Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2015-10-30
Categoría
Comunicado
Saludo a la Delegación del Congreso
La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, octubre 30 de 2015
Señor presidente del Senado, Luis Fernando Velasco
Señor presidente de la Cámara, Alfredo Deluque
Señoras y señores Congresistas
Constituye para nosotros motivo de gran interés tenerlos de nuevo en este escenario de La Habana en el que desde hace tres años los plenipotenciarios del Gobierno y de las FARC buscamos fórmulas de acuerdo para alcanzar la paz como la más alta aspiración de un pueblo, la paz como derecho síntesis, sin el cual sería imposible la implementación o concreción de ningún otro derecho. Necesitamos la paz como el aire para poder respirar sosiego, verdadera democracia y vida digna para todos.
El proceso de paz, que ha avanzado como ninguno de los habidos en el mundo, está en un momento de expectación frente al cierre definitivo del componente de Justicia, que esperamos ocurra en el día de hoy tras la reunión de la Comisión Jurídica en Bogotá, para desatar la marcha multitudinaria de Colombia hacia su destino de reconciliación.
Como ustedes saben, el 23 de septiembre, tanto Santos como Timochenko, no vinieron a La Habana para difundir frente al presidente Castro y el mundo un simple comunicado, sino a sellar el trascendental acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que ha de irrumpir como poderoso raudal, dinamizador de las decisiones que nos deben conducir a la firma del Acuerdo que indicará el fin del más largo conflicto armado del continente.
Esa noche se disparó la esperanza de millones de compatriotas, cuando el Presidente de Colombia y el comandante de las FARC anunciaron el acuerdo y se fijaron un plazo de seis meses para rubricar la paz. No acababa la ola noticiosa de la buena nueva recorrer el mundo, cuando unas horas después, el conteo regresivo del reloj empezó a atascarse, porque una de las partes bombardeó la opinión con interpretaciones unilaterales difundiendo el galimatías de que el comunicado que anunciaba el logro del acuerdo era el acuerdo, sorprendente transfiguración de una obra de 75 puntos y un listado de sanciones, arduamente trabajada por ilustres juristas, que recibió el aplauso de personalidades del mundo, organismos multilaterales y de organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas.
La misma noche del encuentro cumbre, los jefes de las dos delegaciones entregaron con sus respectivas firmas a los garantes de Noruega y Cuba el acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, y en honor a la verdad, con la adición del texto: “documento en desarrollo”, manuscrito por el jefe de los plenipotenciarios del Gobierno, obviamente con el desacuerdo de la parte insurgente.
Esperamos que la comisión jurídica, luego de definir el mecanismo de selección de los magistrados, y de concretar la Ley de amnistía, como es lo que corresponde, ponga nuevamente en marcha el reloj del tiempo, cuyo tic tac no debió ser interrumpido con obstrucciones artificiales o para presionar con veleidades. Tal circunstancia podría empujar el proceso hacia el precipicio del fracaso. Recordemos que los esfuerzos y compromisos deben ser mutuos.
Está en juego la seguridad jurídica de todos. La Jurisdicción Especial edificada sobre la justicia restaurativa, prospectiva, y el Margen Nacional de Apreciación, es para el universo de los involucrados en el conflicto -combatientes y no combatientes-. Para todos; no para una sola de las partes. Ella está enmarcada dentro de los estándares internacionales, combate la impunidad, está dirigida a satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto, y para ello LA VERDAD tendrá que iluminar nuestra horrible noche.
El Acuerdo General de La Habana del 26 de agosto de 2012 contiene un preámbulo vinculante y una Agenda de seis puntos, de los cuales hemos logrado tres acuerdos parciales referidos a Reforma Rural Integral, Participación Política y Nueva política antidrogas; todos con importantes salvedades todavía sin resolver. Actualmente avanzamos en la redacción de un nuevo acuerdo, el de Víctimas del Conflicto, muy próximo a ser firmado, pero con trascendentales bases consensuadas como lo son las conclusiones de la Comisión Histórica, el diseño de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y acuerdos precisos sobre búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto.
De manera simultánea, la subcomisión técnica integrada por altos mandos militares y comandantes guerrilleros avanza en la discusión de numerales del punto 3 FIN DEL CONFLICTO, como el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, al tiempo que adelanta la discusión sobre el complejo asunto de la Dejación de las armas, temáticas que no pueden debatirse con cronómetro en mano.
Por otra parte las Delegaciones de Paz han puesto en marcha una comisión que hoy enfoca sus esfuerzos en el esclarecimiento y desmonte del fenómeno del paramilitarismo. Trabajamos también otros aspectos complejos como el de prisioneros políticos y de guerra, todavía sin concreción, y damos pasos encaminados al desescalamiento, como la descontaminación de territorios de artefactos explosivos, y no involucramiento de menores en la confrontación.
Nos hace falta, sí, abordar el numeral 5 del punto 3 FIN DEL CONFLICTO, que a letra dice: “El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”. La temática reviste importancia cardinal para la reconciliación nacional, y debe discutirse necesariamente en la mesa de conversaciones de La Habana y no en otros escenarios diferentes. Este es un asunto de competencia de las partes cuyas conclusiones serán decisivas para llegar al Acuerdo Final.
Aspiramos terminar lo más pronto posible –ojalá con la indispensable participación ciudadana en los foros previstos para cada punto de la Agenda-, nuevos acuerdos sobre las discusiones en curso, para afrontar a plenitud el sexto punto de la Agenda, referido a Implementación, Verificación y Refrendación.
No somos proclives al impulso unilateral de temáticas que deben ser consensuadas por las partes en la Mesa. Por eso jamás reconocimos el denominado Marco Jurídico para la Paz y su Justicia Transicional, ni el Referendo que pretendía imponerse transitando los atajos de la unilateralidad. Preferimos seguir el itinerario trazado por la Agenda, porque cada asunto tiene su tiempo, y si revolvemos y confundimos todo, podremos desembocar en un mal acuerdo de paz, que nadie quiere. Por eso, considerando “que la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere la participación de todos sin distinción…”, desde el inicio de estos diálogos no hemos ocultado nuestra inclinación porque el mecanismo de refrendación que adoptemos en la mesa, sea el de la Constituyente, o la combinación Referendo-Constituyente sobre la base de que la Ley convocatoria es un referendo, tal como se ha sugerido al Doctor Humberto de Calle. De esa manera protegeríamos los acuerdos con un ropaje de granito para guarecerlo de los ataques y reversadas de los enemigos de la paz.
Obviamente, una Constituyente, en las actuales condiciones, debe ser el resultado de un acuerdo de todos los actores políticos y sociales del país, estimulados por el propósito superior de la paz. Su fuerza irresistible está en la consulta a la nación en masa. El suceso de la paz de Colombia merece una Constituyente que moldeada por el poder creador, por el pueblo soberano, blinde definitivamente el acuerdo final, para inaugurar sobre bases sólidas una era de paz que se extienda por los siglos.
El acuerdo político en torno a la Constituyente debe definir el contenido de la misma, su composición y duración. Creemos que la Constituyente debe quedar impresa en los importantes papeles del Acuerdo Final, para su convocatoria en el inmediato plazo.
No dejemos pasar este momento histórico para relegitimarnos todos, para ganar la confianza de una inmensa masa humana que hoy no cree en las instituciones, y que clama transformaciones urgentes de las mismas.
Son ustedes, señores congresistas, los primeros que deben contribuir a la reconfiguración decorosa de las instituciones de la República abriéndole las puertas a la decisión del soberano. Necesitamos un Congreso amado y respetado por el pueblo y que sus integrantes sean percibidos por éste como verdaderos portavoces de sus aspiraciones. Estamos convencidos que escuchando la voz de las mayorías nacionales podemos construir unas instituciones respetables, que gocen de la credibilidad y del aprecio del pueblo colombiano que las eleve al rango de confiable poder constituido. En nuestro convencimiento, para blindar totalmente el Acuerdo de Paz y para reconstruir la nación y sus instituciones, no hay otro camino que el de la Asamblea Nacional Constituyente.
Inicialmente podríamos decir que con urgencia el país debe resolver problemas profundos que tienen que ver con la soberanía, la miseria, la desigualdad, la democracia…, o asuntos como la reforma a la justicia, a la salud, a la educación, al sistema electoral. Debe establecer un estatuto para la oposición, preservar el interés nacional frente a la depredación minero-energética, la extranjerización de la tierra y proteger la industria nacional. La Constituyente intervendría los organismos de control, generaría una reforma política profunda, sentaría las bases para la democratización del acceso y uso a los medios de comunicación, establecería la doble instancia para los congresistas y la posibilidad de aspirar excepcionalmente a cargos públicos sin necesidad de renunciar a su investidura, ampliaría el periodo presidencial, sin reelección. Se ocuparía de materializar, por fin, un adecuado ordenamiento territorial y establecería nuevos parámetros para convenir el presupuesto militar para una época de post acuerdo.
La descentralización política y administrativa, el derecho a la tutela, un régimen fiscal que garantice la inversión social, así como una doctrina militar patriótica que erradique la teoría del “enemigo interno” e integre una institución policial desmilitarizada, deben hacer parte fundamental del espíritu del nuevo ordenamiento constitucional.
Hemos pensado también en la creación de las figuras del Ombudsman de la Naturaleza para que apoyado en una normativa clara defienda nuestras riquezas y el medio ambiente que pertenece a todos, y la del Ombudsman de la Paz que se encargue de velar por el cumplimiento de los acuerdos y la preservación de la armonía nacional.
La reparación integral a las víctimas del conflicto y la no repetición, debe ser preocupación de primer orden de la Constituyente.
Permítannos decirles ahora, que está llegando el momento en que los colombianos debemos juntar las banderas políticas de todos los colores, para que surja destellante, altruista y hermana, en lo más alto de la dignidad nacional, la bandera de la reconciliación.
Colombia clama por un Parlamento acorde con la necesidad de un país moderno políticamente, dejando atrás el pesado lastre de las viejas prácticas políticas amarradas vergonzosamente al clientelismo, la corrupción, la compra y venta de votos, las trashumancia electoral, la parapolítica, los fraudes electrónicos y de todo tipo, y la repartición de “mermelada y prebendas”, que enlodan el ejercicio de la democracia.
Señora y señores Congresistas, no podemos permitir que estando tan cerca del acuerdo de paz, las provocaciones a la Guerrilla en tregua unilateral, pongan en riesgo con argumentos peregrinos el ambiente de tranquilidad que empieza a respirarse en las regiones. Hace tres días se nos explicó que en Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá, habían sido asesinados 4 combatientes de las FARC y capturadas dos guerrilleras, en acciones de persecución a la extorsión… Los abatidos resultaron ser guerrilleros de la guardia del comandante Joaquín Gómez, integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP. Las falsas explicaciones no alcanzan a encubrir los planificados e intensos operativos militares en todas las áreas de los Frentes guerrilleros, con patrullajes constantes y con sobre vuelos de aeronaves regando propaganda por todas partes invitando a la deserción. No se puede jugar con candela.
Sinceramente anhelamos la paz, y no dejaremos de luchar por ella, pero esta determinación no puede confundirse con debilidad.
El proyecto piloto de desminado humanitario en El Orejón está siendo fustigado desde hace tiempo por los paramilitares del municipio de Briceño, que siguen asesinando y atropellando campesinos ante la indiferencia de las autoridades, como en tiempos no lejanos. Las comunidades de la región son objeto también de hostilidades por parte del ejército. Así es muy difícil presentar resultados.
Nos preocupa que ahora con el expediente de los seis meses para la firma del acuerdo se pretenda pasar superficialmente sobre importantes puntos de la Agenda que aún no se discuten. Si contáramos el plazo de los seis meses mencionados, solamente nos restarían 4 meses y 20 días para firmar el acuerdo. De la carrera no queda sino el cansancio. Hay que cocinar despacio para no comer crudo. Es necesario trabajar denodadamente por la paz, removiendo enredaderas tramposas, interpuestas solamente para perder tiempo y con la vana esperanza de precipitarnos al error. La Mesa tampoco funciona ensayando en ella las prácticas del “pupitrazo”. Allí lo que valen son los argumentos.
Con estas palabras, señora y señores congresistas, bienvenidos a este intercambio extra Mesa.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Señor presidente del Senado, Luis Fernando Velasco
Señor presidente de la Cámara, Alfredo Deluque
Señoras y señores Congresistas
Constituye para nosotros motivo de gran interés tenerlos de nuevo en este escenario de La Habana en el que desde hace tres años los plenipotenciarios del Gobierno y de las FARC buscamos fórmulas de acuerdo para alcanzar la paz como la más alta aspiración de un pueblo, la paz como derecho síntesis, sin el cual sería imposible la implementación o concreción de ningún otro derecho. Necesitamos la paz como el aire para poder respirar sosiego, verdadera democracia y vida digna para todos.
El proceso de paz, que ha avanzado como ninguno de los habidos en el mundo, está en un momento de expectación frente al cierre definitivo del componente de Justicia, que esperamos ocurra en el día de hoy tras la reunión de la Comisión Jurídica en Bogotá, para desatar la marcha multitudinaria de Colombia hacia su destino de reconciliación.
Como ustedes saben, el 23 de septiembre, tanto Santos como Timochenko, no vinieron a La Habana para difundir frente al presidente Castro y el mundo un simple comunicado, sino a sellar el trascendental acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que ha de irrumpir como poderoso raudal, dinamizador de las decisiones que nos deben conducir a la firma del Acuerdo que indicará el fin del más largo conflicto armado del continente.
Esa noche se disparó la esperanza de millones de compatriotas, cuando el Presidente de Colombia y el comandante de las FARC anunciaron el acuerdo y se fijaron un plazo de seis meses para rubricar la paz. No acababa la ola noticiosa de la buena nueva recorrer el mundo, cuando unas horas después, el conteo regresivo del reloj empezó a atascarse, porque una de las partes bombardeó la opinión con interpretaciones unilaterales difundiendo el galimatías de que el comunicado que anunciaba el logro del acuerdo era el acuerdo, sorprendente transfiguración de una obra de 75 puntos y un listado de sanciones, arduamente trabajada por ilustres juristas, que recibió el aplauso de personalidades del mundo, organismos multilaterales y de organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas.
La misma noche del encuentro cumbre, los jefes de las dos delegaciones entregaron con sus respectivas firmas a los garantes de Noruega y Cuba el acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, y en honor a la verdad, con la adición del texto: “documento en desarrollo”, manuscrito por el jefe de los plenipotenciarios del Gobierno, obviamente con el desacuerdo de la parte insurgente.
Esperamos que la comisión jurídica, luego de definir el mecanismo de selección de los magistrados, y de concretar la Ley de amnistía, como es lo que corresponde, ponga nuevamente en marcha el reloj del tiempo, cuyo tic tac no debió ser interrumpido con obstrucciones artificiales o para presionar con veleidades. Tal circunstancia podría empujar el proceso hacia el precipicio del fracaso. Recordemos que los esfuerzos y compromisos deben ser mutuos.
Está en juego la seguridad jurídica de todos. La Jurisdicción Especial edificada sobre la justicia restaurativa, prospectiva, y el Margen Nacional de Apreciación, es para el universo de los involucrados en el conflicto -combatientes y no combatientes-. Para todos; no para una sola de las partes. Ella está enmarcada dentro de los estándares internacionales, combate la impunidad, está dirigida a satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto, y para ello LA VERDAD tendrá que iluminar nuestra horrible noche.
El Acuerdo General de La Habana del 26 de agosto de 2012 contiene un preámbulo vinculante y una Agenda de seis puntos, de los cuales hemos logrado tres acuerdos parciales referidos a Reforma Rural Integral, Participación Política y Nueva política antidrogas; todos con importantes salvedades todavía sin resolver. Actualmente avanzamos en la redacción de un nuevo acuerdo, el de Víctimas del Conflicto, muy próximo a ser firmado, pero con trascendentales bases consensuadas como lo son las conclusiones de la Comisión Histórica, el diseño de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y acuerdos precisos sobre búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto.
De manera simultánea, la subcomisión técnica integrada por altos mandos militares y comandantes guerrilleros avanza en la discusión de numerales del punto 3 FIN DEL CONFLICTO, como el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, al tiempo que adelanta la discusión sobre el complejo asunto de la Dejación de las armas, temáticas que no pueden debatirse con cronómetro en mano.
Por otra parte las Delegaciones de Paz han puesto en marcha una comisión que hoy enfoca sus esfuerzos en el esclarecimiento y desmonte del fenómeno del paramilitarismo. Trabajamos también otros aspectos complejos como el de prisioneros políticos y de guerra, todavía sin concreción, y damos pasos encaminados al desescalamiento, como la descontaminación de territorios de artefactos explosivos, y no involucramiento de menores en la confrontación.
Nos hace falta, sí, abordar el numeral 5 del punto 3 FIN DEL CONFLICTO, que a letra dice: “El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”. La temática reviste importancia cardinal para la reconciliación nacional, y debe discutirse necesariamente en la mesa de conversaciones de La Habana y no en otros escenarios diferentes. Este es un asunto de competencia de las partes cuyas conclusiones serán decisivas para llegar al Acuerdo Final.
Aspiramos terminar lo más pronto posible –ojalá con la indispensable participación ciudadana en los foros previstos para cada punto de la Agenda-, nuevos acuerdos sobre las discusiones en curso, para afrontar a plenitud el sexto punto de la Agenda, referido a Implementación, Verificación y Refrendación.
No somos proclives al impulso unilateral de temáticas que deben ser consensuadas por las partes en la Mesa. Por eso jamás reconocimos el denominado Marco Jurídico para la Paz y su Justicia Transicional, ni el Referendo que pretendía imponerse transitando los atajos de la unilateralidad. Preferimos seguir el itinerario trazado por la Agenda, porque cada asunto tiene su tiempo, y si revolvemos y confundimos todo, podremos desembocar en un mal acuerdo de paz, que nadie quiere. Por eso, considerando “que la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere la participación de todos sin distinción…”, desde el inicio de estos diálogos no hemos ocultado nuestra inclinación porque el mecanismo de refrendación que adoptemos en la mesa, sea el de la Constituyente, o la combinación Referendo-Constituyente sobre la base de que la Ley convocatoria es un referendo, tal como se ha sugerido al Doctor Humberto de Calle. De esa manera protegeríamos los acuerdos con un ropaje de granito para guarecerlo de los ataques y reversadas de los enemigos de la paz.
Obviamente, una Constituyente, en las actuales condiciones, debe ser el resultado de un acuerdo de todos los actores políticos y sociales del país, estimulados por el propósito superior de la paz. Su fuerza irresistible está en la consulta a la nación en masa. El suceso de la paz de Colombia merece una Constituyente que moldeada por el poder creador, por el pueblo soberano, blinde definitivamente el acuerdo final, para inaugurar sobre bases sólidas una era de paz que se extienda por los siglos.
El acuerdo político en torno a la Constituyente debe definir el contenido de la misma, su composición y duración. Creemos que la Constituyente debe quedar impresa en los importantes papeles del Acuerdo Final, para su convocatoria en el inmediato plazo.
No dejemos pasar este momento histórico para relegitimarnos todos, para ganar la confianza de una inmensa masa humana que hoy no cree en las instituciones, y que clama transformaciones urgentes de las mismas.
Son ustedes, señores congresistas, los primeros que deben contribuir a la reconfiguración decorosa de las instituciones de la República abriéndole las puertas a la decisión del soberano. Necesitamos un Congreso amado y respetado por el pueblo y que sus integrantes sean percibidos por éste como verdaderos portavoces de sus aspiraciones. Estamos convencidos que escuchando la voz de las mayorías nacionales podemos construir unas instituciones respetables, que gocen de la credibilidad y del aprecio del pueblo colombiano que las eleve al rango de confiable poder constituido. En nuestro convencimiento, para blindar totalmente el Acuerdo de Paz y para reconstruir la nación y sus instituciones, no hay otro camino que el de la Asamblea Nacional Constituyente.
Inicialmente podríamos decir que con urgencia el país debe resolver problemas profundos que tienen que ver con la soberanía, la miseria, la desigualdad, la democracia…, o asuntos como la reforma a la justicia, a la salud, a la educación, al sistema electoral. Debe establecer un estatuto para la oposición, preservar el interés nacional frente a la depredación minero-energética, la extranjerización de la tierra y proteger la industria nacional. La Constituyente intervendría los organismos de control, generaría una reforma política profunda, sentaría las bases para la democratización del acceso y uso a los medios de comunicación, establecería la doble instancia para los congresistas y la posibilidad de aspirar excepcionalmente a cargos públicos sin necesidad de renunciar a su investidura, ampliaría el periodo presidencial, sin reelección. Se ocuparía de materializar, por fin, un adecuado ordenamiento territorial y establecería nuevos parámetros para convenir el presupuesto militar para una época de post acuerdo.
La descentralización política y administrativa, el derecho a la tutela, un régimen fiscal que garantice la inversión social, así como una doctrina militar patriótica que erradique la teoría del “enemigo interno” e integre una institución policial desmilitarizada, deben hacer parte fundamental del espíritu del nuevo ordenamiento constitucional.
Hemos pensado también en la creación de las figuras del Ombudsman de la Naturaleza para que apoyado en una normativa clara defienda nuestras riquezas y el medio ambiente que pertenece a todos, y la del Ombudsman de la Paz que se encargue de velar por el cumplimiento de los acuerdos y la preservación de la armonía nacional.
La reparación integral a las víctimas del conflicto y la no repetición, debe ser preocupación de primer orden de la Constituyente.
Permítannos decirles ahora, que está llegando el momento en que los colombianos debemos juntar las banderas políticas de todos los colores, para que surja destellante, altruista y hermana, en lo más alto de la dignidad nacional, la bandera de la reconciliación.
Colombia clama por un Parlamento acorde con la necesidad de un país moderno políticamente, dejando atrás el pesado lastre de las viejas prácticas políticas amarradas vergonzosamente al clientelismo, la corrupción, la compra y venta de votos, las trashumancia electoral, la parapolítica, los fraudes electrónicos y de todo tipo, y la repartición de “mermelada y prebendas”, que enlodan el ejercicio de la democracia.
Señora y señores Congresistas, no podemos permitir que estando tan cerca del acuerdo de paz, las provocaciones a la Guerrilla en tregua unilateral, pongan en riesgo con argumentos peregrinos el ambiente de tranquilidad que empieza a respirarse en las regiones. Hace tres días se nos explicó que en Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá, habían sido asesinados 4 combatientes de las FARC y capturadas dos guerrilleras, en acciones de persecución a la extorsión… Los abatidos resultaron ser guerrilleros de la guardia del comandante Joaquín Gómez, integrante de la Delegación de Paz de las FARC-EP. Las falsas explicaciones no alcanzan a encubrir los planificados e intensos operativos militares en todas las áreas de los Frentes guerrilleros, con patrullajes constantes y con sobre vuelos de aeronaves regando propaganda por todas partes invitando a la deserción. No se puede jugar con candela.
Sinceramente anhelamos la paz, y no dejaremos de luchar por ella, pero esta determinación no puede confundirse con debilidad.
El proyecto piloto de desminado humanitario en El Orejón está siendo fustigado desde hace tiempo por los paramilitares del municipio de Briceño, que siguen asesinando y atropellando campesinos ante la indiferencia de las autoridades, como en tiempos no lejanos. Las comunidades de la región son objeto también de hostilidades por parte del ejército. Así es muy difícil presentar resultados.
Nos preocupa que ahora con el expediente de los seis meses para la firma del acuerdo se pretenda pasar superficialmente sobre importantes puntos de la Agenda que aún no se discuten. Si contáramos el plazo de los seis meses mencionados, solamente nos restarían 4 meses y 20 días para firmar el acuerdo. De la carrera no queda sino el cansancio. Hay que cocinar despacio para no comer crudo. Es necesario trabajar denodadamente por la paz, removiendo enredaderas tramposas, interpuestas solamente para perder tiempo y con la vana esperanza de precipitarnos al error. La Mesa tampoco funciona ensayando en ella las prácticas del “pupitrazo”. Allí lo que valen son los argumentos.
Con estas palabras, señora y señores congresistas, bienvenidos a este intercambio extra Mesa.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP