La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, Junio19 de 2015
En el año 2000 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó la jornada del 20 de junio como Día Mundial del Refugiado, para que la comunidad internacional recordara cada año la tragedia de los millones de personas que se ven obligadas a diario a abandonar su lugar de origen por sufrir persecución o temor de ser perseguidos.
En la actualidad hay más de 50 millones de personas refugiadas en el mundo, la peor crisis humanitaria desde el final de la II Guerra Mundial. Estos días asistimos al triste espectáculo de una Comunidad Internacional que cierra sus puertas a aquellos refugiados que procedentes de países árabes y africanos desestabilizados o empobrecidos por las potencias occidentales, tras escapar de la muerte en aguas del Mediterráneo, solo han encontrado más negación de sus derechos en el rico continente europeo. A ellos y ellas queremos hacer llegar nuestra más comprometida solidaridad internacionalista.
Colombia ocupa una deshonrosa posición como segundo país del mundo, tras Siria, en número de desplazados internos: más de 6 millones, mayoritariamente campesinos, indígenas y afro-descendientes, expulsados de sus tierras por la política sistemática de usurpación de estas diseñada por ganaderos, empresas extractivas -incluidas multinacionales- y grandes terratenientes, para expandir el latifundio, poner en marcha macroproyectos agroindustriales y extractivos y construir grandes infraestructuras funcionales a los anteriores. La práctica de la usurpación violenta de tierra ha sido brutalmente implementada por el paramilitarismo, con permisividad, si no complicidad y colaboración de las Fuerzas Militares, habiéndose empleado también a fondo los anteriores -paramilitares y agentes del Estado- en la expulsión de los territorios donde las guerrillas han tenido históricamente presencia, de aquella población que en cada momento han considerado colaboradora de la insurgencia.
A lo anterior se añaden los más de 400.000 colombianos y colombianas, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que han tenido que abandonar Colombia hacia el exilio, como refugiados políticos, huyendo de las persecuciones o a consecuencia de sentir un "fundado temor de ser perseguidos".
Según las cifras más conservadoras, al menos 5 millones de colombianos y colombianas han sido expulsados del país por negárseles sus derechos económicos y sociales. Son los considerados como "migrantes", que también sufren una persecución, responsabilidad del Estado colombiano que además se enriquece con sus remesas y que no ha sido capaz o no ha querido garantizarles de forma eficaz el disfrute de su derecho a tener una vida digna en su patria. Recordemos que solamente entre los años 2002 y 2010, durante la Presidencia de Álvaro Uribe, más de 2 millones de colombianos y colombianas debieron abandonar el país huyendo de la persecución política o de la negación de sus derechos económicos y sociales básicos.
El conflicto social, político y armado que padece Colombia es la causa principal del desplazamiento interno y del exilo de millones de nuestros compatriotas. Desplazados, migrantes y refugiados son todos ellos víctimas que deben dejar de serlo inmediatamente, así como deben recibir reparación urgente y efectiva si queremos ser consecuentes con la obligación de las partes en la mesa de acabar con el conflicto y alcanzar la Paz. Para ello urgimos al Gobierno de Colombia a que acepte acordar medidas eficaces para acabar con la victimización de desplazados y exiliados, para reparar a todos ellos y darles garantías eficaces de no repetición. Las FARC EP hemos presentado numerosas mediadas al respecto entre las 140 propuestas sobre víctimas radicadas en la Mesa de Conversaciones y que sin justificación alguna hasta hoy el Gobierno se niega a discutir y acordar.
En el Día Mundial del Refugiado, urgimos al Gobierno de Colombia a que acceda a trabajar seriamente con nosotros para acabar con el drama de los millones de compatriotas que han perdido hogar y arraigo, teniendo que iniciar, lejos de los lugares donde nacieron y emprendieron sus proyectos de vida, una nueva existencia llena de incertidumbres y dificultades para disfrutar los derechos que Colombia les ha negado.