La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, diciembre 10 de 2015
Ayer se conmemoraron los 25 años del aleve ataque al campamento de las FARC-EP en Casa Verde, jurisdicción de La Uribe, Meta, con el ánimo de eliminar a los integrantes del Secretariado de nuestra organización en momentos en que se mantenían conversaciones con el gobierno para iniciar diálogos de reconciliación que permitieran la participación de representantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en la Asamblea Nacional Constituyente. En ese mismo día se celebraba en todo el país la elección de quienes habrían de participar como delegatarios a esa altísima corporación.
Un documento firmado el 21 de octubre de 1990, por los integrantes de una delegación del gobierno, y por Manuel Marulanda Vélez, Alfonso Cano, Adán Izquierdo y Timoleón Jiménez (FARC); Pablo Tejada (UC-ELN); y Francisco Caraballo (EPL), consignó lo siguiente:
“1 -La coordinadora Guerrillera Simón Bolívar hizo una clara expresión de voluntad de avanzar en un proceso de solución política del conflicto. 2 -Considera que siendo la Asamblea Nacional Constituyente el escenario democrático donde se debatirán los problemas fundamentales de la Nación, debe alcanzarse una Constitución Política que represente un verdadero tratado de paz, estable y duradero para los colombianos en concordancia con la decisión y el espíritu del último fallo de la Honorable Corte Suprema de Justicia. 3 -En tales circunstancias estima la Coordinadora Guerrillera que es fundamental su participación en la Asamblea Nacional Constituyente a través de sus propios jefes y delegados. 4-Para lograr dichos propósitos es necesaria la designación oficial por parte del Ejecutivo de una comisión que, con otra de la Coordinadora Guerrillera, adelante los procesos de paz. 5 -Es entendido que la Comisión Negociadora para cumplir sus propósitos no tiene temas vedados y a la mesa de conversaciones se podrán presentar todos aquellos que las partes consideren pertinentes.
“En consecuencia, la Comisión Exploratoria considera que están dadas las condiciones para que el Gobierno Nacional integre una Comisión tendiente a desarrollar un diálogo directo con la Coordinadora Guerrillera”.
Leemos este texto 25 años después de los hechos que recordamos hoy, porque a cambio de una oportunidad se procedió el ataque contra la dirección de las FARC en Casa Verde, con lo cual se dio largas a la guerra durante cinco lustros, más la frustración de los diálogos de Caracas, Tlaxcala y el Caguán.
Si el Estado no hubiese persistido en su guerrerismo cuántas atrocidades se hubieran evitado; cuántos hornos crematorios habrían permanecido apagados; cuántas motosierras hubiesen sido dejadas de lado como armas de destrucción humana; cuántos ciudadanos y ciudadanas no estaríamos recordando en este momento como víctimas; cuántos hombres, mujeres y niños hoy fallecidos por falta de un momento de lucidez, podrían estar vivos hoy aportando a la felicidad y la grandeza de la patria.
Al cumplirse 25 años de una fecha de ingrata recordación, honrar a las víctimas, asumir responsabilidades, pedir perdón de manera colectiva y efectuar un juramento nacional que comprometa la voluntad de todos los compatriotas con el “nunca más”, es el reto del momento.
Por otra parte queremos, hoy 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, anunciar al país que nos proponemos en este ciclo 46 de las conversaciones de paz, cerrar el acuerdo sobre el punto 5 víctimas, que cumple ya un año y medio de discusiones, y dar con ello un paso más de avance en el camino que debe conducir a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La historia de lo relatado así lo indica y su necesidad insoslayable la impone.
El instrumento constitucional al que recurre el gobierno pretextando que reduciendo su original umbral electoral al 13%, es garantía de puesta en marcha de lo que eventualmente pudiera acordarse en un pacto final de paz, es política y jurídicamente insostenible.
La refrendación a que alude el punto 6 de la agenda de La Habana requiere ser abordada en la Mesa de manera juiciosa y madura. Lo que está por definirse es la puesta en marcha y la seguridad jurídica de lo que se logre acordar, y más aún, la seguridad jurídica personal de todos y cada uno de los actores del prolongado conflicto, combatientes y no combatientes, y de agentes del Estado y servidores públicos de muy diversas instancias, que no fueron ajenos a tantos episodios horrendos de la confrontación.
Por nuestra parte continuaremos abogando por la vigencia de la justicia social, puesta la mirada en la justicia prospectiva. Colombia lo merece; y debe cimentarse todo ello en un Acuerdo Nacional sobre lo Esencial, sobre lo Fundamental, con plenas garantías de implementación, para que efectivamente se imponga la paz para siempre. Ese es el camino, porque la paz es con todos y para todos.