Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2015-08-10
Categoría
Comunicado
A un año de la prometida paz
A UN AÑO DE LA PROMETIDA PAZ*
Por estos días cumple el presidente Santos un año de su segundo mandato, caracterizado por las apuestas por la paz.
El ex presidente Uribe y sus seguidores no cesan de atravesarse a la iniciativa de diálogo del gobierno y en cambio sostienen, que la salida a la crisis colombiana es la guerra.
La imagen del presidente depende de la aceptación, que logre el proceso de paz entre los colombianos; y al contrario, la imagen de Uribe sube en las encuestas, cuando baja la del presidente. Forcejeo que va a tener una medición en las elecciones regionales del 25 de octubre próximo.
La aceptación del proceso de paz dentro de la sociedad colombiana, está en relación directa con los cambios a que se comprometa la elite dominante y su Estado; junto a lo que la guerrilla se comprometa a cambiar. Pero en los grandes medios de comunicación el mensaje que difunden a diario, solo habla de los cambios que debe sufrir la insurgencia.
Hace un año, en el discurso de posesión, Santos afirmó que “ya se estaba entrando en la fase final de las conversaciones con las FARC”, sin embargo, la comentada tesis del “punto de no retorno” ha tenido que ser reevaluada, por la intransigencia del gobierno en la formulación de unos diálogos, que pretenden imponer el esquema de una guerrilla sometida.
En ese discurso afirmaba que “este proceso exigiría del sacrificio de todos”, contrario a esto, lo que se ha sacrificado son los derechos de distintos sectores populares, que se han movilizado por el incumplimiento de acuerdos y recortes en derechos fundamentales.
Este sacrificio implicaba también acuerdos sobre justicia, pero el gobierno junto a los grandes medios de comunicación han querido reducir el debate a si debe haber o no penas de cárcel para la insurgencia. Dejando de lado una parte gruesa del debate, sobre el delito político y el derecho de los pueblos a rebelarse contra la explotación y la opresión. Mientras esquivan la atención sobre las responsabilidades que corresponden al Estado, en la creación, coordinación y omisión, en el accionar criminal del paramilitarismo.
Se quiere poner como objetivo exclusivo de las mesas de diálogo, la dejación de armas de la insurgencia, obviando el compromiso del Estado con unos cambios significativos, que superen las causas del levantamiento armado, así como la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Afortunadamente en la opinión de los colombianos la opción de una paz que involucre cambios y justicia social, está cada vez más clara. Por esto, la garantía indispensable es la participación activa de la sociedad, en el proceso de paz.
El ELN está comprometido con un proceso de paz en que los sectores populares que se han mantenido en resistencia, dejen de ser empobrecidos, criminalizados y perseguidos; para que se conviertan en sujetos políticos, motor de los cambios sustanciales, que erradiquen definitivamente las grandes desigualdades sociales y la violencia, como la manera de mantenerse en el poder y hacer política.
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* Editorial de la revista Insurrección Nº 489
Por estos días cumple el presidente Santos un año de su segundo mandato, caracterizado por las apuestas por la paz.
El ex presidente Uribe y sus seguidores no cesan de atravesarse a la iniciativa de diálogo del gobierno y en cambio sostienen, que la salida a la crisis colombiana es la guerra.
La imagen del presidente depende de la aceptación, que logre el proceso de paz entre los colombianos; y al contrario, la imagen de Uribe sube en las encuestas, cuando baja la del presidente. Forcejeo que va a tener una medición en las elecciones regionales del 25 de octubre próximo.
La aceptación del proceso de paz dentro de la sociedad colombiana, está en relación directa con los cambios a que se comprometa la elite dominante y su Estado; junto a lo que la guerrilla se comprometa a cambiar. Pero en los grandes medios de comunicación el mensaje que difunden a diario, solo habla de los cambios que debe sufrir la insurgencia.
Hace un año, en el discurso de posesión, Santos afirmó que “ya se estaba entrando en la fase final de las conversaciones con las FARC”, sin embargo, la comentada tesis del “punto de no retorno” ha tenido que ser reevaluada, por la intransigencia del gobierno en la formulación de unos diálogos, que pretenden imponer el esquema de una guerrilla sometida.
En ese discurso afirmaba que “este proceso exigiría del sacrificio de todos”, contrario a esto, lo que se ha sacrificado son los derechos de distintos sectores populares, que se han movilizado por el incumplimiento de acuerdos y recortes en derechos fundamentales.
Este sacrificio implicaba también acuerdos sobre justicia, pero el gobierno junto a los grandes medios de comunicación han querido reducir el debate a si debe haber o no penas de cárcel para la insurgencia. Dejando de lado una parte gruesa del debate, sobre el delito político y el derecho de los pueblos a rebelarse contra la explotación y la opresión. Mientras esquivan la atención sobre las responsabilidades que corresponden al Estado, en la creación, coordinación y omisión, en el accionar criminal del paramilitarismo.
Se quiere poner como objetivo exclusivo de las mesas de diálogo, la dejación de armas de la insurgencia, obviando el compromiso del Estado con unos cambios significativos, que superen las causas del levantamiento armado, así como la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
Afortunadamente en la opinión de los colombianos la opción de una paz que involucre cambios y justicia social, está cada vez más clara. Por esto, la garantía indispensable es la participación activa de la sociedad, en el proceso de paz.
El ELN está comprometido con un proceso de paz en que los sectores populares que se han mantenido en resistencia, dejen de ser empobrecidos, criminalizados y perseguidos; para que se conviertan en sujetos políticos, motor de los cambios sustanciales, que erradiquen definitivamente las grandes desigualdades sociales y la violencia, como la manera de mantenerse en el poder y hacer política.
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* Editorial de la revista Insurrección Nº 489