La paz es la apuesta política más importante de la sociedad colombiana para superar siete décadas de conflictos; ella se ha constituido en la mayor aspiración de los colombianos. Para el ELN, se resume en la constitución de unas nuevas realidades de gobierno capaz de empujar en la dirección de configurar una nación de paz y equidad, lo cual necesariamente, significa transformaciones de orden estructural en lo económico, social, cultural, territorial y en las cuestiones de tipo militar. O para decirlo en términos más coloquiales, el asunto de las armas y la doctrina de las Fuerzas Armadas.
El Quinto Congreso del ELN determinó con claridad nuestra voluntad de abordar todos los temas relacionados con la paz, incluido el de las armas. Y lo hemos anunciado públicamente al país como disposición. Igualmente lo han hecho las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quienes han declarado un cese indefinido al fuego en el marco de un proceso de diálogo y negociación que vienen realizando desde hace un poco más de dos años.
A estas expresiones de voluntad y compromiso con el pueblo, la sociedad, con los pueblos del continente y el mundo, por parte de la insurgencia, que han sido de buen recibo en una mayoría del movimiento social, de las víctimas, de organizaciones impulsoras de la paz, de intelectuales y voceros de partidos políticos, no encontramos una correspondencia de parte del gobierno colombiano en la misma dirección. Al contrario, en declaraciones de sus voceros y ministros deja por sentado que persistirá en los viejos y trillados caminos del escalamiento del conflicto, agigantando sus causas, políticas prepotentes con las cuales se estrellan las aspiraciones de gruesos y mayoritarios sectores de la sociedad que sufren distintas situaciones de injusticias y de inequidad social.
Nos preguntamos, ¿por qué, de parte del gobierno, no hay la mínima expresión de su voluntad de debatir con la sociedad y la insurgencia el tema de las fuerzas armadas, la situación de ellas y los cambios que deben operarse en las mismas para una país en paz? ¿Por qué no coloca en el debate nacional este asunto de vital trascendencia cuando en el continente hay vientos de una nueva doctrina militar soberana, auténticamente independiente, donde el pueblo deja de ser considerado enemigo?. La guerra no es solo el accionar la guerrilla; es también el de las Fuerzas Armadas y los paramilitares. Por ello el mejor camino es la que la sociedad pueda debatir los asuntos de la guerra.
Es claro que debemos ir en la dirección de disminuir el conflicto armado de manera bilateral, franca y con un horizonte de una paz estable y duradera, pero también se requiere de abordar la otra cara de la confrontación militar, el conflicto social y ambiental que se expande y profundiza a diario en el país. O sino, que significan los levantamientos y disturbios cotidianos en las cárceles y distintos centros de reclusión; el paro de los jueces y de los trabajadores del INPEC que siguen alimentando el conflicto social sin que se manifiesten soluciones reales por el gobierno.
Hay que trabajar por disminuir el conflicto social y ambiental, por darle un tratamiento distinto al que tradicionalmente los gobiernos de turno les han dado que ha consistido en la militarización de la sociedad, negar sus reivindicaciones y en lo concreto, ilegalizar y criminalizar. Por allí no es la cosa. ¿Por qué persistir en una agenda legislativa que es más de lo mismo: neoliberalismo, ausencia de derechos humanos integrales para la población y gabelas para el capital?. Es un contrario a la paz colocar en debate en el congreso el Plan Nacional de Desarrollo que es una estafa para la sociedad pues allí no hay planteamientos y políticas para la paz sino para seguir el impulso de las políticas que vienen como la locomotora minera y su desquiciamiento ambiental, el territorio a disposición de las multinacionales y grupos de poder en Colombia.
Hay que trabajar por disminuir el protagonismo del congreso de la Republica y aumentar el de la sociedad para que sea ella quien determine un direccionamiento hacia un país en paz, equidad, soberanía y dignidad.
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