Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2002-06-27
Categoría
Comunicado
Fichero Adjunto
República Mexicana, 27 de junio de 2002
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LAS ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS DE MÉXICO
El día miércoles 28 de junio de 1995 (hace ya siete años), 17 campesinos fueron asesinados por la policía en el municipio de Coyuca de Benítez, entre las comunidades de Aguas Blancas y Paso Real, en el estado de Guerrero. Se trató, en este caso, de una emboscada contra la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), en la que participaron 200 elementos de la policía motorizada y antimotines, dependientes del gobierno estatal.
El entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, justificó la acción criminal de la policía estatal como consecuencia -dijo- de la actitud violenta de los lugareños. Días más tarde, el jefe de las hordas criminales y gobernador del estado agregaría: "en Guerrero no pasa nada".
Al conocer la noticia, diversos sectores de la sociedad condenaron el crimen y exigieron su esclarecimiento así como el castigo a los autores, tanto intelectuales como materiales.
Un año después, sin que el Estado Burgués Mexicano hubiese, siquiera ello, realizado una investigación creíble, mucho menos impedido la impunidad del crimen y, en consecuencia, castigado a los responsables como demandaba la sociedad en su conjunto, la situación que el pueblo de México enfrentaba no había cambiado un ápice. La represión política, policíaca y militar; la persecución de los luchadores sociales, el encarcelamiento injusto y criminal de los representantes más combativos de nuestro pueblo, los asesinatos, las masacres, las torturas y las desapariciones continuaban como política de Estado y de gobierno. Tal situación, además, era bastante similar a la que en 1967 y 1968 llevó a los Comandantes Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas a tomar las armas en contra de la explotación y de la opresión; esta experiencia, la injusta situación que se agudiza hasta la actualidad y el espíritu revolucionario que los animó inspirarían nuevamente la lucha del pueblo mexicano por todos lo medios a su alcance.
De esta manera, movidos por las injustas condiciones de vida de nuestro pueblo, diversas fuerzas revolucionarias existentes nos decidimos a luchar organizada y unitariamente para contribuir con la transformación democrático-revolucionaria de nuestra patria y optamos por conformar un instrumento más de lucha, que en ese momento llamamos Ejército Popular Revolucionario.
En ese entonces se hizo pública nuestra “Declaración de Aguas Blancas” en la cual manifestamos lo siguiente: “Nos asiste la razón y la justicia. Por eso, como mexicanos inconformes con esta realidad nacional y al no dejar el gobierno otro camino, decidimos cambiar nuestras herramientas de trabajo por los fusiles libertarios que habrán de combatir y contribuir al derrocamiento del gran capital y del gobierno antipopular; (...en virtud de ello...) nos planteamos luchar:
1.- Por el derrocamiento del gobierno antipopular, antidemocrático, demagógico e ilegítimo al servicio del gran capital nacional y extranjero y de las fuerzas que lo sostienen y por el establecimiento de un nuevo gobierno esencialmente distinto al que hoy detenta el poder.
2.- Por restituir la soberanía popular y los derechos fundamentales del hombre. Este objetivo lo lograremos, con la participación del pueblo y el establecimiento de una república democrática popular, ejerciendo el legítimo derecho del pueblo a alterar o modificar la forma de su gobierno.
3.- Por la solución a las demandas y necesidades inmediatas del pueblo, realizando los cambios económicos, políticos y sociales que se requieren.
4.- Por el establecimiento de relaciones justas con la comunidad internacional.
5.- Por el castigo a los culpables de la opresión política, represión, corrupción, miseria, hambre y crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo“
Han transcurrido siete años desde aquel negro día 28 de junio de 1995 y, como resulta evidentísimo, no sólo no ha habido una serie de cambios para mejorar las cosas, sino que, más bien por el contrario, se han agudizado en contra del pueblo.
Han transcurrido seis años desde la “Declaración de Aguas Blancas” y, naturalmente las condiciones que dieron sentido a la misma se agigantan; en consecuencia la necesidad de que nuestro pueblo asumas todas las formas de acción, organización y lucha permanecen como condición material de existencia.
Más de un lustro ha devenido y la guerra contra nuestro pueblo continúa sin cesar; Acteal, Aguas Blancas, El Charco, y ahora, no hace más de un mes, la masacre de Agua Fría en el estado de Oaxaca, confirman que éstas seguirán siendo el instrumento de una lucha paramilitarizada del Estado Burgués Mexicano contra nuestras comunidades organizadas. El General Gallardo, Erika Zamora, el Comandante Antonio y la Coronela Aurora, los hermanos Cerezo, los campesinos ecologistas de Guerrero, los pescadores de Patzcuaro, entre muchos otros, ratifican que la cárcel es el lugar que el Estado y el gobierno asignan para los luchadores sociales. Los asesinatos de más de 500 perredistas desde el gobierno de Carlos Salinas, José Ramón García, la Lic Corona, Digna Ochoa y muchos de nuestros más queridos hermanos corroboran que la muerte es el destino que desean para los representantes más significativos de la lucha por la transformación radical (de raíz) de nuestra patria. La progresiva depauperación de nuestro pueblo, el incremento del desempleo, el subempleo y la miseria de más del 70% de nuestra población; el incremento del costo de la vida, de los impuestos, de la venta y privatización de la riqueza de la patria; la presencia de millones de niños y niñas de y en la calle, de la prostitución infantil, de la mendicidad, de la exclusión de las eufemísticamente llamadas minorías, de los adictos a las drogas, al alcohol y a la delincuencia, confirman que la política económica del Estado y gobierno mexicanos responden a los intereses del imperialismo y de la oligarquía criolla y no a los de la patria. La condena pronta al gobierno revolucionario de Cuba y el silencio cómplice y criminal de la masacre del pueblo palestino por el Estado nazi-sionista de Israel, adlátere medí oriental del imperialismo; la defensa a ultranza del neoliberalismo contemporáneo y el mutismo con respecto al intento de golpe de estado contra el gobierno democrático venezolano de Hugo Chávez; la defensa del “derecho a la venganza” del imperialismo y la no condena de las muertes de hambre en le mundo; por no enunciar más, reiteran el carácter entreguista y subordinado, dependiente estructuralmente del capitalismo imperial de los EEUU, por parte del gobierno de la alternancia del PAN y de Vicente Fox.
Por otro lado, la impunidad con la cual actúan los criminales de las masacres enunciadas, sus autores intelectuales, los delincuentes de cuello blanco, los Espinoza Villarreal, los banqueros rateros, lo hocicones de la secretaría de hacienda, las payasas que lloran lágrimas de cocodrilo porque pierde la selección mexicana de futbol, los cantinflescos habladores que desde los Pinos desmienten a sus hocicones, los que torturan a los presos políticos, las madrinas y paramilitares, los halcones, los batallones Olimpia, los Echeverría, los que defendieron como perros el peso mexicano, los que pidieron no hacerse bolas, los que llegaron a la presidencia gracias a un magnicidio no aclarado aún, los pederastas clérigos, los polleros, los que encubre y defienden el narcotráfico, todos aquellos que pagan fianzas para seguir realizando sus crímenes y delitos; sigue campeando como refuerzo y premio a su servicio fiel al imperialismo y la oligarquía.
Han acaecido siete años y los Figueroa Alcocer gozan de cabal libertad y poder...
Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Estado México, Michoacán, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, San Luis Potosí, Guadalajara, Sinaloa, Chihuahua, Baja Californias (las dos), Monterrey, Tamaulipas, Veracruz, entre otras entidades federativas, dan muestra de que no existe otra alternativa para nuestra patria y pueblo que no sea la que se planteó en la “Declaración de Aguas Blancas”.
A siete años de la “Masacre de Aguas Blancas” manifestamos que nuestro pueblo demanda un cese a la paramilitarización de la lucha contra el mismo; demanda la inmediata e incondicional libertad de todos y cada uno de su presos políticos; exige un alto a la impunidad de los criminales, delincuentes y ladrones; requiere una transformación radical del modelo de desarrollo para nuestro país, nacionalista, popular y democrático.
A siete años de la “Masacre de Aguas Blancas” decimos con la voz de quienes no son escuchados en las altas esferas del poder: “Hubo un tiempo en que dócilmente suplicamos/ hubo otro en el cual pedimos/ a continuación demandamos romper el silencio/ más tarde callamos y caminamos/ ahora tomaremos la justicia en nuestras manos”.
Hacemos un llamado al pueblo de México a restituir crítica y prácticamente el principio de justicia, para poner término a la impunidad y castigar a los responsables del modelo neoliberal y de la guerra sucia –pasada y presente- en México y América Latina.
Hacemos un llamado al pueblo de México a derrotar por todos los medios posibles los intentos imperialistas de legitimar la tortura, y de aprobar y generalizar la ley de Punto Final y Obediencia Debida, en nuestro continente.
Hacemos un llamado al pueblo de México a resistir la dominación y la ofensiva imperialista, construyendo poder popular en todos y cada uno de los ámbitos de la actividad social.
Hacemos un llamado a fortalecer toda manifestación de protesta y de lucha latinoamericana contra la estrategia neoliberal de expansión y reestructuración capitalista instrumentada, a través del Tratado de Libre Comercio (TLC), el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Acuerdo de Libre Comercio de América (ALCA), por el imperialismo estadounidense y los gobiernos subordinados de América Latina.
Hacemos un llamado a acrecentar el proceso de resistencia, de rebeldía y de construcción de poder popular que se desarrolla y articula, en México y América Latina, para pasar a la ofensiva política y a la acción práctica transformadora.
¡Juicio político a los creadores y operadores del modelo neoliberal, impuesto en nuestro continente mediante la guerra sucia de los 70!
¡Juicio popular y castigo a los autores intelectuales y materiales de las masacres de Aguas Blancas, Acteal, el Bosque, el Charco y Agua Fría!
¡Presentación con vida de los desaparecidos políticos de América Latina!
¡Libertad general e incondicional a todos los presos políticos!
¡Por un modelo de desarrollo digno y justo para México y para América!
¡A resistir la ofensiva imperialista, construyendo poder popular!
Fraternalmente:
¡¡¡CONTRA EL NEOLIBERALISMO, EL PODER POPULAR¡¡¡
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
TENDENCIA DEMOCRÁTICA REVOLUCIONARIA
PDPR-EPR-TDR
República Mexicana, 27 de junio de 2002.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LAS ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS DE MÉXICO
El día miércoles 28 de junio de 1995 (hace ya siete años), 17 campesinos fueron asesinados por la policía en el municipio de Coyuca de Benítez, entre las comunidades de Aguas Blancas y Paso Real, en el estado de Guerrero. Se trató, en este caso, de una emboscada contra la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), en la que participaron 200 elementos de la policía motorizada y antimotines, dependientes del gobierno estatal.
El entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, justificó la acción criminal de la policía estatal como consecuencia -dijo- de la actitud violenta de los lugareños. Días más tarde, el jefe de las hordas criminales y gobernador del estado agregaría: "en Guerrero no pasa nada".
Al conocer la noticia, diversos sectores de la sociedad condenaron el crimen y exigieron su esclarecimiento así como el castigo a los autores, tanto intelectuales como materiales.
Un año después, sin que el Estado Burgués Mexicano hubiese, siquiera ello, realizado una investigación creíble, mucho menos impedido la impunidad del crimen y, en consecuencia, castigado a los responsables como demandaba la sociedad en su conjunto, la situación que el pueblo de México enfrentaba no había cambiado un ápice. La represión política, policíaca y militar; la persecución de los luchadores sociales, el encarcelamiento injusto y criminal de los representantes más combativos de nuestro pueblo, los asesinatos, las masacres, las torturas y las desapariciones continuaban como política de Estado y de gobierno. Tal situación, además, era bastante similar a la que en 1967 y 1968 llevó a los Comandantes Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas a tomar las armas en contra de la explotación y de la opresión; esta experiencia, la injusta situación que se agudiza hasta la actualidad y el espíritu revolucionario que los animó inspirarían nuevamente la lucha del pueblo mexicano por todos lo medios a su alcance.
De esta manera, movidos por las injustas condiciones de vida de nuestro pueblo, diversas fuerzas revolucionarias existentes nos decidimos a luchar organizada y unitariamente para contribuir con la transformación democrático-revolucionaria de nuestra patria y optamos por conformar un instrumento más de lucha, que en ese momento llamamos Ejército Popular Revolucionario.
En ese entonces se hizo pública nuestra “Declaración de Aguas Blancas” en la cual manifestamos lo siguiente: “Nos asiste la razón y la justicia. Por eso, como mexicanos inconformes con esta realidad nacional y al no dejar el gobierno otro camino, decidimos cambiar nuestras herramientas de trabajo por los fusiles libertarios que habrán de combatir y contribuir al derrocamiento del gran capital y del gobierno antipopular; (...en virtud de ello...) nos planteamos luchar:
1.- Por el derrocamiento del gobierno antipopular, antidemocrático, demagógico e ilegítimo al servicio del gran capital nacional y extranjero y de las fuerzas que lo sostienen y por el establecimiento de un nuevo gobierno esencialmente distinto al que hoy detenta el poder.
2.- Por restituir la soberanía popular y los derechos fundamentales del hombre. Este objetivo lo lograremos, con la participación del pueblo y el establecimiento de una república democrática popular, ejerciendo el legítimo derecho del pueblo a alterar o modificar la forma de su gobierno.
3.- Por la solución a las demandas y necesidades inmediatas del pueblo, realizando los cambios económicos, políticos y sociales que se requieren.
4.- Por el establecimiento de relaciones justas con la comunidad internacional.
5.- Por el castigo a los culpables de la opresión política, represión, corrupción, miseria, hambre y crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo“
Han transcurrido siete años desde aquel negro día 28 de junio de 1995 y, como resulta evidentísimo, no sólo no ha habido una serie de cambios para mejorar las cosas, sino que, más bien por el contrario, se han agudizado en contra del pueblo.
Han transcurrido seis años desde la “Declaración de Aguas Blancas” y, naturalmente las condiciones que dieron sentido a la misma se agigantan; en consecuencia la necesidad de que nuestro pueblo asumas todas las formas de acción, organización y lucha permanecen como condición material de existencia.
Más de un lustro ha devenido y la guerra contra nuestro pueblo continúa sin cesar; Acteal, Aguas Blancas, El Charco, y ahora, no hace más de un mes, la masacre de Agua Fría en el estado de Oaxaca, confirman que éstas seguirán siendo el instrumento de una lucha paramilitarizada del Estado Burgués Mexicano contra nuestras comunidades organizadas. El General Gallardo, Erika Zamora, el Comandante Antonio y la Coronela Aurora, los hermanos Cerezo, los campesinos ecologistas de Guerrero, los pescadores de Patzcuaro, entre muchos otros, ratifican que la cárcel es el lugar que el Estado y el gobierno asignan para los luchadores sociales. Los asesinatos de más de 500 perredistas desde el gobierno de Carlos Salinas, José Ramón García, la Lic Corona, Digna Ochoa y muchos de nuestros más queridos hermanos corroboran que la muerte es el destino que desean para los representantes más significativos de la lucha por la transformación radical (de raíz) de nuestra patria. La progresiva depauperación de nuestro pueblo, el incremento del desempleo, el subempleo y la miseria de más del 70% de nuestra población; el incremento del costo de la vida, de los impuestos, de la venta y privatización de la riqueza de la patria; la presencia de millones de niños y niñas de y en la calle, de la prostitución infantil, de la mendicidad, de la exclusión de las eufemísticamente llamadas minorías, de los adictos a las drogas, al alcohol y a la delincuencia, confirman que la política económica del Estado y gobierno mexicanos responden a los intereses del imperialismo y de la oligarquía criolla y no a los de la patria. La condena pronta al gobierno revolucionario de Cuba y el silencio cómplice y criminal de la masacre del pueblo palestino por el Estado nazi-sionista de Israel, adlátere medí oriental del imperialismo; la defensa a ultranza del neoliberalismo contemporáneo y el mutismo con respecto al intento de golpe de estado contra el gobierno democrático venezolano de Hugo Chávez; la defensa del “derecho a la venganza” del imperialismo y la no condena de las muertes de hambre en le mundo; por no enunciar más, reiteran el carácter entreguista y subordinado, dependiente estructuralmente del capitalismo imperial de los EEUU, por parte del gobierno de la alternancia del PAN y de Vicente Fox.
Por otro lado, la impunidad con la cual actúan los criminales de las masacres enunciadas, sus autores intelectuales, los delincuentes de cuello blanco, los Espinoza Villarreal, los banqueros rateros, lo hocicones de la secretaría de hacienda, las payasas que lloran lágrimas de cocodrilo porque pierde la selección mexicana de futbol, los cantinflescos habladores que desde los Pinos desmienten a sus hocicones, los que torturan a los presos políticos, las madrinas y paramilitares, los halcones, los batallones Olimpia, los Echeverría, los que defendieron como perros el peso mexicano, los que pidieron no hacerse bolas, los que llegaron a la presidencia gracias a un magnicidio no aclarado aún, los pederastas clérigos, los polleros, los que encubre y defienden el narcotráfico, todos aquellos que pagan fianzas para seguir realizando sus crímenes y delitos; sigue campeando como refuerzo y premio a su servicio fiel al imperialismo y la oligarquía.
Han acaecido siete años y los Figueroa Alcocer gozan de cabal libertad y poder...
Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Estado México, Michoacán, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, San Luis Potosí, Guadalajara, Sinaloa, Chihuahua, Baja Californias (las dos), Monterrey, Tamaulipas, Veracruz, entre otras entidades federativas, dan muestra de que no existe otra alternativa para nuestra patria y pueblo que no sea la que se planteó en la “Declaración de Aguas Blancas”.
A siete años de la “Masacre de Aguas Blancas” manifestamos que nuestro pueblo demanda un cese a la paramilitarización de la lucha contra el mismo; demanda la inmediata e incondicional libertad de todos y cada uno de su presos políticos; exige un alto a la impunidad de los criminales, delincuentes y ladrones; requiere una transformación radical del modelo de desarrollo para nuestro país, nacionalista, popular y democrático.
A siete años de la “Masacre de Aguas Blancas” decimos con la voz de quienes no son escuchados en las altas esferas del poder: “Hubo un tiempo en que dócilmente suplicamos/ hubo otro en el cual pedimos/ a continuación demandamos romper el silencio/ más tarde callamos y caminamos/ ahora tomaremos la justicia en nuestras manos”.
Hacemos un llamado al pueblo de México a restituir crítica y prácticamente el principio de justicia, para poner término a la impunidad y castigar a los responsables del modelo neoliberal y de la guerra sucia –pasada y presente- en México y América Latina.
Hacemos un llamado al pueblo de México a derrotar por todos los medios posibles los intentos imperialistas de legitimar la tortura, y de aprobar y generalizar la ley de Punto Final y Obediencia Debida, en nuestro continente.
Hacemos un llamado al pueblo de México a resistir la dominación y la ofensiva imperialista, construyendo poder popular en todos y cada uno de los ámbitos de la actividad social.
Hacemos un llamado a fortalecer toda manifestación de protesta y de lucha latinoamericana contra la estrategia neoliberal de expansión y reestructuración capitalista instrumentada, a través del Tratado de Libre Comercio (TLC), el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Acuerdo de Libre Comercio de América (ALCA), por el imperialismo estadounidense y los gobiernos subordinados de América Latina.
Hacemos un llamado a acrecentar el proceso de resistencia, de rebeldía y de construcción de poder popular que se desarrolla y articula, en México y América Latina, para pasar a la ofensiva política y a la acción práctica transformadora.
¡Juicio político a los creadores y operadores del modelo neoliberal, impuesto en nuestro continente mediante la guerra sucia de los 70!
¡Juicio popular y castigo a los autores intelectuales y materiales de las masacres de Aguas Blancas, Acteal, el Bosque, el Charco y Agua Fría!
¡Presentación con vida de los desaparecidos políticos de América Latina!
¡Libertad general e incondicional a todos los presos políticos!
¡Por un modelo de desarrollo digno y justo para México y para América!
¡A resistir la ofensiva imperialista, construyendo poder popular!
Fraternalmente:
¡¡¡CONTRA EL NEOLIBERALISMO, EL PODER POPULAR¡¡¡
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
TENDENCIA DEMOCRÁTICA REVOLUCIONARIA
PDPR-EPR-TDR
República Mexicana, 27 de junio de 2002.