Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2015-06-16
Categoría
Comunicado
La peste continúa (Frente de Guerra Central)
LA PESTE CONTINÚA
Con la Justicia Penal Militar aprobada se garantiza la impunidad para la segunda infanterìa del mundo, la mayor inteligencia del mundo en terminos militares, la mejor capacidad nocturna aèrea, al considerado de los mejorès ejèrcitos del mundo, con buena industria militar, con capacidad de construir buques de desembarco y patrulleros. Una fuerza de prestigio internacional con helicòpteros, drones y radares modernos.
No se puede olvidar que la institución castrense ya se ha visto sacudida por una cantidad de escándalos protagonizados por sus hombres que no son de forma casual, sino que es una polìtica de Estado.
La imagen del Ejército Nacional està en una crisis que pocas veces se ha visto en la historia de la institución castrense. Durante este periodo no ha pasado -prácticamente- una semana en que los titulares no se hagan cargo de los sucesivos escándalos protagonizados por uniformados.
Hace dos meses una red de uniformados involucrados en tráfico de armas para los narcoparamilitares, fue descubierta en Pereira. Caso similar ocurrió también en la Tercera Brigada de Cali.
Lo más reciente tuvo que ver con una red de tráfico de armas, que dejo a varios militares activos -de varias partes del país- implicados y tras las rejas. Los destinatarios no solo de armamento sino, además, de municiones y explosivos fueron principalmente a los Narcoparamilitares. Siete suboficiales, seis sargentos, un soldado profesional y seis civiles fueron capturados por la Fiscalía por este caso.
Lo mismo ocurrió en la Tercera Brigada de Cali donde la Fiscalía descubrió que cerca de la mitad de todas las armas incautadas y que se encontraban resguardadas en esa unidad militar fueron comercializadas por militares quienes las vendieron a los narcoparamilitares de la capital del Valle y otras regiones.
El papel de los militares era sacar las armas, municiones y explosivos de diferentes guarniciones militares. Los implicados fueron capturados en Bogotá, Ibagué, Melgar (Tolima), Guacarí (Valle), Puerto Berrio (Antioquia) y Argelia (Valle). Reiteramos, es una pràctica.
Solo días antes otra tormenta se había desatado por cuenta de un multimillonario desfalco al sistema de salud del Ejército protagonizado por una docena de militares activos y varios retirados. Mediante falsos dictámenes médicos, los beneficiados lograban altas indemnizaciones y pensiones por incapacidad. Lo denominado como el carrusel de la salud. Una red criminal de 35 implicados –entre ellos 17 militares activos- que le robó al Estado 24.000 millones de pesos en tres años. Este grupo delincuencial, que operó en Bogotá, Ibagué, Medellín, Puerto Berrío, San Vicente del Caguán y Bucaramanga, usaba pacientes para reclamar millonarias indemnizaciones. También lo hicieron a través de pensiones de invalidez y conceptos médicos falsos. Los involucrados fueron dos coroneles, 20 sargentos, dos mayores, un capitán, tres soldados, dos tenientes y dos cabos. También tres médicos especialistas y un abogado.
El capitán (r) Juan Alfonso Fierro, aseguró que el excomandante de las Fuerzas Militares, el general (r) Freddy Padilla de León, recibió, de manera irregular, la indemnización de 284 millones que le otorgaron en 2010 por una supuesta incapacidad del 52,76 %.
El Ministerio de Defensa presentó el resultado de una investigación interna sobre las actividades poco transparentes de algunos miembros del Ejército en lo relacionado con actividades de espionaje. Se determinó separar a 20 uniformados comprometidos con los hechos de Andrómeda, el hacker Sepúlveda y documentos secretos. Todos estos fueron separados de cualquier labor que tuviera que ver con inteligencia. A otros cinco se les solicitó el retiro.
El comandante del batallón Patriotas en Honda (Tolima) del Ejército, teniente coronel Alejandro Robayo Rodríguez, desapareció misteriosamente. Cuando debía aparecer para asumir un nuevo cargo en Bogotá en este 2015, nunca llegó. ¿La razón? El coronel sabía lo que le esperaba. En febrero pasado la Fiscalía confirmó que existía una orden de captura vigente en contra del oficial por falsos positivos en 2006 en Valledupar. Lo polémico de esta situación, no solo fue la orden contra Robayo, sino que esto era de conocimiento del Ejército y aun así lo ascendieron y luego le aceptaron la baja. Desde el 2003, cuando tenía el grado de mayor y era integrante del Batallón Colombia, Robayo fue investigado por múltiples desapariciones forzadas, falsos positivos y torturas en el municipio de Viotá (Cundinamarca) y la región del Sumapaz.
El Coronel del Ejército Raúl Huertas Ceballos y el mayor Hernán Padilla Ospina, con Responsabilidad en una serie de ejecuciones extrajudiciales en el oriente de Antioquia.
Dos policías capturados por el robo de joyas en un conjunto residencial de Envigado.
11 militares fueron imputados por homicidio agravado, desaparición forzada y abuso de autoridad por “el falso positivo” del campesino Ever Urquina Rojas en el municipio de San Agustín. Los militares para 2008 hacían parte del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena con sede en Pitalito.
La Nación fue condenada por el Consejo de Estado por la muerte selectiva de 32 personas en Urrao (Antioquia) señaladas de auxiliar a las FARC.
El fiscal general, Eduardo Montealegre, reveló que la Fiscalía tiene varias investigaciones contra altos oficiales retirados y activos investigados por presunta participación y conocimiento de episodios que se acercan a lo que se conoce como ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’. Montealegre además aseguró que había más de 800 sentencias condenatorias contra cerca de 2.000 miembros de la Fuerza Pública, de los cuales 1.573 son miembros del Ejército Nacional.
En nada cambia los ajustes que hace el presidente Juan Manuel Santos con el enroque en el interior de la institución castrense por el relevo en la dirección de la cartera de Defensa Nacional, el enroque dado entre Pinzón y Luis Carlos Villegas, y entre el Ministerio de Defensa y la Embajada en EE.UU respectivamente. Reiteramos nada cambia por que es una polìtica de Estado el tape tape.
El fuero penal militar aprobado les permitirà ocultar sus crìmenes y ocultar la verdad, haciendo imposible dar pasos reales a la anhelada paz que reclama el pueblo colombiano.
¿Es posible confiar en unas fuerzas militares de estas características en un escenario de eventuales post acuerdos? Sin lugar a dudas mientras las fuerzas militares no sean transformadas en función de la defensa de la soberania y al servicio de las clases populares, tendremos en ella un aprato de dominación de la clase en el poder sobre las mayorias. Se hace necesaria la verdad, la Justicia, la reparaciòn y no repeticiòn de todos estos crìmenes de Estado,como contribución para que haya una real paz con justicia social.
CONDUCCIÓN FRENTE DE GUERRA CENTRAL DARIO DE JESUS CALLE CORREA
EJERCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL
COLOMBIA PARA LOS TRABAJADORES, NI UN PASO ATRÀS, LIBERACIÒN O MUERTE
Con la Justicia Penal Militar aprobada se garantiza la impunidad para la segunda infanterìa del mundo, la mayor inteligencia del mundo en terminos militares, la mejor capacidad nocturna aèrea, al considerado de los mejorès ejèrcitos del mundo, con buena industria militar, con capacidad de construir buques de desembarco y patrulleros. Una fuerza de prestigio internacional con helicòpteros, drones y radares modernos.
No se puede olvidar que la institución castrense ya se ha visto sacudida por una cantidad de escándalos protagonizados por sus hombres que no son de forma casual, sino que es una polìtica de Estado.
La imagen del Ejército Nacional està en una crisis que pocas veces se ha visto en la historia de la institución castrense. Durante este periodo no ha pasado -prácticamente- una semana en que los titulares no se hagan cargo de los sucesivos escándalos protagonizados por uniformados.
Hace dos meses una red de uniformados involucrados en tráfico de armas para los narcoparamilitares, fue descubierta en Pereira. Caso similar ocurrió también en la Tercera Brigada de Cali.
Lo más reciente tuvo que ver con una red de tráfico de armas, que dejo a varios militares activos -de varias partes del país- implicados y tras las rejas. Los destinatarios no solo de armamento sino, además, de municiones y explosivos fueron principalmente a los Narcoparamilitares. Siete suboficiales, seis sargentos, un soldado profesional y seis civiles fueron capturados por la Fiscalía por este caso.
Lo mismo ocurrió en la Tercera Brigada de Cali donde la Fiscalía descubrió que cerca de la mitad de todas las armas incautadas y que se encontraban resguardadas en esa unidad militar fueron comercializadas por militares quienes las vendieron a los narcoparamilitares de la capital del Valle y otras regiones.
El papel de los militares era sacar las armas, municiones y explosivos de diferentes guarniciones militares. Los implicados fueron capturados en Bogotá, Ibagué, Melgar (Tolima), Guacarí (Valle), Puerto Berrio (Antioquia) y Argelia (Valle). Reiteramos, es una pràctica.
Solo días antes otra tormenta se había desatado por cuenta de un multimillonario desfalco al sistema de salud del Ejército protagonizado por una docena de militares activos y varios retirados. Mediante falsos dictámenes médicos, los beneficiados lograban altas indemnizaciones y pensiones por incapacidad. Lo denominado como el carrusel de la salud. Una red criminal de 35 implicados –entre ellos 17 militares activos- que le robó al Estado 24.000 millones de pesos en tres años. Este grupo delincuencial, que operó en Bogotá, Ibagué, Medellín, Puerto Berrío, San Vicente del Caguán y Bucaramanga, usaba pacientes para reclamar millonarias indemnizaciones. También lo hicieron a través de pensiones de invalidez y conceptos médicos falsos. Los involucrados fueron dos coroneles, 20 sargentos, dos mayores, un capitán, tres soldados, dos tenientes y dos cabos. También tres médicos especialistas y un abogado.
El capitán (r) Juan Alfonso Fierro, aseguró que el excomandante de las Fuerzas Militares, el general (r) Freddy Padilla de León, recibió, de manera irregular, la indemnización de 284 millones que le otorgaron en 2010 por una supuesta incapacidad del 52,76 %.
El Ministerio de Defensa presentó el resultado de una investigación interna sobre las actividades poco transparentes de algunos miembros del Ejército en lo relacionado con actividades de espionaje. Se determinó separar a 20 uniformados comprometidos con los hechos de Andrómeda, el hacker Sepúlveda y documentos secretos. Todos estos fueron separados de cualquier labor que tuviera que ver con inteligencia. A otros cinco se les solicitó el retiro.
El comandante del batallón Patriotas en Honda (Tolima) del Ejército, teniente coronel Alejandro Robayo Rodríguez, desapareció misteriosamente. Cuando debía aparecer para asumir un nuevo cargo en Bogotá en este 2015, nunca llegó. ¿La razón? El coronel sabía lo que le esperaba. En febrero pasado la Fiscalía confirmó que existía una orden de captura vigente en contra del oficial por falsos positivos en 2006 en Valledupar. Lo polémico de esta situación, no solo fue la orden contra Robayo, sino que esto era de conocimiento del Ejército y aun así lo ascendieron y luego le aceptaron la baja. Desde el 2003, cuando tenía el grado de mayor y era integrante del Batallón Colombia, Robayo fue investigado por múltiples desapariciones forzadas, falsos positivos y torturas en el municipio de Viotá (Cundinamarca) y la región del Sumapaz.
El Coronel del Ejército Raúl Huertas Ceballos y el mayor Hernán Padilla Ospina, con Responsabilidad en una serie de ejecuciones extrajudiciales en el oriente de Antioquia.
Dos policías capturados por el robo de joyas en un conjunto residencial de Envigado.
11 militares fueron imputados por homicidio agravado, desaparición forzada y abuso de autoridad por “el falso positivo” del campesino Ever Urquina Rojas en el municipio de San Agustín. Los militares para 2008 hacían parte del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena con sede en Pitalito.
La Nación fue condenada por el Consejo de Estado por la muerte selectiva de 32 personas en Urrao (Antioquia) señaladas de auxiliar a las FARC.
El fiscal general, Eduardo Montealegre, reveló que la Fiscalía tiene varias investigaciones contra altos oficiales retirados y activos investigados por presunta participación y conocimiento de episodios que se acercan a lo que se conoce como ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’. Montealegre además aseguró que había más de 800 sentencias condenatorias contra cerca de 2.000 miembros de la Fuerza Pública, de los cuales 1.573 son miembros del Ejército Nacional.
En nada cambia los ajustes que hace el presidente Juan Manuel Santos con el enroque en el interior de la institución castrense por el relevo en la dirección de la cartera de Defensa Nacional, el enroque dado entre Pinzón y Luis Carlos Villegas, y entre el Ministerio de Defensa y la Embajada en EE.UU respectivamente. Reiteramos nada cambia por que es una polìtica de Estado el tape tape.
El fuero penal militar aprobado les permitirà ocultar sus crìmenes y ocultar la verdad, haciendo imposible dar pasos reales a la anhelada paz que reclama el pueblo colombiano.
¿Es posible confiar en unas fuerzas militares de estas características en un escenario de eventuales post acuerdos? Sin lugar a dudas mientras las fuerzas militares no sean transformadas en función de la defensa de la soberania y al servicio de las clases populares, tendremos en ella un aprato de dominación de la clase en el poder sobre las mayorias. Se hace necesaria la verdad, la Justicia, la reparaciòn y no repeticiòn de todos estos crìmenes de Estado,como contribución para que haya una real paz con justicia social.
CONDUCCIÓN FRENTE DE GUERRA CENTRAL DARIO DE JESUS CALLE CORREA
EJERCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL
COLOMBIA PARA LOS TRABAJADORES, NI UN PASO ATRÀS, LIBERACIÒN O MUERTE