Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2002-09-18
Categoría
Comunicado
Fichero Adjunto
Tesis sobre la ejecutoría de la Suprema Corte respecto a la Ley Indígena
TESIS SOBRE LA EJECUTORIA DE LA SUPREMA CORTE RESPECTO A LA LEY INDÍGENA
1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano máximo de defensoría jurídica de nuestro país, órgano que en última instancia juzga sobre diversas controversias entre los diferentes poderes de la nación, ha expedido una ejecutoria mediante la cual determina que la “Ley Indígena” que Vicente Fox presentó al Legislativo y este último legitimó, no puede ser objeto de apelación, bajo ninguna circunstancia ni bajo figura jurídica alguna, por grupo, persona o poder de la nación, sea federal o estatal.
2. Con este hecho se demuestra, una vez más, que la supuesta racionalidad jurídica de un Estado de Derecho; es decir, la pretendida razón de expedir leyes que propicien una vida democrática, participativa, racional, justa, digna y con calidad, no es el rasgo característico ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del judicial.
3. De igual modo, con tal acción se muestra que el Poder Judicial no sólo es incapaz de responder a la ética y los valores de convivencia social democrática, participativa, racional, justa, digna y con calidad; sino que tampoco es capaz de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos de nuestra nación, así como nunca puede garantizar la exigibilidad de las propias normas jurídicas en beneficio de nuestro pueblo.
4. Asimismo, tal ejecutoria evidencia que los órganos de poder del Estado Mexicano han rechazado el legitimo derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y la recuperación de su historia, su cultura, lengua, valores y sus usos y costumbres.
5. Con esta resolución se demuestra, una vez más, que el Estado de Derecho, tan cacareado por los dueños del poder y por sus lacayos en el gobierno y los partidos políticos oficiales, es retórica y discurso carente de contenido objetivo y material para el pueblo de México y, en particular, para los pueblos indígenas.
6. Con ésta se demuestra, además, el carácter de clase (la clase en el poder, la burguesía) del Estado, que responde sólo a los intereses del gran capital, nacional y extranjero.
7. ¿Qué nos propone esta resolución? ¿Sugiere acaso que sigamos olvidados, oprimidos, excluidos de los beneficios del desarrollo y explotados otros quinientos años? ¿Que sigamos siendo miserables, paupérrimos, analfabetas, ignorantes, muertos de hambre, enfermos de enfermedades prevenibles o curables, desnutridos y considerados “capital humano” prescindible? ¿Que aceptemos sumisa y calladamente sus determinaciones desnacionalizadoras, alienantes y cosificantes? ¿Qué los pueblos indígenas u originarios dejen de existir como pueblos conscientes y dispuestos a recuperar su dignidad histórica, política y ciudadana?, ¿O que sirvan, a manera de indios en reservaciones, para convertirse en piezas de colección y presentes solo en las imágenes folklóricas de los media y el turismo? ¿Qué es lo que pretenden decirnos?
8. Esta política jurídica (impulsada por el poder Ejecutivo, validada por el Poder Legislativo y vigilada por el Poder Judicial) confirma a nuestro pueblo lo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hubo mostrado desde su Primera Declaración de la Selva Lacandona: Que la lucha armada es válida, además de parecer la única vía accesible a nuestro pueblo, para garantizar el reconocimiento de nuestros más elementales derechos y reclamos de justicia y dignidad; muestra a todos los pueblos del mundo que la lucha armada en nuestro México es el único instrumento que permite exigir y hacer cumplir los más elementales principios de una vida justa, digna y democrática.
9. Esta ejecutoria evidencia que el ¡Ya Basta! escuchado con las armas de la razón y gritado con la razón de las armas era, es y seguirá siendo necesario mientras no le quede otra vía a nuestro pueblo; que somos soldados porque queremos que nuestros hijos no tengan necesidad de serlo en el futuro; que podrán cuestionar la vía, pero no las causas.
10. Ante este hecho, inapelable jurídicamente, llamamos a la movilización de todo el pueblo de México, a través de sus organizaciones democráticas, populares y revolucionarias, para que desde las diversas trincheras de lucha combatamos a este gobierno privatizador, excluyente, racista, mentiroso e hipócrita, construyendo poder popular.
Fraternalmente:
¡¡¡CONTRA EL NEOLIBERALISMO, EL PODER POPULAR¡¡¡
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
TENDENCIA DEMOCRÁTICA REVOLUCIONARIA
PDPR-EPR-TDR
República mexicana, 18 de Septiembre de 2002
1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano máximo de defensoría jurídica de nuestro país, órgano que en última instancia juzga sobre diversas controversias entre los diferentes poderes de la nación, ha expedido una ejecutoria mediante la cual determina que la “Ley Indígena” que Vicente Fox presentó al Legislativo y este último legitimó, no puede ser objeto de apelación, bajo ninguna circunstancia ni bajo figura jurídica alguna, por grupo, persona o poder de la nación, sea federal o estatal.
2. Con este hecho se demuestra, una vez más, que la supuesta racionalidad jurídica de un Estado de Derecho; es decir, la pretendida razón de expedir leyes que propicien una vida democrática, participativa, racional, justa, digna y con calidad, no es el rasgo característico ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del judicial.
3. De igual modo, con tal acción se muestra que el Poder Judicial no sólo es incapaz de responder a la ética y los valores de convivencia social democrática, participativa, racional, justa, digna y con calidad; sino que tampoco es capaz de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos de nuestra nación, así como nunca puede garantizar la exigibilidad de las propias normas jurídicas en beneficio de nuestro pueblo.
4. Asimismo, tal ejecutoria evidencia que los órganos de poder del Estado Mexicano han rechazado el legitimo derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y la recuperación de su historia, su cultura, lengua, valores y sus usos y costumbres.
5. Con esta resolución se demuestra, una vez más, que el Estado de Derecho, tan cacareado por los dueños del poder y por sus lacayos en el gobierno y los partidos políticos oficiales, es retórica y discurso carente de contenido objetivo y material para el pueblo de México y, en particular, para los pueblos indígenas.
6. Con ésta se demuestra, además, el carácter de clase (la clase en el poder, la burguesía) del Estado, que responde sólo a los intereses del gran capital, nacional y extranjero.
7. ¿Qué nos propone esta resolución? ¿Sugiere acaso que sigamos olvidados, oprimidos, excluidos de los beneficios del desarrollo y explotados otros quinientos años? ¿Que sigamos siendo miserables, paupérrimos, analfabetas, ignorantes, muertos de hambre, enfermos de enfermedades prevenibles o curables, desnutridos y considerados “capital humano” prescindible? ¿Que aceptemos sumisa y calladamente sus determinaciones desnacionalizadoras, alienantes y cosificantes? ¿Qué los pueblos indígenas u originarios dejen de existir como pueblos conscientes y dispuestos a recuperar su dignidad histórica, política y ciudadana?, ¿O que sirvan, a manera de indios en reservaciones, para convertirse en piezas de colección y presentes solo en las imágenes folklóricas de los media y el turismo? ¿Qué es lo que pretenden decirnos?
8. Esta política jurídica (impulsada por el poder Ejecutivo, validada por el Poder Legislativo y vigilada por el Poder Judicial) confirma a nuestro pueblo lo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hubo mostrado desde su Primera Declaración de la Selva Lacandona: Que la lucha armada es válida, además de parecer la única vía accesible a nuestro pueblo, para garantizar el reconocimiento de nuestros más elementales derechos y reclamos de justicia y dignidad; muestra a todos los pueblos del mundo que la lucha armada en nuestro México es el único instrumento que permite exigir y hacer cumplir los más elementales principios de una vida justa, digna y democrática.
9. Esta ejecutoria evidencia que el ¡Ya Basta! escuchado con las armas de la razón y gritado con la razón de las armas era, es y seguirá siendo necesario mientras no le quede otra vía a nuestro pueblo; que somos soldados porque queremos que nuestros hijos no tengan necesidad de serlo en el futuro; que podrán cuestionar la vía, pero no las causas.
10. Ante este hecho, inapelable jurídicamente, llamamos a la movilización de todo el pueblo de México, a través de sus organizaciones democráticas, populares y revolucionarias, para que desde las diversas trincheras de lucha combatamos a este gobierno privatizador, excluyente, racista, mentiroso e hipócrita, construyendo poder popular.
Fraternalmente:
¡¡¡CONTRA EL NEOLIBERALISMO, EL PODER POPULAR¡¡¡
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
TENDENCIA DEMOCRÁTICA REVOLUCIONARIA
PDPR-EPR-TDR
República mexicana, 18 de Septiembre de 2002