Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2015-06-02
Categoría
Comunicado
¿Están las víctimas en el centro del acuerdo?
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, junio 2 de 2015
El 26 de mayo de 2013, se suscribió el Primer Acuerdo Parcial referido a la necesidad de una reforma rural integral para Colombia, que beneficiara sobre todo al campo y a su población marginada y victimizada durante décadas. Aquel documento lo denominamos “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”. Ninguno de los puntos de aquel histórico texto que tiene como único beneficiario a las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, o de composición interétnica e intercultural que son las más relegadas del país. Sin embargo, luego de dos años de ese evento, con el argumento vano de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, en vez de mejorar, la situación social empeora para la gente de aquellas áreas sometidas a la represión o al olvido. Al contrario, lo que sí avanza vertiginosamente son las iniciativas neoliberales de extranjerización de la tierra, de crecimiento del latifundio y entrega a las trasnacionales. El impulso a la creación de las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), a instancias del mismo ministerio del interior, con el fin de aniquilar las Unidades Agrícolas Familiares y concretar el desalojo del campo, sigue su marcha en total oposición a las exigencias de las organizaciones agrarias y a lo pactado en La Habana.
Así son los contrasentidos de la política de paz del gobierno Santos, y quizás ello explique la dilación en la materialización del acuerdo sobre Víctimas. Precisamente en este mes se cumple un año de haberse iniciado el análisis de tal temática de la Agenda, con la suscripción de la “Declaración de principios para la discusión del punto 5 de la Agenda: “Víctimas”. Y aunque las FARC ya pusieron todas sus propuestas y las de las comunidades sobre la Mesa, aún no hay ninguna respuesta de solución por parte del gobierno.
A nuestro modo de ver, ya es tiempo suficiente para que haya humo blanco o al menos se produzca un nuevo informe conjunto sobre el estado de los debates, señalando avances y dificultades, para que la opinión nacional participe y brinde alternativas a estos problemas que son de interés nacional.
A pesar de todo, tenemos esperanza en que alguna noticia que dé satisfacciones a Colombia y en especial a las víctimas del conflicto, se produzca antes de que cierre este ciclo ampliado de conversaciones. Ideal sería que se concreten las líneas fundamentales de la Comisión de Esclarecimiento y Verdad, por ejemplo, pero que también logremos un acuerdo inmediato alrededor de las principales exigencias de reparación integral. En tal sentido, y para no tener que ver más las tristes escenas de compatriotas ocupando desesperados las oficinas de la Unidad de Víctimas, clamando por sus derechos conculcados, urgimos al gobierno a que haga un compromiso de emergencia sobre la “Reparación integral de las víctimas del conflicto y la conformación del Fondo Especial para la Reparación Integral (FERI)”, asuntos sobre los cuales ya hicimos una propuesta precisa que indica la garantía constitucional de la reparación integral, la formulación e implementación del “Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”, la conformación del “Consejo Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”, la creación misma del mencionado fondo especial y la inaplicación del principio de la sostenibilidad fiscal en la política de reparación integral.
Naturalmente, como complemento insoslayable de esta determinación, deberá tomarse en cuenta la participación directa de las víctimas del conflicto y sus organizaciones en la definición de las políticas para la garantía efectiva de sus derechos.
Si es cierto y no un argumento de palabras huecas, aquello de que “resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo”, este compromiso debe hacerse realidad ya mismo.
Si es cierto eso de que el haber colocado a las víctimas en el centro del diálogo, es un caso único, digno de admiración en la historia del derecho internacional y de los distintos procesos de conversaciones para la finalización de conflictos armados habidos hasta ahora, es momento de dejar atrás la retórica y comenzar a actuar. Lo contrario no sería otra cosa que indolencia y engaño imperdonables.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
El 26 de mayo de 2013, se suscribió el Primer Acuerdo Parcial referido a la necesidad de una reforma rural integral para Colombia, que beneficiara sobre todo al campo y a su población marginada y victimizada durante décadas. Aquel documento lo denominamos “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”. Ninguno de los puntos de aquel histórico texto que tiene como único beneficiario a las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, o de composición interétnica e intercultural que son las más relegadas del país. Sin embargo, luego de dos años de ese evento, con el argumento vano de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, en vez de mejorar, la situación social empeora para la gente de aquellas áreas sometidas a la represión o al olvido. Al contrario, lo que sí avanza vertiginosamente son las iniciativas neoliberales de extranjerización de la tierra, de crecimiento del latifundio y entrega a las trasnacionales. El impulso a la creación de las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), a instancias del mismo ministerio del interior, con el fin de aniquilar las Unidades Agrícolas Familiares y concretar el desalojo del campo, sigue su marcha en total oposición a las exigencias de las organizaciones agrarias y a lo pactado en La Habana.
Así son los contrasentidos de la política de paz del gobierno Santos, y quizás ello explique la dilación en la materialización del acuerdo sobre Víctimas. Precisamente en este mes se cumple un año de haberse iniciado el análisis de tal temática de la Agenda, con la suscripción de la “Declaración de principios para la discusión del punto 5 de la Agenda: “Víctimas”. Y aunque las FARC ya pusieron todas sus propuestas y las de las comunidades sobre la Mesa, aún no hay ninguna respuesta de solución por parte del gobierno.
A nuestro modo de ver, ya es tiempo suficiente para que haya humo blanco o al menos se produzca un nuevo informe conjunto sobre el estado de los debates, señalando avances y dificultades, para que la opinión nacional participe y brinde alternativas a estos problemas que son de interés nacional.
A pesar de todo, tenemos esperanza en que alguna noticia que dé satisfacciones a Colombia y en especial a las víctimas del conflicto, se produzca antes de que cierre este ciclo ampliado de conversaciones. Ideal sería que se concreten las líneas fundamentales de la Comisión de Esclarecimiento y Verdad, por ejemplo, pero que también logremos un acuerdo inmediato alrededor de las principales exigencias de reparación integral. En tal sentido, y para no tener que ver más las tristes escenas de compatriotas ocupando desesperados las oficinas de la Unidad de Víctimas, clamando por sus derechos conculcados, urgimos al gobierno a que haga un compromiso de emergencia sobre la “Reparación integral de las víctimas del conflicto y la conformación del Fondo Especial para la Reparación Integral (FERI)”, asuntos sobre los cuales ya hicimos una propuesta precisa que indica la garantía constitucional de la reparación integral, la formulación e implementación del “Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”, la conformación del “Consejo Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”, la creación misma del mencionado fondo especial y la inaplicación del principio de la sostenibilidad fiscal en la política de reparación integral.
Naturalmente, como complemento insoslayable de esta determinación, deberá tomarse en cuenta la participación directa de las víctimas del conflicto y sus organizaciones en la definición de las políticas para la garantía efectiva de sus derechos.
Si es cierto y no un argumento de palabras huecas, aquello de que “resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo”, este compromiso debe hacerse realidad ya mismo.
Si es cierto eso de que el haber colocado a las víctimas en el centro del diálogo, es un caso único, digno de admiración en la historia del derecho internacional y de los distintos procesos de conversaciones para la finalización de conflictos armados habidos hasta ahora, es momento de dejar atrás la retórica y comenzar a actuar. Lo contrario no sería otra cosa que indolencia y engaño imperdonables.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP