La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de paz, mayo13 de 2016
El proceso de paz va por buen camino. Las FARC-EP y el Gobierno de Colombia, en desarrollo del derecho a la paz, hemos convenido la ruta más corta y segura en lo jurídico, para llegar a la reconciliación nacional.
El Acuerdo Final será firmado por las partes como Acuerdo Especial. Esta figura, prevista en las Convenciones de Ginebra de 1949, convertirá lo acordado en norma de obligatorio cumplimiento conforme al derecho internacional, y lo incorpora al Bloque de Constitucionalidad, debiendo ser respetado cada vez que se apruebe una ley de desarrollo del mismo.
La legitimidad del Acuerdo Especial, será reforzada mediante una "declaración unilateral del Estado"colombiano, en la que se solicitará también la incorporación de su texto a una Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Una vez aprobado el Acuerdo Final, el Congreso de la República decidirá si lo hace suyo, y si así fuera a través de procedimiento legal definido, lo incorporará al orden jurídico colombiano, lo cual interpreta fielmente el mandato constitucional que señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Este acuerdo, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz, hará parte, además, íntegramente, de la Constitución Política colombiana mediante un artículo transitorio que contendrá toda la literalidad de lo acordado por las partes en la Mesa de Conversaciones.
El acuerdo de ayer se inscribe en el respeto a los principios y mandatos plasmados en la Carta de la Organización de Naciones Unidas, en el Derecho de los Derechos Humanos, en el Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma. Estas normativas que regulan el mundo, que están protegidas por los principios del Derecho de Gentes, "tales y como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública", aplican ya en nuestra patria.Hacen parte de bloque de constitucionalidad.
Las FARC-EP y el Gobierno Nacional, hemos creído que todos estos mecanismos de seguridad jurídica son imprescindibles para garantizar que la implementación de los acuerdos alcanzados sobre derechos humanos de los colombianos -tanto civiles y políticos, como económicos y sociales- sea respetada por los sucesivos gobiernos. Y es este quizá uno de los mejores homenajes a las víctimas del conflicto, que de esta forma seguirán situadas en el centro del proceso de paz.
Algunos conceptos referidos en el acuerdo de ayer, como puede ser la noción de los acuerdos especiales surgidos del artículo 3º de los convenios de Ginebra de 1949, pueden sorprender. Sin embargo, manifestamos que precisamente es una de las piezas claves del nuevo compromiso. Se trata de la mayor garantía de que nuestra palabra vale.Precisamente, nos acogemos a esa institución de valor universal para señalarle al mundo entero que vinimos a La Habana a adquirir el compromiso de una paz para siempre en los términos que mande el Acuerdo Final próximo a suscribirse, y a expresar el juramento del Nunca Más.
El Estado colombiano habrá de hacer lo propio. En cuanto a lo que nos ha correspondido y corresponde, lo hemos hecho expresando nuestra voluntad de manera libre y sincera; nos ha acompañado y nos sigue y seguirá acompañando la buena fe como principio, con la certeza para nosotros que como dice el Tratado sobre los Tratados de Viena de… "lo acordado es para cumplirse".
Hemos sostenido que los Acuerdos Especiales valen desde que los asumen las partes por estar el DIH inserto en el Bloque de Constitucionalidad; en efecto ello comienza a ser una realidad.
Significa esto, que siendo nosotros una institución de palabra, a la luz de las normas internacionales y del Derecho Internacional Humanitario, ya nos rige lo acordado, como nos regirá la firma del acuerdo final porque nuestra rúbrica es un sello vital de compromiso histórico y un legado incontrovertible para las futuras generaciones de cómo se deben asumir las obligaciones ante el altar de la patria. Pero en todo caso, como lo ha dicho el jefe de la delegación del Gobierno, habrá un mecanismo que garantice que los colombianos tomen sus decisiones en conciencia sobre lo pactado.
Lo que las partes hemos acordado es probablemente el mayor impulso que se ha dado al derecho universal a la paz desde el fin de la guerra fría.
Si entre los combatientes, entre los que arriesgamos la vida en los campos de combate, hay importantes consensos en torno al cese al fuego y las hostilidades, es porque el acuerdo es inminente. Si la dejación de las armas, con compromisos recíprocos para las partes, se ha entendido como su no utilización en política, es porque estamos cerca de un histórico pacto de humanidad y amor por la patria. Si el acuerdo sobre garantías de seguridad y paramilitarismo está a punto de ver la luz, es porque efectivamente estamos cerca del Acuerdo Final.
A quienes se resisten a la paz les extendemos nuestra mano y los invitamos a que sin menoscabo de su dignidad asuman con nosotros protagonismo en la construcción del futuro de paz para Colombia.
Los colombianos debemos alistarnos para entrar en una nueva era de reconciliación, de libre debate de las ideas y de transformaciones sociales; debemos por tanto iniciar desde ya los preparativos de la gran fiesta nacional por la paz.