Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2015-11-18
Categoría
Comunicado
Saludo a la 2ª Asamblea Nacional por la Paz
La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, noviembre 18 de 2015
Reciban de parte de la Delegación de Paz de las FARC-EP un saludo fraterno y revolucionario cargado de los mejores deseos de lucha y justicia.
Es para nosotros un altísimo honor muy grato poder dirigirnos a un evento tan importante, surgido del combate ejemplar de los trabajadores y trabajadoras de la industria del petróleo y que cuenta con convocantes del talante democrático y patriótico de la Unión Sindical Obrera y la Universidad Nacional de Colombia.
Agradecemos la oportunidad de poder llevarle a todos y cada uno de ustedes la voz de los hombres y mujeres que llevamos más de medio siglo combatiendo por un país mejor, equitativo y justo para todo el pueblo colombiano.
Quisiéramos aprovechar esta tribuna para sensibilizar la atención de esta asamblea en solidaridad y aliento con la heroica protesta de más de 1.000 prisioneros de guerra y presos políticos que adelantan una huelga de hambre y de desobediencia carcelaria que ya hoy completa 9 días, reclamando la excarcelación de 80 de sus compañeros gravemente enfermos, de los cuales 11 se encuentran en estado de salud crítico no compatible con la reclusión. La paz necesita de gestos humanitarios como ese.
Desde La Habana venimos luchando por encontrar caminos alternativos que de verdad permitan una real democratización de nuestro país por la vía del fortalecimiento del campo popular y democrático, con el concurso de los movimientos sociales, de las convergencias populares y de todos quienes estén dispuestos a partir de la firma de un tratado que ponga fin a la guerra interna, a dar origen a un nuevo país democrático y en paz.
Sea esta la oportunidad para hacer público reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la industria minero-energética por su heroica resistencia en pos de la defensa de nuestra heredad y dignidad nacional.
Particular lugar ocupan quienes han dedicado su lucha a defender la misión de Ecopetrol como parte del patrimonio público y al servicio de los intereses nacionales.
Queremos manifestarles y hacerlos participes de nuestro compromiso genuino por alcanzar la paz con justicia social. Ese afán ha movido nuestro accionar histórico desde nuestros lejanos orígenes en la resistencia de Marquetalia y se ha expresado en los diversos procesos de paz que hemos emprendido y, en particular, en la actual Mesa de Conversaciones de La Habana.
En La Habana hemos alcanzado tres acuerdos parciales -Reforma Rural Integral, Apertura Democrática y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas- frente a los cuales mantenemos 28 salvedades cuyo contenido el gobierno se niega a discutir.
Adicionalmente, hemos alcanzado acuerdos en el marco del punto de “Víctimas”, estos son: la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas -cuyo informe ya es público-, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Se trata entonces de avances de gran importancia, a los que podemos sumarle el desarrollo paralelo de discusiones relativas al Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo, la dejación de armas, el desmonte del paramilitarismo, las condiciones de seguridad, el enfoque de género de los acuerdos, y la situación carcelaria de prisioneras y prisioneros políticos y de guerra.
Todo esto debería llevarnos a hacer un balance optimista de las conversaciones.
Sin embargo, con realismo debemos señalar que en el camino hay obstáculos y que aún subsisten graves dificultades.
Algunas posturas obcecadas del Estado obligan a prender las alarmas frente al futuro de la Mesa y al futuro de la paz en nuestro país.
Conocido es el molesto debate abierto por los voceros del gobierno frente al acuerdo de justicia, refrendado en La Habana el pasado 23 de septiembre con la presencia de numerosas personalidades, del Comandante Timoleón Jiménez, del presidente Santos y de Raúl Castro Ruz, presidente de la República de Cuba.
Al desconocimiento velado del acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz pactado el 23 de septiembre, se suman las iniciativas legislativas unilaterales que van en contravía de lo ya acordado en La Habana -como la ley de ZIDRES o el llamado “Plebiscito por la Paz”-, así como la ausencia de una política integral eficaz de combate al paramilitarismo y a sus estructuras de soporte y apoyo.
A nuestro juicio, existe un tema estructural en el combate contra el paramilitarismo, que impone la urgente tarea por parte del Estado de deslegitimar políticamente su accionar, que descansa en una pretendida vocación antisubversiva, que por confusión, omisión, complicidad, corrupción o lo que sea, ha contado con la simpatía o la colaboración del Estado.
El paramilitarismo es el mayor crimen cometido contra el pueblo colombiano y la mayor amenaza para cualquier sociedad democrática.
En consecuencia, el combate y la derrota real del paramilitarismo implica un reconocimiento abierto de su carácter criminal y mafioso, despojador de tierras, aliado de estructuras saqueadoras del erario público, socio imprescindible de las mafias politiqueras que se roban los municipios y los departamentos, además de corromper y deslegitimar a la fuerza pública, allí en donde contra toda evidencia se pretende ignorar su existencia. Este es un tema que debe estar en el centro de las preocupaciones de todos los colombianos y de todos quienes amamos a Colombia y queremos la paz.
Como es de todos conocido, las FARC-EP hemos decretado seis ceses unilaterales en medio de la presente Mesa de Conversaciones. Pero el actual se encuentra bajo el asedio permanente de las fuerzas militares y paramilitares en todas las regiones, lo que nos ha llevado a lanzar una voz de alerta, pues su permanencia en el tiempo se encuentra en serio riesgo.
Todos estos elementos nos llevan a lanzar ante ustedes un urgente llamado a la conformación de la más amplia convergencia social por la paz y los cambios.
Nuestro país clama por la paz, todos queremos la paz, pero esta no puede ser simplemente el fin de la actividad militar de la insurgencia. La paz de Colombia requiere de cambios sociales.
Para alcanzar la paz requerimos también la unidad del campo popular, necesitamos una unidad lo más amplia e incluyente posible, necesitamos del concurso de todas las fuerzas de la nación, de las ideas vivas de una ciudadanía empoderada y participativa, de la unión de todos los que luchan y hemos luchado por una Colombia mejor.
La paz no nacerá de un acuerdo pactado en la Mesa de la Habana, sino del esfuerzo de un pueblo luchador, consciente y dispuesto a batallar por su bienestar y su futuro. Tenemos que unirnos y privilegiar la unidad del campo popular y democrático, sin distinciones.
Por ello nos alegra tanto poder saber que esta II Asamblea Nacional por la Paz es un escenario para el debate público de la paz que el pueblo quiere y que en ella los diversos sectores sociales urden sus agendas de movilización y de acción.
Precisamente ese es el horizonte que nos imaginamos para un país en paz: el de una Colombia que debate, una Colombia que interviene y que construye. Sabemos además, que el tema minero-energético cruza la agenda de esa magna Asamblea.
Este es hoy un tema nacional realmente determinante.
Es conocido que la agenda política y económica del país ha virado hacia el extractivismo salvaje, cuyas nefastas consecuencias se sienten con agudeza en las regiones. Hoy, las comunidades, los mineros artesanales y los trabajadores resisten con valentía a un modelo que privilegia la acumulación de capital por encima de los más elementales principios de humanidad.
Las FARC-EP nos hemos opuesto con todas nuestras fuerzas contra el modelo de explotación minero energética de cielo abierto del gobierno Santos que privilegia el arrasamiento del medioambiente, el expolio de las comunidades, la tercerización laboral y la entrega de la soberanía nacional a las trasnacionales.
Por eso mismo en las 100 Propuestas Mínimas del punto Agrario enarbolamos estas banderas, que están igualmente contempladas en la tercera salvedad de dicho punto que plantea:
1º Solución de los conflictos de uso de la tierra y del territorio y discusión del modelo de extracción minero-energética, en beneficio de la sociedad, respetando el medioambiente y la soberanía nacional, y
2º Declaración del carácter estratégico de los principales recursos naturales energéticos y mineros y recuperación de éstos en cabeza de la nación mediante la redefinición de las modalidades contractuales que han dado lugar a su usufructo en condiciones leoninas por inversionistas extranjeros”. Ese tema de discusión está allí.
Finalmente, queremos hacer un llamado urgente. Hemos podido establecer con diversas organizaciones del campo democrático un mecanismo de veeduría social al cumplimiento del cese al fuego unilateral que hemos cumplido rigurosamente pero que como ya hemos dicho, se encuentra asediado y está en peligro.
La veeduría es un mecanismo valiosísimo para el actual momento, en el que la fragilidad del proceso mismo puede hacer que cualquier acción de provocación y sabotaje nos conduzca a retrocesos en el camino hacia la paz. Por eso mismo, y con el mayor respeto, les invitamos a vincularse a este mecanismo. Sabemos que su apoyo decidido fortalecerá y potenciará la construcción de paz en los territorios.
Finalmente, les hacemos llegar los mejores deseos para el debate y el éxito de esta Segunda Asamblea por la Paz. Quedamos atentos a las conclusiones y lineamientos que se acuerden.
Y por último, queremos también transmitirles el saludo de todos los guerrilleros y guerrilleras de las FARC-EP que coinciden al unísono con el deseo de paz, de democracia, de justicia y de soberanía que ustedes enarbolan.
Fraternalmente,
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP.
Reciban de parte de la Delegación de Paz de las FARC-EP un saludo fraterno y revolucionario cargado de los mejores deseos de lucha y justicia.
Es para nosotros un altísimo honor muy grato poder dirigirnos a un evento tan importante, surgido del combate ejemplar de los trabajadores y trabajadoras de la industria del petróleo y que cuenta con convocantes del talante democrático y patriótico de la Unión Sindical Obrera y la Universidad Nacional de Colombia.
Agradecemos la oportunidad de poder llevarle a todos y cada uno de ustedes la voz de los hombres y mujeres que llevamos más de medio siglo combatiendo por un país mejor, equitativo y justo para todo el pueblo colombiano.
Quisiéramos aprovechar esta tribuna para sensibilizar la atención de esta asamblea en solidaridad y aliento con la heroica protesta de más de 1.000 prisioneros de guerra y presos políticos que adelantan una huelga de hambre y de desobediencia carcelaria que ya hoy completa 9 días, reclamando la excarcelación de 80 de sus compañeros gravemente enfermos, de los cuales 11 se encuentran en estado de salud crítico no compatible con la reclusión. La paz necesita de gestos humanitarios como ese.
Desde La Habana venimos luchando por encontrar caminos alternativos que de verdad permitan una real democratización de nuestro país por la vía del fortalecimiento del campo popular y democrático, con el concurso de los movimientos sociales, de las convergencias populares y de todos quienes estén dispuestos a partir de la firma de un tratado que ponga fin a la guerra interna, a dar origen a un nuevo país democrático y en paz.
Sea esta la oportunidad para hacer público reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la industria minero-energética por su heroica resistencia en pos de la defensa de nuestra heredad y dignidad nacional.
Particular lugar ocupan quienes han dedicado su lucha a defender la misión de Ecopetrol como parte del patrimonio público y al servicio de los intereses nacionales.
Queremos manifestarles y hacerlos participes de nuestro compromiso genuino por alcanzar la paz con justicia social. Ese afán ha movido nuestro accionar histórico desde nuestros lejanos orígenes en la resistencia de Marquetalia y se ha expresado en los diversos procesos de paz que hemos emprendido y, en particular, en la actual Mesa de Conversaciones de La Habana.
En La Habana hemos alcanzado tres acuerdos parciales -Reforma Rural Integral, Apertura Democrática y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas- frente a los cuales mantenemos 28 salvedades cuyo contenido el gobierno se niega a discutir.
Adicionalmente, hemos alcanzado acuerdos en el marco del punto de “Víctimas”, estos son: la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas -cuyo informe ya es público-, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Se trata entonces de avances de gran importancia, a los que podemos sumarle el desarrollo paralelo de discusiones relativas al Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo, la dejación de armas, el desmonte del paramilitarismo, las condiciones de seguridad, el enfoque de género de los acuerdos, y la situación carcelaria de prisioneras y prisioneros políticos y de guerra.
Todo esto debería llevarnos a hacer un balance optimista de las conversaciones.
Sin embargo, con realismo debemos señalar que en el camino hay obstáculos y que aún subsisten graves dificultades.
Algunas posturas obcecadas del Estado obligan a prender las alarmas frente al futuro de la Mesa y al futuro de la paz en nuestro país.
Conocido es el molesto debate abierto por los voceros del gobierno frente al acuerdo de justicia, refrendado en La Habana el pasado 23 de septiembre con la presencia de numerosas personalidades, del Comandante Timoleón Jiménez, del presidente Santos y de Raúl Castro Ruz, presidente de la República de Cuba.
Al desconocimiento velado del acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz pactado el 23 de septiembre, se suman las iniciativas legislativas unilaterales que van en contravía de lo ya acordado en La Habana -como la ley de ZIDRES o el llamado “Plebiscito por la Paz”-, así como la ausencia de una política integral eficaz de combate al paramilitarismo y a sus estructuras de soporte y apoyo.
A nuestro juicio, existe un tema estructural en el combate contra el paramilitarismo, que impone la urgente tarea por parte del Estado de deslegitimar políticamente su accionar, que descansa en una pretendida vocación antisubversiva, que por confusión, omisión, complicidad, corrupción o lo que sea, ha contado con la simpatía o la colaboración del Estado.
El paramilitarismo es el mayor crimen cometido contra el pueblo colombiano y la mayor amenaza para cualquier sociedad democrática.
En consecuencia, el combate y la derrota real del paramilitarismo implica un reconocimiento abierto de su carácter criminal y mafioso, despojador de tierras, aliado de estructuras saqueadoras del erario público, socio imprescindible de las mafias politiqueras que se roban los municipios y los departamentos, además de corromper y deslegitimar a la fuerza pública, allí en donde contra toda evidencia se pretende ignorar su existencia. Este es un tema que debe estar en el centro de las preocupaciones de todos los colombianos y de todos quienes amamos a Colombia y queremos la paz.
Como es de todos conocido, las FARC-EP hemos decretado seis ceses unilaterales en medio de la presente Mesa de Conversaciones. Pero el actual se encuentra bajo el asedio permanente de las fuerzas militares y paramilitares en todas las regiones, lo que nos ha llevado a lanzar una voz de alerta, pues su permanencia en el tiempo se encuentra en serio riesgo.
Todos estos elementos nos llevan a lanzar ante ustedes un urgente llamado a la conformación de la más amplia convergencia social por la paz y los cambios.
Nuestro país clama por la paz, todos queremos la paz, pero esta no puede ser simplemente el fin de la actividad militar de la insurgencia. La paz de Colombia requiere de cambios sociales.
Para alcanzar la paz requerimos también la unidad del campo popular, necesitamos una unidad lo más amplia e incluyente posible, necesitamos del concurso de todas las fuerzas de la nación, de las ideas vivas de una ciudadanía empoderada y participativa, de la unión de todos los que luchan y hemos luchado por una Colombia mejor.
La paz no nacerá de un acuerdo pactado en la Mesa de la Habana, sino del esfuerzo de un pueblo luchador, consciente y dispuesto a batallar por su bienestar y su futuro. Tenemos que unirnos y privilegiar la unidad del campo popular y democrático, sin distinciones.
Por ello nos alegra tanto poder saber que esta II Asamblea Nacional por la Paz es un escenario para el debate público de la paz que el pueblo quiere y que en ella los diversos sectores sociales urden sus agendas de movilización y de acción.
Precisamente ese es el horizonte que nos imaginamos para un país en paz: el de una Colombia que debate, una Colombia que interviene y que construye. Sabemos además, que el tema minero-energético cruza la agenda de esa magna Asamblea.
Este es hoy un tema nacional realmente determinante.
Es conocido que la agenda política y económica del país ha virado hacia el extractivismo salvaje, cuyas nefastas consecuencias se sienten con agudeza en las regiones. Hoy, las comunidades, los mineros artesanales y los trabajadores resisten con valentía a un modelo que privilegia la acumulación de capital por encima de los más elementales principios de humanidad.
Las FARC-EP nos hemos opuesto con todas nuestras fuerzas contra el modelo de explotación minero energética de cielo abierto del gobierno Santos que privilegia el arrasamiento del medioambiente, el expolio de las comunidades, la tercerización laboral y la entrega de la soberanía nacional a las trasnacionales.
Por eso mismo en las 100 Propuestas Mínimas del punto Agrario enarbolamos estas banderas, que están igualmente contempladas en la tercera salvedad de dicho punto que plantea:
1º Solución de los conflictos de uso de la tierra y del territorio y discusión del modelo de extracción minero-energética, en beneficio de la sociedad, respetando el medioambiente y la soberanía nacional, y
2º Declaración del carácter estratégico de los principales recursos naturales energéticos y mineros y recuperación de éstos en cabeza de la nación mediante la redefinición de las modalidades contractuales que han dado lugar a su usufructo en condiciones leoninas por inversionistas extranjeros”. Ese tema de discusión está allí.
Finalmente, queremos hacer un llamado urgente. Hemos podido establecer con diversas organizaciones del campo democrático un mecanismo de veeduría social al cumplimiento del cese al fuego unilateral que hemos cumplido rigurosamente pero que como ya hemos dicho, se encuentra asediado y está en peligro.
La veeduría es un mecanismo valiosísimo para el actual momento, en el que la fragilidad del proceso mismo puede hacer que cualquier acción de provocación y sabotaje nos conduzca a retrocesos en el camino hacia la paz. Por eso mismo, y con el mayor respeto, les invitamos a vincularse a este mecanismo. Sabemos que su apoyo decidido fortalecerá y potenciará la construcción de paz en los territorios.
Finalmente, les hacemos llegar los mejores deseos para el debate y el éxito de esta Segunda Asamblea por la Paz. Quedamos atentos a las conclusiones y lineamientos que se acuerden.
Y por último, queremos también transmitirles el saludo de todos los guerrilleros y guerrilleras de las FARC-EP que coinciden al unísono con el deseo de paz, de democracia, de justicia y de soberanía que ustedes enarbolan.
Fraternalmente,
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP.