Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2016-04-25
Categoría
Comunicado
Seguir la guerra o proteger el ambiente
SEGUIR LA GUERRA O PROTEGER EL AMBIENTE*
Gracias a las denuncias adelantadas a través de la manifestación cívica, fue suspendida la licencia otorgada a la empresa Hupecol para la explotación petrolera en La Macarena.
La Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, otorgó el permiso asegurando, en voz de su director, Fernando Iregui, que la explotación en La Macarena no ocasionaría daños ambientales, pero esta arbitrariedad fue confrontada por organizaciones sindicales, sociales, ecologistas, académicas y políticas, convocando hasta un debate parlamentario, que terminó echando atrás esa licencia.
Si bien la empresa de procedencia estadounidense podrá apelar en los próximos días la decisión de la ANLA, quedó demostrado que son innegables los daños sobre el río Caño Cristales -mundialmente conocido como “el río de los cinco colores”- y las afectaciones a los nacimientos de los ríos Guayabero, Duda y Lozada.
La imposición del lucro, en detrimento del ambiente y los ecosistemas, es el rasgo más diciente del capitalismo salvaje y, por tanto, un atentado de escala planetaria. Los reiterados acuerdos multilaterales que han suscrito las potencias desde hace más de 18 años en materia ambiental, así como sus incumplimientos e incluso, indiferencia, para el caso de los Estados Unidos, son la evidencia del problema.
En todas las cumbres mundiales, incluyendo la reciente COP21, convocada en la ciudad de París el año pasado, y en la celebración del Día de la tierra el 22 de abril, se ha impuesto la mirada indistinta que distribuye la responsabilidad por el daño ambiental en toda la población mundial, sin otorgar mayor parte a las potencias que, sin duda, lo generan. Esa es la lógica que obliga al llamado “Tercer Mundo” a asumirse como culpable equiparable, a la vez que, paradójicamente, sigue siendo considerado el “patio trasero del mundo”; de ese modo, la dominación colonial no termina.
Este sometimiento imperial, en el caso colombiano, ha tenido como consecuencia un conflicto bélico que arrancó con el siglo XX con la “guerra de los mil días” y el robo de Panamá. Son muchos los casos documentados en los que la posesión de la tierra para el usufructo de transnacionales es obtenida a través del despojo a labriegos y campesinos y, posteriormente, legalizada sin escrúpulos. En ese cometido, se han usado estrategias de destierro a la población, utilizando la violencia estatal, que combina las fuerzas legales y paramilitares.
La última ola de violencia oficial, viene desde los años 80s, con la imposición del modelo neoliberal, el extractivismo minero-energético y los monocultivos de los agronegocios, generando un genocidio y un ecocidio en todo el país.
Colombia vive, por consiguiente, la crisis ambiental ligada a una guerra sin escrúpulos contra su población y la naturaleza. Primero se fomentó el narcotráfico, como la principal fuente de financiamiento del paramilitarismo, en la guerra antisubversiva y luego Estados Unidos impuso el denominado “Plan Colombia”, que obligaba a fumigaciones áreas indiscriminadas con glifosato, un veneno prohibido en los países imperiales, debido a la advertencia de la Organización Mundial de la Salud como un compuesto químico nocivo para la vida y para el ambiente.
Después de muchos debates y luchas sociales, se logró acabar las fumigaciones con glifosato, pero ahora se anuncia su uso en la erradicación manual, en supuesta contraposición a la aspersión aérea. Se trata, entonces, de una moderación en el uso de un veneno que está demostrado que causa graves daños al ser humano y a todas las formas de vida en la naturaleza, por tal razón la manera como se usa en nada resuelve sus daños.
Pero el uso del glifosato es tan sólo una parte de la fracasada política antidrogas del “Plan Colombia”. Tras el supuesto objetivo de combatir la producción de cultivos ilícitos, se ha librado un cruenta guerra contra-insurgente, que ha tenido como objetivo principal aniquilar y desterrar la población, y, habilitar zonas para la explotación transnacional. La política minero-energética aceleró la locomotora del despojo y la depredación. En consecuencia, Estados Unidos encontró la mejor forma de invertir en el país a través del “Plan Colombia”.
Paramilitares, fuerzas armadas y mafia le han permitido a la oligarquía tomarse la tierra y entregar buena parte de ella a extranjeros. Aun cuando hoy se habla de Restitución de Tierras, como una política del gobierno de turno, lo cierto es que quienes se han apropiado de ellas no las piensan entregar a sus legítimos dueños. Ello lo han dicho públicamente, pese a que se habla de paz y reconciliación. En efecto, sólo el 3.4% de las solicitudes han sido resueltas.
En la búsqueda de una auténtica paz, es menester detener el despojo y restituir la dignidad de Colombia; con ello se estará no sólo parando la guerra, sino contribuyendo a que el ambiente y su protección tomen un lugar verdaderamente relevante en la vida nacional. Con esa mirada, el Ejército de Liberación Nacional convoca el actual proceso de solución política al conflicto y llama a la sociedad a plantear caminos y mecanismos efectivos en estas soluciones.
───────────────────
* Editorial de la Revista Insurrección Nº 526.
Gracias a las denuncias adelantadas a través de la manifestación cívica, fue suspendida la licencia otorgada a la empresa Hupecol para la explotación petrolera en La Macarena.
La Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, otorgó el permiso asegurando, en voz de su director, Fernando Iregui, que la explotación en La Macarena no ocasionaría daños ambientales, pero esta arbitrariedad fue confrontada por organizaciones sindicales, sociales, ecologistas, académicas y políticas, convocando hasta un debate parlamentario, que terminó echando atrás esa licencia.
Si bien la empresa de procedencia estadounidense podrá apelar en los próximos días la decisión de la ANLA, quedó demostrado que son innegables los daños sobre el río Caño Cristales -mundialmente conocido como “el río de los cinco colores”- y las afectaciones a los nacimientos de los ríos Guayabero, Duda y Lozada.
La imposición del lucro, en detrimento del ambiente y los ecosistemas, es el rasgo más diciente del capitalismo salvaje y, por tanto, un atentado de escala planetaria. Los reiterados acuerdos multilaterales que han suscrito las potencias desde hace más de 18 años en materia ambiental, así como sus incumplimientos e incluso, indiferencia, para el caso de los Estados Unidos, son la evidencia del problema.
En todas las cumbres mundiales, incluyendo la reciente COP21, convocada en la ciudad de París el año pasado, y en la celebración del Día de la tierra el 22 de abril, se ha impuesto la mirada indistinta que distribuye la responsabilidad por el daño ambiental en toda la población mundial, sin otorgar mayor parte a las potencias que, sin duda, lo generan. Esa es la lógica que obliga al llamado “Tercer Mundo” a asumirse como culpable equiparable, a la vez que, paradójicamente, sigue siendo considerado el “patio trasero del mundo”; de ese modo, la dominación colonial no termina.
Este sometimiento imperial, en el caso colombiano, ha tenido como consecuencia un conflicto bélico que arrancó con el siglo XX con la “guerra de los mil días” y el robo de Panamá. Son muchos los casos documentados en los que la posesión de la tierra para el usufructo de transnacionales es obtenida a través del despojo a labriegos y campesinos y, posteriormente, legalizada sin escrúpulos. En ese cometido, se han usado estrategias de destierro a la población, utilizando la violencia estatal, que combina las fuerzas legales y paramilitares.
La última ola de violencia oficial, viene desde los años 80s, con la imposición del modelo neoliberal, el extractivismo minero-energético y los monocultivos de los agronegocios, generando un genocidio y un ecocidio en todo el país.
Colombia vive, por consiguiente, la crisis ambiental ligada a una guerra sin escrúpulos contra su población y la naturaleza. Primero se fomentó el narcotráfico, como la principal fuente de financiamiento del paramilitarismo, en la guerra antisubversiva y luego Estados Unidos impuso el denominado “Plan Colombia”, que obligaba a fumigaciones áreas indiscriminadas con glifosato, un veneno prohibido en los países imperiales, debido a la advertencia de la Organización Mundial de la Salud como un compuesto químico nocivo para la vida y para el ambiente.
Después de muchos debates y luchas sociales, se logró acabar las fumigaciones con glifosato, pero ahora se anuncia su uso en la erradicación manual, en supuesta contraposición a la aspersión aérea. Se trata, entonces, de una moderación en el uso de un veneno que está demostrado que causa graves daños al ser humano y a todas las formas de vida en la naturaleza, por tal razón la manera como se usa en nada resuelve sus daños.
Pero el uso del glifosato es tan sólo una parte de la fracasada política antidrogas del “Plan Colombia”. Tras el supuesto objetivo de combatir la producción de cultivos ilícitos, se ha librado un cruenta guerra contra-insurgente, que ha tenido como objetivo principal aniquilar y desterrar la población, y, habilitar zonas para la explotación transnacional. La política minero-energética aceleró la locomotora del despojo y la depredación. En consecuencia, Estados Unidos encontró la mejor forma de invertir en el país a través del “Plan Colombia”.
Paramilitares, fuerzas armadas y mafia le han permitido a la oligarquía tomarse la tierra y entregar buena parte de ella a extranjeros. Aun cuando hoy se habla de Restitución de Tierras, como una política del gobierno de turno, lo cierto es que quienes se han apropiado de ellas no las piensan entregar a sus legítimos dueños. Ello lo han dicho públicamente, pese a que se habla de paz y reconciliación. En efecto, sólo el 3.4% de las solicitudes han sido resueltas.
En la búsqueda de una auténtica paz, es menester detener el despojo y restituir la dignidad de Colombia; con ello se estará no sólo parando la guerra, sino contribuyendo a que el ambiente y su protección tomen un lugar verdaderamente relevante en la vida nacional. Con esa mirada, el Ejército de Liberación Nacional convoca el actual proceso de solución política al conflicto y llama a la sociedad a plantear caminos y mecanismos efectivos en estas soluciones.
───────────────────
* Editorial de la Revista Insurrección Nº 526.