Desde la noche del lunes 9 de marzo, a menos de 24 horas de la alocución del Presidente Santos en torno a la interrupción de los bombardeos contra campamentos de nuestra organización, circuló la noticia sobre la muerte de Gilberto Becerro, Comandante del Frente 57 y destacado integrante del Estado Mayor del Bloque Iván Ríos de las FARC-EP.
Mientras el comandante revolucionario es presentado ante los medios como un vulgar narcotraficante dado de baja en una operación policial contra bandas criminales, la suspensión ordenada de los bombardeos aparece como un gesto de conmovedora generosidad, que busca obligar a las FARC al aplauso agradecido.
Gilberto Becerro pasaba de los treinta y seis años de pulcra militancia guerrillera, nada más falso y perverso que presentarlo como un delincuente común. No es sobre la imagen del jefe guerrillero que recae ese estigma, sino sobre la organización político militar revolucionaria de la que hizo parte.
Resulta obvia en la declaración del Presidente, la intención de acallar cualquier reclamación nuestra por estos hechos de sangre. Según él, muertes producidas por enfrentamientos con patrullas militares hacen parte de las reglas del juego. Al ordenar no bombardear durante un mes campamentos de las FARC, agrega que siempre que estas no estén poniendo en riesgo a la población, una condición caprichosa, en la medida en que la calificación de este riesgo se halla en manos de la inteligencia militar y policial o el propio gobierno. A lo que hay que añadir el chantaje mensual en ciernes.
Indicó además el Presidente que hace dos semanas se expidió la orden a la fuerza pública, tras un consejo de seguridad, de consolidar los logros alcanzados en esa materia y copar todo el territorio nacional, a fin de brindar garantías a la población y a la propia insurgencia desmovilizada, rebuscado eufemismo que se traduce en la orden de adelantar operaciones militares y policiales contra las guerrillas en todo el país. Una clara maniobra que nos obligará a responder las agresiones, para ser luego culpados de violar el cese el fuego unilateral. Al excluir al ELN de la orden de no bombardeao, queda abierta la posibilidad de hacerlo contra nosotros, en la medida en que actuamos como organizaciones hermanas. La trampa está armada.
Las infames acusaciones según las cuales las FARC-EP sostenemos pactos criminales con el Clan Usuga, los Urabeños, o cualquier otra organización de delincuentes comunes, contrastan con la realidad de que somos los únicos en combatir directa y frontalmente tales bandas, como lo prueban recientes combates en Unguía y Tarazá, y la pérdida, producto de tal confrontación, de valiosos combatientes como Gabino unas semanas atrás. La misma muerte de Gilberto en un presunta operación contra las bandas criminales, pone de presente que antes que combatir esos grupos, las fuerzas del Estado ingresan a golpear las guerrillas que las combaten, a fin de garantizar a tales bandas el campo libre para sus actividades mafiosas. Por otra parte, las estadisticas nunca han registrado combates entre los paramilitares y la fuerza pública.
El Presidente Santos se ha visto obligado a reconocer la seriedad de las FARC-EP en las distintas etapas del proceso adelantado con su gobierno en La Habana. Incluso funda sus presuntos gestos de desescalamiento en la abrumadora e incontrastable sucesión unilateral de los nuestros (15 en total hasta el momento). Pero, pese a su discurso, continúa ejerciendo la violencia y el terror contra nosotros y los distintos sectores populares y sociales en lucha. Indígenas, mineros, reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos son también hoy víctimas públicas de su gobierno. Su generosidad no es por tanto creíble.
SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP