desplazamiento, despojo, terror y muerte en forma masiva y selectiva. Se reconocerá que tal política de combate al “enemigo subversivo” devino en la conformación de un bloque de poder contrainsurgente, como lo demuestran investigaciones académicas, en el que concurren poderes políticos, económicos, de latifundistas y terratenientes, empresas nacionales y transnacionales, fuerzas militares y de policía, y poderes narcotraficantes, dotado por una dirección política y un brazo militar de mercenarismo contrainsurgente. Dicho bloque de poder es responsable directo del desarrollo de maquinarias de destrucción y técnicas de muerte, con evidentes rasgos fascistas, que se han activado a lo largo del conflicto.
4.5. Reconocimiento de responsabilidad por parte de partidos y organizaciones políticas de las clases dominantes y demás instituciones del poder social. Reconociendo que los partidos políticos y demás organizaciones políticas de las clases dominantes no conforman estructuras del todo homogéneas y que en su interior se han expresado sectores en diferentes momentos del conflicto a favor de la solución política y los procesos de paz, se admitirá por parte de estas fuerzas que sus direcciones políticas han concebido y contribuido a desarrollar estrategias de guerra que, en la búsqueda de una solución militar, explican el origen, la persistencia, el escalamiento y la prolongación innecesaria del conflicto, incluida la conformación de una cultura política de la confrontación y el exterminio, contribuyendo a la generación de procesos de victimización de la población. A través de su injerencia en el poder y las instituciones del Estado y de sus bancadas en el Congreso se han diseñado y aprobado políticas en ese sentido, se han definido marcos-jurídicos institucionales que han conformado un régimen de guerra permanente, financiado en forma creciente mediante la expansión del gasto militar, y sustentado el “derecho penal del enemigo”. Las demás instituciones del poder social, incluidas la Iglesia católica y demás iglesias, reconocerán sus responsabilidades en lo que les corresponda.
4.6. Reconocimiento de responsabilidad de latifundistas, empresas, grupos económicos y de poderes corporativos transnacionales. Sin perjuicio de propietarios de la tierra y del capital nacional o transnacional, que en diferentes momentos del conflicto se han comprometido con la solución política y los procesos de paz, se reconocerá por parte de latifundistas, ganaderos, empresas, grupos económicos y poderes corporativos transnacionales, así como por sus diferentes organizaciones gremiales, su responsabilidad en los orígenes, la persistencia y la prolongación de la guerra, lo cual ha sido útil para reproducir y expandir su poder político y económico, generando además procesos de victimización de la población. Muchos de ellos tienen responsabilidades directas en la conformación y financiación de estructuras paramilitares y de contrainsurgencia para la expropiación masiva de tierras y el alistamiento de territorios a fin concentrar la riqueza y la propiedad, propiciar el desplazamiento forzoso, abaratar los costos de la fuerza laboral e impulsar proyectos de inversión en economías extractivas y de explotación de recursos naturales, así como de infraestructura. Responsabilidad especial poseen quienes han estado comprometidos de manera directa con el negocio de la guerra, esto es, la provisión de tecnología, armas, dotaciones y material de intendencia, entre otros.
4.7. Reconocimiento de responsabilidad de los medios de comunicación. Sin perjuicio de la existencia de una actividad comunicacional y periodística ceñida a parámetros éticos y profesionales, se reconocerá que el poder del medios de comunicación, concebido en términos generales, ha sido un factor indiscutible de la persistencia y la prolongación de la guerra, considerando los dispositivos lingüísticos y comunicacionales que éstos han activado y desplegado en diferentes momentos del conflicto; en algunos casos para exacerbar la confrontación, justificar el paramilitarismo, contribuir a criminalizar la protesta social y promover campañas de diversionismo ideológico y guerra sicológica. Se exigirá un reconocimiento de responsabilidad en tal sentido a los propietarios de los medios de comunicación, así como a quienes se han encontrado y se encuentran comprometidos con la definición de las líneas editoriales y la producción de la información en estos medios.
4.8. Declaración de reconocimiento de responsabilidad de Estados Unidos y otras potencias extranjeras. Se hará una declaración de reconocimiento de responsabilidad central de los Estados Unidos en el origen, la persistencia, las dinámicas de expansión, escalamiento e intensificación en las diferentes fases y facetas del conflicto, con la consecuente generación de procesos de victimización sistemática. Tal responsabilidad resulta de:
a. La imposición de los intereses geopolíticos y económicos de la principal potencia imperialista para un pretendido dominio y control sobre Nuestra América, los cuales han sido acogidos por las clases dominantes y sus diferentes gobiernos mediante la fórmula de la “intervención por invitación”.
b. La imposición de la “Doctrina de la seguridad nacional” y de la guerra contrainsurgente; la invención recurrente de guerras, primero contra el comunismo, luego contra las drogas, y en los últimos lustros, contra el terrorismo.
c. La conducción político-militar de la guerra por parte del Departamento de Estado y en especial del Comando Sur; la intervención y participación directa con marines en operativos militares; la disposición de armamento de alta tecnología y de inteligencia tecnológica; la instalación de bases militares a lo largo del territorio nacional.
d. La permanente financiación de la guerra y de planes específicos de guerra.
e. La formación de mandos militares en la Escuela de las Américas y la permanente asesoría militar.
f. Operaciones encubiertas y de diversionismo ideológico por parte de la CIA y de la DEA.
g. La promoción de la privatización de la guerra mediante el estímulo al mercenarismo transnacional de empresas estadounidenses.
Asimismo, se declarará un reconocimiento de responsabilidad por parte de los servicios de inteligencia británicos e israelí por su intervención permanente a lo largo del conflicto, estimulando su reproducción, escalonamiento e intensificación.
4.9. Reconocimiento de la responsabilidad guerrillera. Como fuerza político- militar beligerante en el conflicto social y armado desarrollado en Colombia desde hace más de 50 años, es evidente que hemos intervenido de manera activa y hemos impactado al adversario y de alguna manera afectado a la población que ha vivido inmersa en la guerra. Nos hacemos expresamente responsables de todos y cada uno de los actos de guerra ejecutados por nuestras unidades conforme a las órdenes e instrucciones impartidas por nuestro mando y asumimos sus derivaciones. Somos conscientes de que no siempre los resultados de nuestras acciones han sido los previstos o esperados por las FARC-EP, y asumimos sus consecuencias como no puede ser de otra manera. Las FARC-EP asumiremos responsabilidad en lo que nos concierna.
a. La población no ha sido, ni blanco principal ni blanco secundario de las acciones defensivas u ofensivas de nuestras estructuras armadas, es decir, nunca ha existido en las FARC EP una política de determinación subjetiva para la victimización sistemática y deliberada contra la población. Reconocemos explícitamente que nuestro accionar ha afectado a civiles en diferentes momentos y circunstancias a lo largo de la contienda, que al prolongarse ha generado mayores y múltiples impactos, pero jamás como parte de nuestra razón de ser.
b. Algunas de estas afectaciones las definimos y nominamos en los mismos términos con los que el derecho público estatal en diversos países califica o pondera algunos actos de guerra de la fuerza militar del Estado, como exceso de fuerza; error involuntario, o consecuencias no previstas en circunstancias de guerra.
c. Reiteramos nuestro compromiso explícito con los principios acordados por las Partes para definir el marco normativo y político de las responsabilidades, esto es, el Derecho internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta las particularidades de los conflictos armados internos, del conflicto colombiano y la existencia de una juridicidad guerrillera.
d. En los casos en los que incumpliendo nuestra normativa interna, miembros de la insurgencia han causado daños intencionadamente a la población civil, siempre hemos actuado consecuentemente y adoptado medidas sancionadoras contra los responsables
4.10. Importancia de la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” y de la “Comisión de esclarecimiento, memoria y no repetición” para la definición de responsabilidades. Reconocemos en los resultados de la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” el marco contextual, de referencia y de análisis para avanzar en la definición de las responsabilidades frente a las víctimas del conflicto. Su trabajo constituye insumo fundamental para la Comisión de esclarecimiento memoria y no repetición, que deberá formular según su mandato, entre otras, conclusiones definitivas sobre responsabilidades frente a procesos y hechos concretos que a lo largo de la confrontación generaron las innumerables víctimas del conflicto. Nos sentimos comprometidos con los resultados de estas Comisiones, y exhortamos a que éstos tengan carácter vinculante para las Partes, partiendo del reconocimiento que hiciera el Presidente Juan Manuel Santos ante la Corte Constitucional cuando expresó: El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas a lo largo de estos 50 años de conflicto armado interno.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP