Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2016-03-15
Categoría
Comunicado
A las víctimas de desaparición forzada
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, marzo 15 de 2016, año de la paz
Señoras y señores plenipotenciarios de Paz del Gobierno de Colombia.
Representantes de los países garantes Cuba y Noruega.
Voceros de las víctimas de la desaparición forzada.
Nadie les ha explicado con certeza/ si ya se fueron o si no/
si son pancartas o temblores/ sobrevivientes o responsos.
Ven pasar árboles y pájaros/ e ignoran a qué sombra pertenecen.
Mario Benedetti (Desaparecidos)
Saludamos a los presentes, especialmente al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), a la Fundación Nidia Erika Bautista, a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), a Alfonso Cajiao de la Defensoría del Pueblo y a Guillermo Rivera, asesor presidencial para los Derechos Humanos. Resaltamos su esfuerzo, y el del universo de las víctimas que desde diferentes regiones y sectores participaron en la elaboración de las recomendaciones que en materia de búsqueda de desaparecidos han traído hasta la Sede de los Diálogos de Paz.
Asistimos a esta trascendental ceremonia de esperanza en la reconciliación, para ratificar que es de la mayor importancia para la paz de Colombia, abrir camino al cumplimiento pronto de tres de los más grandes compromisos firmados en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP:
- Primero, el de crear la “Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”.
- Segundo, el de concretar las "Medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado interno…”.
- Y tercero, el de definir el “Plan de fortalecimiento de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas”.
El cumplimiento de estas obligaciones es sin duda fundamental para alcanzar las soluciones a los problemas de las víctimas, siempre que lo pactado no quede desperdigado en el campo de las promesas estériles y se acompañe de sensibilidad, responsabilidad y respeto a la palabra empeñada y a las propuestas e iniciativas de quienes han sido afectados y afectadas, lo cual implica garantizar su protagonismo en la implementación de los diseños, procedimientos y metas.
Cuando se suscribió el Acuerdo sobre medidas de construcción de confianza, el Gobierno y las FARC-EP, entre otros asuntos, se comprometieron a fortalecer las capacidades institucionales y la participación de las víctimas en la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas.
Al respecto, acordamos solicitar a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que construyera dentro de los seis (6) meses siguientes, un plan con recomendaciones que permitan el logro del mencionado propósito, para lo cual convocaría la participación de las organizaciones de víctimas, especializadas y de derechos humanos. Y es, precisamente, para recibir los resultados de tan laudable labor, que hoy nos encontramos reunidos.
Esta tarea se vuelve especialmente significativa, si recordamos que conforme a los datos manejados por la Fiscalía General de la Nación, en Colombia ha habido más de 50.000 personas desaparecidas por causas vinculadas al conflicto. Según datos de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, al menos 47.757 casos son atribuidos a actuaciones de la Fuerza Pública y los paramilitares. Y por conclusiones del Comité Internacional de la Cruz Roja, Informe “Situación humanitaria 2014”, sabemos que sobre72.000 personas no se tiene noticia alguna. A su vez, el Registro Único de Victimas del Gobierno habla de 45.799 víctimas directas de desaparición forzada.
Tomando como referencia las anteriores informaciones, la primera valoración es que este drama humanitario ha alcanzado proporciones inimaginables, sin que hasta el momento hayan existido acciones suficientes del Estado para la efectiva búsqueda, identificación y entrega en condiciones dignas. Y estamos hablando de un total de víctimas que sobrepasa el de la sumatoria de las dictaduras chilena, argentina, uruguaya y brasileña juntas, que en el marco de la Operación Cóndor sembraron de terror a América Latina durante la década de los años 70 y 80 del siglo pasado.
Para el caso de Colombia, en el 80% de los casos no hay investigaciones abiertas, y a su vez el 85% de los casos investigados han sido archivados, configurándose un escenario de impunidad sin precedentes. Es una obligación política, ética y humanitaria acabar con la desaparición forzada, con la impunidad que la ha rodeado, y con el sufrimiento de los familiares de los desparecidos, garantizándoles la posibilidad de que recuperen a sus seres queridos y puedan con ello cerrar su duelo y amainar sus sufrimientos. En este camino creemos imprescindible, además de investigar cementerios de NN, osarios y fosas clandestinas, emprender otras acciones de cubrimiento nacional que permitan colmar las expectativas de todos los deudos.
Tal ha sido el empeño de las FARC-EP desde que comenzaron las actuales conversaciones de Paz, y de verdad que llena de esperanza que el clamor y lucha de las víctimas, finalmente sean atendidos por el Estado colombiano, y que dentro de tal circunstancia se haya hecho posible que Gobierno y FARC-EP establecieran el compromiso de entregar información para la ubicación e identificación de los restos de víctimas, de cuyo paradero tengan conocimiento, y el de contribuir a la entrega digna de los mismos, teniendo en cuenta la voluntad de los familiares, respetando sus creencias y ritos.
Para alcanzar los objetivos propuestos, es imprescindible contar con la participación de organizaciones sociales y de derechos humanos, de las organizaciones que han reivindicado la memoria de los desaparecidos y durante años han exigido al Estado que aparezcan, de ser posible con vida. Se trata de llegar a la verdad y acabar con la “impunidad".
Anhelamos que estos primeros emprendimientos contribuyan al esclarecimiento de este crimen de lesa humanidad y de las graves violaciones a los derechos humanos. En tal sentido, la entrega de las recomendaciones por parte de la Delegación de Víctimas que hoy nos visita, no debe ser el momento final de su participación, sino el inicio de su presencia activa en un proceso integral de reparación, reconciliación y no Repetición que permita encontrar, en lo posible, vivas a las víctimas de la desaparición forzada.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Señoras y señores plenipotenciarios de Paz del Gobierno de Colombia.
Representantes de los países garantes Cuba y Noruega.
Voceros de las víctimas de la desaparición forzada.
Nadie les ha explicado con certeza/ si ya se fueron o si no/
si son pancartas o temblores/ sobrevivientes o responsos.
Ven pasar árboles y pájaros/ e ignoran a qué sombra pertenecen.
Mario Benedetti (Desaparecidos)
Saludamos a los presentes, especialmente al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), a la Fundación Nidia Erika Bautista, a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), a Alfonso Cajiao de la Defensoría del Pueblo y a Guillermo Rivera, asesor presidencial para los Derechos Humanos. Resaltamos su esfuerzo, y el del universo de las víctimas que desde diferentes regiones y sectores participaron en la elaboración de las recomendaciones que en materia de búsqueda de desaparecidos han traído hasta la Sede de los Diálogos de Paz.
Asistimos a esta trascendental ceremonia de esperanza en la reconciliación, para ratificar que es de la mayor importancia para la paz de Colombia, abrir camino al cumplimiento pronto de tres de los más grandes compromisos firmados en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP:
- Primero, el de crear la “Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”.
- Segundo, el de concretar las "Medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado interno…”.
- Y tercero, el de definir el “Plan de fortalecimiento de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas”.
El cumplimiento de estas obligaciones es sin duda fundamental para alcanzar las soluciones a los problemas de las víctimas, siempre que lo pactado no quede desperdigado en el campo de las promesas estériles y se acompañe de sensibilidad, responsabilidad y respeto a la palabra empeñada y a las propuestas e iniciativas de quienes han sido afectados y afectadas, lo cual implica garantizar su protagonismo en la implementación de los diseños, procedimientos y metas.
Cuando se suscribió el Acuerdo sobre medidas de construcción de confianza, el Gobierno y las FARC-EP, entre otros asuntos, se comprometieron a fortalecer las capacidades institucionales y la participación de las víctimas en la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas.
Al respecto, acordamos solicitar a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que construyera dentro de los seis (6) meses siguientes, un plan con recomendaciones que permitan el logro del mencionado propósito, para lo cual convocaría la participación de las organizaciones de víctimas, especializadas y de derechos humanos. Y es, precisamente, para recibir los resultados de tan laudable labor, que hoy nos encontramos reunidos.
Esta tarea se vuelve especialmente significativa, si recordamos que conforme a los datos manejados por la Fiscalía General de la Nación, en Colombia ha habido más de 50.000 personas desaparecidas por causas vinculadas al conflicto. Según datos de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, al menos 47.757 casos son atribuidos a actuaciones de la Fuerza Pública y los paramilitares. Y por conclusiones del Comité Internacional de la Cruz Roja, Informe “Situación humanitaria 2014”, sabemos que sobre72.000 personas no se tiene noticia alguna. A su vez, el Registro Único de Victimas del Gobierno habla de 45.799 víctimas directas de desaparición forzada.
Tomando como referencia las anteriores informaciones, la primera valoración es que este drama humanitario ha alcanzado proporciones inimaginables, sin que hasta el momento hayan existido acciones suficientes del Estado para la efectiva búsqueda, identificación y entrega en condiciones dignas. Y estamos hablando de un total de víctimas que sobrepasa el de la sumatoria de las dictaduras chilena, argentina, uruguaya y brasileña juntas, que en el marco de la Operación Cóndor sembraron de terror a América Latina durante la década de los años 70 y 80 del siglo pasado.
Para el caso de Colombia, en el 80% de los casos no hay investigaciones abiertas, y a su vez el 85% de los casos investigados han sido archivados, configurándose un escenario de impunidad sin precedentes. Es una obligación política, ética y humanitaria acabar con la desaparición forzada, con la impunidad que la ha rodeado, y con el sufrimiento de los familiares de los desparecidos, garantizándoles la posibilidad de que recuperen a sus seres queridos y puedan con ello cerrar su duelo y amainar sus sufrimientos. En este camino creemos imprescindible, además de investigar cementerios de NN, osarios y fosas clandestinas, emprender otras acciones de cubrimiento nacional que permitan colmar las expectativas de todos los deudos.
Tal ha sido el empeño de las FARC-EP desde que comenzaron las actuales conversaciones de Paz, y de verdad que llena de esperanza que el clamor y lucha de las víctimas, finalmente sean atendidos por el Estado colombiano, y que dentro de tal circunstancia se haya hecho posible que Gobierno y FARC-EP establecieran el compromiso de entregar información para la ubicación e identificación de los restos de víctimas, de cuyo paradero tengan conocimiento, y el de contribuir a la entrega digna de los mismos, teniendo en cuenta la voluntad de los familiares, respetando sus creencias y ritos.
Para alcanzar los objetivos propuestos, es imprescindible contar con la participación de organizaciones sociales y de derechos humanos, de las organizaciones que han reivindicado la memoria de los desaparecidos y durante años han exigido al Estado que aparezcan, de ser posible con vida. Se trata de llegar a la verdad y acabar con la “impunidad".
Anhelamos que estos primeros emprendimientos contribuyan al esclarecimiento de este crimen de lesa humanidad y de las graves violaciones a los derechos humanos. En tal sentido, la entrega de las recomendaciones por parte de la Delegación de Víctimas que hoy nos visita, no debe ser el momento final de su participación, sino el inicio de su presencia activa en un proceso integral de reparación, reconciliación y no Repetición que permita encontrar, en lo posible, vivas a las víctimas de la desaparición forzada.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP