Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2000-12-28
Categoría
Comunicado
Comunicado de los presos políticos del MRTA en el penal de Yanamayo
Diciembre 2000
Manifiesto al pueblo peruano:
Otro crimen de guerra cometido por Fujimori, Mortecinos y Hermosa Ríos sale a la luz estremeciendo al pueblo peruano y a la comunidad internacional.
El ex diplomático japonés Hitaka Ogura a denunciando ante la prensa nacional e internacional, el asesinato de nuestros compañeros Lucinda Vioslaba, Eduardo Cruz Sánchez y otro no identificado.
Aquel 22 de abril del año 1997, cuando las fuerzas represivas ingresaron a la residencia del embajador del Japón. El ex funcionario a declarado que vio vivos y amarrados a nuestros compañeros y posteriormente por la prensa se enteró de que no hubo sobrevivientes. Obviamente nuestros hermanos fueron asesinados a sangre fría. El ex diplomático declaró que hizo la denuncia de este crimen ante los representantes del gobierno peruano y de su gobierno, quienes ocultaron estos hechos, por lo que en actitud digna renuncio a su función diplomática.
En su denuncia ratifica que, existen otros testigos de estos hechos, entre los que estuvieron retenidos en la residencia, quienes deberían tener la integridad moral de no seguir ocultando estos crímenes.
Los que ordenaron ese crimen, fueron los hoy fugitivos de la justicia: Fujimori, Montecinos y el ex general Hermosa Ríos.
Contraria fue la actitud de nuestro compañero Comandante Nestor Cerpa Cartolini y de los combatientes Tupacamaristas que supieron respetar las leyes de la guerra y respetaron la integridad física de los retenidos aun a riesgo de su propia vida. El humanismo que caracteriza a los revolucionarios Tupacamaristas quedo demostrado nítidamente ese 22 de abril del 1997.
Por lo expuesto exigimos a los representantes del gobierno peruano que:
1.- Denuncie ante los organismos competentes a nivel nacional e internacional a los responsables de este crimen.
2.- Clausure la prisión militar a cargo de la marina de guerra del Perú en cuyas celdas están recluidos civiles, quienes deben ser trasladados a prisiones bajo la juridicción del Ministro de Justicia. Nuestros compañeros Víctor Polay Campos, Peter Cárdenas Schultz y Miguel Rincón Rincón se encuentran enterrados en vida en esta prisión militar, aislados, sin poder comunicarse entre ellos ,ocupando celdas oscuras con salidas al patio por tiempos reducidos, recibiendo visitas familiares mediante un locutorio infame y con restricciones para la lectura , el trabajo y otras actividades fundamentales a todo ser humano. Estos hechos constituyen flagrantes violaciones a los derechos humanos y son formas de permanentes torturas físicas y sicológicas institucionalizadas por la dictadura.
3.- Se cumplan las recomendaciones de la comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y se cierren las cárceles de Yanamayo y Challapalca. Seria un mal precedente que un ex Secretario de las Naciones Unidas como el Sr. Javier Pérez de Cuellar no cumpla con recomendaciones de un organismo como la ONU. Recomendaciones hechas en tanto estas prisiones transgreden Tratados Internaciones sobre tratamiento de presos políticos y prisioneros de guerra, estipulados en la carta de las Naciones Unidas y en la Convención de Ginebra y sus protocolos adicionales del cual el Estado peruano es parte.
Estas prisiones constituyen además una sanción para nuestros familiares quienes tiene que realizar largos y penosos viajes, sufrir los agravios de los carceleros, las inclemencias de la altura y el clima para poder vernos por breves instantes. Realizando ingentes gastos económicos en medio de la crisis.
4.- Las Leyes y demás normas dictadas por el régimen de facto después del 5 de abril del 1992 sean revisadas a la luz del derecho internacional y la Constitución del 1979.
La totalidad de presos políticos hemos sido juzgados por tribunales militares y civiles de jueces sin rostro, sin garantías procesales ni derecho a la defensa, así mismo el régimen penitenciario no cumple ningún requisito de respeto a nuestra condición de seres humanos, ni los convenios internacionales sobre tratamiento de presos políticos y prisioneros de guerra, nuestras condiciones de encierro obedecieron a un espíritu de cobarde venganza del régimen fujimorista por resistir y oponernos a su régimen de terror y seria un baldón para este régimen democrático, permitir que continúe este trato inhumano y atentatorio contra la dignidad de la persona y que viola Convenios y Pactos Internacionales en materia de Derechos Humanos.
Finalmente, queremos señalar que el MRTA declaro después del 5 de abril del 1992, que en el Perú se abría una época nefasta para el pueblo al instaurarse una dictadura cívico militar en tanto que corrupción y dictadura son complementarias, la historia nos a dado la razón para mal de nuestro pueblo que se ha visto sumergido en la creciente pobreza, desempleo y recesión generalizada. La defensa de los derechos conculcados de nuestro pueblo a sido y es la razón de nuestra lucha y mal haría este gobierno que se proclama democrático en mantener Leyes de oprobio dictadas por un régimen de facto y por criminales como Alberto Fujimori, Vladimiro Mortecinos y Nicolás Hermosa Rios y sus secuaces. El actual gobierno tiene la obligación moral de subsanar estos aberrantes hechos y encausar al país por el camino del respeto a la Constitución política del 1979 y el pleno respeto a los convenios nacionales e internacionales que sobre materia de derechos humanos el Perú como nación a suscrito y ratificado.
Esta en manos de este gobierno resolver estos planteamientos que son de elemental justicia, ética y moral de quienes no estan comprometidos con el regimen de facto, corrupto y criminal como el de Fujimori y sus secuaces.
¡¡¡Ni olvido ni perdón a los criminales de guerra!!!
¡¡¡Fujimori, Hermosa y Montesinos los mismos asesinos!!!
¡¡¡Sin justicia social no habrá paz!!!
Colectivo de dirección de los presos políticos del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA)
Manifiesto al pueblo peruano:
Otro crimen de guerra cometido por Fujimori, Mortecinos y Hermosa Ríos sale a la luz estremeciendo al pueblo peruano y a la comunidad internacional.
El ex diplomático japonés Hitaka Ogura a denunciando ante la prensa nacional e internacional, el asesinato de nuestros compañeros Lucinda Vioslaba, Eduardo Cruz Sánchez y otro no identificado.
Aquel 22 de abril del año 1997, cuando las fuerzas represivas ingresaron a la residencia del embajador del Japón. El ex funcionario a declarado que vio vivos y amarrados a nuestros compañeros y posteriormente por la prensa se enteró de que no hubo sobrevivientes. Obviamente nuestros hermanos fueron asesinados a sangre fría. El ex diplomático declaró que hizo la denuncia de este crimen ante los representantes del gobierno peruano y de su gobierno, quienes ocultaron estos hechos, por lo que en actitud digna renuncio a su función diplomática.
En su denuncia ratifica que, existen otros testigos de estos hechos, entre los que estuvieron retenidos en la residencia, quienes deberían tener la integridad moral de no seguir ocultando estos crímenes.
Los que ordenaron ese crimen, fueron los hoy fugitivos de la justicia: Fujimori, Montecinos y el ex general Hermosa Ríos.
Contraria fue la actitud de nuestro compañero Comandante Nestor Cerpa Cartolini y de los combatientes Tupacamaristas que supieron respetar las leyes de la guerra y respetaron la integridad física de los retenidos aun a riesgo de su propia vida. El humanismo que caracteriza a los revolucionarios Tupacamaristas quedo demostrado nítidamente ese 22 de abril del 1997.
Por lo expuesto exigimos a los representantes del gobierno peruano que:
1.- Denuncie ante los organismos competentes a nivel nacional e internacional a los responsables de este crimen.
2.- Clausure la prisión militar a cargo de la marina de guerra del Perú en cuyas celdas están recluidos civiles, quienes deben ser trasladados a prisiones bajo la juridicción del Ministro de Justicia. Nuestros compañeros Víctor Polay Campos, Peter Cárdenas Schultz y Miguel Rincón Rincón se encuentran enterrados en vida en esta prisión militar, aislados, sin poder comunicarse entre ellos ,ocupando celdas oscuras con salidas al patio por tiempos reducidos, recibiendo visitas familiares mediante un locutorio infame y con restricciones para la lectura , el trabajo y otras actividades fundamentales a todo ser humano. Estos hechos constituyen flagrantes violaciones a los derechos humanos y son formas de permanentes torturas físicas y sicológicas institucionalizadas por la dictadura.
3.- Se cumplan las recomendaciones de la comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y se cierren las cárceles de Yanamayo y Challapalca. Seria un mal precedente que un ex Secretario de las Naciones Unidas como el Sr. Javier Pérez de Cuellar no cumpla con recomendaciones de un organismo como la ONU. Recomendaciones hechas en tanto estas prisiones transgreden Tratados Internaciones sobre tratamiento de presos políticos y prisioneros de guerra, estipulados en la carta de las Naciones Unidas y en la Convención de Ginebra y sus protocolos adicionales del cual el Estado peruano es parte.
Estas prisiones constituyen además una sanción para nuestros familiares quienes tiene que realizar largos y penosos viajes, sufrir los agravios de los carceleros, las inclemencias de la altura y el clima para poder vernos por breves instantes. Realizando ingentes gastos económicos en medio de la crisis.
4.- Las Leyes y demás normas dictadas por el régimen de facto después del 5 de abril del 1992 sean revisadas a la luz del derecho internacional y la Constitución del 1979.
La totalidad de presos políticos hemos sido juzgados por tribunales militares y civiles de jueces sin rostro, sin garantías procesales ni derecho a la defensa, así mismo el régimen penitenciario no cumple ningún requisito de respeto a nuestra condición de seres humanos, ni los convenios internacionales sobre tratamiento de presos políticos y prisioneros de guerra, nuestras condiciones de encierro obedecieron a un espíritu de cobarde venganza del régimen fujimorista por resistir y oponernos a su régimen de terror y seria un baldón para este régimen democrático, permitir que continúe este trato inhumano y atentatorio contra la dignidad de la persona y que viola Convenios y Pactos Internacionales en materia de Derechos Humanos.
Finalmente, queremos señalar que el MRTA declaro después del 5 de abril del 1992, que en el Perú se abría una época nefasta para el pueblo al instaurarse una dictadura cívico militar en tanto que corrupción y dictadura son complementarias, la historia nos a dado la razón para mal de nuestro pueblo que se ha visto sumergido en la creciente pobreza, desempleo y recesión generalizada. La defensa de los derechos conculcados de nuestro pueblo a sido y es la razón de nuestra lucha y mal haría este gobierno que se proclama democrático en mantener Leyes de oprobio dictadas por un régimen de facto y por criminales como Alberto Fujimori, Vladimiro Mortecinos y Nicolás Hermosa Rios y sus secuaces. El actual gobierno tiene la obligación moral de subsanar estos aberrantes hechos y encausar al país por el camino del respeto a la Constitución política del 1979 y el pleno respeto a los convenios nacionales e internacionales que sobre materia de derechos humanos el Perú como nación a suscrito y ratificado.
Esta en manos de este gobierno resolver estos planteamientos que son de elemental justicia, ética y moral de quienes no estan comprometidos con el regimen de facto, corrupto y criminal como el de Fujimori y sus secuaces.
¡¡¡Ni olvido ni perdón a los criminales de guerra!!!
¡¡¡Fujimori, Hermosa y Montesinos los mismos asesinos!!!
¡¡¡Sin justicia social no habrá paz!!!
Colectivo de dirección de los presos políticos del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA)