Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2015-12-15
Categoría
Comunicado
Sobre el cierre definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y el Acuerdo Parcial sobre Víctimas
La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, diciembre 15 de 2015
Permítannos iniciar estas palabras recordando las siguientes reflexiones de Gabo en la aceptación del premio Nobel en 1982: “La violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia, son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento…Frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte…”
Hemos venido pletóricos de satisfacción a comunicar a Colombia y al mundo la buena nueva del cierre definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y del Acuerdo Parcial sobre VÍCTIMAS, cuyas potencias dinamizadoras-si no se atraviesan en el camino obstrucciones adversas al sentido común-, podrán acercarnos al propósito superior de nuestra reconciliación.
Pero no podemos olvidar que el origen del conflicto es anterior a la fecha de creación de las FARC. Nuestra fundación es una consecuencia de la violencia del bloque de poder dominante y de fenómenos de desigualdad social que terminaron engendrando y haciendo evidente la necesidad de acudir al Derecho de rebelión.
El trabajo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas puso en evidencia la inobjetable responsabilidad del Estado por los más de setenta años de conflicto interno. Sus conclusiones han ido preparando el entendimiento de que la responsabilidad de lo acontecido desde el punto de vista de las conductas antijurídicas individuales o colectivas de los diversos actores, podían y debían evidenciarse más allá del señalamiento de una sola de las partes del conflicto como exclusivo victimario.
No de otra manera podíamos hablar de la responsabilidad colectiva que a todas las partes vinculadas al conflicto concierne, ni podría entender la sociedad nacional y mundial que la primera obligación de todos es la recuperación y, en ocasiones, la fabricación misma de un tejido social fuerte y duradero, sobre el cual se formule el compromiso, también colectivo del “nunca más”.
Todo lo anterior fue indicando que la justicia restaurativa era la mejor fórmula de alcanzar la recuperación de la moral social, de depurar las costumbres políticas y sembrar la posibilidad de un bienestar general. No nos interesa aplaudir la entrada a la cárcel de nuestros adversarios de la prolongada guerra. No nos vamos a solazar viendo la puesta tras la rejas de un oficial del ejército o de la policía, o de un alto funcionario del Estado, o de un de un financiador de la violencia surgido de la empresa privada. Preferimos trabajar con ellos a partir de acuerdos de convivencia, reconstruyendo sociedad y patria en Territorios Especiales de Paz en los que el compromiso sea con la Colombia del futuro, sin olvidar el pasado para no regresar a él jamás, con la intención de satisfacer los derechos de las víctimas y las comunidades afectadas en general.
Explorando el dilatado territorio de lo que han sido los acuerdos de paz en el mundo, encontramos que el actual proceso que se adelanta en La Habana es el único en el que se ha acordado un Sistema Integral que reúne y relaciona todos los elementos que el derecho Internacional señala como derechos inalienables de las víctimas: el derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y a la No repetición.
La finalidad del mencionado sistema es hacer efectivos los derechos de las víctimas del conflicto político, social y armado que hemos vivido, porque, además de combatir la impunidad, ofrece la máxima Justicia que sea posible para concluir definitivamente una larga confrontación armada.
Frente a la evidencia de la crisis del monopolio innato del Estado colombiano, en tanto sujeto del ius puniendi o facultad sancionadora, fue necesario entonces impulsar un mecanismo jurisdiccional autónomo que pudiera satisfacer los compromisos adquiridos por Colombia en materia de derecho penal internacional para establecer responsabilidades de combatientes y no combatientes y de los múltiples agentes del Estado, vinculados directa o indirectamente al conflicto interno.
El acuerdo alcanzado sitúa el Derecho a la verdad en el vértice superior del Sistema diseñado, y establece herramientas eficaces para establecer la Verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto. Sin Verdad no hay reconciliación posible. La Verdad debe marcar el único camino para reconstruir la sociedad colombiana tras años de enfrentamiento fratricida, un camino trazado sobre un modelo de justicia restaurativa y con la plena garantía de todos los derechos humanos a través de la consecución y consolidación de la Paz. La Paz es el Derecho Síntesis de todos los derechos humanos y sin Paz esos derechos no pueden ser disfrutados más que por las minorías privilegiadas.
Durante las discusiones del punto 5º de la agenda, las FARC-EP hicieron suyas y pusieron sobre la mesa de conversaciones las reivindicaciones de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, intentando así corregir las deficiencias habidas en una discusión que no ha sabido dar un papel activo y protagónico a las víctimas del conflicto y a los defensores de los DDHH, limitando su participación a la organización de unos encuentros en Colombia en los que no existía posibilidad de interlocutar con las partes en la Mesa de Conversaciones.
Respecto al acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, durante los meses en que este se construyó en la Comisión Jurídica, expusimos a las organizaciones sociales, de defensores de derechos humanos, de víctimas, de campesinos, a organizaciones políticas y a líderes de opinión y sociales de nuestra patria, los principios y propuestas que creíamos, debían ser incluidos en el texto del acuerdo. Esperamos haber podido explicar correctamente nuestras visiones y criterios para la construcción del modelo de justicia para la paz que requiere Colombia para dejar atrás definitivamente esta larga guerra y sobre todo esperamos haber sabido recoger fielmente los criterios y aportaciones de todos aquellos con quienes hemos consultado incesantemente. Nuestro mayor anhelo es que todos los colectivos que han sufrido el largo conflicto armado, se identifiquen con un acuerdo único en la historia de los procesos de paz y lo consideren también como suyo, puesto que ha sido fruto de sus esfuerzos.
Este es el primer acuerdo de paz alcanzado en Colombia que no se ha cerrado con una amnistía general para todos los intervinientes en el conflicto, sino con la creación de una jurisdicción especial para la paz con competencias para conocer sobre todas las violaciones de derechos y sobre todos los responsables de estas.
Las víctimas y sus organizaciones desempeñaran un papel crucial en la buena marcha del Sistema creado, y podrán así corregir la asimetría que los órganos del Estado han mostrado a la hora de perseguir los delitos cometidos a lo largo del conflicto, favoreciendo la impunidad de agentes del Estado y de sus aliados paramilitares, tal y como ha afirmado hasta la saciedad la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en sus informes sobre Colombia. Por primera vez en un Acuerdo de Paz, las organizaciones de víctimas podrán presentar informes con acusaciones ante la Jurisdicción creada, los cuales deberán ser atendidos por la misma, y las víctimas deberán ser oídas antes de imponer sanciones a quienes reconozcan sus responsabilidades.
Debe quedar bien claro que la Jurisdicción Especial para la Paz que se crea tiene competencia para conocer las responsabilidades de todos quienes intervinieron, directa o indirectamente en el conflicto: combatientes y no combatientes, Agentes del Estado, guerrilleros, políticos, civiles que han financiado, impulsado u organizado el paramilitarismo y paramilitares que hayan disfrutado de impunidad. Quienes hasta ahora, históricamente, se habían amparado en la impunidad para cometer graves crímenes contra las colombianas y los colombianos, deberán comparecer ante el país y asumir sus responsabilidades.
La paz exige reconciliación y la reconciliación exige normalización de la vida política y social de Colombia. Aquellos que han ejercido el supremo derecho a la rebelión contra las injusticias verán amnistiados los delitos políticos que hayan cometido y los conexos a estos. Pero también quienes han sido condenados injustamente como rebeldes sin serlo, o simplemente por ejercer el legítimo derecho a la protesta social, o incluso hayan incurrido en delitos de pobreza, deberán ser amnistiados o deberán cesar los procedimientos en los que estén siendo acusados por el Estado. Y ello, porque no ha sido otro fin que la búsqueda de la justicia y el bien de la sociedad lo que les ha compelido a rebelarse, a disentir o a protestar exigiendo el respeto a los legítimos derechos del pueblo colombiano. Es justo que así se reconozca.
No existirá inmunidad alguna que alcance a cargos oficiales u altos dignatarios del Gobierno o del Estado, porque ello no es posible conforme a la ley internacional, y porque ello sería inaceptable para la conciencia del pueblo colombiano. En un país donde la vida republicana ha sido gobernada por fuerzas políticas y no por juntas militares, la cadena de mando del Estado concluye en las más altas instituciones de Gobierno y es de justicia que así se establezca y se reconozca, para que nunca más el poder civil se escude en las fuerzas militares para no asumir sus responsabilidades en la victimización
Las medidas y programas sobre reparación a las víctimas y restitución del daño causado, han sido expresamente acordadas por las partes para su introducción en el Sistema Integral y consideradas como un esencial componente de este. Tales medidas deben superar las deficiencias del actual marco legal sobre reparaciones, deben garantizar que quienes a consecuencia del conflicto han padecido situaciones de exclusión social salgan de la marginación económica y vean garantizado un futuro sin discriminaciones. Especialmente importante es garantizar la recuperación de sus tierras a todos los campesinos que sufrieron la usurpación de ellas, así como una violencia inhumana por parte de quienes se enriquecieron con el conflicto empobreciendo simultáneamente a la mayoría del pueblo colombiano. Todas las partes implicadas en el conflicto asumen la obligación de reparar el daño ocasionado atendiendo a la realidad de la victimización causada, reparación que se hará con trabajo personal y colectivo, con hechos, con decisiones políticas y con aportaciones materiales. Y es el Estado, el nuevo Estado incluyente que se supone surgirá del Acuerdo de Paz, el que asume la obligación específica de garantizar que todos quienes fueron victimizados sean reparados.
Las FARC-EP han observado con preocupación que prácticamente en la totalidad de acuerdos de paz alcanzados en Colombia y en otros lugares del mundo, más allá del cumplimiento de las medidas acordadas para la normalización de la situación política y la re incorporación a la vida civil de los antes alzados en armas, los pactos dónde se contemplan medidas económicas y sociales de desarrollo del nuevo país que surge de la finalización del conflicto armado, han sido sistemáticamente orillados y nunca cumplidos. Por ello trabajamos incansablemente y lo seguiremos haciendo, para que el resultado de este proceso se cumpla cabalmente. De ahí, que por primera vez en una acuerdo de paz, las partes hayamos incorporado sanciones y medidas de justicia restaurativa –realizables por quienes reconozcan verdad y responsabilidades por crímenes no amnistiables-ejecutando los acuerdos alcanzados en los distintos puntos de la Agenda de Conversaciones en la medida en que estos implican beneficio para las comunidades y desarrollo económico y social del país.
Hasta ahora Colombia ha padecido durante su historia republicana miseria, desigualdad, carencia de democracia y luto, pero no ha muerto la esperanza; por ello con el inolvidable Gabriel García Márquez cerramos esta intervención diciendo, que, Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de una utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Permítannos iniciar estas palabras recordando las siguientes reflexiones de Gabo en la aceptación del premio Nobel en 1982: “La violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia, son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento…Frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte…”
Hemos venido pletóricos de satisfacción a comunicar a Colombia y al mundo la buena nueva del cierre definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y del Acuerdo Parcial sobre VÍCTIMAS, cuyas potencias dinamizadoras-si no se atraviesan en el camino obstrucciones adversas al sentido común-, podrán acercarnos al propósito superior de nuestra reconciliación.
Pero no podemos olvidar que el origen del conflicto es anterior a la fecha de creación de las FARC. Nuestra fundación es una consecuencia de la violencia del bloque de poder dominante y de fenómenos de desigualdad social que terminaron engendrando y haciendo evidente la necesidad de acudir al Derecho de rebelión.
El trabajo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas puso en evidencia la inobjetable responsabilidad del Estado por los más de setenta años de conflicto interno. Sus conclusiones han ido preparando el entendimiento de que la responsabilidad de lo acontecido desde el punto de vista de las conductas antijurídicas individuales o colectivas de los diversos actores, podían y debían evidenciarse más allá del señalamiento de una sola de las partes del conflicto como exclusivo victimario.
No de otra manera podíamos hablar de la responsabilidad colectiva que a todas las partes vinculadas al conflicto concierne, ni podría entender la sociedad nacional y mundial que la primera obligación de todos es la recuperación y, en ocasiones, la fabricación misma de un tejido social fuerte y duradero, sobre el cual se formule el compromiso, también colectivo del “nunca más”.
Todo lo anterior fue indicando que la justicia restaurativa era la mejor fórmula de alcanzar la recuperación de la moral social, de depurar las costumbres políticas y sembrar la posibilidad de un bienestar general. No nos interesa aplaudir la entrada a la cárcel de nuestros adversarios de la prolongada guerra. No nos vamos a solazar viendo la puesta tras la rejas de un oficial del ejército o de la policía, o de un alto funcionario del Estado, o de un de un financiador de la violencia surgido de la empresa privada. Preferimos trabajar con ellos a partir de acuerdos de convivencia, reconstruyendo sociedad y patria en Territorios Especiales de Paz en los que el compromiso sea con la Colombia del futuro, sin olvidar el pasado para no regresar a él jamás, con la intención de satisfacer los derechos de las víctimas y las comunidades afectadas en general.
Explorando el dilatado territorio de lo que han sido los acuerdos de paz en el mundo, encontramos que el actual proceso que se adelanta en La Habana es el único en el que se ha acordado un Sistema Integral que reúne y relaciona todos los elementos que el derecho Internacional señala como derechos inalienables de las víctimas: el derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y a la No repetición.
La finalidad del mencionado sistema es hacer efectivos los derechos de las víctimas del conflicto político, social y armado que hemos vivido, porque, además de combatir la impunidad, ofrece la máxima Justicia que sea posible para concluir definitivamente una larga confrontación armada.
Frente a la evidencia de la crisis del monopolio innato del Estado colombiano, en tanto sujeto del ius puniendi o facultad sancionadora, fue necesario entonces impulsar un mecanismo jurisdiccional autónomo que pudiera satisfacer los compromisos adquiridos por Colombia en materia de derecho penal internacional para establecer responsabilidades de combatientes y no combatientes y de los múltiples agentes del Estado, vinculados directa o indirectamente al conflicto interno.
El acuerdo alcanzado sitúa el Derecho a la verdad en el vértice superior del Sistema diseñado, y establece herramientas eficaces para establecer la Verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto. Sin Verdad no hay reconciliación posible. La Verdad debe marcar el único camino para reconstruir la sociedad colombiana tras años de enfrentamiento fratricida, un camino trazado sobre un modelo de justicia restaurativa y con la plena garantía de todos los derechos humanos a través de la consecución y consolidación de la Paz. La Paz es el Derecho Síntesis de todos los derechos humanos y sin Paz esos derechos no pueden ser disfrutados más que por las minorías privilegiadas.
Durante las discusiones del punto 5º de la agenda, las FARC-EP hicieron suyas y pusieron sobre la mesa de conversaciones las reivindicaciones de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, intentando así corregir las deficiencias habidas en una discusión que no ha sabido dar un papel activo y protagónico a las víctimas del conflicto y a los defensores de los DDHH, limitando su participación a la organización de unos encuentros en Colombia en los que no existía posibilidad de interlocutar con las partes en la Mesa de Conversaciones.
Respecto al acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, durante los meses en que este se construyó en la Comisión Jurídica, expusimos a las organizaciones sociales, de defensores de derechos humanos, de víctimas, de campesinos, a organizaciones políticas y a líderes de opinión y sociales de nuestra patria, los principios y propuestas que creíamos, debían ser incluidos en el texto del acuerdo. Esperamos haber podido explicar correctamente nuestras visiones y criterios para la construcción del modelo de justicia para la paz que requiere Colombia para dejar atrás definitivamente esta larga guerra y sobre todo esperamos haber sabido recoger fielmente los criterios y aportaciones de todos aquellos con quienes hemos consultado incesantemente. Nuestro mayor anhelo es que todos los colectivos que han sufrido el largo conflicto armado, se identifiquen con un acuerdo único en la historia de los procesos de paz y lo consideren también como suyo, puesto que ha sido fruto de sus esfuerzos.
Este es el primer acuerdo de paz alcanzado en Colombia que no se ha cerrado con una amnistía general para todos los intervinientes en el conflicto, sino con la creación de una jurisdicción especial para la paz con competencias para conocer sobre todas las violaciones de derechos y sobre todos los responsables de estas.
Las víctimas y sus organizaciones desempeñaran un papel crucial en la buena marcha del Sistema creado, y podrán así corregir la asimetría que los órganos del Estado han mostrado a la hora de perseguir los delitos cometidos a lo largo del conflicto, favoreciendo la impunidad de agentes del Estado y de sus aliados paramilitares, tal y como ha afirmado hasta la saciedad la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en sus informes sobre Colombia. Por primera vez en un Acuerdo de Paz, las organizaciones de víctimas podrán presentar informes con acusaciones ante la Jurisdicción creada, los cuales deberán ser atendidos por la misma, y las víctimas deberán ser oídas antes de imponer sanciones a quienes reconozcan sus responsabilidades.
Debe quedar bien claro que la Jurisdicción Especial para la Paz que se crea tiene competencia para conocer las responsabilidades de todos quienes intervinieron, directa o indirectamente en el conflicto: combatientes y no combatientes, Agentes del Estado, guerrilleros, políticos, civiles que han financiado, impulsado u organizado el paramilitarismo y paramilitares que hayan disfrutado de impunidad. Quienes hasta ahora, históricamente, se habían amparado en la impunidad para cometer graves crímenes contra las colombianas y los colombianos, deberán comparecer ante el país y asumir sus responsabilidades.
La paz exige reconciliación y la reconciliación exige normalización de la vida política y social de Colombia. Aquellos que han ejercido el supremo derecho a la rebelión contra las injusticias verán amnistiados los delitos políticos que hayan cometido y los conexos a estos. Pero también quienes han sido condenados injustamente como rebeldes sin serlo, o simplemente por ejercer el legítimo derecho a la protesta social, o incluso hayan incurrido en delitos de pobreza, deberán ser amnistiados o deberán cesar los procedimientos en los que estén siendo acusados por el Estado. Y ello, porque no ha sido otro fin que la búsqueda de la justicia y el bien de la sociedad lo que les ha compelido a rebelarse, a disentir o a protestar exigiendo el respeto a los legítimos derechos del pueblo colombiano. Es justo que así se reconozca.
No existirá inmunidad alguna que alcance a cargos oficiales u altos dignatarios del Gobierno o del Estado, porque ello no es posible conforme a la ley internacional, y porque ello sería inaceptable para la conciencia del pueblo colombiano. En un país donde la vida republicana ha sido gobernada por fuerzas políticas y no por juntas militares, la cadena de mando del Estado concluye en las más altas instituciones de Gobierno y es de justicia que así se establezca y se reconozca, para que nunca más el poder civil se escude en las fuerzas militares para no asumir sus responsabilidades en la victimización
Las medidas y programas sobre reparación a las víctimas y restitución del daño causado, han sido expresamente acordadas por las partes para su introducción en el Sistema Integral y consideradas como un esencial componente de este. Tales medidas deben superar las deficiencias del actual marco legal sobre reparaciones, deben garantizar que quienes a consecuencia del conflicto han padecido situaciones de exclusión social salgan de la marginación económica y vean garantizado un futuro sin discriminaciones. Especialmente importante es garantizar la recuperación de sus tierras a todos los campesinos que sufrieron la usurpación de ellas, así como una violencia inhumana por parte de quienes se enriquecieron con el conflicto empobreciendo simultáneamente a la mayoría del pueblo colombiano. Todas las partes implicadas en el conflicto asumen la obligación de reparar el daño ocasionado atendiendo a la realidad de la victimización causada, reparación que se hará con trabajo personal y colectivo, con hechos, con decisiones políticas y con aportaciones materiales. Y es el Estado, el nuevo Estado incluyente que se supone surgirá del Acuerdo de Paz, el que asume la obligación específica de garantizar que todos quienes fueron victimizados sean reparados.
Las FARC-EP han observado con preocupación que prácticamente en la totalidad de acuerdos de paz alcanzados en Colombia y en otros lugares del mundo, más allá del cumplimiento de las medidas acordadas para la normalización de la situación política y la re incorporación a la vida civil de los antes alzados en armas, los pactos dónde se contemplan medidas económicas y sociales de desarrollo del nuevo país que surge de la finalización del conflicto armado, han sido sistemáticamente orillados y nunca cumplidos. Por ello trabajamos incansablemente y lo seguiremos haciendo, para que el resultado de este proceso se cumpla cabalmente. De ahí, que por primera vez en una acuerdo de paz, las partes hayamos incorporado sanciones y medidas de justicia restaurativa –realizables por quienes reconozcan verdad y responsabilidades por crímenes no amnistiables-ejecutando los acuerdos alcanzados en los distintos puntos de la Agenda de Conversaciones en la medida en que estos implican beneficio para las comunidades y desarrollo económico y social del país.
Hasta ahora Colombia ha padecido durante su historia republicana miseria, desigualdad, carencia de democracia y luto, pero no ha muerto la esperanza; por ello con el inolvidable Gabriel García Márquez cerramos esta intervención diciendo, que, Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de una utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP