Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2015-10-02
Categoría
Comunicado
Respuesta del ELN a CONPAZ
Octubre 2 de 2015.
Señoras y señores miembros de Comunidades construyendo paz en los territorios (CONPAZ)
Les hago llegar mi respetuoso saludo.
Hemos estudiado con atención su carta del pasado 24 de septiembre, donde expresan su alegría al tiempo que sus preocupaciones por el acuerdo hecho entre las FARC y el Gobierno, sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Saludamos su pronunciamiento y valoramos que sus preocupaciones son las mismas de muchas y muchos colombianos, en torno a este sensible asunto referido al derecho de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Con Ustedes compartimos, que "las prácticas estatales siguen siendo despectivas y contradictorias con los propósitos reparatorios, y las enunciaciones de perdón son una expresión muy formal poco sentida".
No cabe duda sobre la ausencia de un claro compromiso del Estado en su responsabilidad institucional con la violencia y violación de los Derechos Humanos, lo que deja muchas preocupaciones sobre el manejo del Estado ante la verdad, la justicia, la reparación y no repetición; que se convierte en una amenaza para el futuro de la paz de Colombia.
Respondiendo a su pregunta, les digo que el ELN no ha discutido con el gobierno sobre la llamada justicia transicional ni intercambiado sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, por cuanto las dos delegaciones han estado dedicadas a la construcción de la Agenda, que valga decir está a punto de concluir.
Nuestra insistencia en que la sociedad, sobre todo la excluida del poder y de las decisiones sobre los destinos del país, participe en el proceso de paz, es justamente porque en todos los temas su participación es definitiva para la construcción de los acuerdos, y este de las víctimas tiene especial preponderancia a propósito de cómo se va a concretar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, puesto que si estos derechos son competencia sólo de la insurgencia y el gobierno, el tema de víctimas no se resolverá y sería un grave obstáculo para el proceso de paz.
La única manera como pueden resolverse las preguntas que nos formulan, es precisamente si hay una participación organizada y protagónica de la sociedad desde sus organizaciones, dentro de las que hay muchas de las víctimas.
También nos preocupa su pregunta sobre "¿cómo se van armonizar los procesos de conversaciones con las FARC y el ELN para lograr hablar del fin del conflicto armado?"
Es complicado, pues mientras el proceso de La Habana se acelera, el nuestro apenas va para la fase pública de conversaciones. El ELN no diseñó un dialogo por separado, sencillamente asumimos esa realidad como un reto más en aras de la paz.
Lo hemos expresado en repetidas oportunidades, que colocarle plazos perentorios al acuerdo final, lo vemos riesgoso, porque sin haber concluido las discusiones y definido acuerdos específicos, esos tiempos se vuelven una camisa de fuerza y generan falsas expectativas, que luego se convierten en un bumerán en contra de los firmantes.
La madurez de los acuerdos no la determina sólo el que se firmen, sino sus desarrollos, por lo menos hasta cuando su madurez los haga irreversibles. Esto porque en materia de acuerdos y compromisos adquiridos, “los intereses políticos, económicos y militares”, como lo afirman ustedes en su misiva, se colocan por encima, hasta violarlos flagrante y sistemáticamente; esta realidad es parte del conflicto que vivimos y no debe repetirse.
Nosotros no conocemos los acuerdos sobre JEP, pues son reservados y escuchamos decir al comandante Iván Marques, que en varios asuntos el gobierno estaba tergiversando lo firmado, por ello se requiere tener la documentación completa, antes de emitir más opiniones.
La paz es una sola, los procesos se complementan y todo aquello que en sana discusión e intercambio se acuerde, será mucho más sólido si hay consensos. Estamos atentos a recoger y estudiar todas las experiencia en esa materia, con los compañeros de las FARC así lo hemos conversado; así mismo es indispensable desempolvar y que haga parte de las discusiones en el proceso de paz, los acuerdos e iniciativas levantadas por las organizaciones de víctimas y por las luchas sociales, que han sido luego incumplidas por los sucesivos gobiernos.
La paz no es “borrón y cuenta nueva”, es reconocer en qué se ha fallado, desandar equívocos y generar consensos, es decir es inclusión, es democracia.
Saludo su esfuerzo continuado por los derechos de todo el pueblo humilde de Colombia, tengan por seguro, que estos intereses seguirán siendo el centro de los diálogos que mantenemos con el gobierno del presidente Santos. En la Agenda de conversaciones que hemos pactado, el tema de las víctimas tendrá su diseño y esperamos contar con una amplia participación de los colectivos y comunidades afectadas por el conflicto.
Me despido de Ustedes y les reitero que seguimos atentos a sus opiniones.
Su compatriota,
Nicolás Rodríguez Bautista
Primer comandante del ELN
───────────────────
CARTA DE LAS COMUNIDADES DE PAZ
Varios lugares de Colombia, 24 de septiembre de 2015.
Señor Presidente, Juan Manuel Santos.
Señor Timoleón Jiménez, Comandante Máximo de las FARC EP.
Señor Nicolás Rodríguez Bautista, Comandante Máximo del ELN.
Ref.: Nuestra alegría ante el Acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, algunas de nuestras primeras preguntas e inquietudes en esperanza
Reciban un respetuoso y también fraterno saludo, en memoria de nuestros asesinados y desaparecidos, del dolor de los sobrevivientes de la tortura, desplazamiento, desarraigo, destrucción ambiental, abusos sexuales, y de la esperanza de la construcción de una democracia en paz con justicia socio ambiental.
El avance en materia de justicia en el día de hoy llamado Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, como parte del Sistema Integral de Verdad, Reconciliación y no repetición, que se acordó entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC EP nos llena de profunda alegría. Este es un avance sustancial al pasar de un modelo eminentemente punitivo a uno restaurativo, en el que hemos creído y formulado propuestas nacidas desde nuestras comunidades en lo local y lo regional, y que aún siguen sin conocerse por ausencia de escenarios para tal efecto.
Un avance en este sentido, del que somos parte, ha sido el reconocimiento de responsabilidad de las FARC EP con nuestros hermanos de Bojayá, proceso en el que estamos empeñados en lograr experiencias demostrativas de derecho reparativo, así como otras experiencias, aún desconocidas e inéditas en este mismo sentido que se han desarrollado por exigencia de las comunidades con las guerrillas de las FARC EP y del ELN.
Esta disposición no la hemos percibido de la misma manera por parte del Estado, se enuncian los reconocimientos de responsabilidad derivados de Sentencias internas o las del Sistema Interamericano, como expresiones en este sentido, pero las víctimas tenemos que decir, que esos reconocimientos no han sido reales, pues las prácticas estatales siguen siendo despectivas y contradictorias con los propósitos reparatorios, y las enunciaciones de perdón son una expresión muy formal poco sentida.
Justo cuando se firmaba ayer la JEP, las comunidades de Cacarica asociadas en CAVIDA, denunciaban las operaciones paramilitares en el bajo Atrato, y la forma como una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la operación “Génesis”, continúa desconociendo la incompatibilidad de la ley 1448 con la indemnización individual ordenada.
La JEP es una posibilidad para que las víctimas, el movimiento de derechos humanos, el movimiento social en su conjunto, seamos parte activa en la afirmación del derecho a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición con la presentación de todos nuestros casos.
La JEP nos brinda la posibilidad para la presentación de los millares de casos de crímenes de Estado que hemos documentado, que se encuentra en total o absoluta impunidad; aquellos que bajo la ley 975 nunca fueron investigados, aquellos sobre los cuales tenemos profundas convicciones y pruebas de la responsabilidad empresarial; y posibilitará que las infracciones al derecho humanitario sean asumidas por los responsables.
Un aspecto del Acuerdo sobre la JEP se refiere a la contrastación con las investigaciones de la Fiscalía, y aquí planteamos una gran salvedad, se pueden dar por ciertas esas verdades judiciales, esas que han sido parte de la persecución penal, que se montan con carteles de testigos, con adoctrinamientos de inteligencia policial y militar, con prejuicios ideológicos que nunca contrastaron con otras pruebas técnicas, aberrantes montajes. ¿Qué credibilidad podemos esperar de tal fuente judicial que nos ha perseguido y ha llevado a la cárcel injustamente a nuestros líderes y lideresas, y personas del común de nuestras comunidades? ¿A qué Fiscalía nos referimos, a la cuestionada por vínculos con el paramilitarismo, a la comprada con dinero, a la infestada de odio contra los pobres, a la que sustenta investigaciones falseadas con contratos escandalosos?
Para que nuestra participación sea posible en este Sistema Integral se requieren garantías entre ellas:
* Tribunal idóneo, independiente y eficaz en el que sus integrantes sean examinados con lupa y cuenten con algún tipo de aval de las víctimas y de organismos intergubernamentales de derechos humanos
* Cese de la persecución judicial con montajes contra nuestras organizaciones
* Desmonte del paramilitarismo.
* Comparecencia de operadores judiciales que actuaron como parte de un sistema penal corroído como un mecanismo de guerra bajo la concepción de enemigo interno a los pobladores y organizaciones civiles.
Los aspectos que hemos conocidos nos indican que hay compatibilidad con las normas del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario, los delitos como crímenes de lesa humanidad se van a investigar y se van a sancionar.
Si bien hemos tenido resistencia inicial a la simetría en la sanción, creemos que esta estimula la enunciación de la verdad, lo conocido ayer, no iguala y diferencia entre los crímenes de Estado y los crímenes de los rebeldes, lo que a las partes significa respeto a su identidad y para las víctimas un respeto a las concepciones de responsabilidad.
En este sentido, si se acogen todos a la perspectiva del derecho reparativo, debe asegurarse que la sanción restaurativa sea validada o legitimada por las víctimas, tal como lo hemos propuesto de tiempo atrás, organizaciones de víctimas de nuestra Red, en caso específicos, de militares condenados, sobre la base de la enunciación plena de la verdad.
Lamentamos que a pesar de nuestra petición e insistencia al gobierno nacional, no se haya habilitado mecanismos extrajudiciales para percibir la voluntad de agentes estatales para ser parte de un sistema que posibilite la aplicación del derecho reparativo, entre ellos, altos oficiales condenados.
Podemos asegurar, sin embargo, que el Acuerdo JEP reconoce algunos de los principios sobre derecho reparativo que hemos planteado entre ellos la verdad plena y la sustitución de la pena carcelaria por mecanismos de dignificación y restauración de los derechos de las víctimas con garantías para los comparecientes.
Como enunciamos en marzo pasado el derecho reparatorio es restaurador de la víctima y de los responsables de la victimización, siempre y cuando enuncien la verdad, y participen en mecanismos de reparación en iniciativas concertadas con las víctimas y que cumplen la finalidad de la restauración.
Hemos planteado que la cárcel no ha posibilitado ni la verdad, ni la restauración ni la humanización del responsable de la violación ni la de nosotras las víctimas, si hay una verdad profunda se posibilita el encuentro entre los responsables y las víctimas, así como en la creación de mecanismos novedosos de reparación como se están trabajando en el caso de Bojayá, proceso del que somos testigos.
Tanto las FARC EP como el ELN han expresado en sus comunicaciones su voluntad de reconocer sus responsabilidades, asumirlas, reparar los daños causados al romper los límites de la rebelión, frente a graves infracciones al derecho humanitario, una expresión clara de no repetición, tanto como su decisión de no uso de las armas para el ejercicio de sus derechos políticos.
Sin embargo, para nosotros, mayor y profundamente afectados por el Estado y sectores empresariales y políticos, hasta el día de hoy, no hemos escuchado, no hemos conocido de la disposición de militares detenidos, militares y policías investigados, militares y policías activos, políticos y empresarios, incluso, de integrantes de la iglesia católica y de otras denominaciones religiosas, de asumir sus responsabilidades, de comparecer y enunciar la verdad, y ser parte de esa construcción inédita del derecho reparativo.
Hemos escuchado una actitud negadora a adoptar reformas institucionales, doctrinales sobre la seguridad, sobre la concepción de los enemigos internos, a fin de generar algún tipo de garantías de no repetición.
Es claro que los responsables de graves crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresiones sexuales, desplazamiento, despojo, entre otros; no pueden gozar ni gozarán de la impunidad. La JEP propone una reducción de la pena carcelaria, pero ¿cómo asegurar, qué esta vez no habrá impunidad, ante el poder real económico, el poder real político, el poder real militar que no quiere decir la verdad? ¿Cómo lograr que no haya una nueva burla a las víctimas, y que sin entregar verdad plena, los que saben, los que han sido responsables de graves crímenes sean silenciados para proteger a los beneficiarios e instigadores de la criminalidad estatal?
Creemos que la JEP complementa los aspectos fundamentales que ya se había enunciado en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Convivencia y la no Repetición, y que abre en materia de reparación la discusión profunda sobre la ley 1448 que no ha significado en su aplicación avances sustanciales ni en restitución ni en reparación, banalizando los derechos de las víctimas, bajo el presupuesto de la condicionalidad financiera, y que ha dejado de lado elementos de contenido de lo que el derecho internacional reconoce como reparación.
Creemos, que si el Estado asume su responsabilidad real en la violencia, y no solamente las guerrillas, en este caso del Acuerdo las FARC EP, podrá comprender que el derecho reparativo se concreta en iniciativas territoriales que hemos planteado entre ellas: las 12 Universidades de la Paz, las Aldeas de Paz y Apuestas Agro Ambientales de Paz, entre otras, y no como ha sido hasta ahora en una serie de procedimientos y trámites que alimentan la mendicancia, la burocracia; y no enfrentan los factores de exclusión, que generaron la violencia, tanto en la reparación individual como colectiva que contempla la ley 1448.
Ante este hecho irreversible para la terminación del conflicto armado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC EP, que pretende enfrentar la impunidad y posibilitar verdad y reparación y garantías de no repetición, queremos en medio de nuestra alegría y esperanza cómo víctimas, dejar algunas preguntas, esperando sus respuestas:
¿De qué manera se va a lograr la participación de nuestras organizaciones en la elección o composición de los integrantes de las Salas de la JEP, en las leyes estatutarias? ¿Cómo se van a asumir nuestras propuestas de derecho reparativo?
¿Cómo se van a tratar las más de 45 mil desapariciones forzadas para lograr verdad con hallazgos de los restos de nuestras víctimas en el JEP?
¿Qué va a suceder con las personas privadas de la libertad y falsamente acusadas de ser parte de las guerrillas? ¿Qué va a suceder con presos sociales?
¿Cuáles son los criterios para definir los casos más graves y representativos, y cómo asegurar que no haya exclusión? ¿Cómo asegurar, qué está vez no habrá impunidad, ante el poder real económico, el poder real político, el poder real militar que no quiere decir la verdad? ¿Cómo lograr que no haya una nueva burla a las víctimas, y qué sin entregar verdad plena, los que saben, los que han sido responsables de graves crímenes sean silenciados para proteger a los beneficiarios e instigadores de la criminalidad estatal?
¿Cómo asegurar que los archivos de inteligencia, los expedientes de 975, los existentes en Corte Suprema de Justicia y ordinarios sean conocidos integralmente por las víctimas y sus organizaciones acompañantes?
Han existido señales del eventual inicio de la mesa de conversaciones entre el gobierno que preside el doctor Juan Manuel Santos y ELN. ¿Lo aquí acordado respecto a la justicia como parte del Sistema Integral cómo es valorado en la fase exploratoria en su aplicación o no con el ELN? ¿Cuál es la opinión del ELN respecto a este Acuerdo? ¿Cómo se van a armonizar los procesos de conversaciones con las FARC y el ELN para lograr hablar del fin del conflicto armado?
Uno de los factores que incluso, está incidiendo negativamente, en el proceso electoral y en el cese unilateral del fuego, es el neo paramilitarismo, ¿cómo garantizar nuestra participación sin que este factor de violencia se haya acabado?
Reiterando nuestra alegría, y en espera de sus respuestas, y nuestra disposición a apoyar en la búsqueda de respuestas a estas preguntas,
Comunidades construyendo paz en los territorios -CONPAZ-
Señoras y señores miembros de Comunidades construyendo paz en los territorios (CONPAZ)
Les hago llegar mi respetuoso saludo.
Hemos estudiado con atención su carta del pasado 24 de septiembre, donde expresan su alegría al tiempo que sus preocupaciones por el acuerdo hecho entre las FARC y el Gobierno, sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Saludamos su pronunciamiento y valoramos que sus preocupaciones son las mismas de muchas y muchos colombianos, en torno a este sensible asunto referido al derecho de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Con Ustedes compartimos, que "las prácticas estatales siguen siendo despectivas y contradictorias con los propósitos reparatorios, y las enunciaciones de perdón son una expresión muy formal poco sentida".
No cabe duda sobre la ausencia de un claro compromiso del Estado en su responsabilidad institucional con la violencia y violación de los Derechos Humanos, lo que deja muchas preocupaciones sobre el manejo del Estado ante la verdad, la justicia, la reparación y no repetición; que se convierte en una amenaza para el futuro de la paz de Colombia.
Respondiendo a su pregunta, les digo que el ELN no ha discutido con el gobierno sobre la llamada justicia transicional ni intercambiado sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, por cuanto las dos delegaciones han estado dedicadas a la construcción de la Agenda, que valga decir está a punto de concluir.
Nuestra insistencia en que la sociedad, sobre todo la excluida del poder y de las decisiones sobre los destinos del país, participe en el proceso de paz, es justamente porque en todos los temas su participación es definitiva para la construcción de los acuerdos, y este de las víctimas tiene especial preponderancia a propósito de cómo se va a concretar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, puesto que si estos derechos son competencia sólo de la insurgencia y el gobierno, el tema de víctimas no se resolverá y sería un grave obstáculo para el proceso de paz.
La única manera como pueden resolverse las preguntas que nos formulan, es precisamente si hay una participación organizada y protagónica de la sociedad desde sus organizaciones, dentro de las que hay muchas de las víctimas.
También nos preocupa su pregunta sobre "¿cómo se van armonizar los procesos de conversaciones con las FARC y el ELN para lograr hablar del fin del conflicto armado?"
Es complicado, pues mientras el proceso de La Habana se acelera, el nuestro apenas va para la fase pública de conversaciones. El ELN no diseñó un dialogo por separado, sencillamente asumimos esa realidad como un reto más en aras de la paz.
Lo hemos expresado en repetidas oportunidades, que colocarle plazos perentorios al acuerdo final, lo vemos riesgoso, porque sin haber concluido las discusiones y definido acuerdos específicos, esos tiempos se vuelven una camisa de fuerza y generan falsas expectativas, que luego se convierten en un bumerán en contra de los firmantes.
La madurez de los acuerdos no la determina sólo el que se firmen, sino sus desarrollos, por lo menos hasta cuando su madurez los haga irreversibles. Esto porque en materia de acuerdos y compromisos adquiridos, “los intereses políticos, económicos y militares”, como lo afirman ustedes en su misiva, se colocan por encima, hasta violarlos flagrante y sistemáticamente; esta realidad es parte del conflicto que vivimos y no debe repetirse.
Nosotros no conocemos los acuerdos sobre JEP, pues son reservados y escuchamos decir al comandante Iván Marques, que en varios asuntos el gobierno estaba tergiversando lo firmado, por ello se requiere tener la documentación completa, antes de emitir más opiniones.
La paz es una sola, los procesos se complementan y todo aquello que en sana discusión e intercambio se acuerde, será mucho más sólido si hay consensos. Estamos atentos a recoger y estudiar todas las experiencia en esa materia, con los compañeros de las FARC así lo hemos conversado; así mismo es indispensable desempolvar y que haga parte de las discusiones en el proceso de paz, los acuerdos e iniciativas levantadas por las organizaciones de víctimas y por las luchas sociales, que han sido luego incumplidas por los sucesivos gobiernos.
La paz no es “borrón y cuenta nueva”, es reconocer en qué se ha fallado, desandar equívocos y generar consensos, es decir es inclusión, es democracia.
Saludo su esfuerzo continuado por los derechos de todo el pueblo humilde de Colombia, tengan por seguro, que estos intereses seguirán siendo el centro de los diálogos que mantenemos con el gobierno del presidente Santos. En la Agenda de conversaciones que hemos pactado, el tema de las víctimas tendrá su diseño y esperamos contar con una amplia participación de los colectivos y comunidades afectadas por el conflicto.
Me despido de Ustedes y les reitero que seguimos atentos a sus opiniones.
Su compatriota,
Nicolás Rodríguez Bautista
Primer comandante del ELN
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CARTA DE LAS COMUNIDADES DE PAZ
Varios lugares de Colombia, 24 de septiembre de 2015.
Señor Presidente, Juan Manuel Santos.
Señor Timoleón Jiménez, Comandante Máximo de las FARC EP.
Señor Nicolás Rodríguez Bautista, Comandante Máximo del ELN.
Ref.: Nuestra alegría ante el Acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, algunas de nuestras primeras preguntas e inquietudes en esperanza
Reciban un respetuoso y también fraterno saludo, en memoria de nuestros asesinados y desaparecidos, del dolor de los sobrevivientes de la tortura, desplazamiento, desarraigo, destrucción ambiental, abusos sexuales, y de la esperanza de la construcción de una democracia en paz con justicia socio ambiental.
El avance en materia de justicia en el día de hoy llamado Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, como parte del Sistema Integral de Verdad, Reconciliación y no repetición, que se acordó entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC EP nos llena de profunda alegría. Este es un avance sustancial al pasar de un modelo eminentemente punitivo a uno restaurativo, en el que hemos creído y formulado propuestas nacidas desde nuestras comunidades en lo local y lo regional, y que aún siguen sin conocerse por ausencia de escenarios para tal efecto.
Un avance en este sentido, del que somos parte, ha sido el reconocimiento de responsabilidad de las FARC EP con nuestros hermanos de Bojayá, proceso en el que estamos empeñados en lograr experiencias demostrativas de derecho reparativo, así como otras experiencias, aún desconocidas e inéditas en este mismo sentido que se han desarrollado por exigencia de las comunidades con las guerrillas de las FARC EP y del ELN.
Esta disposición no la hemos percibido de la misma manera por parte del Estado, se enuncian los reconocimientos de responsabilidad derivados de Sentencias internas o las del Sistema Interamericano, como expresiones en este sentido, pero las víctimas tenemos que decir, que esos reconocimientos no han sido reales, pues las prácticas estatales siguen siendo despectivas y contradictorias con los propósitos reparatorios, y las enunciaciones de perdón son una expresión muy formal poco sentida.
Justo cuando se firmaba ayer la JEP, las comunidades de Cacarica asociadas en CAVIDA, denunciaban las operaciones paramilitares en el bajo Atrato, y la forma como una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la operación “Génesis”, continúa desconociendo la incompatibilidad de la ley 1448 con la indemnización individual ordenada.
La JEP es una posibilidad para que las víctimas, el movimiento de derechos humanos, el movimiento social en su conjunto, seamos parte activa en la afirmación del derecho a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición con la presentación de todos nuestros casos.
La JEP nos brinda la posibilidad para la presentación de los millares de casos de crímenes de Estado que hemos documentado, que se encuentra en total o absoluta impunidad; aquellos que bajo la ley 975 nunca fueron investigados, aquellos sobre los cuales tenemos profundas convicciones y pruebas de la responsabilidad empresarial; y posibilitará que las infracciones al derecho humanitario sean asumidas por los responsables.
Un aspecto del Acuerdo sobre la JEP se refiere a la contrastación con las investigaciones de la Fiscalía, y aquí planteamos una gran salvedad, se pueden dar por ciertas esas verdades judiciales, esas que han sido parte de la persecución penal, que se montan con carteles de testigos, con adoctrinamientos de inteligencia policial y militar, con prejuicios ideológicos que nunca contrastaron con otras pruebas técnicas, aberrantes montajes. ¿Qué credibilidad podemos esperar de tal fuente judicial que nos ha perseguido y ha llevado a la cárcel injustamente a nuestros líderes y lideresas, y personas del común de nuestras comunidades? ¿A qué Fiscalía nos referimos, a la cuestionada por vínculos con el paramilitarismo, a la comprada con dinero, a la infestada de odio contra los pobres, a la que sustenta investigaciones falseadas con contratos escandalosos?
Para que nuestra participación sea posible en este Sistema Integral se requieren garantías entre ellas:
* Tribunal idóneo, independiente y eficaz en el que sus integrantes sean examinados con lupa y cuenten con algún tipo de aval de las víctimas y de organismos intergubernamentales de derechos humanos
* Cese de la persecución judicial con montajes contra nuestras organizaciones
* Desmonte del paramilitarismo.
* Comparecencia de operadores judiciales que actuaron como parte de un sistema penal corroído como un mecanismo de guerra bajo la concepción de enemigo interno a los pobladores y organizaciones civiles.
Los aspectos que hemos conocidos nos indican que hay compatibilidad con las normas del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario, los delitos como crímenes de lesa humanidad se van a investigar y se van a sancionar.
Si bien hemos tenido resistencia inicial a la simetría en la sanción, creemos que esta estimula la enunciación de la verdad, lo conocido ayer, no iguala y diferencia entre los crímenes de Estado y los crímenes de los rebeldes, lo que a las partes significa respeto a su identidad y para las víctimas un respeto a las concepciones de responsabilidad.
En este sentido, si se acogen todos a la perspectiva del derecho reparativo, debe asegurarse que la sanción restaurativa sea validada o legitimada por las víctimas, tal como lo hemos propuesto de tiempo atrás, organizaciones de víctimas de nuestra Red, en caso específicos, de militares condenados, sobre la base de la enunciación plena de la verdad.
Lamentamos que a pesar de nuestra petición e insistencia al gobierno nacional, no se haya habilitado mecanismos extrajudiciales para percibir la voluntad de agentes estatales para ser parte de un sistema que posibilite la aplicación del derecho reparativo, entre ellos, altos oficiales condenados.
Podemos asegurar, sin embargo, que el Acuerdo JEP reconoce algunos de los principios sobre derecho reparativo que hemos planteado entre ellos la verdad plena y la sustitución de la pena carcelaria por mecanismos de dignificación y restauración de los derechos de las víctimas con garantías para los comparecientes.
Como enunciamos en marzo pasado el derecho reparatorio es restaurador de la víctima y de los responsables de la victimización, siempre y cuando enuncien la verdad, y participen en mecanismos de reparación en iniciativas concertadas con las víctimas y que cumplen la finalidad de la restauración.
Hemos planteado que la cárcel no ha posibilitado ni la verdad, ni la restauración ni la humanización del responsable de la violación ni la de nosotras las víctimas, si hay una verdad profunda se posibilita el encuentro entre los responsables y las víctimas, así como en la creación de mecanismos novedosos de reparación como se están trabajando en el caso de Bojayá, proceso del que somos testigos.
Tanto las FARC EP como el ELN han expresado en sus comunicaciones su voluntad de reconocer sus responsabilidades, asumirlas, reparar los daños causados al romper los límites de la rebelión, frente a graves infracciones al derecho humanitario, una expresión clara de no repetición, tanto como su decisión de no uso de las armas para el ejercicio de sus derechos políticos.
Sin embargo, para nosotros, mayor y profundamente afectados por el Estado y sectores empresariales y políticos, hasta el día de hoy, no hemos escuchado, no hemos conocido de la disposición de militares detenidos, militares y policías investigados, militares y policías activos, políticos y empresarios, incluso, de integrantes de la iglesia católica y de otras denominaciones religiosas, de asumir sus responsabilidades, de comparecer y enunciar la verdad, y ser parte de esa construcción inédita del derecho reparativo.
Hemos escuchado una actitud negadora a adoptar reformas institucionales, doctrinales sobre la seguridad, sobre la concepción de los enemigos internos, a fin de generar algún tipo de garantías de no repetición.
Es claro que los responsables de graves crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresiones sexuales, desplazamiento, despojo, entre otros; no pueden gozar ni gozarán de la impunidad. La JEP propone una reducción de la pena carcelaria, pero ¿cómo asegurar, qué esta vez no habrá impunidad, ante el poder real económico, el poder real político, el poder real militar que no quiere decir la verdad? ¿Cómo lograr que no haya una nueva burla a las víctimas, y que sin entregar verdad plena, los que saben, los que han sido responsables de graves crímenes sean silenciados para proteger a los beneficiarios e instigadores de la criminalidad estatal?
Creemos que la JEP complementa los aspectos fundamentales que ya se había enunciado en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Convivencia y la no Repetición, y que abre en materia de reparación la discusión profunda sobre la ley 1448 que no ha significado en su aplicación avances sustanciales ni en restitución ni en reparación, banalizando los derechos de las víctimas, bajo el presupuesto de la condicionalidad financiera, y que ha dejado de lado elementos de contenido de lo que el derecho internacional reconoce como reparación.
Creemos, que si el Estado asume su responsabilidad real en la violencia, y no solamente las guerrillas, en este caso del Acuerdo las FARC EP, podrá comprender que el derecho reparativo se concreta en iniciativas territoriales que hemos planteado entre ellas: las 12 Universidades de la Paz, las Aldeas de Paz y Apuestas Agro Ambientales de Paz, entre otras, y no como ha sido hasta ahora en una serie de procedimientos y trámites que alimentan la mendicancia, la burocracia; y no enfrentan los factores de exclusión, que generaron la violencia, tanto en la reparación individual como colectiva que contempla la ley 1448.
Ante este hecho irreversible para la terminación del conflicto armado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC EP, que pretende enfrentar la impunidad y posibilitar verdad y reparación y garantías de no repetición, queremos en medio de nuestra alegría y esperanza cómo víctimas, dejar algunas preguntas, esperando sus respuestas:
¿De qué manera se va a lograr la participación de nuestras organizaciones en la elección o composición de los integrantes de las Salas de la JEP, en las leyes estatutarias? ¿Cómo se van a asumir nuestras propuestas de derecho reparativo?
¿Cómo se van a tratar las más de 45 mil desapariciones forzadas para lograr verdad con hallazgos de los restos de nuestras víctimas en el JEP?
¿Qué va a suceder con las personas privadas de la libertad y falsamente acusadas de ser parte de las guerrillas? ¿Qué va a suceder con presos sociales?
¿Cuáles son los criterios para definir los casos más graves y representativos, y cómo asegurar que no haya exclusión? ¿Cómo asegurar, qué está vez no habrá impunidad, ante el poder real económico, el poder real político, el poder real militar que no quiere decir la verdad? ¿Cómo lograr que no haya una nueva burla a las víctimas, y qué sin entregar verdad plena, los que saben, los que han sido responsables de graves crímenes sean silenciados para proteger a los beneficiarios e instigadores de la criminalidad estatal?
¿Cómo asegurar que los archivos de inteligencia, los expedientes de 975, los existentes en Corte Suprema de Justicia y ordinarios sean conocidos integralmente por las víctimas y sus organizaciones acompañantes?
Han existido señales del eventual inicio de la mesa de conversaciones entre el gobierno que preside el doctor Juan Manuel Santos y ELN. ¿Lo aquí acordado respecto a la justicia como parte del Sistema Integral cómo es valorado en la fase exploratoria en su aplicación o no con el ELN? ¿Cuál es la opinión del ELN respecto a este Acuerdo? ¿Cómo se van a armonizar los procesos de conversaciones con las FARC y el ELN para lograr hablar del fin del conflicto armado?
Uno de los factores que incluso, está incidiendo negativamente, en el proceso electoral y en el cese unilateral del fuego, es el neo paramilitarismo, ¿cómo garantizar nuestra participación sin que este factor de violencia se haya acabado?
Reiterando nuestra alegría, y en espera de sus respuestas, y nuestra disposición a apoyar en la búsqueda de respuestas a estas preguntas,
Comunidades construyendo paz en los territorios -CONPAZ-