Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2015-05-07
Categoría
Comunicado
Con guerra sucia no tendremos paz
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, mayo 7 de 2015
CON GUERRA SUCIA NO TENDREMOS PAZ
El anhelado escenario del post Acuerdo de paz para Colombia, no podrá ser si antes no se desmonta efectivamente el paramilitarismo. En otras palabras, la paz con guerra sucia no será la paz. Al comandante del M-19, Carlos Pizarro, lo asesinaron 48 días después de haber firmado el acuerdo de Santo Domingo (Cauca), con el Gobierno de Virgilio Barco. Ese fue el triunfo de la intolerancia y de la contumacia guerrerista y la derrota de una decisión política insurgente, que pudo constituirse en paradigma para procesos posteriores, en ejemplo de lo que debe ser un acuerdo serio de reconciliación. Aquel desenlace fatal solo logró extender una gran mancha de desconfianza sobre las palabras que los gobiernos plasman en los papeles de paz.
El eventual pacto de La Habana debe construirse sobre certezas, y muy lejos, lo suficientemente lejos de la traición: de esas traiciones históricas que terminaron asesinando en un calle de Bogotá al comandante Guadalupe Salcedo en 1957, luego de la desmovilización de la guerrilla liberal del Llano, o al comandante de los comunes Jacobo Prías Alape, compañero de armas y de ideas de Manuel Marulanda Vélez, en la Plaza de Gaitania en enero de 1960.
La Unión Patriótica, alternativa política surgida del Acuerdo de La Uribe (Meta) entre el gobierno de Belisario Betancurt y las FARC, terminó masacrada. Su actual lídereza, Aída Abella, denunció en las audiencias de víctimas del conflicto, realizadas en La Habana, el asesinato de más de 6000 de sus militantes y dirigentes, entre ellos, dos candidatos presidenciales, congresistas, diputados departamentales, concejales y alcaldes. Los mató la intransigencia del militarismo de una derecha brutal, y el paramilitarismo de Estado.
Un pueblo como el colombiano, cada vez más consciente de sus derechos, que ha empezado a movilizarse en masa por los senderos de la patria, reclamando paz con justicia social, cese al fuego y Constituyente, no tolerará, más victimizaciones colectivas por cuenta del Estado, responsable supremo del conflicto. El origen de esta violencia del sistema, está en las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales, de dominación y explotación, de desigualdad, pobreza y miseria, de exclusión e inequidad, que abaten al país, y en la implementación de políticas encaminadas a la preservación y prolongación del régimen imperante.
El Gobierno y sus voceros en la Mesa, deben entender que no podrá darse la transformación de una organización armada en movimiento político abierto para debatir en las plazas públicas, ideas y visiones de país, sin armas, si no se desmonta el paramilitarismo de Estado disfrazado de Banda Criminal; si no se conjura, desde ya, el instinto sanguinario de la guerra sucia; si no se juega limpio, sin trampas ni traiciones, y sobre todo, si no se desmonta esa intolerancia hirsuta que caracteriza a la casta gobernante.
¿Cómo nos van a decir que no existe paramilitarismo en Colombia? ¿Entonces qué son las Águilas Negras, las casas de pique donde se descuartiza a la gente, las estructuras armadas que cobran impuestos a todo negocio en casi todas las ciudades y en las propias narices de las autoridades? ¿Quién está matando y amenazando a los defensores de Derechos Humanos, a los reclamantes de tierra, a líderes populares y de movimientos políticos alternativos? Hay que admitir que el paramilitarismo refinó sus métodos, que no desapareció con la extradición a los Estados Unidos de los capos narco-paramilitares traicionados por Uribe.
Si el Acuerdo de La Habana de agosto de 2012 tiene un numeral en el tercer punto Fin del conflicto que dice que “en el marco establecido en el punto 5 (Víctimas) se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo”, se tendrá que cumplir entonces esa letra sagrada. ¿Qué sentido o qué tramoya encierra postergar este mandato para la fecha incierta de las calendas griegas? ¿Busca acaso proteger y ocultar a los determinadores de esa maquinaria criminal?
El desmonte del paramilitarismo y de la guerra sucia, es una exigencia de la paz. En esta dirección, proponemos a los colombianos, a los campesinos, a los pueblos indígenas, comunidades afro, a los movimientos sociales y políticos, establecer un sistema de alerta temprana que informe a la Mesa de La Habana la presencia de paramilitares en sus territorios, para que ésta pida a las autoridades acciones inmediatas de neutralización.
Es este el momento de exigir, como un clamor nacional, el desmonte del paramilitarismo.
¿Quienes son los responsables de este crimen abominable?
¡Que se abran los archivos!
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
CON GUERRA SUCIA NO TENDREMOS PAZ
El anhelado escenario del post Acuerdo de paz para Colombia, no podrá ser si antes no se desmonta efectivamente el paramilitarismo. En otras palabras, la paz con guerra sucia no será la paz. Al comandante del M-19, Carlos Pizarro, lo asesinaron 48 días después de haber firmado el acuerdo de Santo Domingo (Cauca), con el Gobierno de Virgilio Barco. Ese fue el triunfo de la intolerancia y de la contumacia guerrerista y la derrota de una decisión política insurgente, que pudo constituirse en paradigma para procesos posteriores, en ejemplo de lo que debe ser un acuerdo serio de reconciliación. Aquel desenlace fatal solo logró extender una gran mancha de desconfianza sobre las palabras que los gobiernos plasman en los papeles de paz.
El eventual pacto de La Habana debe construirse sobre certezas, y muy lejos, lo suficientemente lejos de la traición: de esas traiciones históricas que terminaron asesinando en un calle de Bogotá al comandante Guadalupe Salcedo en 1957, luego de la desmovilización de la guerrilla liberal del Llano, o al comandante de los comunes Jacobo Prías Alape, compañero de armas y de ideas de Manuel Marulanda Vélez, en la Plaza de Gaitania en enero de 1960.
La Unión Patriótica, alternativa política surgida del Acuerdo de La Uribe (Meta) entre el gobierno de Belisario Betancurt y las FARC, terminó masacrada. Su actual lídereza, Aída Abella, denunció en las audiencias de víctimas del conflicto, realizadas en La Habana, el asesinato de más de 6000 de sus militantes y dirigentes, entre ellos, dos candidatos presidenciales, congresistas, diputados departamentales, concejales y alcaldes. Los mató la intransigencia del militarismo de una derecha brutal, y el paramilitarismo de Estado.
Un pueblo como el colombiano, cada vez más consciente de sus derechos, que ha empezado a movilizarse en masa por los senderos de la patria, reclamando paz con justicia social, cese al fuego y Constituyente, no tolerará, más victimizaciones colectivas por cuenta del Estado, responsable supremo del conflicto. El origen de esta violencia del sistema, está en las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales, de dominación y explotación, de desigualdad, pobreza y miseria, de exclusión e inequidad, que abaten al país, y en la implementación de políticas encaminadas a la preservación y prolongación del régimen imperante.
El Gobierno y sus voceros en la Mesa, deben entender que no podrá darse la transformación de una organización armada en movimiento político abierto para debatir en las plazas públicas, ideas y visiones de país, sin armas, si no se desmonta el paramilitarismo de Estado disfrazado de Banda Criminal; si no se conjura, desde ya, el instinto sanguinario de la guerra sucia; si no se juega limpio, sin trampas ni traiciones, y sobre todo, si no se desmonta esa intolerancia hirsuta que caracteriza a la casta gobernante.
¿Cómo nos van a decir que no existe paramilitarismo en Colombia? ¿Entonces qué son las Águilas Negras, las casas de pique donde se descuartiza a la gente, las estructuras armadas que cobran impuestos a todo negocio en casi todas las ciudades y en las propias narices de las autoridades? ¿Quién está matando y amenazando a los defensores de Derechos Humanos, a los reclamantes de tierra, a líderes populares y de movimientos políticos alternativos? Hay que admitir que el paramilitarismo refinó sus métodos, que no desapareció con la extradición a los Estados Unidos de los capos narco-paramilitares traicionados por Uribe.
Si el Acuerdo de La Habana de agosto de 2012 tiene un numeral en el tercer punto Fin del conflicto que dice que “en el marco establecido en el punto 5 (Víctimas) se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo”, se tendrá que cumplir entonces esa letra sagrada. ¿Qué sentido o qué tramoya encierra postergar este mandato para la fecha incierta de las calendas griegas? ¿Busca acaso proteger y ocultar a los determinadores de esa maquinaria criminal?
El desmonte del paramilitarismo y de la guerra sucia, es una exigencia de la paz. En esta dirección, proponemos a los colombianos, a los campesinos, a los pueblos indígenas, comunidades afro, a los movimientos sociales y políticos, establecer un sistema de alerta temprana que informe a la Mesa de La Habana la presencia de paramilitares en sus territorios, para que ésta pida a las autoridades acciones inmediatas de neutralización.
Es este el momento de exigir, como un clamor nacional, el desmonte del paramilitarismo.
¿Quienes son los responsables de este crimen abominable?
¡Que se abran los archivos!
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP