La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, febrero 12 de 2015
ANUNCIO SOBRE MENORES EN EL CONFLICTO
Es evidente que en Colombia, la falta de educación, de oportunidades y de esperanza, generan un escenario en el que los menores y jóvenes toman rumbos de marginalidad social en los que exponen su integridad física y psicológica, o son presa fácil para la guerra, como fue denunciado recientemente en el Concejo de Bogotá ante la comisión de irregulares y masivos reclutamientos de que son objeto por parte del ejército, mediante las llamadas “batidas”, casi que exclusivamente realizadas en sectores populares empobrecidos.
Entre enero de 2008 y diciembre de 2012 fueron incorporados de manera forzosa al servicio militar 466.377 jóvenes, de los cuales, entre los bachilleres, casi el 90% provenían de estratos 0,1,2 y 3, mientras que solo el 0.7 correspondía al estrato 4; el 0.04% al 5 y el 0.02% al 6. De esta forma, el Estado mantiene una estrategia de reclutamiento forzoso que convierte a los más pobres en la carne de cañón de una guerra que solo beneficia al establecimiento, dejando a salvo de los peligros de la confrontación fratricida a los hijos de la oligarquía.
Creemos que el Estado debe renunciar a las mencionadas “batidas”, cuya práctica en múltiples casos compromete a menores. Debe cesar la práctica habitual del Estado y del paramilitarismo, de la utilización de menores de 15 años en el conflicto armado y reconocer plenamente el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, considerando que es derecho fundamental de toda persona el debido respeto a sus íntimas convicciones.
El Estado y sus Fuerzas Militares han llevado adelante una política de utilización de menores en el conflicto de forma sistemática. Los llamados “programas cívico militares” han tenido como objetivo el uso abusivo de niños y adolescentes para la propaganda de guerra y el reclutamiento: “Policías por un día”, “Circo militar” y otros, donde niños y niñas, lejos de ser apartados del conflicto, son vestidos con uniformes militares e involucrados en la confrontación de forma artera. Baste recordar el último desfile del 20 de julio en Bogotá, donde las fuerzas militares de un país inmerso en un conflicto armado de larga data, exhibieron niños uniformados a los que hicieron marchar junto a unidades militares de combate.
Sin duda alguna, la más despreciable utilización de menores en el conflicto armado por parte del régimen, ha sido el reclutamiento sistemático de menores de 15 años para, previo entrenamiento en unidades militares y de policía, infiltrarlos en la guerrilla, para realizar tareas de inteligencia y atentar contra la vida de los guerrilleros, en especial de los mandos. Sin ir más lejos, el pasado mes de mayo de 2014, las FARC-EP hicieron entrega al CICR de tres jóvenes, al constatar que eran menores de 15 años y que habían sido entrenados militarmente en instalaciones de la Policía Nacional, y luego infiltrados en nuestras estructuras con la finalidad de asesinar guerrilleros y realizar actos de sabotaje. De igual manera se hizo con otra menor la semana pasada en el departamento del Caquetá, entrenada en batallones del ejército en la ciudad de Bogotá, la cual también fue entregada al CICR.
Valga precisar que en el desenvolvimiento generalizado de la confrontación, algunos menores han encontrado refugio en nuestros campamentos, junto con otros supervivientes y desplazados, tras la ocurrencia de espantosas masacres, asesinatos o amenazas contra miembros de comunidades acusadas de ser base guerrillera por las fuerzas estatales, ya sean las propias fuerzas militares y de policía o grupos paramilitares.
Las FARC EP nos hemos visto en la necesidad, en numerosas ocasiones, de llevar con nosotros a familias, viudas o a huérfanos sobrevivientes, cuyos padres habían sido asesinados por grupos paramilitares o directamente por fuerzas estatales que atacaron sus comunidades. En estos casos, siempre hemos actuado cumpliendo con la función de protección a personas internacionalmente protegidas víctimas del conflicto, incluidos menores, como también sirviendo de refugio a personas perseguidas por sus ideas, pensamiento, origen o condición.
Contrario a lo que divulga la propaganda institucional y quienes buscan deslegitimarnos, bajo ninguna circunstancia hemos procedido a reclutar forzosamente ni a menores ni a ningún combatiente; lo cual, además, sería una práctica abiertamente contraproducente para el funcionamiento y despliegue político de las FARC-EP. Nuestros Frentes, atendiendo a principios revolucionarios y a la reglamentación que nos rige, constantemente tienen que disuadir a una importante cantidad de menores, de que se enrolen en las FARC-EP, promoviendo la idea de que desistan hasta tanto cumplan la edad suficiente que les permita tener conciencia del por qué y el para qué quieren vincularse a la lucha insurgente.
Es un hecho notorio que no es posible mantener en reclutamiento forzoso a ningún guerrillero, y además existe la figura de la separación de la organización en aquellos casos en que por razones de orden físico, psicológico o disciplinario, no sea pertinente o conveniente la presencia de determinada persona en filas.
En coincidencia con el DIH, las normas de reclutamiento de las FARC-EP no permiten el alistamiento de menores de 15 años, y son precisas respecto a la edad de incorporación a filas, estipulando: “El ingreso a las FARC-EP es personal, voluntario y consciente entre los 15 y 30 años”. Al respecto, la Séptima Conferencia Nacional de guerrilleros (1982), ratificó esta norma, indicando que: “4. El reclutamiento: Los Frentes crearán las comisiones de reclutamiento, las cuales deben ser preparadas para ello con estricto tacto para reclutar hombres y mujeres, los cuales en forma pareja deben ser desde los 15 hasta los 30 años de edad;(...). El reclutado debe estar físicamente apto y mentalmente maduro, es decir, claro del por qué ingresa (...)”.
Hoy, como Ejército del Pueblo, queremos dar nuevos pasos y tomar medidas eficaces que coadyuven a que cada vez sean menos las generaciones y jóvenes involucrados en una confrontación militar que nos han impuesto y que sin duda genera riesgos contra la vida y los derechos esenciales de todo el que la padece. Por ello, las FARC-EP, estimando además la necesidad de brindar de manera ostensible medidas de desescalamiento del conflicto que aceleren la marcha hacia la paz, anuncian al país y al mundo que, tomando en cuenta el Protocolo Facultativo del año 2000, anexo hoy a la Convención de los Derechos del Niño, deciden no incorporar, en adelante, menores de 17 años a las filas guerrilleras, al tiempo que expresan el anhelo de poder alcanzar pronto un acuerdo de paz con justicia social.