Reciba un saludo colmado de profunda solidaridad y simpatía con la justa resistencia que Usted y centenares de hombres y mujeres presas adelantan en las cárceles y penitenciarías del país.
Leímos con atención el comunicado público que difundió el pasado 15 de febrero desde la penitenciaria de máxima seguridad ERON - Picota, en el que Usted se declara en huelga de hambre; ello nos motivó a compartirle algunas de nuestras reflexiones y respaldar su digna postura.
En el Ejército de Liberación Nacional somos conscientes que las luchas por la vida y el bienestar de la humanidad se fundan en el amor, cuya autenticidad es capaz de llevarnos hasta las últimas consecuencias. Ese fundamento, que ha sido cosecha y fruto de nuestra experiencia en más de cincuenta años, es lo que nos hace compañeros, al igual que Usted lo ha expresado, en causas más que justificadas.
Saberse sometido a los vejámenes de un sistema injusto no es sencillo. Es propio de valientes sobreponerse a las dificultades y no renunciar a las motivaciones que nos unen. Conocemos de su trabajo por las investigaciones que en su labor de académico y docente ha desarrollo. Pero ha sido, sin duda, la denuncia de una realidad que cada día asfixia más a los luchadores del pueblo, lo que, primeramente, ha motivado esta misiva. Si bien la recopilación de testimonios en las mazmorras encuentra lugar como parte de ese propósito, el hecho de ser parte, activa y vinculante, de la resistencia de los presos y presas políticas, es una muestra mayor de aquello que Usted llama “la defensa de un pensamiento crítico que articule la teoría con la praxis transformadora”.
En las prisiones del régimen están recluidas más de nueve mil colombianos por razones políticas; una parte de ellas ligada a la insurgencia y otra a la resistencia cívica, ya sea, a través de la vinculación a movimientos sociales o, como es su caso, mediante la difusión de ideas progresistas desde la academia y la intelectualidad. En estos últimos casos, se pretende mostrar la actividad de disentir y el ejercicio público de la crítica, como un crimen en el que la insurgencia sirve como pretexto judicial para el Estado.
Aunque la rebelión, entendida como el alzamiento armado por razones altruistas, sea considerada un delito por el establecimiento, los pueblos del mundo la defienden como un derecho, que ante situaciones de evidente injusticia, asciende a la dimensión del deber. Por ello, cuando se efectúa la judicialización de una persona por el presunto delito de rebelión, no sólo el Estado colombiano se reconoce a sí mismo como provisto de incolumidad, dueño de una verdad despótica, sino que se pone de manifiesto la negativa a cualquier búsqueda de bienestar colectivo, sin importar los medios que se empleen en ella.
La razón es simple. En Colombia, las vías pacíficas se han agotado cuando la minoría en el poder recurre a la guerra sucia para exterminar a la izquierda y la población sufre los peores crímenes posibles. En tal situación, la radicalidad del disentimiento, la crítica profunda, no puede verse más que obligada al uso de la fuerza. La acción de resistir en armas adquiere legitimidad en virtud de esta realidad.
Sucede que en más de sesenta años de guerra, el pueblo ha desarrollado distintas formas de resistencia. Las vías pacíficas y no pacíficas se han combinado, sin oponerse las unas a las otras; de manera que lo decisivo, tal como lo vaticinó el comandante guerrillero Camilo Torres Restrepo, cofundador del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, en la que Usted dictó clases, no ha residido en la forma bajo la cual la oligarquía entregaría el poder, si ha de ser de modo pacífico o violento, sino en el hecho mismo de que debía entregarlo.
Esta experiencia de combinación de formas de lucha ha sido advertida por el régimen y, por ello, se considera peligroso no sólo a quien se arma para derrocar un sistema de injusticias, sino a quien piense en auténtica distancia del establecimiento. La rebelión como delito ha llegado a ser imputado por el Estado colombiano por el simple hecho de producir ideas y proferirlas en su contra.
Al ser este su caso, Miguel Ángel, y de varias decenas de luchadores cívicos, imaginar un cambio en esta conducta por parte del establecimiento, a portas de un proceso de paz, supone un desafío mayor. Implica, primordialmente, la búsqueda de una verdadera democracia que comprenda y soporte la crítica, sin que ésta tenga que ser llevada a la radicalidad de la fuerza para realizarse.
Pero mientras ello no ocurra, seguiremos experimentando la guerra y, en consecuencia, la violencia impuesta en los centros reclusorios del Estado.
Las huelgas de hambre que Usted y demás compañeros presos políticos han adelantado exigiendo condiciones básicas de salubridad y respeto a la integridad personal reciben nuestra profunda admiración y reconocimiento. Es duro saber que estos son los únicos medios para gozar de una pequeña atención humanitaria. Preservar la dignidad y no rendirse ante la adversidad es propio de grandes seres humanos.
Lamentablemente, coincidimos con Usted en que no es posible confiar en gestos unilaterales de paz por parte del establecimiento, cuando lo que se ha visto es licencia para la muerte y una muy sentida mezquindad, que contradice sus supuestas intenciones.
Una Nueva Colombia fundada en el diálogo, el entendimiento la pluralidad y el humanismo, llegará el día en que se haga justicia frente a la degradación que se impone en las prisiones y cese definitivamente el terrorismo de Estado, el secuestro y la violencia dirigida a hombres y mujeres dignamente rebeldes. En ello, tenga la certeza, nos encontraremos un paso más cerca de la libertad.