RESPUESTA A LA CARTA DE CONPAZ "PRIMERA REACCIÓN A LA COMISIÓN DE ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, CONVIVENCIA Y NO REPETICIÓN (CV)"
Como lo hemos planteado innumerables veces, el papel de la sociedad en la construcción de la paz en Colombia, es fundamental e irreemplazable. En ese sentido, las propuestas que realizan las Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ), representa un gran aporte en el logro de este propósito colectivo, por ello saludamos su iniciativa y compartimos unas lecturas.
En concordancia con lo planteado por el ELN, empezamos por decir que la paz pasa necesariamente por un replanteamiento de los acuerdos sociales, bajo los que se desarrolla la dinámica social y política del país, una forma de relacionamiento basado en la cultura de la violencia, la cual impone la fuerza, como única posibilidad de “solucionar” los conflictos. Ahora bien, esta cultura es el resultado de la imposición de la guerra contra el pueblo.
La clase que históricamente detenta el poder, en su imposibilidad de reconocer la opinión diferente, ha impuesto las decisiones por medio de la violencia, cerrando las vías democráticas. Modo de operar que se reproduce, en cada una de las capas sociales del país.
En ese sentido, se hace necesaria, la construcción de un consenso nacional y regional, que dé apertura política en el país y permita reconocer las propuestas de paz de las comunidades.
Este proceso tiene varios componentes, uno de ellos, es el esclarecimiento de la verdad. Aquí, el Estado tiene una gran deuda en el develamiento de los hechos, que en el marco de esta guerra se han desatado. Sin esto, es imposible avanzar en sanar las profundas heridas que han generado, décadas de impunidad.
No obstante, el pueblo debe estar preparado para tramitar estas profundas reflexiones, pues en muchas ocasiones la verdad no es bien asumida, sino por el contrario, desencadena confrontaciones movidas por sentimientos de venganza e intereses económicos, los cuales hacen parte de las causas y el desarrollo de la guerra.
Como plantea CONPAZ, el lugar de las víctimas en el proceso de esclarecimiento es protagónico, no en un sentido revictimizador, sino reconociendo que ellas son la primera fuente en un proceso de investigación, además de ser las directas afectadas. Son las víctimas quienes portan los hechos en sus vidas, vidas desarrolladas en territorios y tiempos específicos.
Bajo la concepción del ELN, en el esquema de este proceso, las organizaciones de víctimas deben hacer parte desde el momento de planificación de las propuestas, no solamente ser receptoras de su implementación, contemplando a las víctimas no organizadas y reconociendo que no son homogéneas. Es urgente fortalecer dicho proceso.
La verdad es el primer paso, pero para avanzar, debe existir una relación con la justicia, que permita darle tramite legal a las revelaciones de la verdad. Esta justicia al mismo tiempo, que tiene diferenciación entre los actores de la verdad, tiene un equilibrio en aplicar la justicia según las dimensiones de los hechos. Por ejemplo el fuero militar va en contra vía de esta idea, pues no solo cierra la verdad a la sociedad, sino que sesga la mirada con la que aplica la ley, teniendo en cuenta la gran responsabilidad que tienen las FF.AA. en la imposición de la guerra contra la población (falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, montajes). Por el mismo camino, la ley de justicia y paz, en su falsa afirmación del desmonte del paramilitarismo, no permitió esclarecer la verdad, sino que por el contrario suministró altas dosis de olvido.
La mesa de dialogo con las FARC y la posible mesa con el ELN, son un espacio desde el cual se debe impulsar esta gran apuesta, sin embargo por su dimensión requiere de la participación del país en su conjunto. Esto implica que su desarrollo vaya más allá del proceso de diálogo y pasa por la implementación de los acuerdos.
En la carta, se expresan dudas frente a las garantías de organización, participación y movilización de los procesos de víctimas, quienes han sido doblemente víctimas, ahora de la persecución y amenaza por su propósito de esclarecer los hechos. Ciertamente, estos temores se extienden a todo el movimiento social colombiano, quien cada día ve cerrar la posibilidad de disputar por la vía política, las reivindicaciones que considera justas.
Las garantías para el ejercicio de la política son una responsabilidad del Estado, lo cual queda en entre dicho con propuestas legislativas, como la modificación al código de policía y el estatuto de seguridad, los cuales claramente criminalizan la protesta social.
Lo que queda, son grandes desafíos y victorias por alcanzar. La búsqueda de la paz requiere colocar todas las voluntades sobre la mesa. Todo este ejercicio se daría en un marco de condiciones, no solo para la insurgencia y las fuerzas armadas, sino también para la sociedad, bajo un cese al fuego bilateral. No aquel que se confunde con el “fin del conflicto” express, sino aquel que brinda garantías de dialogo, negociación y construcción de apuestas para la paz, un cese al fuego que avance en el desescalamiento de la guerra y el escalamiento de la paz y no dentro de la premisa de doblegar al otro, porque esto resulta mas lesivo para un verdadero proceso de paz.
El ELN expresa toda la voluntad de reconocer y participar en la búsqueda de la verdad, la reparación y la no repetición.