Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Organización
Fecha
2016-05-23
Categoría
Comunicado
La extrema derecha y la impunidad
LA EXTREMA DERECHA Y LA IMPUNIDAD*
Nada de lo dicho a la opinión pública por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez ha estado exento de remisiones a la acusación de impunidad. Con el estribillo “paz sin impunidad”, Uribe Vélez y sus seguidores rechazan la negociación y el diálogo para alcanzar la paz de Colombia. Sus declaraciones se fundamentan en que la paz sólo puede ser auténtica si está basada en el sometimiento de la insurgencia y en un tratamiento jurídico ordinario, en el que los rebeldes sean catalogados como delincuentes comunes.
Tal mensaje persigue hacer perder su razón de ser al diálogo y la negociación política. El propósito del diálogo para la solución de conflictos es el establecimiento de consensos. Cuando se busca imponer condicionamientos de una Parte a la otra, no se está propendiendo por un proceso conjunto de reconocimiento, encaminado a la determinación de acuerdos. Todo lo contrario. Se busca el sometimiento porque se niega la conciliación; y en el caso colombiano, buscan la continuación de una guerra, que ha durado más de cincuenta años. Por esto, el ex presidente se ha ganado el título de belicista y promotor de la guerra.
En la negación del diálogo, subsiguiente a la negación de una parte por la otra, también está implícita la negativa a toda causa o motivación. Se busca, entonces, sancionar las ideas y reducir al contendiente. De manera que el disidente siempre será criminal, porque se le desconoce la raíz de su proceder. Si ello se impone, no habría alternativas o soluciones posibles a toda acción disidente del establecimiento; es decir, no sólo no habría diálogo, sino que tampoco se podrían imaginar alternativas a la guerra.
Aunque este sea el soporte de la visión de Uribe, el asunto de la impunidad demanda un auténtico examen de la realidad nacional y advertir a quién corresponde la última palabra. Adjudicar impunidad depende, en gran medida, de las víctimas. Corresponde a ellas pronunciarse sobre estos asuntos, exigir la verdad y verificar el curso de la justicia ofrecida.
En una comprobación de la impunidad en la vida nacional, el ex presidente tiene mucho que explicar. Son más de 170 investigaciones las que cursan en su contra, de las cuales no se registra condena alguna, entre ellas las que remiten a su responsabilidad por la masacre del Aro y a su pertenencia al Cartel de la cocaína de Medellín. Adicionalmente, con la Ley de Justicia y Paz, interpuesta en su gobierno para presuntamente facilitar la desmovilización de más de 35 mil paramilitares, tan sólo se conocen treinta y cinco sentencias efectivas. Se encuentra, también, el hecho de que varios de sus colaboradores y familiares están eludiendo sus condenas e investigaciones judiciales, refugiándose cómodamente en el exterior.
“Paz sin impunidad”, como muletilla, se ha convertido en pretexto de la extrema derecha violenta para arremeter contra la solución política al conflicto colombiano. En contraste con esta aseveración y sus implicaciones, la izquierda ha reclamado justicia por los crímenes cometidos por el establecimiento en el desarrollo de la guerra sucia. Las masacres a manos de paramilitares, el asesinato selectivo de líderes sociales, los Falsos Positivos del Ejército gubernamental y el exterminio de movimientos políticos, son tan sólo algunos de los casos en los que está latente la impunidad.
Un compromiso con la verdad y la justicia es un asunto necesario en todo proceso que busca la paz. Sin duda, con el concurso de las víctimas y la participación de la sociedad, se allanarán caminos certeros para la no-repetición. Si ello se logra, estaremos más cerca de que se erradique, definitivamente, la violencia de la política.
Acogemos el llamado que nos hacen 24 organizaciones de mujeres, en el que nos exhortan a “reiniciar negociaciones y a establecer un cese bilateral”. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance, para corresponder a este llamamiento; dentro del compromiso que tenemos para desarrollar esta batalla política, por la democratización, la verdad y la justicia.
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* Editorial de la Revista Insurrección Nº 530.
Nada de lo dicho a la opinión pública por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez ha estado exento de remisiones a la acusación de impunidad. Con el estribillo “paz sin impunidad”, Uribe Vélez y sus seguidores rechazan la negociación y el diálogo para alcanzar la paz de Colombia. Sus declaraciones se fundamentan en que la paz sólo puede ser auténtica si está basada en el sometimiento de la insurgencia y en un tratamiento jurídico ordinario, en el que los rebeldes sean catalogados como delincuentes comunes.
Tal mensaje persigue hacer perder su razón de ser al diálogo y la negociación política. El propósito del diálogo para la solución de conflictos es el establecimiento de consensos. Cuando se busca imponer condicionamientos de una Parte a la otra, no se está propendiendo por un proceso conjunto de reconocimiento, encaminado a la determinación de acuerdos. Todo lo contrario. Se busca el sometimiento porque se niega la conciliación; y en el caso colombiano, buscan la continuación de una guerra, que ha durado más de cincuenta años. Por esto, el ex presidente se ha ganado el título de belicista y promotor de la guerra.
En la negación del diálogo, subsiguiente a la negación de una parte por la otra, también está implícita la negativa a toda causa o motivación. Se busca, entonces, sancionar las ideas y reducir al contendiente. De manera que el disidente siempre será criminal, porque se le desconoce la raíz de su proceder. Si ello se impone, no habría alternativas o soluciones posibles a toda acción disidente del establecimiento; es decir, no sólo no habría diálogo, sino que tampoco se podrían imaginar alternativas a la guerra.
Aunque este sea el soporte de la visión de Uribe, el asunto de la impunidad demanda un auténtico examen de la realidad nacional y advertir a quién corresponde la última palabra. Adjudicar impunidad depende, en gran medida, de las víctimas. Corresponde a ellas pronunciarse sobre estos asuntos, exigir la verdad y verificar el curso de la justicia ofrecida.
En una comprobación de la impunidad en la vida nacional, el ex presidente tiene mucho que explicar. Son más de 170 investigaciones las que cursan en su contra, de las cuales no se registra condena alguna, entre ellas las que remiten a su responsabilidad por la masacre del Aro y a su pertenencia al Cartel de la cocaína de Medellín. Adicionalmente, con la Ley de Justicia y Paz, interpuesta en su gobierno para presuntamente facilitar la desmovilización de más de 35 mil paramilitares, tan sólo se conocen treinta y cinco sentencias efectivas. Se encuentra, también, el hecho de que varios de sus colaboradores y familiares están eludiendo sus condenas e investigaciones judiciales, refugiándose cómodamente en el exterior.
“Paz sin impunidad”, como muletilla, se ha convertido en pretexto de la extrema derecha violenta para arremeter contra la solución política al conflicto colombiano. En contraste con esta aseveración y sus implicaciones, la izquierda ha reclamado justicia por los crímenes cometidos por el establecimiento en el desarrollo de la guerra sucia. Las masacres a manos de paramilitares, el asesinato selectivo de líderes sociales, los Falsos Positivos del Ejército gubernamental y el exterminio de movimientos políticos, son tan sólo algunos de los casos en los que está latente la impunidad.
Un compromiso con la verdad y la justicia es un asunto necesario en todo proceso que busca la paz. Sin duda, con el concurso de las víctimas y la participación de la sociedad, se allanarán caminos certeros para la no-repetición. Si ello se logra, estaremos más cerca de que se erradique, definitivamente, la violencia de la política.
Acogemos el llamado que nos hacen 24 organizaciones de mujeres, en el que nos exhortan a “reiniciar negociaciones y a establecer un cese bilateral”. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance, para corresponder a este llamamiento; dentro del compromiso que tenemos para desarrollar esta batalla política, por la democratización, la verdad y la justicia.
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* Editorial de la Revista Insurrección Nº 530.