Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2016-05-26
Categoría
Comunicado
Reforma política y garantías de participación política para la construcción de la paz en Colombia
PONENCIA A LA AUDIENCIA PÚBLICA: “REFORMA POLÍTICA Y GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN COLOMBIA”
CÁMARA DE REPRESENTANTES
26 de mayo de 2016
Con la esperanza en la reconciliación de la patria saludamos a los organizadores y asistentes de la Audiencia Pública en la Cámara de Representantes sobre “REFORMA POLÍTICA Y GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN COLOMBIA”.
Por el carácter restringido que durante décadas ha tenido la democracia en nuestro país, cruzándose en su desenvolvimiento el horror de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, la Participación Política, es uno de los temas principales de la Agenda de La Habana. De su discusión surgió en noviembre de 2013 el segundo acuerdo que denominamos Participación política: apertura democrática para construir la paz. Por la complejidad que reviste esta problemática que hace parte del conflicto armado de más de medio siglo, 14 asuntos fundamentales quedaron como salvedades, por lo cual el acuerdo es parcial. Sin embargo el acuerdo contempla medidas efectivas para la transformación del régimen político, como las garantías de seguridad para el ejercicio de la política y la participación social, las reformas para la promoción y protección al pluralismo político, la Misión Especial para la Reforma Electoral, o las Circunscripciones Territoriales de Paz.
Todas estas medidas democratizadoras, requieren de una pronta reglamentación e implementación, que solo puede hacerse con la más amplia participación de todos los sectores políticos, especialmente de aquellos que hemos estado sistemáticamente excluidos.
Los acuerdos de La Habana no pueden correr la misma suerte de la Constitución de 1991, donde los ímpetus progresistas del constituyente primario y el principio universal del pacta sunt servanda fueron prontamente burlados por una legislación restrictiva elaborada a la medida de un parlamento que mayoritariamente ha estado a espaldas a la apertura democrática
Recordamos que en este mismo recinto, hace 23 años, el entonces Congresista, Manuel Cepeda Vargas, presentó un proyecto para hacer realidad el Estatuto de la Oposición ordenado por la Carta del 91, pero su empeño fue rechazado por las mayorías parlamentarias. Poco después el senador de la oposición fue vilmente asesinado por el régimen de la intolerancia que aún impera. Casi un cuarto de siglo después y tras 11 proyectos legislativos archivados, sigue sin cumplirse la disposición constitucional, cuya concreción, hoy más que nunca es un requisito urgente para la construcción de la verdadera democracia y la inclusión política.
Por ello, el Acuerdo de Participación Política forjado en La Habana ha convocado a todos los partidos y movimientos políticos a construir conjuntamente una propuesta de Estatuto reglamentario que otorgue plenas garantías para que las fuerzas políticas y sociales puedan oponerse democráticamente a los gobiernos a nivel nacional y local, participen en equidad de condiciones en la justa política y les posibilite proyectarse como alternativa de poder. Inevitablemente las diferentes propuestas que desde diversos espacios vienen construyéndose al respecto, están llamadas a integrarse prontamente en una nueva normatividad que acorde a esta etapa histórica de fin del conflicto de una vez por todas cumpla con el postergado compromiso de 1991.
Un Estatuto de Oposición para un país en paz, no puede versar meramente sobre las reglas formales para procedimientos parlamentarios, debe reconocer al conjunto de expresiones sociales y políticas que desarrollen oposición, garantizar el acceso al espectro electromagnético propiedad de la nación, y ofrecer espacios reales de participación dentro del conjunto de los órganos del Estado. Todo ello partiendo, obviamente de asegurar el más elemental de los derechos para los opositores, la vida y la integridad personal, con un sólido y efectivo Sistema de Seguridad, ya que solo en 2015 fueron 682 los opositores agredidos.
No se trata de dádivas misericordiosas, la oposición requiere es de las simetrías de poder propias de una auténtico régimen democrático, donde los pesos y contrapesos no derivan solo de la estructura del Estado, sino del reconocimiento de las fuerzas que éste debe representar. La esencia misma de una reglamentación de la oposición, no es eternizar a quienes la ejercen en este bando, sino brindar elementos de incidencia y de perfilamiento para un futuro ejercicio de gobierno, abriendo las posibilidades de alternancia en el poder, como parte del juego democrático. Instancias como la Junta Directiva del Banco de la República, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el CONPES, el CONFIS y el CNE, deben contar con la participación de la oposición, si en verdad se aspira algún día a desarrollar políticas de Estado, y no instituciones de bolsillo de los gobiernos de turno o inestables al vaivén de las coyunturas políticas. De igual forma, nada fortalecería más a la democracia colombiana y a la transparencia, que consagrar en este mismo Estatuto, que el Contralor General de la Nación será elegido de terna presentada por los partidos de oposición, y garantizar mecanismos efectivos de veeduría y control de ésta sobre el Ministerio Público, hoy deformado en poderes omnímodos.
Además del Estatuto, la posibilidad de dar un soporte político al esquema gobierno-oposición en Colombia que redunde en el afianzamiento de un régimen democrático, se basa en el fortalecimiento de un sistema de partidos de cara a la paz. Ha llegado el momento de pasar la larga y vergonzosa página de la historia de cacicazgos bipartidistas, franquicias electorales, transfuguismos, parapolíticos, “lentejas” y “mermelada”. A las disposiciones ya definidas en el numeral 2.3.1 del Acuerdo parcial de Participación Política para promover el pluralismo, el acceso al sistema político y la igualdad de condiciones para la competencia electoral, que requieren una clara normatización e importantes cambios de la legislación vigente, es fundamental desarrollar una auténtica reforma política que democratice y cohesione a los mismos partidos, garantice la plena financiación estatal a éstos y elimine la política “prepago”, con la que mafias legales e ilegales han elegido gobernantes desde el fin del Frente Nacional. Disposiciones especiales deben contemplarse para la participación de las minorías políticas o expresiones políticas regionales, como parte del variopinto de voces necesarias en un régimen democrático, así también como políticas para la participación protagónica de la mujer, la juventud, los pueblos indígenas y afrodescendientes, particularmente marginados dentro de la política tradicional. Reformar la política, significa inevitablemente renovar a quienes hacen política.
A este nuevo universo político propio de un país en paz, es al que queremos entrar a aportar las FARC-EP transformados en un nuevo movimiento político y sumados a la mas amplia convergencia democrática que afiance el proceso de reconciliación nacional iniciado en los acuerdos de La Habana. Pero para realizar este tránsito de organización política en armas, a organización política legal, se requiere algo más que nuestra inquebrantable disposición de paz. Además de las obvias garantías de seguridad para nuestro ejercicio político, si de lo que se trata es de cambiar nuestros instrumentos de lucha, de balas por votos, se requieren reformar las reglas de juego para hacer posible una equilibrada contienda electoral
El vigente sistema electoral, gestado con la reforma de 2003, fue diseñado por un parlamento del que el narco-paramilitar Salvatore Mancuso se vanagloriaba de controlar más de un tercio. El Congreso de los escándalos de la parapolítica fue el que determinó el voto preferente que favorece la corrupción, el excluyente umbral y otras normas hechas a la medida para que las mafias coparan el parlamento, mantengan ventajosos beneficios y se cercenen las alternativas políticas. Para la paz, y para la participación electoral, no solo de las FARC-EP, sino de la inmensa mayoría de colombianos y colombianas que hoy no acude a las urnas, urgen pues medidas efectivas de inclusión, modernización y transparencia electoral.
Señalemos lo mas simple e irrefutable. Todos sabemos que los principales escollos para la modernización de las técnicas electorales y la implementación del voto electrónico ya aprobado hace 5 años, son los emporios clientelares que han cabalgado históricamente sobre el fraude y los ingentes intereses económicos de los consorcios que se han lucrado con la contratación privada de los comicios y la adulteración de los resultados electorales.
Hemos propuesto al país una profunda reforma que incorpore la creación de un Poder Electoral como rama de poder público independiente, realice un proceso efectivo de identificación de la ciudadanía en medio de la veeduría de todos los sectores políticos nacionales y la verificación internacional, repiense el ordenamiento electoral, le abra camino a una Cámara Territorial otorgándole otro sentido a la representación de las comunidades de toda Colombia, al tiempo que se desarrollen todos los procedimientos propios del siglo XXI para otorgarle pulcritud y transparencia a los comicios.
Sabemos que quienes se han beneficiado del viciado sistema electoral que ha imperado durante el conflicto, difícilmente harán la reforma política que requiere la paz. Pero con la misma esperanza con la que construimos acuerdos entre quienes hemos combatido en la guerra, estamos seguros que la firma del Acuerdo Final, activará una gran ola de transformaciones que con el concurso del poder constituyente del pueblo soberano, podrá contribuir a forjar un nuevo sistema político incluyente y democrático para la reconciliación nacional, que nos permita por fin llegar a dignificar el ejercicio de la política en nuestro país.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
CÁMARA DE REPRESENTANTES
26 de mayo de 2016
Con la esperanza en la reconciliación de la patria saludamos a los organizadores y asistentes de la Audiencia Pública en la Cámara de Representantes sobre “REFORMA POLÍTICA Y GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN COLOMBIA”.
Por el carácter restringido que durante décadas ha tenido la democracia en nuestro país, cruzándose en su desenvolvimiento el horror de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, la Participación Política, es uno de los temas principales de la Agenda de La Habana. De su discusión surgió en noviembre de 2013 el segundo acuerdo que denominamos Participación política: apertura democrática para construir la paz. Por la complejidad que reviste esta problemática que hace parte del conflicto armado de más de medio siglo, 14 asuntos fundamentales quedaron como salvedades, por lo cual el acuerdo es parcial. Sin embargo el acuerdo contempla medidas efectivas para la transformación del régimen político, como las garantías de seguridad para el ejercicio de la política y la participación social, las reformas para la promoción y protección al pluralismo político, la Misión Especial para la Reforma Electoral, o las Circunscripciones Territoriales de Paz.
Todas estas medidas democratizadoras, requieren de una pronta reglamentación e implementación, que solo puede hacerse con la más amplia participación de todos los sectores políticos, especialmente de aquellos que hemos estado sistemáticamente excluidos.
Los acuerdos de La Habana no pueden correr la misma suerte de la Constitución de 1991, donde los ímpetus progresistas del constituyente primario y el principio universal del pacta sunt servanda fueron prontamente burlados por una legislación restrictiva elaborada a la medida de un parlamento que mayoritariamente ha estado a espaldas a la apertura democrática
Recordamos que en este mismo recinto, hace 23 años, el entonces Congresista, Manuel Cepeda Vargas, presentó un proyecto para hacer realidad el Estatuto de la Oposición ordenado por la Carta del 91, pero su empeño fue rechazado por las mayorías parlamentarias. Poco después el senador de la oposición fue vilmente asesinado por el régimen de la intolerancia que aún impera. Casi un cuarto de siglo después y tras 11 proyectos legislativos archivados, sigue sin cumplirse la disposición constitucional, cuya concreción, hoy más que nunca es un requisito urgente para la construcción de la verdadera democracia y la inclusión política.
Por ello, el Acuerdo de Participación Política forjado en La Habana ha convocado a todos los partidos y movimientos políticos a construir conjuntamente una propuesta de Estatuto reglamentario que otorgue plenas garantías para que las fuerzas políticas y sociales puedan oponerse democráticamente a los gobiernos a nivel nacional y local, participen en equidad de condiciones en la justa política y les posibilite proyectarse como alternativa de poder. Inevitablemente las diferentes propuestas que desde diversos espacios vienen construyéndose al respecto, están llamadas a integrarse prontamente en una nueva normatividad que acorde a esta etapa histórica de fin del conflicto de una vez por todas cumpla con el postergado compromiso de 1991.
Un Estatuto de Oposición para un país en paz, no puede versar meramente sobre las reglas formales para procedimientos parlamentarios, debe reconocer al conjunto de expresiones sociales y políticas que desarrollen oposición, garantizar el acceso al espectro electromagnético propiedad de la nación, y ofrecer espacios reales de participación dentro del conjunto de los órganos del Estado. Todo ello partiendo, obviamente de asegurar el más elemental de los derechos para los opositores, la vida y la integridad personal, con un sólido y efectivo Sistema de Seguridad, ya que solo en 2015 fueron 682 los opositores agredidos.
No se trata de dádivas misericordiosas, la oposición requiere es de las simetrías de poder propias de una auténtico régimen democrático, donde los pesos y contrapesos no derivan solo de la estructura del Estado, sino del reconocimiento de las fuerzas que éste debe representar. La esencia misma de una reglamentación de la oposición, no es eternizar a quienes la ejercen en este bando, sino brindar elementos de incidencia y de perfilamiento para un futuro ejercicio de gobierno, abriendo las posibilidades de alternancia en el poder, como parte del juego democrático. Instancias como la Junta Directiva del Banco de la República, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el CONPES, el CONFIS y el CNE, deben contar con la participación de la oposición, si en verdad se aspira algún día a desarrollar políticas de Estado, y no instituciones de bolsillo de los gobiernos de turno o inestables al vaivén de las coyunturas políticas. De igual forma, nada fortalecería más a la democracia colombiana y a la transparencia, que consagrar en este mismo Estatuto, que el Contralor General de la Nación será elegido de terna presentada por los partidos de oposición, y garantizar mecanismos efectivos de veeduría y control de ésta sobre el Ministerio Público, hoy deformado en poderes omnímodos.
Además del Estatuto, la posibilidad de dar un soporte político al esquema gobierno-oposición en Colombia que redunde en el afianzamiento de un régimen democrático, se basa en el fortalecimiento de un sistema de partidos de cara a la paz. Ha llegado el momento de pasar la larga y vergonzosa página de la historia de cacicazgos bipartidistas, franquicias electorales, transfuguismos, parapolíticos, “lentejas” y “mermelada”. A las disposiciones ya definidas en el numeral 2.3.1 del Acuerdo parcial de Participación Política para promover el pluralismo, el acceso al sistema político y la igualdad de condiciones para la competencia electoral, que requieren una clara normatización e importantes cambios de la legislación vigente, es fundamental desarrollar una auténtica reforma política que democratice y cohesione a los mismos partidos, garantice la plena financiación estatal a éstos y elimine la política “prepago”, con la que mafias legales e ilegales han elegido gobernantes desde el fin del Frente Nacional. Disposiciones especiales deben contemplarse para la participación de las minorías políticas o expresiones políticas regionales, como parte del variopinto de voces necesarias en un régimen democrático, así también como políticas para la participación protagónica de la mujer, la juventud, los pueblos indígenas y afrodescendientes, particularmente marginados dentro de la política tradicional. Reformar la política, significa inevitablemente renovar a quienes hacen política.
A este nuevo universo político propio de un país en paz, es al que queremos entrar a aportar las FARC-EP transformados en un nuevo movimiento político y sumados a la mas amplia convergencia democrática que afiance el proceso de reconciliación nacional iniciado en los acuerdos de La Habana. Pero para realizar este tránsito de organización política en armas, a organización política legal, se requiere algo más que nuestra inquebrantable disposición de paz. Además de las obvias garantías de seguridad para nuestro ejercicio político, si de lo que se trata es de cambiar nuestros instrumentos de lucha, de balas por votos, se requieren reformar las reglas de juego para hacer posible una equilibrada contienda electoral
El vigente sistema electoral, gestado con la reforma de 2003, fue diseñado por un parlamento del que el narco-paramilitar Salvatore Mancuso se vanagloriaba de controlar más de un tercio. El Congreso de los escándalos de la parapolítica fue el que determinó el voto preferente que favorece la corrupción, el excluyente umbral y otras normas hechas a la medida para que las mafias coparan el parlamento, mantengan ventajosos beneficios y se cercenen las alternativas políticas. Para la paz, y para la participación electoral, no solo de las FARC-EP, sino de la inmensa mayoría de colombianos y colombianas que hoy no acude a las urnas, urgen pues medidas efectivas de inclusión, modernización y transparencia electoral.
Señalemos lo mas simple e irrefutable. Todos sabemos que los principales escollos para la modernización de las técnicas electorales y la implementación del voto electrónico ya aprobado hace 5 años, son los emporios clientelares que han cabalgado históricamente sobre el fraude y los ingentes intereses económicos de los consorcios que se han lucrado con la contratación privada de los comicios y la adulteración de los resultados electorales.
Hemos propuesto al país una profunda reforma que incorpore la creación de un Poder Electoral como rama de poder público independiente, realice un proceso efectivo de identificación de la ciudadanía en medio de la veeduría de todos los sectores políticos nacionales y la verificación internacional, repiense el ordenamiento electoral, le abra camino a una Cámara Territorial otorgándole otro sentido a la representación de las comunidades de toda Colombia, al tiempo que se desarrollen todos los procedimientos propios del siglo XXI para otorgarle pulcritud y transparencia a los comicios.
Sabemos que quienes se han beneficiado del viciado sistema electoral que ha imperado durante el conflicto, difícilmente harán la reforma política que requiere la paz. Pero con la misma esperanza con la que construimos acuerdos entre quienes hemos combatido en la guerra, estamos seguros que la firma del Acuerdo Final, activará una gran ola de transformaciones que con el concurso del poder constituyente del pueblo soberano, podrá contribuir a forjar un nuevo sistema político incluyente y democrático para la reconciliación nacional, que nos permita por fin llegar a dignificar el ejercicio de la política en nuestro país.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP