La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, julio 9 de 2015
Reiteramos nuestro empeño en alcanzar un pronto acuerdo sobre Víctimas, que se sume al ya adoptado para la puesta en marcha de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición que ya hemos acordado construir junto al Gobierno Nacional. Hemos avanzado en la definición del componente de Reparación del Sistema y urgimos al Gobierno a cerrar en breve un acuerdo sobre ello, que entendemos hoy está prácticamente consensuado.
Las garantías de no repetición de las violaciones de derechos humanos y del DIH son un derecho de las víctimas y del resto de la sociedad, y es un deber del Estado garantizarlas. No existe mayor garantía de No repetición que renunciar a la utilización de la violencia y las armas en el ejercicio de la política y poner fin a la guerra mediante la firma de una paz estable y duradera derivada de la construcción de convivencia en condiciones de justicia social y democracia, razones por las cuales las FARC-EP venimos dialogando en La Habana.
El Estado debe garantizar la No repetición abandonando doctrinas que contemplen al pueblo colombiano como un enemigo interno, garantizando así que las Fuerzas Armadas vuelven a su misión constitucional de guardar las fronteras y defender la soberanía nacional.
Reafirmamos nuestra decisión de hacer dejación de las armas pero antes deben tomarse medidas para impedir que tengamos que contemplar impasibles como vuelve a producirse en Colombia el exterminio de una fuerza política nacida de un acuerdo de paz, tal como ocurrió con la Unión Patriótica. Porque queremos convertirnos en una organización política abierta con derecho a pensar y disentir, actuando sin la zozobra de las amenazas, la persecución y la muerte, proponemos acordar a la mayor brevedad un mecanismo que garantice la no repetición del paramilitarismo, el esclarecimiento de dicho fenómeno y su desaparición efectiva.
Presentaremos en la Mesa de Diálogos una propuesta al respecto. Colombia debe entender que ello es garantía previa para que puedan los militantes de las FARC-EP incorporarse a la vida civil sin riesgo para sus vidas y su integridad por ejercer actividad política en democracia.
El paramilitarismo es uno de los grandes obstáculos para la consecución de la paz.
El desmantelamiento de ese fenómeno y la adopción de una nueva doctrina de seguridad humana, con énfasis en los derechos humanos y en la equidad, es requisito para el libre desenvolvimiento de la actividad política, sindical y de los movimientos sociales en Colombia, quienes han padecido el terrorismo de Estado.