Colección
Archivo digital
Tipo
Documento
País
Fecha
2016-05-28
Categoría
Comunicado
La lucha guerrillera y el acuerdo de paz
LA LUCHA GUERRILLERA Y EL ACUERDO DE PAZ*
Camaradas asistentes a la conferencia del Comité Distrital del Partido Comunista Colombiano, Mario Upegui Hurtado.
Desde la Delegación de Paz de las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones de la Habana les extendemos nuestro saludo cálido, revolucionario y el deseo de éxitos en el desarrollo de este importante certamen.
52 años después de que la agresión militar del Plan LASO diera origen a nuestro levantamiento en armas, con la esperanza hoy de un pronto Acuerdo de Paz cuya conquista ya se ve clara en el horizonte, es para nosotros grato poder presentar opiniones sobre el tema de las resistencias y la lucha por la paz, en este conversatorio inaugural de la Conferencia Distrital de Bogotá de los camaradas del Partido Comunista Colombiano.
Nuestro combate armado, desde sus orígenes y su mismo inicio ha sido una lucha sostenida por la paz.
La construcción de la paz, ya empezada en el proceso de La Habana, es sin duda una gesta para potenciar las resistencias contra la guerra y contra todo aquello que la ha engendrado.
Por ello, vemos continuidad entre la resistencia y la paz, entre la paz y la resistencia. Nada más equivocado que ver contradicción entre estas dos banderas del pueblo colombiano. Pero, obviamente, el tránsito histórico hacia una sociedad sin conflicto armado, implicará necesariamente una auténtica ola de transformaciones para las que el movimiento popular y revolucionario debe prepararse
En 1.949 el Comité Central del Partido Comunista Colombiano, logró reconocer tempranamente la justeza y la necesidad de la táctica de la autodefensa de masas para enfrentar la represión y la violencia bipartidista. Del desarrollo de esta política fundida con la creciente resistencia de las comunidades agrarias, surgió hace ya más de 5 décadas la actual etapa de lucha guerrillera, ante la tozudez del establecimiento de bombardear con aviones de la Fuerza Pública las justas reivindicaciones del campesinado.
La lucha insurgente colombiana no hubiese podido resistir medio siglo si no correspondiese a necesidades históricas de nuestro pueblo. Los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas arrojan mucha claridad en este sentido, ligando nuestro surgimiento como guerrilla, a causalidades sociales en la cuestión agraria y en la exclusión política, lo que derruye tesis falseadas sobre nuestro origen y desarrollo como movimiento revolucionario armado.
Nadie puede hoy desconocer, que desde el mismo Programa Agrario del 20 de julio de 1964, el llamado de las FARC fue por el diálogo y la construcción de vías incruentas para la resolución del conflicto social armado que sembró entre nosotros la oligarquía.
Pero Tuvieron que pasar 20 años para que el Gobierno Nacional bajo el mandato de Belisario Betancurt, se decidiese por primera vez a establecer conversaciones de paz.
Hoy tras 32 años de búsqueda de la salida política y 3 procesos cancelados por las negativas del establecimiento, en La Habana se ha logrado labrar un camino que nos está conduciendo efectivamente a la finalización de la guerra.
Sin duda podemos decir que en esta ocasión, hemos avanzado más que en cualquier otra oportunidad, pese a los escollos que aún quedan por sortear.
A nuestro juicio, el mayor logro de La Habana hasta ahora, ha sido asestarle una importante derrota al paradigma de la salida militarista a la crisis, que tanto embrujó al establecimiento colombiano y global en épocas recientes.
Para esto, hubo que soportar todos las campañas militares desatadas en contra nuestra, desde los imperialistas planes LASO y plan Colombia, hasta el llamado Estatuto de Seguridad de Turbay, la Guerra Integral de Gaviria, el Plan Patriota, el Plan Espada de Honor el Plan de consolidación y la mal llamada Seguridad Democrática de Uribe.
Nunca antes, en Nuestra América, una guerrilla había tenido que enfrentar tal tenaza militar de desproporcionado pie de fuerza estatal, ingente apoyo extranjero, y la utilización de fuerzas irregulares privadas como política de Estado, en un intensidad a la que pudimos responder saliendo airosos en el campo de batallas, porque siempre contamos con el invaluable apoyo del pueblo humilde y empobrecido que nos ha acompañado.
La insurgencia que declararon vencida una y mil veces en los medios del establecimiento, continuó firme pese a los golpes recibidos, porque sus bases se enraízan en la lucha emancipatoria de las masas, que aún tiene innumerables problemas por resolver, pues los bombardeos no distribuyeron la tierra, ni los aviones fantasma abrieron espacios de participación política; por ello, podemos expresar con profundo convencimiento, que la guerra que ha seguido hasta hoy, no es la solución.
Jamás se ha visto que un Estado, por débil que sea, se siente con el total consenso de la comunidad internacional, de la Casa Blanca y hasta del El Vaticano, a construir reformas sociales y políticas con una cuadrilla de malhechores, o con un grupo vencido militarmente y en la bancarrota política.
Siempre hemos dicho que no viajamos a Cuba a rendirnos ni a entregarnos: En La Habana, hemos conversado y construido solidas bases para dar inicio a importantes transformaciones de nuestro país.
Se ha convenido por ejemplo, la reforma rural integral que abra el camino para dejar atrás la ignominiosa concentración de la tierra y la rampante miseria de nuestra población rural; hemos acordado los lineamientos centrales para la apertura democrática que requiere la paz, dando mayor impulso a la participación política de los excluidos, en medio de garantías para las expresiones políticas y sociales que han sufrido la negación histórica por parte del sistema.
Fruto de los debates en la Mesa ha quedado en tela de juicio la equivocada política de “guerra contra las drogas” impuesta por Washington, con sus acentos punitivistas y agresor.
En su relevo necesario, se construyeron programas alternativos para la sustitución voluntaria y el tratamiento del consumo como un problema de salud pública.
También ha quedado fuera de escena, el cuestionado ius poniendo, o la capacidad de impartir justicia del Estado colombiano, dando paso a una nueva Jurisdicción Especial para la Paz, dentro de un gran Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que reemplazará las verdades contrahechas y a un aparato judicial ilegítimo que ha servido de instrumento de guerra, de impunidad para los corruptos y de garrote para la gente humilde y el movimiento social. Todos estos cambios se han hecho pensando principalmente en los derechos de las víctimas.
Hemos logrado también pactar con el gobierno, compromisos serios para el desmantelamiento de esa política de Estado que es el paramilitarismo de viejo y de nuevo cuño, con una estrategia múltiple, que logre combatir no solo a los últimos eslabones de la cadena, sino a sus operadores políticos, económicos e ideológicos, al tiempo que se atacan simultáneamente todas sus expresiones.
No sobra recomendar, una revisión rigurosa de los Acuerdos parciales, sus asteriscos y salvedades a fin de tener mayor claridad sobre la dimensión de lo discutido y lo trascendente de lo ya definido para el beneficio de las mayorías; considerando eso sí, que aún hay importantes aspectos por consensuar; uno de ellos, la implementación misma de lo que hasta ahora solamente está en el papel, pero es necesario hacer realidad.
No menos importante es el entendimiento recientemente conseguido entre las partes sobre el carácter de Acuerdo Especial de todo lo firmado. Este acuerdo, ha sido un verdadero candado jurídico que incorpora los acuerdos de paz al orden jurídico nacional e internacional, en total armonía con los Convenios de Ginebra que rigen el desarrollo de la guerra y los cuales el Estado colombiano ha suscrito.
Por esta vía, se ha abierto la ruta más segura y expedita para que los importantes alcances de la mesa de La Habana, no queden al garete de los avatares parlamentarios, ni en meras promesas del ejecutivo sin posibilidad legal de hacerse realidad.
Solo las partes podrían eventualmente modificar lo acordado y no habría que esperar a los paquidérmicos trámites ordinarios propios del poder constituido, el tratado de paz que pretendemos.
No obstante, no podemos perder de vista que, frente a una historia de sempiternos incumplimientos a las justas reivindicaciones de esa otra colombia olvidada que constituye las mayorías nacionales, requerimos no solamente de seguridad jurídica para la paz, sino también y ante todo, de seguridad política.
Esta seguridad solo puede provenir de un creciente apoyo de los sectores populares al proceso de paz, y a la suma de las más diversas expresiones políticas al consenso de los acuerdos.
Es en este terreno donde es fundamental el papel de las compañeras y los compañeros comprometidos en la lucha por la solución política, para activar esta gran ola que abrace la Mesa de diálogos y haga posible la culminación de los puntos restantes, su pronta realización y su cristalización en la práctica.
Aun restan importantes debates sobre puntos esenciales sobre el punto 3 Fin del conflicto que deberán establecer los marcos de definición de asuntos como el Cese al Fuego bilateral y definitivo, lo mismo que sobre el tema de la dejación de armas, la Reincorporación de las FARC-EP en lo político, lo económico y lo social, las 42 salvedades a los acuerdos parciales, la implementación y el presupuesto para el cumplimiento de lo ya acordado, así como el mecanismo de refrendación, asuntos todos estos, que solo pueden lograrse en medio del acompañamiento popular y democrático, para que las salidas a los mismos no sean imposiciones gubernamentales, sino consenso de las partes que prioricen el concurso de la sociedad.
Valga la oportunidad para hacer dos claridades respecto a la recta final del proceso:
Ratificar que las FARC-EP en ningún momento ha negado la posibilidad de un mecanismo de una refrendación que incluya la consulta al electorado.
En lo que hemos sido enfáticos es en la improcedencia del llamado Plebiscito por la Paz.
Por tres razones: a) por cuanto somete un fin mismo de la nación y derecho fundamental, al escrutinio de las urnas, yendo en contravía de la misma constitución, porque es que la paz no es plebiscitable;
2-Por su improcedencia legal, ya que otorga al plebiscito potestades aprobatorias sobre materias que nos son resorte del ejecutivo como el cúmulo de reformas constitucionales y legales derivadas de los acuerdos; y,
3 por cuanto ha sido una propuesta no definida por la Mesa, que entraría en contradicción con la ya aprobada categoría del Acuerdo Especial.
Tambien, es bueno aclarar que la aprobación de la categoría de Acuerdo Especial o la exploración de los mecanismos de refrendación, no significan que hayamos retirado la bandera de la ANC.
La Asamblea Nacional Constituyente no es un instrumento refrendatorio, sino que es un punto de llegada del proceso de paz, un paso necesario para la implementación de lo acordado y para la participación plena del constituyente primario, redoblando así la seguridad jurídica y política, mas el efectivo desarrollo de los acuerdos.
No estamos hablando de una ANC para aprobar el Acuerdo Final, que ya tendría fuerza vinculante con la mera firma de las partes, sino que es un ejercicio de poder constituyente para adaptar la institucionalidad del país a esta nueva etapa histórica para la que se está preparado: la paz.
¿Cómo se piensa entonces resolver el numeral 3.5 de la Agenda que trata sobre las reformas y ajustes institucionales necesarios para la paz, sino es a través de una ANC?
Tampoco es cierto que sea una ANC para las FARC, sino para posibilitar la participación efectiva del más variado espectro de expresiones sociales y políticas hoy excluidas del régimen vigente, para lo cual deberán acordarse las medidas del caso para que todos estemos representados, y en cuya construcción esperamos encontrarnos con todos los sempiternamente excluidos y con todos los amigos de la paz.
Con estas dos claridades, dos comentarios finales sobre el escenario del post-acuerdo:
No hemos librado una lucha de más de medio siglo para quedarnos encerrados en cárceles a cielo abierto, ni para hacer política en recónditos parajes con dantas y churucos.
En la Mesa está en discusión nuestra reincorporación política, económica y social, no nuestra exclusión de la vida política, económica y social del país.
Así que, se equivocan los que en su afán editorial se apresuran a despedirse de nosotros y decirle “Adiós a las FARC”, porque de lo que se trata de construir en el Acuerdo Final, es darnos la bienvenida para que en medio de garantías y condiciones de igualdad, podamos disputar el poder político al establecimiento.
Hemos sido claros, las FARC no se desmovilizan, se transforman, se movilizarán ya sin armas, en tránsito a un nuevo movimiento político enraízado en las masas populares de campos y de ciudades, que espera confluir con el conjunto del movimiento democrático, rompiendo prevenciones y sectarismos, en una gran convergencia que prontamente sea alternativa para gobernar el país, fortaleciendo los cambios introducidos por los acuerdos de La Habana y produciendo las transformaciones democráticas que nuestro reclama.
Por otra parte, el proceso de implementación de los acuerdos no puede entenderse como una dádiva arrancada al Estado y sometida por ello a sus dinámicas burocráticas.
Todos los componentes de la implementación, -incluidos los recursos- que permitan concretar lo acordado, debe ser definidos bilateralmente y con la participación protagónica de las comunidades.
Estamos en mora, que el arduo trabajo labrado en la Mesa, reciba el enriquecimiento y la concreción de los movimientos sociales y políticos para que se apropien y desarrollen lo acordado.
Y en este sentido, sin duda Bogotá, capital que concentra las principales estructuras de poder que requieren ser democratizadas para poner fin al conflicto armado, ha de ser escenario privilegiado para la implementación de los acuerdos.
Esperamos el concurso del Comité Distrital Mario Upegui y de todas las fuerzas populares para poderlo llevar a cabo.
Bogotá no ha sido ajena a los padecimientos de la guerra y no puede estar fuera de la paz. Es nuestro deber colectivo construir un proyecto de ciudad incluyente para un país en paz.
Agradeciendo inmensamente esta posibilidad de compartir nuestras reflexiones con Uds, cerramos esta intervención recordando a todos nuestros camaradas caídos en las diversas formas de lucha, comunistas y revolucionarios que en la montaña o en la ciudad, en la acción de masas y en la clandestinidad, labraron este proceso de cambio, esta Nueva Colombia que empieza a nacer.
En su honor ganaremos la paz, y en la paz seguiremos luchando por un nuevo gobierno democrático y popular, sin renunciar nunca a los principios por los que ellos, ustedes y nosotros hemos puesto en juego la vida: La Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo.
Muchas gracias.
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* Intervención de la Delegación de Paz de las FARC-EP a la conferencia del Comité Distrital del Partido Comunista Colombiano, Mario Upegui Hurtado.
Camaradas asistentes a la conferencia del Comité Distrital del Partido Comunista Colombiano, Mario Upegui Hurtado.
Desde la Delegación de Paz de las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones de la Habana les extendemos nuestro saludo cálido, revolucionario y el deseo de éxitos en el desarrollo de este importante certamen.
52 años después de que la agresión militar del Plan LASO diera origen a nuestro levantamiento en armas, con la esperanza hoy de un pronto Acuerdo de Paz cuya conquista ya se ve clara en el horizonte, es para nosotros grato poder presentar opiniones sobre el tema de las resistencias y la lucha por la paz, en este conversatorio inaugural de la Conferencia Distrital de Bogotá de los camaradas del Partido Comunista Colombiano.
Nuestro combate armado, desde sus orígenes y su mismo inicio ha sido una lucha sostenida por la paz.
La construcción de la paz, ya empezada en el proceso de La Habana, es sin duda una gesta para potenciar las resistencias contra la guerra y contra todo aquello que la ha engendrado.
Por ello, vemos continuidad entre la resistencia y la paz, entre la paz y la resistencia. Nada más equivocado que ver contradicción entre estas dos banderas del pueblo colombiano. Pero, obviamente, el tránsito histórico hacia una sociedad sin conflicto armado, implicará necesariamente una auténtica ola de transformaciones para las que el movimiento popular y revolucionario debe prepararse
En 1.949 el Comité Central del Partido Comunista Colombiano, logró reconocer tempranamente la justeza y la necesidad de la táctica de la autodefensa de masas para enfrentar la represión y la violencia bipartidista. Del desarrollo de esta política fundida con la creciente resistencia de las comunidades agrarias, surgió hace ya más de 5 décadas la actual etapa de lucha guerrillera, ante la tozudez del establecimiento de bombardear con aviones de la Fuerza Pública las justas reivindicaciones del campesinado.
La lucha insurgente colombiana no hubiese podido resistir medio siglo si no correspondiese a necesidades históricas de nuestro pueblo. Los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas arrojan mucha claridad en este sentido, ligando nuestro surgimiento como guerrilla, a causalidades sociales en la cuestión agraria y en la exclusión política, lo que derruye tesis falseadas sobre nuestro origen y desarrollo como movimiento revolucionario armado.
Nadie puede hoy desconocer, que desde el mismo Programa Agrario del 20 de julio de 1964, el llamado de las FARC fue por el diálogo y la construcción de vías incruentas para la resolución del conflicto social armado que sembró entre nosotros la oligarquía.
Pero Tuvieron que pasar 20 años para que el Gobierno Nacional bajo el mandato de Belisario Betancurt, se decidiese por primera vez a establecer conversaciones de paz.
Hoy tras 32 años de búsqueda de la salida política y 3 procesos cancelados por las negativas del establecimiento, en La Habana se ha logrado labrar un camino que nos está conduciendo efectivamente a la finalización de la guerra.
Sin duda podemos decir que en esta ocasión, hemos avanzado más que en cualquier otra oportunidad, pese a los escollos que aún quedan por sortear.
A nuestro juicio, el mayor logro de La Habana hasta ahora, ha sido asestarle una importante derrota al paradigma de la salida militarista a la crisis, que tanto embrujó al establecimiento colombiano y global en épocas recientes.
Para esto, hubo que soportar todos las campañas militares desatadas en contra nuestra, desde los imperialistas planes LASO y plan Colombia, hasta el llamado Estatuto de Seguridad de Turbay, la Guerra Integral de Gaviria, el Plan Patriota, el Plan Espada de Honor el Plan de consolidación y la mal llamada Seguridad Democrática de Uribe.
Nunca antes, en Nuestra América, una guerrilla había tenido que enfrentar tal tenaza militar de desproporcionado pie de fuerza estatal, ingente apoyo extranjero, y la utilización de fuerzas irregulares privadas como política de Estado, en un intensidad a la que pudimos responder saliendo airosos en el campo de batallas, porque siempre contamos con el invaluable apoyo del pueblo humilde y empobrecido que nos ha acompañado.
La insurgencia que declararon vencida una y mil veces en los medios del establecimiento, continuó firme pese a los golpes recibidos, porque sus bases se enraízan en la lucha emancipatoria de las masas, que aún tiene innumerables problemas por resolver, pues los bombardeos no distribuyeron la tierra, ni los aviones fantasma abrieron espacios de participación política; por ello, podemos expresar con profundo convencimiento, que la guerra que ha seguido hasta hoy, no es la solución.
Jamás se ha visto que un Estado, por débil que sea, se siente con el total consenso de la comunidad internacional, de la Casa Blanca y hasta del El Vaticano, a construir reformas sociales y políticas con una cuadrilla de malhechores, o con un grupo vencido militarmente y en la bancarrota política.
Siempre hemos dicho que no viajamos a Cuba a rendirnos ni a entregarnos: En La Habana, hemos conversado y construido solidas bases para dar inicio a importantes transformaciones de nuestro país.
Se ha convenido por ejemplo, la reforma rural integral que abra el camino para dejar atrás la ignominiosa concentración de la tierra y la rampante miseria de nuestra población rural; hemos acordado los lineamientos centrales para la apertura democrática que requiere la paz, dando mayor impulso a la participación política de los excluidos, en medio de garantías para las expresiones políticas y sociales que han sufrido la negación histórica por parte del sistema.
Fruto de los debates en la Mesa ha quedado en tela de juicio la equivocada política de “guerra contra las drogas” impuesta por Washington, con sus acentos punitivistas y agresor.
En su relevo necesario, se construyeron programas alternativos para la sustitución voluntaria y el tratamiento del consumo como un problema de salud pública.
También ha quedado fuera de escena, el cuestionado ius poniendo, o la capacidad de impartir justicia del Estado colombiano, dando paso a una nueva Jurisdicción Especial para la Paz, dentro de un gran Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que reemplazará las verdades contrahechas y a un aparato judicial ilegítimo que ha servido de instrumento de guerra, de impunidad para los corruptos y de garrote para la gente humilde y el movimiento social. Todos estos cambios se han hecho pensando principalmente en los derechos de las víctimas.
Hemos logrado también pactar con el gobierno, compromisos serios para el desmantelamiento de esa política de Estado que es el paramilitarismo de viejo y de nuevo cuño, con una estrategia múltiple, que logre combatir no solo a los últimos eslabones de la cadena, sino a sus operadores políticos, económicos e ideológicos, al tiempo que se atacan simultáneamente todas sus expresiones.
No sobra recomendar, una revisión rigurosa de los Acuerdos parciales, sus asteriscos y salvedades a fin de tener mayor claridad sobre la dimensión de lo discutido y lo trascendente de lo ya definido para el beneficio de las mayorías; considerando eso sí, que aún hay importantes aspectos por consensuar; uno de ellos, la implementación misma de lo que hasta ahora solamente está en el papel, pero es necesario hacer realidad.
No menos importante es el entendimiento recientemente conseguido entre las partes sobre el carácter de Acuerdo Especial de todo lo firmado. Este acuerdo, ha sido un verdadero candado jurídico que incorpora los acuerdos de paz al orden jurídico nacional e internacional, en total armonía con los Convenios de Ginebra que rigen el desarrollo de la guerra y los cuales el Estado colombiano ha suscrito.
Por esta vía, se ha abierto la ruta más segura y expedita para que los importantes alcances de la mesa de La Habana, no queden al garete de los avatares parlamentarios, ni en meras promesas del ejecutivo sin posibilidad legal de hacerse realidad.
Solo las partes podrían eventualmente modificar lo acordado y no habría que esperar a los paquidérmicos trámites ordinarios propios del poder constituido, el tratado de paz que pretendemos.
No obstante, no podemos perder de vista que, frente a una historia de sempiternos incumplimientos a las justas reivindicaciones de esa otra colombia olvidada que constituye las mayorías nacionales, requerimos no solamente de seguridad jurídica para la paz, sino también y ante todo, de seguridad política.
Esta seguridad solo puede provenir de un creciente apoyo de los sectores populares al proceso de paz, y a la suma de las más diversas expresiones políticas al consenso de los acuerdos.
Es en este terreno donde es fundamental el papel de las compañeras y los compañeros comprometidos en la lucha por la solución política, para activar esta gran ola que abrace la Mesa de diálogos y haga posible la culminación de los puntos restantes, su pronta realización y su cristalización en la práctica.
Aun restan importantes debates sobre puntos esenciales sobre el punto 3 Fin del conflicto que deberán establecer los marcos de definición de asuntos como el Cese al Fuego bilateral y definitivo, lo mismo que sobre el tema de la dejación de armas, la Reincorporación de las FARC-EP en lo político, lo económico y lo social, las 42 salvedades a los acuerdos parciales, la implementación y el presupuesto para el cumplimiento de lo ya acordado, así como el mecanismo de refrendación, asuntos todos estos, que solo pueden lograrse en medio del acompañamiento popular y democrático, para que las salidas a los mismos no sean imposiciones gubernamentales, sino consenso de las partes que prioricen el concurso de la sociedad.
Valga la oportunidad para hacer dos claridades respecto a la recta final del proceso:
Ratificar que las FARC-EP en ningún momento ha negado la posibilidad de un mecanismo de una refrendación que incluya la consulta al electorado.
En lo que hemos sido enfáticos es en la improcedencia del llamado Plebiscito por la Paz.
Por tres razones: a) por cuanto somete un fin mismo de la nación y derecho fundamental, al escrutinio de las urnas, yendo en contravía de la misma constitución, porque es que la paz no es plebiscitable;
2-Por su improcedencia legal, ya que otorga al plebiscito potestades aprobatorias sobre materias que nos son resorte del ejecutivo como el cúmulo de reformas constitucionales y legales derivadas de los acuerdos; y,
3 por cuanto ha sido una propuesta no definida por la Mesa, que entraría en contradicción con la ya aprobada categoría del Acuerdo Especial.
Tambien, es bueno aclarar que la aprobación de la categoría de Acuerdo Especial o la exploración de los mecanismos de refrendación, no significan que hayamos retirado la bandera de la ANC.
La Asamblea Nacional Constituyente no es un instrumento refrendatorio, sino que es un punto de llegada del proceso de paz, un paso necesario para la implementación de lo acordado y para la participación plena del constituyente primario, redoblando así la seguridad jurídica y política, mas el efectivo desarrollo de los acuerdos.
No estamos hablando de una ANC para aprobar el Acuerdo Final, que ya tendría fuerza vinculante con la mera firma de las partes, sino que es un ejercicio de poder constituyente para adaptar la institucionalidad del país a esta nueva etapa histórica para la que se está preparado: la paz.
¿Cómo se piensa entonces resolver el numeral 3.5 de la Agenda que trata sobre las reformas y ajustes institucionales necesarios para la paz, sino es a través de una ANC?
Tampoco es cierto que sea una ANC para las FARC, sino para posibilitar la participación efectiva del más variado espectro de expresiones sociales y políticas hoy excluidas del régimen vigente, para lo cual deberán acordarse las medidas del caso para que todos estemos representados, y en cuya construcción esperamos encontrarnos con todos los sempiternamente excluidos y con todos los amigos de la paz.
Con estas dos claridades, dos comentarios finales sobre el escenario del post-acuerdo:
No hemos librado una lucha de más de medio siglo para quedarnos encerrados en cárceles a cielo abierto, ni para hacer política en recónditos parajes con dantas y churucos.
En la Mesa está en discusión nuestra reincorporación política, económica y social, no nuestra exclusión de la vida política, económica y social del país.
Así que, se equivocan los que en su afán editorial se apresuran a despedirse de nosotros y decirle “Adiós a las FARC”, porque de lo que se trata de construir en el Acuerdo Final, es darnos la bienvenida para que en medio de garantías y condiciones de igualdad, podamos disputar el poder político al establecimiento.
Hemos sido claros, las FARC no se desmovilizan, se transforman, se movilizarán ya sin armas, en tránsito a un nuevo movimiento político enraízado en las masas populares de campos y de ciudades, que espera confluir con el conjunto del movimiento democrático, rompiendo prevenciones y sectarismos, en una gran convergencia que prontamente sea alternativa para gobernar el país, fortaleciendo los cambios introducidos por los acuerdos de La Habana y produciendo las transformaciones democráticas que nuestro reclama.
Por otra parte, el proceso de implementación de los acuerdos no puede entenderse como una dádiva arrancada al Estado y sometida por ello a sus dinámicas burocráticas.
Todos los componentes de la implementación, -incluidos los recursos- que permitan concretar lo acordado, debe ser definidos bilateralmente y con la participación protagónica de las comunidades.
Estamos en mora, que el arduo trabajo labrado en la Mesa, reciba el enriquecimiento y la concreción de los movimientos sociales y políticos para que se apropien y desarrollen lo acordado.
Y en este sentido, sin duda Bogotá, capital que concentra las principales estructuras de poder que requieren ser democratizadas para poner fin al conflicto armado, ha de ser escenario privilegiado para la implementación de los acuerdos.
Esperamos el concurso del Comité Distrital Mario Upegui y de todas las fuerzas populares para poderlo llevar a cabo.
Bogotá no ha sido ajena a los padecimientos de la guerra y no puede estar fuera de la paz. Es nuestro deber colectivo construir un proyecto de ciudad incluyente para un país en paz.
Agradeciendo inmensamente esta posibilidad de compartir nuestras reflexiones con Uds, cerramos esta intervención recordando a todos nuestros camaradas caídos en las diversas formas de lucha, comunistas y revolucionarios que en la montaña o en la ciudad, en la acción de masas y en la clandestinidad, labraron este proceso de cambio, esta Nueva Colombia que empieza a nacer.
En su honor ganaremos la paz, y en la paz seguiremos luchando por un nuevo gobierno democrático y popular, sin renunciar nunca a los principios por los que ellos, ustedes y nosotros hemos puesto en juego la vida: La Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo.
Muchas gracias.
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* Intervención de la Delegación de Paz de las FARC-EP a la conferencia del Comité Distrital del Partido Comunista Colombiano, Mario Upegui Hurtado.