Recientemente conocimos declaraciones oficiales del más alto nivel que niegan la existencia de grupos paramilitares, pese a la evidencia diaria de amenazas y crímenes contra dirigentes sociales, políticos y populares que llevan la firma de varios de esos grupos de asesinos.
La realidad señala otra cosa. El día 30 de enero se produjo el crimen del dirigente campesino Jáminton Andrés Ávila, del municipio de Yondó, en el Nordeste de Antioquia, líder, entre otras organizaciones, de la Zona de Reserva Campesina del Río Cimitarra, al tiempo que se denuncian de nuevo las amenazas de muerte contra el dirigente de ANZORC, César Jerez.
En Cumbitara, departamento de Nariño, el pasado 23 de enero, se produjo un combate entre unidades del 29 Frente de las FARC-EP y los miembros de un grupo paramilitar que tenía ubicado un retén en el corregimiento de Remolinos y amenazaba con avanzar hasta Palo Grande. El saldo fue de un paramilitar muerto y dos más heridos. Tras ese hecho, hizo presencia en Sidón, parte alta de Remolinos, una patrulla del Ejército que entró decididamente a apoyarlos.
Reforzados por la tropa oficial, los paramilitares penetraron hasta las veredas Palo Grande y La Perdiz, desde donde comenzaron a enviar citaciones a los comerciantes de Sidón, Sánchez y Remolinos, para que se presenten ante ellos con sumas que oscilan entre los 5 y los 20 millones de pesos, bajo la amenaza de morir en caso de negarse. Según lo expresado a la población por los paramilitares protegidos por el Ejército, se encuentran a la espera de más hombres y armas.
Por otra parte, el 30 de enero, en altas horas de la noche, se presentó una patrulla de la fuerza de tarea Apolo del Ejército Nacional, a la vivienda de un poblador de la vereda El Tierrero, municipio de Caloto, Cauca, destrozando las puertas y volviendo todo un desorden, tras lo cual procedieron a arrancar de su cama por la fuerza al jefe de la familia. Ante los gritos y ruegos de su esposa e hijos se presentó la comunidad, a la que las tropas intentaron rechazar empleando sus armas de fuego, fusiles y lanzagranadas MGL. Solo la valentía de la población decidida a impedir la arbitrariedad oficial, obligó al fin a retirarse a la tropa, que expresó abiertamente amenazas contra la población y sus habitantes.
En el municipio de Chaparral, sur del Tolima, se incrementan las operaciones militares en el área rural, particularmente en los corregimientos La Marina y León, en donde patrullas de 10 soldados profesionales que llevan consigo mujeres, envían a las casas de la comunidad pequeños grupos vestidos de civil, con una o más mujeres, a que se presenten como guerrilleros que reclaman remesas, dineros o cualquier otro encargo depositado allí para ellos. Ante la sorpresa y la negativa de la población, más tarde llega la tropa uniformada a las mismas viviendas, arrasando por completo su interior y llevándose hasta la más mínima de las provisiones de las pobres familias campesinas.
Continúan los operativos militares en las áreas del frente 15 y en la región del Guayabero, en el Meta, con tropas que avanzan por tierra, toman posesión de sitios dominantes y desde allí se dedican a bombardear con granadas de mortero 120 mm el área circundante. Sobra decir que la orientación que se ha dado a las unidades guerrilleras es la de responder de manera contundente.
¿Qué significa todo eso, señor Presidente? Estamos al borde de asumir el tema de la disminución de la intensidad del conflicto, en medio de un cese el fuego unilateral rigurosamente cumplido por nuestra organización. Discutir sobre asuntos como el desminado o la violencia sexual en medio de la guerra no representa para nosotros ningún problema, siempre que sean atendidas las dificultades presentadas en ambos bandos. Pero ha de tenerse en cuenta que nuestra actitud actual ha contribuido a que las víctimas de la confrontación sean cada día menos. Una actitud semejante por parte del Estado haría más prontamente realizable el viajo anhelo de poner fin a los sufrimientos del pueblo colombiano.
SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP