El día 16 de noviembre, a eso de las 15:00 horas, unidades guerrilleras pertenecientes al Bloque Iván Ríos de las FARC-EP, en ejercicio de sus tareas de seguridad, interceptaron, en uno de los retenes móviles que mantienen a orillas del río Atrato, el bote en que se trasladaba el señor Brigadier General del Ejército Nacional, en servicio activo, Rubén Darío Alzate Mora, comandante de la denominada Fuerza de Tarea Conjunta Titán que opera en esta zona del país.
En compañía del general Alzate viajaban el cabo segundo del Ejército Jorge Contreras Rodríguez y la señora Gloria Urrego, abogada al servicio de la mencionada unidad militar. Una vez identificados plenamente, pese a vestir ropas civiles, los tres fueron capturados por nuestras unidades, en razón a que se trata de personal militar enemigo, que se mueve en ejercicio de sus funciones, en área de operaciones de guerra.
Más si se tiene en cuenta la responsabilidad que ocupa el general Alzate en el Ejército Nacional, como cabeza de una Fuerza de Tarea Conjunta, estructura diseñada por los mandos militares del Pentágono para la guerra frontal contra el pueblo de Colombia y su insurgencia armada. Son grandes las cuentas pendientes del general Alzate con la justicia popular. Seguramente su caso amerita un detenido examen en el que habrá que balancear muchas cosas.
Todos los días, en distintos lugares del país o el exterior, el Presidente Santos reitera la orden de arreciar con todo el poder del Estado contra las FARC-EP. Y eso pese a las conversaciones de paz que se adelantan en La Habana. Su ministro de defensa bufa una y otra vez sobre lo cerca que están de caer las cabezas de los mandos guerrilleros, asegurando que quienes salen a dialogar en la Mesa de Conversaciones lo hacen para huir de la muerte inminente.
Buscamos la paz porque hay un conflicto armado, reconocido legal y políticamente por el actual gobierno. La soberbia de la oligarquía la lleva a pensar que incluso en medio del proceso de paz, posee el derecho de matar y despedazar colombianos, de aterrorizarlos y aplastarlos, sin que estos tengan el menor derecho a responder a sus violencias. Sin cese bilateral de fuego, las que el Presidente llama reglas del juego, no pueden operar solo para las fuerzas del Estado.
Respetamos la vida e integridad física y moral de nuestros prisioneros y estamos plenamente dispuestos a garantizarlo hasta donde nos sea permitido por la ira estatal. Las cárceles del país están hacinadas de prisioneras y prisioneros políticos y de guerra. La solución a los grandes males que padece nuestra patria tiene que ser la del diálogo, siempre hemos estado dispuestos a ello. Sin imposiciones, respetando la condición política y personal de los adversarios.
No está de más advertir que estamos subordinados a las decisiones que adopten las instancias superiores de las FARC-EP.