Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2015-07-25
Categoría
Comunicado
No se puede pactar un modelo de justicia en el que el estado y los determinadores queden impunes
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, julio 25 de 2015
El debate sobre la paz realizado esta semana en el Congreso de la República no solamente fue oportuno y necesario, sino que reflejó una vez más que el actual intento por ponerle punto final a más de 50 años de guerra ocupa el interés prioritario de la agenda nacional, a la vez que reflejó un abanico variado de posiciones de los distintos partidos políticos, dejando en evidencia que –excepto las fuerzas de la extrema derecha comandadas por el senador Uribe Vélez- todos apoyan los esfuerzos que se hacen en La Habana para conseguir un gran acuerdo de paz.
Que el ex presidente Uribe y su bancada hayan despotricado contra el proceso de Paz con el desgastado sofisma de que en Colombia no hay un conflicto armado interno, ni nos sorprendió, ni nos desveló: sabemos muy bien que él y sus alfiles hacen y harán hasta lo imposible para evitar que las futuras generaciones de colombianos y colombianas vivan y disfruten un país en paz.
Sin embargo, luego de escuchar con atención las intervenciones de la mayoría de los voceros de cada bancada, nos asalta una preocupación que hoy queremos compartir desde esta tribuna: pese a apostarle a la paz, muchos de ellos hablaron con un gran desconocimiento de los orígenes, la naturaleza y la historia del conflicto. Buena parte dio como un hecho que no se firmará un acuerdo final de paz, si no hay cárcel para la guerrilla cuyos máximo dirigentes –según se afirmó- deberán pagar algún tipo de pena.
Pensamos que estas son versiones recicladas de la lectura unilateral y equivocada que viene haciendo el gobierno sobre el origen y los propósitos del proceso que se emprendió desde el año 2012 en La Habana.
En la afirmación de que los jefes guerrilleros deberán pagar algún tipo de condena se esconde la tesis según la cual las FARC son las responsables de estas décadas de conflicto armado y que la verdad sobre el mismo solo se conocerá una vez sea firmado el acuerdo de Paz y se produzca el desarme de la guerrilla.
Según esa tesis, debemos entender que,
Los falsos positivos fueron culpa de las FARC-EP?
Los 6 millones de desplazados fueron culpa de las FARC-EP?
Las más de 6.500 masacres cometidas por el paramilitarismo son culpa de las FARC-EP?
Las miles de personas torturadas y desaparecidas fueron responsabilidad de las FARC-EP?
Toda la violencia de género ocurrida durante el conflicto es culpa de las FARC-EP?
Toda la participación de menores en el conflicto, es culpa de las FARC-EP?
El despojo de tierras en Urabá, Chocó, Sur de Bolívar, Córdoba Cesar, Magdalena medio, la Altillanura, Cauca, Valle del Cauca, que suma más de seis millones de hectáreas, es culpa de las FARC-EP?
¿Entonces, debemos creer que los paramilitares ya pagaron sus culpas y que en Colombia no hay paramilitares?
¿Solo bandas criminales narcotraficantes, una de las cuales es las FARC- EP?
¿Los representantes de la clase dirigente, los partidos políticos, el empresariado, los terratenientes y las multinacionales no asumirán ninguna responsabilidad?
Debemos señalar que para hablar de justicia es necesario conocer toda la verdad. No se puede pactar un modelo de justicia en el que el Estado y los determinadores queden impunes.
A la presente legislatura le corresponde la responsabilidad de tratar temáticas de hondo calado en momentos de particular dificultad para el país. Al debate del fin del conflicto y las políticas públicas derivadas de él, hay que sumarle la inminencia de una crisis económica sin precedentes, con barril de petróleo a menos de 60 dólares, el oro a 1.200 dólares la onza, las exportaciones en descenso o estancadas, los hospitales cerrados o quebrados y una crisis económica internacional cada vez más aguda.
En esas condiciones, un gobierno debilitado, que le incumple a las organizaciones sociales y se niega a verdaderos cambios, deberá no solo enfrentarse a un parlamento dividido, sino también a la respuesta popular en las calles.
Es por eso que hoy, cuando estamos más cerca que nunca de la posibilidad de un cierre de la expresión armada del conflicto, pensamos que desde el parlamento se debe actuar con suma responsabilidad, sin apelar a viejos trucos mediáticos para distorsionar el sentido del proceso de paz, vendiendo la vieja idea de que la guerra ha sido protagonizada por unos buenos, muy buenos que fueron atacados por unos malos muy malos, sobre los cuales debe recaer toda el peso de la ley.
En esta hora trascendental se requerirá de partidos políticos y liderazgos parlamentarios a la altura de los retos del momento, plenamente conscientes de la trascendencia de sus decisiones y comprometidos con el supremo objetivo de la paz.
Pudiéramos coincidir con el Dr. Humberto de la Calle en que hoy es más posible vislumbrar escenarios de paz cierta que antes.
No obstante, Poco ayuda a concretarlos el jefe negociador del gobierno, al insistir en interpretaciones que ya se han vuelto costumbre en la delegación del gobierno y que en nada se corresponden con la realidad, a saber:
-El primero, que el tema de la agilidad de las conversaciones es asunto que incumbe solamente a la guerrilla. Esto, lo sabe muy bien quien conozca de cerca lo que acontece en la Mesa, no es cierto. En el trascurso de las conversaciones hemos dado cuenta de presteza e interés por lograr rápidos avances. Ha sido precisamente el gobierno quién ha aplazado debates urgentes, actuando con displicencia en numerosas ocasiones y tornando complejos, puntos que serían de fácil consenso, con un poco de sentido común.
-El segundo, habiendo expresado nítidamente nuestra posición acerca del tema de la dejación de armas, la insistencia en equiparar esa dejación con la entrega de estas a la contraparte, no es más que una falacia. Sabe muy bien el jefe negociador del gobierno de Colombia que lo firmado en el Acuerdo General de La Habana, no es la entrega de las armas a la contraparte. No se logra un acuerdo definitivo simplemente repitiendo miles de veces sus propias tesis ante las cámaras.
-El tercero, el denominar “pendientes ilegítimos” o “pendientes ficticios” a las salvedades y temas pendientes que las FARC-EP mantenemos frente a los acuerdos de los puntos 1, 2 y 4.
Con estigmatizar las cuestiones que la contraparte considera determinantes en los puntos referidos, el gobierno no logra que las abandonemos, por el contrario: ratifica nuestra convicción en que su discusión es vital para la firma de un Acuerdo Final.
El país puede tener la plena seguridad de que en las FARC- EP hemos tomado la decisión de buscar el fin del conflicto. En Cuba y en Colombia, nos la jugamos toda por la paz. Sin embargo, nuestra determinación, que ha sido consultada con la base guerrillera, no se debe confundir con una señal de rendición o de sometimiento. Si el establecimiento se sigue comiendo ese cuento, la paz será una quimera.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC EP.
El debate sobre la paz realizado esta semana en el Congreso de la República no solamente fue oportuno y necesario, sino que reflejó una vez más que el actual intento por ponerle punto final a más de 50 años de guerra ocupa el interés prioritario de la agenda nacional, a la vez que reflejó un abanico variado de posiciones de los distintos partidos políticos, dejando en evidencia que –excepto las fuerzas de la extrema derecha comandadas por el senador Uribe Vélez- todos apoyan los esfuerzos que se hacen en La Habana para conseguir un gran acuerdo de paz.
Que el ex presidente Uribe y su bancada hayan despotricado contra el proceso de Paz con el desgastado sofisma de que en Colombia no hay un conflicto armado interno, ni nos sorprendió, ni nos desveló: sabemos muy bien que él y sus alfiles hacen y harán hasta lo imposible para evitar que las futuras generaciones de colombianos y colombianas vivan y disfruten un país en paz.
Sin embargo, luego de escuchar con atención las intervenciones de la mayoría de los voceros de cada bancada, nos asalta una preocupación que hoy queremos compartir desde esta tribuna: pese a apostarle a la paz, muchos de ellos hablaron con un gran desconocimiento de los orígenes, la naturaleza y la historia del conflicto. Buena parte dio como un hecho que no se firmará un acuerdo final de paz, si no hay cárcel para la guerrilla cuyos máximo dirigentes –según se afirmó- deberán pagar algún tipo de pena.
Pensamos que estas son versiones recicladas de la lectura unilateral y equivocada que viene haciendo el gobierno sobre el origen y los propósitos del proceso que se emprendió desde el año 2012 en La Habana.
En la afirmación de que los jefes guerrilleros deberán pagar algún tipo de condena se esconde la tesis según la cual las FARC son las responsables de estas décadas de conflicto armado y que la verdad sobre el mismo solo se conocerá una vez sea firmado el acuerdo de Paz y se produzca el desarme de la guerrilla.
Según esa tesis, debemos entender que,
Los falsos positivos fueron culpa de las FARC-EP?
Los 6 millones de desplazados fueron culpa de las FARC-EP?
Las más de 6.500 masacres cometidas por el paramilitarismo son culpa de las FARC-EP?
Las miles de personas torturadas y desaparecidas fueron responsabilidad de las FARC-EP?
Toda la violencia de género ocurrida durante el conflicto es culpa de las FARC-EP?
Toda la participación de menores en el conflicto, es culpa de las FARC-EP?
El despojo de tierras en Urabá, Chocó, Sur de Bolívar, Córdoba Cesar, Magdalena medio, la Altillanura, Cauca, Valle del Cauca, que suma más de seis millones de hectáreas, es culpa de las FARC-EP?
¿Entonces, debemos creer que los paramilitares ya pagaron sus culpas y que en Colombia no hay paramilitares?
¿Solo bandas criminales narcotraficantes, una de las cuales es las FARC- EP?
¿Los representantes de la clase dirigente, los partidos políticos, el empresariado, los terratenientes y las multinacionales no asumirán ninguna responsabilidad?
Debemos señalar que para hablar de justicia es necesario conocer toda la verdad. No se puede pactar un modelo de justicia en el que el Estado y los determinadores queden impunes.
A la presente legislatura le corresponde la responsabilidad de tratar temáticas de hondo calado en momentos de particular dificultad para el país. Al debate del fin del conflicto y las políticas públicas derivadas de él, hay que sumarle la inminencia de una crisis económica sin precedentes, con barril de petróleo a menos de 60 dólares, el oro a 1.200 dólares la onza, las exportaciones en descenso o estancadas, los hospitales cerrados o quebrados y una crisis económica internacional cada vez más aguda.
En esas condiciones, un gobierno debilitado, que le incumple a las organizaciones sociales y se niega a verdaderos cambios, deberá no solo enfrentarse a un parlamento dividido, sino también a la respuesta popular en las calles.
Es por eso que hoy, cuando estamos más cerca que nunca de la posibilidad de un cierre de la expresión armada del conflicto, pensamos que desde el parlamento se debe actuar con suma responsabilidad, sin apelar a viejos trucos mediáticos para distorsionar el sentido del proceso de paz, vendiendo la vieja idea de que la guerra ha sido protagonizada por unos buenos, muy buenos que fueron atacados por unos malos muy malos, sobre los cuales debe recaer toda el peso de la ley.
En esta hora trascendental se requerirá de partidos políticos y liderazgos parlamentarios a la altura de los retos del momento, plenamente conscientes de la trascendencia de sus decisiones y comprometidos con el supremo objetivo de la paz.
Pudiéramos coincidir con el Dr. Humberto de la Calle en que hoy es más posible vislumbrar escenarios de paz cierta que antes.
No obstante, Poco ayuda a concretarlos el jefe negociador del gobierno, al insistir en interpretaciones que ya se han vuelto costumbre en la delegación del gobierno y que en nada se corresponden con la realidad, a saber:
-El primero, que el tema de la agilidad de las conversaciones es asunto que incumbe solamente a la guerrilla. Esto, lo sabe muy bien quien conozca de cerca lo que acontece en la Mesa, no es cierto. En el trascurso de las conversaciones hemos dado cuenta de presteza e interés por lograr rápidos avances. Ha sido precisamente el gobierno quién ha aplazado debates urgentes, actuando con displicencia en numerosas ocasiones y tornando complejos, puntos que serían de fácil consenso, con un poco de sentido común.
-El segundo, habiendo expresado nítidamente nuestra posición acerca del tema de la dejación de armas, la insistencia en equiparar esa dejación con la entrega de estas a la contraparte, no es más que una falacia. Sabe muy bien el jefe negociador del gobierno de Colombia que lo firmado en el Acuerdo General de La Habana, no es la entrega de las armas a la contraparte. No se logra un acuerdo definitivo simplemente repitiendo miles de veces sus propias tesis ante las cámaras.
-El tercero, el denominar “pendientes ilegítimos” o “pendientes ficticios” a las salvedades y temas pendientes que las FARC-EP mantenemos frente a los acuerdos de los puntos 1, 2 y 4.
Con estigmatizar las cuestiones que la contraparte considera determinantes en los puntos referidos, el gobierno no logra que las abandonemos, por el contrario: ratifica nuestra convicción en que su discusión es vital para la firma de un Acuerdo Final.
El país puede tener la plena seguridad de que en las FARC- EP hemos tomado la decisión de buscar el fin del conflicto. En Cuba y en Colombia, nos la jugamos toda por la paz. Sin embargo, nuestra determinación, que ha sido consultada con la base guerrillera, no se debe confundir con una señal de rendición o de sometimiento. Si el establecimiento se sigue comiendo ese cuento, la paz será una quimera.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC EP.