Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2015-04-18
Categoría
Comunicado
Eduardo Umaña Mendoza: in memoriam
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, abril 18 de 2015
EDUARDO UMAÑA MENDOZA: IN MEMORIAM
“Los derechos de los pueblos, los derechos humanos,
son una lucha de soledades que se encuentran”.
Eduardo Umaña Mendoza.
Un sábado como hoy, hace 17 años, el 18 de abril de 1998, fue asesinado en Bogotá el abogado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, jurista comprometido con las luchas y causas populares y revolucionarias. Varios disparos acabaron con su vida.
En su condición intachable de jurista, Eduardo batalló durante décadas en favor de los sectores oprimidos, tal como lo hizo su padre Eduardo Umaña Luna, en la defensa de presos políticos y de la razón noble a la que ambos dedicaron hasta el último aliento de su existencia: los derechos de los pueblos.
No cabe duda que fue un crimen de Estado. Lo anticipó Eduardo mismo, al señalar semanas antes de su asesinato, que en la preparación del mismo estaban implicados funcionarios e instituciones del Estado: inteligencia militar, la Fiscalía General de la Nación y Ecopetrol. En ese momento, él era abogado de los sindicalistas de la Unión Sindical Obrera, USO, presos por su lucha en favor de los derechos laborales y la soberanía de nuestros recursos.
Algo de no pasar por alto, es que también actuaba Eduardo Umaña, como abogado de la familia de Jorge Eliécer Gaitán, trabajando por reabrir el caso del asesinato del caudillo popular, cometido cincuenta años antes. Ya avanzaba sobre pruebas para señalar a quienes en la sombra determinaron con sus órdenes matar a un dirigente de esa dimensión, buscando frustrar las esperanzas de las pobrerías en la posibilidad de una Colombia democrática. Dentro de esta misma perspectiva Eduardo se había echado al hombro la investigación exhaustiva de los trágicos hechos derivados de la violenta "retoma militar del palacio de justicia".
Y a propósito de estos luctuosos hechos que a veces pareciera que la dirigencia oligárquica quisiera borrar de nuestras mentes, hay una pregunta que también cobija las muertes de otras personas entregadas a la causa de la reconciliación nacional, como Josué Giraldo, Jesús María Valle y tantos otros juristas inmolados por estar al servicio del pueblo. Esa pregunta que nos debe hacer reflexionar y actuar sin dilaciones: ¿dónde están los máximos responsables de estos crímenes sistemáticos, planificados y cubiertos con total impunidad? ¿Desde qué clubes, mansiones y oficinas ordenan que hay que disparar contra la oposición, contra personas demócratas y líderes sociales y políticos?
Hemos dicho y lo reiteramos, que para que se enrumbe el Estado por el camino de la verdad, debe estar dispuesto a cumplir sus obligaciones internacionales y nacionales de acabar con la impunidad de sus propios crímenes, y debe abrir los archivos y obligar a que círculos poderosos del país hagan lo mismo, de manera tal que se permita por fin el acceso a la verdad que en gran medida puede reposar ahí.
Es este un paso necesario y de suma importancia para emprender el esclarecimiento de los orígenes, causas y responsabilidades del conflicto interno colombiano, y así brindar sin más demoras la reparación integral de las víctimas, el resarcimiento pleno de los derechos de las organizaciones deliberadamente atacadas o victimizadas por políticas y mecanismos institucionales.
Debe el Estado, en una actitud consecuente, pedir perdón a la sociedad y respetar el pacto necesario al que tenemos que llegar de No Repetición, dando garantías de que el crimen de Estado, de lesa humanidad, dejará de ser parte de la lógica del poder. Debe demostrar que renuncia a la doctrina de seguridad y del enemigo interno, la cual termina estigmatizando y anegando de sangre y tragedia el país.
Estamos en la Habana para lograr un Acuerdo en el que las partes demos pasos coherentes con la aspiración de una Colombia sin víctimas de ninguna violencia; un acuerdo donde la política de la responsabilidad gane el pulso al guerrerismo de las elites maniqueas que minan el camino de la paz con maleza jurídica y sus torcidos designios.
Que los máximos responsables de estos crímenes den la cara y enfrenten la responsabilidad de construir un país sin lucha fratricida, pues no son sus hijos los que mueren en los campos de batalla.
Desde los rincones de la patria se eleva el clamor de ¡No más guerra! ¡No más violencia del Estado! Se necesitan hechos, no palabras. ¡Que se abran los archivos!
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
EDUARDO UMAÑA MENDOZA: IN MEMORIAM
“Los derechos de los pueblos, los derechos humanos,
son una lucha de soledades que se encuentran”.
Eduardo Umaña Mendoza.
Un sábado como hoy, hace 17 años, el 18 de abril de 1998, fue asesinado en Bogotá el abogado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, jurista comprometido con las luchas y causas populares y revolucionarias. Varios disparos acabaron con su vida.
En su condición intachable de jurista, Eduardo batalló durante décadas en favor de los sectores oprimidos, tal como lo hizo su padre Eduardo Umaña Luna, en la defensa de presos políticos y de la razón noble a la que ambos dedicaron hasta el último aliento de su existencia: los derechos de los pueblos.
No cabe duda que fue un crimen de Estado. Lo anticipó Eduardo mismo, al señalar semanas antes de su asesinato, que en la preparación del mismo estaban implicados funcionarios e instituciones del Estado: inteligencia militar, la Fiscalía General de la Nación y Ecopetrol. En ese momento, él era abogado de los sindicalistas de la Unión Sindical Obrera, USO, presos por su lucha en favor de los derechos laborales y la soberanía de nuestros recursos.
Algo de no pasar por alto, es que también actuaba Eduardo Umaña, como abogado de la familia de Jorge Eliécer Gaitán, trabajando por reabrir el caso del asesinato del caudillo popular, cometido cincuenta años antes. Ya avanzaba sobre pruebas para señalar a quienes en la sombra determinaron con sus órdenes matar a un dirigente de esa dimensión, buscando frustrar las esperanzas de las pobrerías en la posibilidad de una Colombia democrática. Dentro de esta misma perspectiva Eduardo se había echado al hombro la investigación exhaustiva de los trágicos hechos derivados de la violenta "retoma militar del palacio de justicia".
Y a propósito de estos luctuosos hechos que a veces pareciera que la dirigencia oligárquica quisiera borrar de nuestras mentes, hay una pregunta que también cobija las muertes de otras personas entregadas a la causa de la reconciliación nacional, como Josué Giraldo, Jesús María Valle y tantos otros juristas inmolados por estar al servicio del pueblo. Esa pregunta que nos debe hacer reflexionar y actuar sin dilaciones: ¿dónde están los máximos responsables de estos crímenes sistemáticos, planificados y cubiertos con total impunidad? ¿Desde qué clubes, mansiones y oficinas ordenan que hay que disparar contra la oposición, contra personas demócratas y líderes sociales y políticos?
Hemos dicho y lo reiteramos, que para que se enrumbe el Estado por el camino de la verdad, debe estar dispuesto a cumplir sus obligaciones internacionales y nacionales de acabar con la impunidad de sus propios crímenes, y debe abrir los archivos y obligar a que círculos poderosos del país hagan lo mismo, de manera tal que se permita por fin el acceso a la verdad que en gran medida puede reposar ahí.
Es este un paso necesario y de suma importancia para emprender el esclarecimiento de los orígenes, causas y responsabilidades del conflicto interno colombiano, y así brindar sin más demoras la reparación integral de las víctimas, el resarcimiento pleno de los derechos de las organizaciones deliberadamente atacadas o victimizadas por políticas y mecanismos institucionales.
Debe el Estado, en una actitud consecuente, pedir perdón a la sociedad y respetar el pacto necesario al que tenemos que llegar de No Repetición, dando garantías de que el crimen de Estado, de lesa humanidad, dejará de ser parte de la lógica del poder. Debe demostrar que renuncia a la doctrina de seguridad y del enemigo interno, la cual termina estigmatizando y anegando de sangre y tragedia el país.
Estamos en la Habana para lograr un Acuerdo en el que las partes demos pasos coherentes con la aspiración de una Colombia sin víctimas de ninguna violencia; un acuerdo donde la política de la responsabilidad gane el pulso al guerrerismo de las elites maniqueas que minan el camino de la paz con maleza jurídica y sus torcidos designios.
Que los máximos responsables de estos crímenes den la cara y enfrenten la responsabilidad de construir un país sin lucha fratricida, pues no son sus hijos los que mueren en los campos de batalla.
Desde los rincones de la patria se eleva el clamor de ¡No más guerra! ¡No más violencia del Estado! Se necesitan hechos, no palabras. ¡Que se abran los archivos!
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP