Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2015-07-31
Categoría
Comunicado
Carta de las FARC-EP a oficiales retirados
La Habana, Cuba, julio 31 de 2015
Señor Brigadier General (r)
JAIME RUIZ BARRERA
Presidente Nacional de ACORE
Con copia al señor General, Jorge Enrique Mora Rangel.
Nos dirigimos a la Asociación Nacional de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, ACORE, con la intención de expresarles respetuosa, clara y sinceramente nuestros puntos de vista sobre las medidas que en materia de justicia, entendemos, son necesarias para alcanzar un Acuerdo de Paz que ponga fin al conflicto armado que desangra a nuestra patria desde hace más de 50 años.
Las FARC-EP han ejercido el mismo derecho a la rebelión que contra la injusticia y la opresión tomaron en sus manos los comuneros y después el ejército libertador y el pueblo todo, para liberarnos del entonces yugo opresor español. Ahora como en aquella época, las actuaciones realizadas por los rebeldes en aras de alcanzar sus legítimos objetivos, deben ser tratadas como delitos políticos y como tal amnistiadas. Este es el mandato de la Constitución Política, a pesar de que a lo largo de los últimos veinte años el Estado ha intentado negar a la insurgencia la condición de alzados en armas, reduciendo así un esencial rasgo de nuestra historia a una simplista calificación de terrorismo.
Entendemos que las medidas que en materia de Justicia se adopten en estas conversaciones de paz, no pueden ser simétricas para todos los que nos hemos enfrentado en esta guerra, puesto que cada beligerante disfruta de diferentes estatutos jurídicos. Pero sin duda alguna todos deben disfrutar de equidad, tratamiento equilibrado y beneficios jurídicos proporcionales a la necesaria verdad que debemos ofrecer al país, a nuestra determinación para asumir responsabilidades y a nuestro compromiso con la reparación a las víctimas del conflicto. No puede esperarse otra cosa de aquellos a los que la valentía se les presupone.
Sentada la anterior premisa, afirmamos que las Conversaciones de Paz, no pueden convertirse en un proceso judicial contra las FARC-EP ni contra las Fuerzas Militares, siendo la naturaleza de los Diálogos eminentemente política, por lo que ese mismo carácter deberá tener la solución que alcancemos para terminar la guerra. Por ello afirmamos que condicionar el éxito del proceso de paz al encarcelamiento de cualquier beligerante, es una mera opción política, no jurídica, que está condenada al fracaso.
Para cualquier conciencia democrática, los Crímenes de Estado son la mayor de las posibles perversiones del poder político, ya que la legitimidad del Estado para ejercer el monopolio de las armas deviene de su obligación de respetar la legalidad y usar la fuerza únicamente con la finalidad de defender el bien común y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero igual creemos que no puede atribuirse exclusivamente a las Fuerzas Armadas y policiales colombianas, la responsabilidad última por esos graves crímenes, porque en un Estado democrático la cadena de mando tiene su cúspide en el poder político, y a este no le alcanza inmunidad cuando actúa contra los derechos fundamentales de su pueblo. En Colombia, con frecuencia las fuerzas del Estado han sido utilizadas por la dirigencia política y los poderes económicos para la ejecución de hechos criminales en beneficio de intereses particulares, habitualmente también mediante alianzas con organizaciones mafiosas y narcotraficantes.
Por lo anterior, opinamos que el Fuero Penal Militar se ofrece a los miembros de las Fuerzas Militares para que aceptándolo y sometiéndose a él, se reconozcan individualmente como máximos responsables de los crímenes de Estado. Su aprobación supondrá el expreso señalamiento a la institución militar y a sus integrantes como máximos responsables de los delitos cometidos por el Estado y por sus auxiliadores durante el conflicto armado interno, además de impedirles disfrutar de los beneficios jurídicos derivados del proceso de paz.
La Verdad, el fin de la impunidad, la Reparación y Restauración del daño causado y las garantías de No Repetición, son para nosotros, los componentes del modelo de Justicia que debe aplicarse tras el Acuerdo de Paz.
Negamos que la obligación del Estado de procurar Justicia equivalga a un imperativo de juzgar en un proceso judicial, sino que consiste en una obligación de poner en marcha procesos de carácter sancionador que diluciden responsabilidades, sancionando o eximiendo de responsabilidad en su caso. En el derecho interno colombiano, mediante norma constitucional, se contemplan expresamente "instrumentos de justicia transicional de carácter (...) extra-judicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción", que pueden imponer sanciones de carácter restaurativo, produciendo efecto de cosa juzgada universal e impidiendo así futuras reclamaciones ante cualquier instancia o jurisdicción nacional o internacional. Por distintas consideraciones, especialmente éticas, esta opción debe y puede contar con la necesaria aprobación de las víctimas del conflicto, lo cual creemos posible.
Por todo ello, los invitamos a un encuentro con la Delegación de Paz de las FARC en La Habana, donde con la asistencia de nuestros asesores jurídicos, podamos hablar detenidamente de los escenarios que contemplamos para alcanzar una solución en materia de Justicia aceptable para todos. Nos asiste la certeza de que sin su opinión no es posible la construcción de una paz estable y duradera para Colombia.
Finalmente, les sugerimos, muy comedidamente, compartir el contenido de esta misiva con los oficiales y soldados del ejército y con las organizaciones de retirados de la Policía Nacional.
Esperamos de su parte una respuesta positiva a las motivaciones de esta carta.
Cordial saludo,
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Señor Brigadier General (r)
JAIME RUIZ BARRERA
Presidente Nacional de ACORE
Con copia al señor General, Jorge Enrique Mora Rangel.
Nos dirigimos a la Asociación Nacional de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, ACORE, con la intención de expresarles respetuosa, clara y sinceramente nuestros puntos de vista sobre las medidas que en materia de justicia, entendemos, son necesarias para alcanzar un Acuerdo de Paz que ponga fin al conflicto armado que desangra a nuestra patria desde hace más de 50 años.
Las FARC-EP han ejercido el mismo derecho a la rebelión que contra la injusticia y la opresión tomaron en sus manos los comuneros y después el ejército libertador y el pueblo todo, para liberarnos del entonces yugo opresor español. Ahora como en aquella época, las actuaciones realizadas por los rebeldes en aras de alcanzar sus legítimos objetivos, deben ser tratadas como delitos políticos y como tal amnistiadas. Este es el mandato de la Constitución Política, a pesar de que a lo largo de los últimos veinte años el Estado ha intentado negar a la insurgencia la condición de alzados en armas, reduciendo así un esencial rasgo de nuestra historia a una simplista calificación de terrorismo.
Entendemos que las medidas que en materia de Justicia se adopten en estas conversaciones de paz, no pueden ser simétricas para todos los que nos hemos enfrentado en esta guerra, puesto que cada beligerante disfruta de diferentes estatutos jurídicos. Pero sin duda alguna todos deben disfrutar de equidad, tratamiento equilibrado y beneficios jurídicos proporcionales a la necesaria verdad que debemos ofrecer al país, a nuestra determinación para asumir responsabilidades y a nuestro compromiso con la reparación a las víctimas del conflicto. No puede esperarse otra cosa de aquellos a los que la valentía se les presupone.
Sentada la anterior premisa, afirmamos que las Conversaciones de Paz, no pueden convertirse en un proceso judicial contra las FARC-EP ni contra las Fuerzas Militares, siendo la naturaleza de los Diálogos eminentemente política, por lo que ese mismo carácter deberá tener la solución que alcancemos para terminar la guerra. Por ello afirmamos que condicionar el éxito del proceso de paz al encarcelamiento de cualquier beligerante, es una mera opción política, no jurídica, que está condenada al fracaso.
Para cualquier conciencia democrática, los Crímenes de Estado son la mayor de las posibles perversiones del poder político, ya que la legitimidad del Estado para ejercer el monopolio de las armas deviene de su obligación de respetar la legalidad y usar la fuerza únicamente con la finalidad de defender el bien común y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero igual creemos que no puede atribuirse exclusivamente a las Fuerzas Armadas y policiales colombianas, la responsabilidad última por esos graves crímenes, porque en un Estado democrático la cadena de mando tiene su cúspide en el poder político, y a este no le alcanza inmunidad cuando actúa contra los derechos fundamentales de su pueblo. En Colombia, con frecuencia las fuerzas del Estado han sido utilizadas por la dirigencia política y los poderes económicos para la ejecución de hechos criminales en beneficio de intereses particulares, habitualmente también mediante alianzas con organizaciones mafiosas y narcotraficantes.
Por lo anterior, opinamos que el Fuero Penal Militar se ofrece a los miembros de las Fuerzas Militares para que aceptándolo y sometiéndose a él, se reconozcan individualmente como máximos responsables de los crímenes de Estado. Su aprobación supondrá el expreso señalamiento a la institución militar y a sus integrantes como máximos responsables de los delitos cometidos por el Estado y por sus auxiliadores durante el conflicto armado interno, además de impedirles disfrutar de los beneficios jurídicos derivados del proceso de paz.
La Verdad, el fin de la impunidad, la Reparación y Restauración del daño causado y las garantías de No Repetición, son para nosotros, los componentes del modelo de Justicia que debe aplicarse tras el Acuerdo de Paz.
Negamos que la obligación del Estado de procurar Justicia equivalga a un imperativo de juzgar en un proceso judicial, sino que consiste en una obligación de poner en marcha procesos de carácter sancionador que diluciden responsabilidades, sancionando o eximiendo de responsabilidad en su caso. En el derecho interno colombiano, mediante norma constitucional, se contemplan expresamente "instrumentos de justicia transicional de carácter (...) extra-judicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción", que pueden imponer sanciones de carácter restaurativo, produciendo efecto de cosa juzgada universal e impidiendo así futuras reclamaciones ante cualquier instancia o jurisdicción nacional o internacional. Por distintas consideraciones, especialmente éticas, esta opción debe y puede contar con la necesaria aprobación de las víctimas del conflicto, lo cual creemos posible.
Por todo ello, los invitamos a un encuentro con la Delegación de Paz de las FARC en La Habana, donde con la asistencia de nuestros asesores jurídicos, podamos hablar detenidamente de los escenarios que contemplamos para alcanzar una solución en materia de Justicia aceptable para todos. Nos asiste la certeza de que sin su opinión no es posible la construcción de una paz estable y duradera para Colombia.
Finalmente, les sugerimos, muy comedidamente, compartir el contenido de esta misiva con los oficiales y soldados del ejército y con las organizaciones de retirados de la Policía Nacional.
Esperamos de su parte una respuesta positiva a las motivaciones de esta carta.
Cordial saludo,
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP