Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2015-03-13
Categoría
Comunicado
La represión como política de Estado y la tenencia de tierra en Colombia
LA REPRESIÓN COMO POLÍTICA DE ESTADO Y LA TENENCIA DE LA TIERRA EN COLOMBIA
Históricamente los gobiernos en Colombia han utilizado la violencia como política institucional para despojar de las tierras a indígenas, campesinos y población afro, a favor de terratenientes y gamonales.
En todo el país predomina la tenencia de las tierras aptas para la producción, en manos de unas cuantas familias que las subutilizan o las dejan para engorde. Las mejores tierras no están destinadas a la producción de alimentos sino a algunos monocultivos y a producción de agrocombustibles para satisfacer las necesidades carburantes de los países desarrollados.
Por el contrario, las necesidades empujan a las comunidades campesinas e indígenas a realizar acciones de hecho para recuperar tierras que les puedan garantizar la subsistencia y consolidar territorios donde puedan desarrollar la vida en comunidad, fortalecer su cultura, interactuar con la naturaleza y proteger el medio ambiente.
En los últimos días los diferentes medios de comunicación han registrado hechos en el norte del Cauca y otras partes del país, que son manifestación del descontento popular por la exclusión del gobierno. Se trata de exigencias que hace muchos años han realizado las organizaciones indígenas, campesinas y afrocolombianas, consistentes en que se les entregue tierras aptas para cultivar y estímulo a la granja campesina y el tul indígena, como manera de mejorar las condiciones de vida.
Los indígenas del norte del Cauca se han lanzado a recuperar tierras que durante muchos años han estado en manos de terratenientes dueños de los ingenios azucareros. Son grandes extensiones dedicadas al monocultivo de la caña de azúcar; una gran parte de los cultivos están destinados a producir alcohol carburante, abriendo así paso al mercado internacional, pero sumergiendo a los agricultores a padecer hambre y miseria.
En esta confrontación están de por medio los intereses del capital nacional y extranjero, los que no están dispuestos a ceder ni un metro cuadrado de sus tierras. Amparados en las fuerzas represivas del Estado han atacado de manera violenta a los nativos, lo que ha generado fuertes enfrentamientos con saldo de un muerto y más de sesenta heridos, lo cual desvirtúa el discurso que Santos vende en el exterior como adalid de paz y demócrata.
Este comportamiento repudiado por todos los que anhelamos un país más justo, digno, soberano y con justicia social es el que ha originado y prolongado la confrontación política, social y armada durante más de seis décadas, y cuyo resultado es de miles de compatriotas asesinados a lo largo y ancho de nuestra querida patria.
Manifestamos nuestro rechazo a los ataques de la fuerza pública contra las comunidades indígenas y campesinas en el departamento del Cauca, e invitamos a la unidad política y organizada del pueblo colombiano. Esto es condición para construir un nuevo modelo de país, que garantice la vida y establezca unas relaciones de producción donde lo primero sea el bienestar social de todos los colombianos.
Es necesario crear mecanismos amplios de participación donde las organizaciones políticas y sociales puedan contribuir con sus aportes en la elaboración de un proyecto para la paz, erradicando las causas generadoras de violencia que aún perduran en la vida cotidiana de la nación.
Es la justicia social la que garantiza que la paz sea estable y duradera.
Estado Mayor del Sexto Frente, Hernando Gonzales Acosta
Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano
FARC-EP.
Históricamente los gobiernos en Colombia han utilizado la violencia como política institucional para despojar de las tierras a indígenas, campesinos y población afro, a favor de terratenientes y gamonales.
En todo el país predomina la tenencia de las tierras aptas para la producción, en manos de unas cuantas familias que las subutilizan o las dejan para engorde. Las mejores tierras no están destinadas a la producción de alimentos sino a algunos monocultivos y a producción de agrocombustibles para satisfacer las necesidades carburantes de los países desarrollados.
Por el contrario, las necesidades empujan a las comunidades campesinas e indígenas a realizar acciones de hecho para recuperar tierras que les puedan garantizar la subsistencia y consolidar territorios donde puedan desarrollar la vida en comunidad, fortalecer su cultura, interactuar con la naturaleza y proteger el medio ambiente.
En los últimos días los diferentes medios de comunicación han registrado hechos en el norte del Cauca y otras partes del país, que son manifestación del descontento popular por la exclusión del gobierno. Se trata de exigencias que hace muchos años han realizado las organizaciones indígenas, campesinas y afrocolombianas, consistentes en que se les entregue tierras aptas para cultivar y estímulo a la granja campesina y el tul indígena, como manera de mejorar las condiciones de vida.
Los indígenas del norte del Cauca se han lanzado a recuperar tierras que durante muchos años han estado en manos de terratenientes dueños de los ingenios azucareros. Son grandes extensiones dedicadas al monocultivo de la caña de azúcar; una gran parte de los cultivos están destinados a producir alcohol carburante, abriendo así paso al mercado internacional, pero sumergiendo a los agricultores a padecer hambre y miseria.
En esta confrontación están de por medio los intereses del capital nacional y extranjero, los que no están dispuestos a ceder ni un metro cuadrado de sus tierras. Amparados en las fuerzas represivas del Estado han atacado de manera violenta a los nativos, lo que ha generado fuertes enfrentamientos con saldo de un muerto y más de sesenta heridos, lo cual desvirtúa el discurso que Santos vende en el exterior como adalid de paz y demócrata.
Este comportamiento repudiado por todos los que anhelamos un país más justo, digno, soberano y con justicia social es el que ha originado y prolongado la confrontación política, social y armada durante más de seis décadas, y cuyo resultado es de miles de compatriotas asesinados a lo largo y ancho de nuestra querida patria.
Manifestamos nuestro rechazo a los ataques de la fuerza pública contra las comunidades indígenas y campesinas en el departamento del Cauca, e invitamos a la unidad política y organizada del pueblo colombiano. Esto es condición para construir un nuevo modelo de país, que garantice la vida y establezca unas relaciones de producción donde lo primero sea el bienestar social de todos los colombianos.
Es necesario crear mecanismos amplios de participación donde las organizaciones políticas y sociales puedan contribuir con sus aportes en la elaboración de un proyecto para la paz, erradicando las causas generadoras de violencia que aún perduran en la vida cotidiana de la nación.
Es la justicia social la que garantiza que la paz sea estable y duradera.
Estado Mayor del Sexto Frente, Hernando Gonzales Acosta
Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano
FARC-EP.