Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2015-11-30
Categoría
Comunicado
Garantías de seguridad integral para la población en general y para el movimiento político en el que se transformen las FARC-EP
La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, noviembre 30 de 2015
La normalización integral de la vida nacional, comprende el compromiso del Estado de proveer garantías de seguridad integral para la población en general y para el movimiento político en el que se transformen las FARC-EP.
Las iniciativas que se incluyen en nuestra octava propuesta mínima para el Fin del Conflicto son las siguientes:
1. Garantías de seguridad para la movilización y la protesta social, las cuales deben ser otorgadas por el Estado en campos y ciudades. Dentro de esta perspectiva se procederá al desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD.
2. Garantías de seguridad para organizaciones políticas y sociales de izquierda, de víctimas y defensoras de los derechos humanos, para el ejercicio de su labor política o reivindicativa, según el caso. En igual sentido, garantías para las organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos humanos. Especial protección se garantizará para sus dirigentes y sedes. Se revisarán y mejorarán en forma concertada con dichas organizaciones las modalidades y dispositivos que existen en la actualidad.
3. Garantías de seguridad para los “Territorios especiales de construcción de paz – TERREPAZ”, los cuales serán provistos de condiciones particulares y excepcionales de protección y garantías de seguridad, considerando el papel central que desempeñarán para la implementación de los acuerdos de paz. La condición básica de seguridad resultará de su necesaria desmilitarización y del reconocimiento de su capacidad de autorregulación no armada y de naturaleza comunitaria, a través de planes y medidas construidas en forma concertada con la organización política surgida del paso de las FARC-EP a la actividad política abierta, y los ciudadanos vecinos de tales territorios y sus organizaciones. La provisión de seguridad de los TERREPAZ contará con el acompañamiento internacional de las Naciones Unidas, la Unasur y la CELAC.
4. Garantías especiales para el movimiento político en el que se transformen las FARC-EP. Para sus militantes la provisión de tales garantías comprende, entre otras, el otorgamiento de personería jurídica incondicional e indefinida, las condiciones de movilización en todo el territorio nacional, la protección de las sedes políticas, así como la dotación de infraestructura y logística a que haya lugar. El aparato de seguridad requerido, estará conformado por miembros de la nueva organización política.
5. Conformación de “Comisión especial y permanente de seguridad”, que tendrá la función de elaborar un “Plan especial de seguridad para el pos-acuerdo”. En dicho proceso, se garantizará la participación en la Comisión, de representantes de las organizaciones políticas y sociales y de los territorios.
6. Diseño e implementación del “Plan especial de seguridad para el pos-acuerdo”, el cual, en materia de garantías, se fundamentará en lo señalado por los numerales de esta propuesta y hará parte del “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz- PLANPAZ”.
7. Normatividad e institucionalidad excepcional para la provisión de garantías de seguridad, lo cual implica que las políticas, medidas y acciones aquí propuestas adquieran fuerza normativa mediante su incorporación al ordenamiento jurídico y se acompañen de la creación de la institucionalidad correspondiente.
8. Acompañamiento internacional a la provisión e implementación de garantías de seguridad. Todas las políticas, medidas y acciones aquí propuestas tendrán en su implementación el acompañamiento de Naciones Unidas, de la UNASUR y la CELAC.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
La normalización integral de la vida nacional, comprende el compromiso del Estado de proveer garantías de seguridad integral para la población en general y para el movimiento político en el que se transformen las FARC-EP.
Las iniciativas que se incluyen en nuestra octava propuesta mínima para el Fin del Conflicto son las siguientes:
1. Garantías de seguridad para la movilización y la protesta social, las cuales deben ser otorgadas por el Estado en campos y ciudades. Dentro de esta perspectiva se procederá al desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD.
2. Garantías de seguridad para organizaciones políticas y sociales de izquierda, de víctimas y defensoras de los derechos humanos, para el ejercicio de su labor política o reivindicativa, según el caso. En igual sentido, garantías para las organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos humanos. Especial protección se garantizará para sus dirigentes y sedes. Se revisarán y mejorarán en forma concertada con dichas organizaciones las modalidades y dispositivos que existen en la actualidad.
3. Garantías de seguridad para los “Territorios especiales de construcción de paz – TERREPAZ”, los cuales serán provistos de condiciones particulares y excepcionales de protección y garantías de seguridad, considerando el papel central que desempeñarán para la implementación de los acuerdos de paz. La condición básica de seguridad resultará de su necesaria desmilitarización y del reconocimiento de su capacidad de autorregulación no armada y de naturaleza comunitaria, a través de planes y medidas construidas en forma concertada con la organización política surgida del paso de las FARC-EP a la actividad política abierta, y los ciudadanos vecinos de tales territorios y sus organizaciones. La provisión de seguridad de los TERREPAZ contará con el acompañamiento internacional de las Naciones Unidas, la Unasur y la CELAC.
4. Garantías especiales para el movimiento político en el que se transformen las FARC-EP. Para sus militantes la provisión de tales garantías comprende, entre otras, el otorgamiento de personería jurídica incondicional e indefinida, las condiciones de movilización en todo el territorio nacional, la protección de las sedes políticas, así como la dotación de infraestructura y logística a que haya lugar. El aparato de seguridad requerido, estará conformado por miembros de la nueva organización política.
5. Conformación de “Comisión especial y permanente de seguridad”, que tendrá la función de elaborar un “Plan especial de seguridad para el pos-acuerdo”. En dicho proceso, se garantizará la participación en la Comisión, de representantes de las organizaciones políticas y sociales y de los territorios.
6. Diseño e implementación del “Plan especial de seguridad para el pos-acuerdo”, el cual, en materia de garantías, se fundamentará en lo señalado por los numerales de esta propuesta y hará parte del “Plan Nacional para el fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz- PLANPAZ”.
7. Normatividad e institucionalidad excepcional para la provisión de garantías de seguridad, lo cual implica que las políticas, medidas y acciones aquí propuestas adquieran fuerza normativa mediante su incorporación al ordenamiento jurídico y se acompañen de la creación de la institucionalidad correspondiente.
8. Acompañamiento internacional a la provisión e implementación de garantías de seguridad. Todas las políticas, medidas y acciones aquí propuestas tendrán en su implementación el acompañamiento de Naciones Unidas, de la UNASUR y la CELAC.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP