Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2015-03-06
Categoría
Comunicado
Propuesta sobre perdón político y social como fundamento del proceso de reconciliación nacional
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, Marzo 6 de 2015
Derechos integrales de las víctimas para la paz y la reconciliación nacional
DÉCIMA PROPUESTA SOBRE PERDÓN POLÍTICO Y SOCIAL COMO FUNDAMENTO DEL PROCESO DE RECONCILIACIÓN NACIONAL
1. El perdón colectivo político y social como condición ineludible de la memoria, la verdad y la emancipación de los pueblos. Nos identificamos con el perdón concebido como un proceso, una decisión y una acción con profundas dimensiones sociales, políticas y éticas, que deben ser construidos colectivamente. En las condiciones de nuestro país, un perdón privado resulta insuficiente por cuanto los hechos, las experiencias y las situaciones que exigen ser perdonadas tienen un profundo significado social, político y ético para la historia colectiva. Así mismo, porque los instrumentos habituales de hacer justicia como la simple aplicación de normas positivas, se ven desbordados por la magnitud de los impactos del conflicto y las limitaciones del derecho (…) No hay verdadero perdón sin la abolición real de las injusticias pasadas y presentes, cometidas. El perdón no es olvido, no es justificación, tampoco sanción; el perdón es una forma de rememoración y reconocimiento político y social.
2. Las dimensiones políticas y éticas del perdón como escenarios privilegiados de la justicia, la democracia y la paz. Las dimensiones políticas del perdón con las que nos sentimos comprometidos inciden en aspectos centrales de la vida social. El perdón político invoca una justicia más allá del derecho que tenga efectos profundos para la reconciliación y la paz; reconoce que la “impunidad” es mucho más que la ausencia de condena judicial, pues la mayor impunidad es la prolongación de dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales que promueven la violencia, la discriminación y la injusticia; apunta a una democracia social no confinada a la mera representación y a los desequilibrios del poder; invita a una reflexión y debate públicos sobre las causas de los conflictos, de la violencia y de la barbarie. Deseamos contribuir a promover una dimensión ética del perdón para transformar de forma radical la vida moral de los seres humanos.
3. Solicitud de perdón político y social por los impactos no deseados de nuestro accionar político y militar en ejercicio del derecho a la rebelión. Los resultados producidos por los informes de la “Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas” respecto de la responsabilidad imputable al orden social vigente, de la responsabilidad suprema del Estado, de las responsabilidades múltiples, históricas y diferenciadas y de los impactos del conflicto sobre la población, muestran la complejidad de la situación, la necesidad de políticas de largo plazo y la importancia de las acciones del perdón colectivo. El punto de partida para la definición del perdón político en el contexto del conflicto social y armado de larga duración, se encuentra en el reconocimiento del carácter político de la insurgencia armada; en la valoración del accionar guerrillero en diferentes circunstancias y momentos en el marco del ejercicio del derecho a la rebelión; en la consideración de que los impactos de dicho accionar sobre la población, incluso cuando éste pudo haber afectado sus derechos, no fueron intencionales, ni deseados y mucho menos el producto de una política sistemática. Ello implica un respeto irrestricto del delito político y la convicción ética y política de que el perdón no es por la rebelión y la subversión armada.
4. Exhortación de solicitud de perdón político y social al Estado como supremo responsable, a los demás responsables colectivos y al gobierno de los Estados Unidos, por sus políticas y prácticas generadoras de violencia y de victimización sobre la población. Exhortamos al Estado como supremo responsable, a los poderes públicos, a las fuerzas militares y de policía y los servicios de inteligencia y a los demás responsables colectivos, tales como partidos políticos, gremios y grupos económicos, medios de comunicación, y al gobierno de los Estados Unidos, entre otros, a solicitar perdón político y social por sus políticas y prácticas generadoras de violencia, de victimización sobre la población y de vulneración de sus derechos a lo largo del conflicto.
5. Acuerdo político nacional para diseñar e implementar políticas locales, territoriales y nacionales para el perdón político y social. Planteamos la necesidad de diseñar e implementar políticas a nivel local, territorial y nacional, de carácter permanente, para el perdón político y social, la verdad y la memoria. Tales políticas deben contribuir a permitir vivir juntos en democracia con justicia social y a generar condiciones para la reconciliación nacional. El Estado y el derecho podrán sancionar o encarcelar, pero nunca podrán perdonar. El perdón se ubica en una situación de radical exterioridad con respecto al derecho. La última palabra y acción del perdón está exclusivamente en las víctimas del conflicto y la sociedad en su conjunto.
6. Implementar iniciativas para la creación de espacios públicos y colectivos para el perdón político y social, a nivel local, territorial y nacional. Entre ellas: instaurar un día conmemorativo para las acciones y ceremonias del Perdón y la Reconciliación; organizar espacios y exposiciones permanentes, muestras itinerantes, museos y centros de la memoria del conflicto social y armado; configurar una Comisión Especial, acordada por las partes, para investigar, analizar y dar recomendaciones sobre la excarcelación de los presos políticos y de conciencia de las cárceles, para garantizar su dignidad humana y acompañar a sus familiares en todos sus procesos, etc.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Derechos integrales de las víctimas para la paz y la reconciliación nacional
DÉCIMA PROPUESTA SOBRE PERDÓN POLÍTICO Y SOCIAL COMO FUNDAMENTO DEL PROCESO DE RECONCILIACIÓN NACIONAL
1. El perdón colectivo político y social como condición ineludible de la memoria, la verdad y la emancipación de los pueblos. Nos identificamos con el perdón concebido como un proceso, una decisión y una acción con profundas dimensiones sociales, políticas y éticas, que deben ser construidos colectivamente. En las condiciones de nuestro país, un perdón privado resulta insuficiente por cuanto los hechos, las experiencias y las situaciones que exigen ser perdonadas tienen un profundo significado social, político y ético para la historia colectiva. Así mismo, porque los instrumentos habituales de hacer justicia como la simple aplicación de normas positivas, se ven desbordados por la magnitud de los impactos del conflicto y las limitaciones del derecho (…) No hay verdadero perdón sin la abolición real de las injusticias pasadas y presentes, cometidas. El perdón no es olvido, no es justificación, tampoco sanción; el perdón es una forma de rememoración y reconocimiento político y social.
2. Las dimensiones políticas y éticas del perdón como escenarios privilegiados de la justicia, la democracia y la paz. Las dimensiones políticas del perdón con las que nos sentimos comprometidos inciden en aspectos centrales de la vida social. El perdón político invoca una justicia más allá del derecho que tenga efectos profundos para la reconciliación y la paz; reconoce que la “impunidad” es mucho más que la ausencia de condena judicial, pues la mayor impunidad es la prolongación de dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales que promueven la violencia, la discriminación y la injusticia; apunta a una democracia social no confinada a la mera representación y a los desequilibrios del poder; invita a una reflexión y debate públicos sobre las causas de los conflictos, de la violencia y de la barbarie. Deseamos contribuir a promover una dimensión ética del perdón para transformar de forma radical la vida moral de los seres humanos.
3. Solicitud de perdón político y social por los impactos no deseados de nuestro accionar político y militar en ejercicio del derecho a la rebelión. Los resultados producidos por los informes de la “Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas” respecto de la responsabilidad imputable al orden social vigente, de la responsabilidad suprema del Estado, de las responsabilidades múltiples, históricas y diferenciadas y de los impactos del conflicto sobre la población, muestran la complejidad de la situación, la necesidad de políticas de largo plazo y la importancia de las acciones del perdón colectivo. El punto de partida para la definición del perdón político en el contexto del conflicto social y armado de larga duración, se encuentra en el reconocimiento del carácter político de la insurgencia armada; en la valoración del accionar guerrillero en diferentes circunstancias y momentos en el marco del ejercicio del derecho a la rebelión; en la consideración de que los impactos de dicho accionar sobre la población, incluso cuando éste pudo haber afectado sus derechos, no fueron intencionales, ni deseados y mucho menos el producto de una política sistemática. Ello implica un respeto irrestricto del delito político y la convicción ética y política de que el perdón no es por la rebelión y la subversión armada.
4. Exhortación de solicitud de perdón político y social al Estado como supremo responsable, a los demás responsables colectivos y al gobierno de los Estados Unidos, por sus políticas y prácticas generadoras de violencia y de victimización sobre la población. Exhortamos al Estado como supremo responsable, a los poderes públicos, a las fuerzas militares y de policía y los servicios de inteligencia y a los demás responsables colectivos, tales como partidos políticos, gremios y grupos económicos, medios de comunicación, y al gobierno de los Estados Unidos, entre otros, a solicitar perdón político y social por sus políticas y prácticas generadoras de violencia, de victimización sobre la población y de vulneración de sus derechos a lo largo del conflicto.
5. Acuerdo político nacional para diseñar e implementar políticas locales, territoriales y nacionales para el perdón político y social. Planteamos la necesidad de diseñar e implementar políticas a nivel local, territorial y nacional, de carácter permanente, para el perdón político y social, la verdad y la memoria. Tales políticas deben contribuir a permitir vivir juntos en democracia con justicia social y a generar condiciones para la reconciliación nacional. El Estado y el derecho podrán sancionar o encarcelar, pero nunca podrán perdonar. El perdón se ubica en una situación de radical exterioridad con respecto al derecho. La última palabra y acción del perdón está exclusivamente en las víctimas del conflicto y la sociedad en su conjunto.
6. Implementar iniciativas para la creación de espacios públicos y colectivos para el perdón político y social, a nivel local, territorial y nacional. Entre ellas: instaurar un día conmemorativo para las acciones y ceremonias del Perdón y la Reconciliación; organizar espacios y exposiciones permanentes, muestras itinerantes, museos y centros de la memoria del conflicto social y armado; configurar una Comisión Especial, acordada por las partes, para investigar, analizar y dar recomendaciones sobre la excarcelación de los presos políticos y de conciencia de las cárceles, para garantizar su dignidad humana y acompañar a sus familiares en todos sus procesos, etc.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP