Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2016-01-21
Categoría
Comunicado
Es necesario superar el fenómeno del paramilitarismo para alcanzar la paz
La Habana, Cuba, enero 21 de 2016, año de la paz
Con esperanza podemos comunicar hoy, que a partir de este ciclo en la Mesa de Conversaciones iniciaremos un debate profundo sobre la urgente necesidad que para la paz de nuestro país significa superar el azote del paramilitarismo. Difícilmente se podría entender que las FARC-EP concluyeran el paso de una organización armada a movimiento político legal sin tener garantías ciertas de su desmantelamiento.
Ya hemos avanzado en compartir nuestras respectivas visiones buscando identificar la naturaleza, la complejidad y la amenaza que para el futuro de la sociedad y la democracia representa éste fenómeno, constituido hoy en la principal talanquera que impide el tránsito definitivo hacia una Colombia en paz y con justicia social.
Lastimosamente, tenemos que señalar que mientras iniciamos este debate, la actividad de los grupos paramilitares se multiplica por todo el territorio nacional. Asesinatos y amenazas a la población civil de un lado, y combates con las fuerzas insurgentes por el otro, configuran hoy una realidad en departamentos como Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Córdoba y Nariño.
No terminábamos de lamentar las muertes de civiles en el Chocó y el desplazamiento masivo de campesinos en Antioquia, cuando el pasado 16 de enero supimos del asesinato en San Calixto de Nelly Amaya Pérez, líder campesina y comunitaria del Catatumbo. A sus familiares, toda nuestra solidaridad y nuestras condolencias por su vil asesinato.
Sobre el tema, en la Mesa de Conversaciones hemos venido sosteniendo una postura clara: el paramilitarismo en Colombia ha sido una política de Estado. El fenómeno paramilitar no se limita a su manifestación estrictamente armada: las mal llamadas BACRIM. Buscar solucionar el problema ubicándose solamente en este plano, deja intactas las condiciones y la infraestructura que ha permitido la existencia de estos grupos, a la vez que libera de responsabilidades a los diversos sectores de la vida nacional que llevan años de beneficios e impunidad, fundados en el terror paramilitar.
La parapolítica, la para-economía, y una concepción equivocada del llamado “Orden público”, que le da tratamiento de guerra a la protesta social y al ejercicio de los derechos ciudadanos, al tiempo que justifica la justicia privada, también hacen parte de este fenómeno.
La solución efectiva a este flagelo requiere contemplar sus manifestaciones militares, económicas, políticas y la corrupción generalizada que es su caldo de cultivo. ¿Quién se lucra? ¿Quién despoja? ¿Quién desplaza?¿Quién financia? ¿Quién aprovecha los votos derivados del miedo?
Son interrogantes que tenemos que resolver.
Atacar la integralidad del fenómeno requiere precisamente del desmantelamiento de ese engañoso aparataje que da sustento a múltiples acciones criminales contra el pueblo, e impiden la democracia plena.
Avanzar hacia un definitivo fin del paramilitarismo requiere de voluntad política y de un compromiso decidido de la multiplicidad de fuerzas vivas de la nación: partidos políticos, gremios económicos, movimientos sociales, medios de comunicación y personalidades.
Imperiosamente, debemos construir entre todos, un verdadero pacto político, ético y moral que permita que las generaciones venideras de compatriotas, no tengan que sufrir esta desgracia. Un compromiso efectivo de NUNCA MÁS.
Se requiere así mismo de múltiples ajustes en la institucionalidad, que impidan que el Estado pueda ser instigador, cómplice o aliado de actividades de organizaciones criminales supuestamente contrainsurgentes. En ese sentido, proponemos crear un nuevo tipo penal destinado a sancionar la promoción, organización, financiación o empleo oficial o privado de estructuras o prácticas paramilitares.
Hemos propuesto también la creación de una Comisión Nacional por el Desmantelamiento del Paramilitarismo y contra la Impunidad en Colombia, órgano independiente pero con participación de instituciones del Estado, de representantes de organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y de las FARC-EP en tránsito a movimiento político sin armas.
Esperamos que el fruto de toda esta discusión bilateral, nos traiga nuevas noticias que alimenten las esperanzas de nuestro pueblo por una paz estable y duradera que se traduzca en justicia social, en bienestar y buen vivir para los colombianos.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Con esperanza podemos comunicar hoy, que a partir de este ciclo en la Mesa de Conversaciones iniciaremos un debate profundo sobre la urgente necesidad que para la paz de nuestro país significa superar el azote del paramilitarismo. Difícilmente se podría entender que las FARC-EP concluyeran el paso de una organización armada a movimiento político legal sin tener garantías ciertas de su desmantelamiento.
Ya hemos avanzado en compartir nuestras respectivas visiones buscando identificar la naturaleza, la complejidad y la amenaza que para el futuro de la sociedad y la democracia representa éste fenómeno, constituido hoy en la principal talanquera que impide el tránsito definitivo hacia una Colombia en paz y con justicia social.
Lastimosamente, tenemos que señalar que mientras iniciamos este debate, la actividad de los grupos paramilitares se multiplica por todo el territorio nacional. Asesinatos y amenazas a la población civil de un lado, y combates con las fuerzas insurgentes por el otro, configuran hoy una realidad en departamentos como Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Córdoba y Nariño.
No terminábamos de lamentar las muertes de civiles en el Chocó y el desplazamiento masivo de campesinos en Antioquia, cuando el pasado 16 de enero supimos del asesinato en San Calixto de Nelly Amaya Pérez, líder campesina y comunitaria del Catatumbo. A sus familiares, toda nuestra solidaridad y nuestras condolencias por su vil asesinato.
Sobre el tema, en la Mesa de Conversaciones hemos venido sosteniendo una postura clara: el paramilitarismo en Colombia ha sido una política de Estado. El fenómeno paramilitar no se limita a su manifestación estrictamente armada: las mal llamadas BACRIM. Buscar solucionar el problema ubicándose solamente en este plano, deja intactas las condiciones y la infraestructura que ha permitido la existencia de estos grupos, a la vez que libera de responsabilidades a los diversos sectores de la vida nacional que llevan años de beneficios e impunidad, fundados en el terror paramilitar.
La parapolítica, la para-economía, y una concepción equivocada del llamado “Orden público”, que le da tratamiento de guerra a la protesta social y al ejercicio de los derechos ciudadanos, al tiempo que justifica la justicia privada, también hacen parte de este fenómeno.
La solución efectiva a este flagelo requiere contemplar sus manifestaciones militares, económicas, políticas y la corrupción generalizada que es su caldo de cultivo. ¿Quién se lucra? ¿Quién despoja? ¿Quién desplaza?¿Quién financia? ¿Quién aprovecha los votos derivados del miedo?
Son interrogantes que tenemos que resolver.
Atacar la integralidad del fenómeno requiere precisamente del desmantelamiento de ese engañoso aparataje que da sustento a múltiples acciones criminales contra el pueblo, e impiden la democracia plena.
Avanzar hacia un definitivo fin del paramilitarismo requiere de voluntad política y de un compromiso decidido de la multiplicidad de fuerzas vivas de la nación: partidos políticos, gremios económicos, movimientos sociales, medios de comunicación y personalidades.
Imperiosamente, debemos construir entre todos, un verdadero pacto político, ético y moral que permita que las generaciones venideras de compatriotas, no tengan que sufrir esta desgracia. Un compromiso efectivo de NUNCA MÁS.
Se requiere así mismo de múltiples ajustes en la institucionalidad, que impidan que el Estado pueda ser instigador, cómplice o aliado de actividades de organizaciones criminales supuestamente contrainsurgentes. En ese sentido, proponemos crear un nuevo tipo penal destinado a sancionar la promoción, organización, financiación o empleo oficial o privado de estructuras o prácticas paramilitares.
Hemos propuesto también la creación de una Comisión Nacional por el Desmantelamiento del Paramilitarismo y contra la Impunidad en Colombia, órgano independiente pero con participación de instituciones del Estado, de representantes de organizaciones de víctimas y de derechos humanos, y de las FARC-EP en tránsito a movimiento político sin armas.
Esperamos que el fruto de toda esta discusión bilateral, nos traiga nuevas noticias que alimenten las esperanzas de nuestro pueblo por una paz estable y duradera que se traduzca en justicia social, en bienestar y buen vivir para los colombianos.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP