Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2015-03-27
Categoría
Comunicado
Temas urgentes para la Mesa
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, marzo 27 de 2015
TEMAS URGENTES PARA LA MESA
Al cierre del ciclo 34 de las conversaciones de paz de La Habana, queremos precisar cuatro temas que consideramos de la mayor importancia para alcanzar un acuerdo final de paz.
El primero, es el relativo a la responsabilidad del Estado. No en vano el informe entregado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas a la Mesa, apunta a que el Estado es el gran responsable de lo ocurrido durante más de seis décadas de conflicto social y armado en Colombia.
La Comisión Histórica, puesta en marcha a instancias de la Mesa, no se integró para darle gusto a una de las múltiples partes del conflicto, sino para precisar los orígenes, causas y responsabilidades del mismo. Conocidos sus resultados, estos no pueden ser archivados o arrojados al incendio del olvido, como lo sugiere la indiferencia del gobierno. No solo hay que divulgarlos de manera masiva, sino que, de forma desapasionada y con plena madurez, se debe reconocer en el Estado colombiano la pérdida de su legitimidad. Y a propósito de esto y de los problemas de la institucionalidad, hacer su reconocimiento, no significa un “salto al vacío”, como dice el Presidente Santos refiriéndose a la crisis y agonía de la justicia, porque, en honor a la verdad, ya hace tiempo la institucionalidad toda, va en caída libre arrastrada por el lastre de la corrupción.
De cara al país le proponemos a la mesa que nos ocupemos, por su obviedad, de la responsabilidad del Estado, colocando la Paz como derecho síntesis, por encima de cualquier otra consideración, convencidos de que con la anuencia del pueblo soberano, encontraremos una vía expedita para la resolución del conflicto. Si se acepta la responsabilidad del Estado, esto sale al otro lado.
El segundo tema es el de la justicia como un todo, sin excluir los problemas de la jurisdicción. Pero precisemos que dentro de este universo, no nos referimos a la justicia transicional con la que tanto sueñan los incautos y desconocedores de las verdades históricas, para ser aplicada a alzados en armas y a miembros de la fuerza pública, dentro de un diseño en el que preparan una jaula de oro para quienes portan insignias oficiales del Estado y otra de indignidad para quienes han hecho uso del derecho de rebelión y portan el uniforme de la insurgencia. A nuestros contendientes en el campo de batalla les advertimos que el fuero militar es como un “caramelo envenenado”, que aparentemente exculpa, pero que no es garantía que a futuro, bajo cualquier pretexto, sólo a ellos se les aprese para ser procesados como máximos responsables mientras los determinadores se lavan las manos.
A La Habana vinimos a hacer la paz, no a someternos. La lucha por la justicia social, la igualdad de oportunidades, y un país menos pobre, sin miseria, sin desnutrición infantil, sin limosneros y sin saqueadores de las arcas del Estado, no tiene por qué pasar por las conciencias compradas de jueces (no todos), puestos en entredicho y condenados por la opinión sana de los colombianos. La justicia está sub júdice. Una justicia transicional con ponencia del indecoroso señor Pretelt se podrá aplicar en una dimensión desconocida, pero no en nuestra sufrida patria. Apelamos al derecho como solución, no como obstáculo. La verdadera justicia está más allá de las cortes venales. Por eso no aceptamos sentencias sobre paz, moduladas desde una Corte Constitucional amañada y con precio.
No nos vamos a dejar impresionar por quienes no han sufrido la violencia, o apenas han oído algo de ella en textos oficiales, y de hecho desconocen la historia de Colombia. La agenda de La Habana refleja realidades. Es una carta de navegación de carácter superior, inmodificable en lo sustancial. No insistan en cambiarla porque está ahí para cumplirse, no para satisfacer caprichos con un supuesto trasfondo de justificación; lo que se pretende con ella es llegar a la paz y proponer un futuro mejor. El que se sienta frustrado porque no alcanza lo que quiere o pretende, que se aparte del camino. Tenemos que evitar a toda costa que la mesa de La Habana sea asaltada con caballos de Troya. Se podría llegar mucho más rápido a la paz final si no seguimos encontrando sorpresas extra agenda en cada nueva esquina de los diálogos.
Sin duda el tema de la jurisdicción va cayendo al abismo junto al desprestigio del Estado. Del Estado responsable. Y no se crea que por ser alzados en armas no conocemos los principios generales del derecho. Por acá aparecen en ocasiones expertos en distintos campos ante quienes nos hemos quitado el sombrero. Pero hay otros –pseudo expertos a la orden de necedades oficiales-, que consideran que la montaña nos ha entumecido el cerebro. Se equivocan: sabemos de la vida; sabemos de la muerte. Y sabemos que ser incautos, desinformados y confiados, nos puede llevar a un precipicio que podría comprometer la lucha justificada e histórica que emprendieron nuestros héroes y compañeros hace varias décadas. No desconocemos la teoría general del Estado y los principios generales del derecho, sin perder de vista que éste de La Habana, es un proceso político. Estamos listos para dar el debate. El ius puniendi colapsó, y esa es una consecuencia más de la responsabilidad de un Estado postrado e incapaz.
Ius puniendi. Sí. Es decir, aquella potestad del Estado que en virtud de su imperio y poderío se alza con capacidad punible cuando sus raíces se confunden con la legalidad, y la rectitud del derecho. ¿En el caso de Colombia de qué ius puniendi nos hablan? No se crea que no sabemos que se denomina igualmente derecho penal subjetivo. El actual Estado nacional colombiano enterró el principio de ius puniendi. La prueba reina de ello es el ébola que padece la justicia y que puso en conocimiento de todos el Presidente Juan Manuel Santos esta semana, cuando dijo: No más “puertas giratorias”; no más favores personales; no más cordones umbilicales entre política y justicia; no más corruptos o traidores a la patria al desempeñarse en la magistratura; debe acabarse el Estado de opinión para que prevalezca el Estado de derecho- señala; no más cabildeo judicial; debe retomarse el rumbo de la legitimidad perdida; “No queremos más abogados visitando las cortes para tratar de influir en las decisiones de los magistrados” –agregó. No podemos menos que aceptar como pruebas reinas del descalabro del Estado y de la desaparición de su potestad de ius puniendi lo aseverado públicamente por el Primer Mandatario de la Nación.
Pero esto no es nuevo para Santos, ni él está exento de culpa. Por esto encontramos, como algo inaceptable, que ahora se le entreguen facultades para escoger los nombres de las personas que habrán de conformar el Tribunal de Aforados que se ha venido anunciando.
Quién sabe a quién se protege con la decisión de no dejar retirar a magistrados señalados; a cuáles ministros, a cuál litigante del Estado, a cuál empresa financiadora de campañas políticas. El país tiene derecho a la sospecha y es el momento de que se aclaren las cosas.
El tercer tema es la no utilización de la paz en las próximas elecciones de octubre. No vamos a ceder derechos surgidos de la agenda para ser complacientes con necesidades partidistas de coyuntura. Refrendaciones parciales a destiempo no tienen sentido. Nos atendremos a la necesidad de dar cumplimiento a la agenda. Su punto sexto señala que la implementación, verificación y refrendación de los términos de la paz alcanzada surge una vez firmado el acuerdo final. Así procederemos sin perder tiempo.
En consecuencia, nuestro cuarto tema es insistir en adelantar la redacción de acuerdos para la reparación a las víctimas de todos los involucrados en diferentes momentos del histórico conflicto. Bien lo destacó el expresidente Gaviria al aludir a los problemas que “se han generado dentro de la sociedad colombiana durante la guerra a lo largo de más de cincuenta años”, para referirse a quienes han hecho parte de ella como actores y victimarios: “Miembros de la sociedad civil” y “sectores no combatientes”; empresarios del sector privado, políticos, funcionarios públicos, guerrilleros y paramilitares; y jueces: “Miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido también protagonistas de ese conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana”.
Hoy más que nunca el camino para superar la crisis institucional y alcanzar la paz, es el de la Asamblea Nacional Constituyente.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
TEMAS URGENTES PARA LA MESA
Al cierre del ciclo 34 de las conversaciones de paz de La Habana, queremos precisar cuatro temas que consideramos de la mayor importancia para alcanzar un acuerdo final de paz.
El primero, es el relativo a la responsabilidad del Estado. No en vano el informe entregado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas a la Mesa, apunta a que el Estado es el gran responsable de lo ocurrido durante más de seis décadas de conflicto social y armado en Colombia.
La Comisión Histórica, puesta en marcha a instancias de la Mesa, no se integró para darle gusto a una de las múltiples partes del conflicto, sino para precisar los orígenes, causas y responsabilidades del mismo. Conocidos sus resultados, estos no pueden ser archivados o arrojados al incendio del olvido, como lo sugiere la indiferencia del gobierno. No solo hay que divulgarlos de manera masiva, sino que, de forma desapasionada y con plena madurez, se debe reconocer en el Estado colombiano la pérdida de su legitimidad. Y a propósito de esto y de los problemas de la institucionalidad, hacer su reconocimiento, no significa un “salto al vacío”, como dice el Presidente Santos refiriéndose a la crisis y agonía de la justicia, porque, en honor a la verdad, ya hace tiempo la institucionalidad toda, va en caída libre arrastrada por el lastre de la corrupción.
De cara al país le proponemos a la mesa que nos ocupemos, por su obviedad, de la responsabilidad del Estado, colocando la Paz como derecho síntesis, por encima de cualquier otra consideración, convencidos de que con la anuencia del pueblo soberano, encontraremos una vía expedita para la resolución del conflicto. Si se acepta la responsabilidad del Estado, esto sale al otro lado.
El segundo tema es el de la justicia como un todo, sin excluir los problemas de la jurisdicción. Pero precisemos que dentro de este universo, no nos referimos a la justicia transicional con la que tanto sueñan los incautos y desconocedores de las verdades históricas, para ser aplicada a alzados en armas y a miembros de la fuerza pública, dentro de un diseño en el que preparan una jaula de oro para quienes portan insignias oficiales del Estado y otra de indignidad para quienes han hecho uso del derecho de rebelión y portan el uniforme de la insurgencia. A nuestros contendientes en el campo de batalla les advertimos que el fuero militar es como un “caramelo envenenado”, que aparentemente exculpa, pero que no es garantía que a futuro, bajo cualquier pretexto, sólo a ellos se les aprese para ser procesados como máximos responsables mientras los determinadores se lavan las manos.
A La Habana vinimos a hacer la paz, no a someternos. La lucha por la justicia social, la igualdad de oportunidades, y un país menos pobre, sin miseria, sin desnutrición infantil, sin limosneros y sin saqueadores de las arcas del Estado, no tiene por qué pasar por las conciencias compradas de jueces (no todos), puestos en entredicho y condenados por la opinión sana de los colombianos. La justicia está sub júdice. Una justicia transicional con ponencia del indecoroso señor Pretelt se podrá aplicar en una dimensión desconocida, pero no en nuestra sufrida patria. Apelamos al derecho como solución, no como obstáculo. La verdadera justicia está más allá de las cortes venales. Por eso no aceptamos sentencias sobre paz, moduladas desde una Corte Constitucional amañada y con precio.
No nos vamos a dejar impresionar por quienes no han sufrido la violencia, o apenas han oído algo de ella en textos oficiales, y de hecho desconocen la historia de Colombia. La agenda de La Habana refleja realidades. Es una carta de navegación de carácter superior, inmodificable en lo sustancial. No insistan en cambiarla porque está ahí para cumplirse, no para satisfacer caprichos con un supuesto trasfondo de justificación; lo que se pretende con ella es llegar a la paz y proponer un futuro mejor. El que se sienta frustrado porque no alcanza lo que quiere o pretende, que se aparte del camino. Tenemos que evitar a toda costa que la mesa de La Habana sea asaltada con caballos de Troya. Se podría llegar mucho más rápido a la paz final si no seguimos encontrando sorpresas extra agenda en cada nueva esquina de los diálogos.
Sin duda el tema de la jurisdicción va cayendo al abismo junto al desprestigio del Estado. Del Estado responsable. Y no se crea que por ser alzados en armas no conocemos los principios generales del derecho. Por acá aparecen en ocasiones expertos en distintos campos ante quienes nos hemos quitado el sombrero. Pero hay otros –pseudo expertos a la orden de necedades oficiales-, que consideran que la montaña nos ha entumecido el cerebro. Se equivocan: sabemos de la vida; sabemos de la muerte. Y sabemos que ser incautos, desinformados y confiados, nos puede llevar a un precipicio que podría comprometer la lucha justificada e histórica que emprendieron nuestros héroes y compañeros hace varias décadas. No desconocemos la teoría general del Estado y los principios generales del derecho, sin perder de vista que éste de La Habana, es un proceso político. Estamos listos para dar el debate. El ius puniendi colapsó, y esa es una consecuencia más de la responsabilidad de un Estado postrado e incapaz.
Ius puniendi. Sí. Es decir, aquella potestad del Estado que en virtud de su imperio y poderío se alza con capacidad punible cuando sus raíces se confunden con la legalidad, y la rectitud del derecho. ¿En el caso de Colombia de qué ius puniendi nos hablan? No se crea que no sabemos que se denomina igualmente derecho penal subjetivo. El actual Estado nacional colombiano enterró el principio de ius puniendi. La prueba reina de ello es el ébola que padece la justicia y que puso en conocimiento de todos el Presidente Juan Manuel Santos esta semana, cuando dijo: No más “puertas giratorias”; no más favores personales; no más cordones umbilicales entre política y justicia; no más corruptos o traidores a la patria al desempeñarse en la magistratura; debe acabarse el Estado de opinión para que prevalezca el Estado de derecho- señala; no más cabildeo judicial; debe retomarse el rumbo de la legitimidad perdida; “No queremos más abogados visitando las cortes para tratar de influir en las decisiones de los magistrados” –agregó. No podemos menos que aceptar como pruebas reinas del descalabro del Estado y de la desaparición de su potestad de ius puniendi lo aseverado públicamente por el Primer Mandatario de la Nación.
Pero esto no es nuevo para Santos, ni él está exento de culpa. Por esto encontramos, como algo inaceptable, que ahora se le entreguen facultades para escoger los nombres de las personas que habrán de conformar el Tribunal de Aforados que se ha venido anunciando.
Quién sabe a quién se protege con la decisión de no dejar retirar a magistrados señalados; a cuáles ministros, a cuál litigante del Estado, a cuál empresa financiadora de campañas políticas. El país tiene derecho a la sospecha y es el momento de que se aclaren las cosas.
El tercer tema es la no utilización de la paz en las próximas elecciones de octubre. No vamos a ceder derechos surgidos de la agenda para ser complacientes con necesidades partidistas de coyuntura. Refrendaciones parciales a destiempo no tienen sentido. Nos atendremos a la necesidad de dar cumplimiento a la agenda. Su punto sexto señala que la implementación, verificación y refrendación de los términos de la paz alcanzada surge una vez firmado el acuerdo final. Así procederemos sin perder tiempo.
En consecuencia, nuestro cuarto tema es insistir en adelantar la redacción de acuerdos para la reparación a las víctimas de todos los involucrados en diferentes momentos del histórico conflicto. Bien lo destacó el expresidente Gaviria al aludir a los problemas que “se han generado dentro de la sociedad colombiana durante la guerra a lo largo de más de cincuenta años”, para referirse a quienes han hecho parte de ella como actores y victimarios: “Miembros de la sociedad civil” y “sectores no combatientes”; empresarios del sector privado, políticos, funcionarios públicos, guerrilleros y paramilitares; y jueces: “Miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido también protagonistas de ese conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana”.
Hoy más que nunca el camino para superar la crisis institucional y alcanzar la paz, es el de la Asamblea Nacional Constituyente.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP